Los tres poderes del estado español, el legislativo, el judicial y el ejecutivo,  han decidido desde hace tiempo  poner a trabajar a su poderosa maquinaria con el objetivo de acabar  con el uso oficial del catalán. La razón última de esta política de exterminio es la máxima que expresó en su día el dictador Francisco Franco y que hace suya el PP: "La unidad nacional, la queremos absoluta, con una sola lengua: el castellano; y una sola personalidad: la española". Que nadie se lleve a engaño, no se trata de defender los derechos de los ciudadanos a usar el  castellano en el ámbito de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, eso ya está de sobras garantizado. Se trata de construir un estado homogéneo y sin fisuras. El ministro Wert lo expresó con meridiana claridad en el Congreso de los Diputados: hay que españolizar a los alumnos de las escuelas en Catalunya. Si algún alma  inocente creía aun  que Catalunya formaba parte intrínseca de España, el ministro vino a desmentirle: si hay que españolizar Catalunya es que lo catalán no es español.

La irracional y kafkiana sentencia del TSJC sobre el catalán en las aulas va en la misma línea de pensamiento único, al igual que los intentos de división de la lengua catalana que lleva a cabo el gobierno del PP en Baleares, en Aragón o en Valencia. Alguien desde las más altas instituciones del estado  se ha molestado en preservar los derechos de los padres de los más de 120.000 alumnos de la Comunidad Valenciana que han solicitado que sus hijos puedan ser escolarizados en valenciano, o sea en catalán, es decir en su lengua materna?

Los ciudadanos que tienen como lengua materna el catalán, el gallego o el euskera, tienen menos derechos que los que tienen el castellano, una realidad que choca frontalmente con el principio de igualdad de los españoles que preconiza la Constitución. El Gobierno del PP, cuando intenta reducir la presencia del catalán en las aulas, va directamente contra la Constitución.

Cuando el diputado de ERC Joan Tardà  forzó su expulsión de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, estaba evidenciando una realidad muy dura: que los ciudadanos españoles no son iguales delante de la ley. El Gobierno, el Parlamento español y el Poder Judicial pretenden acrecentar esa desigualdad socavando los escasos logros que se habían alcanzado con  la esforzada acción de los distintos gobiernos de la Generalitat de Catalunya,  con el consenso mayoritario del Parlamento Catalán y el respaldo de la mayoría social de Catalunya.