Damos las gracias a todo el mundo que, demostrando una vez más la capacidad de la inteligencia colectiva, nos ha enviado anotaciones por redes sociales (Twitter, Facebook, Menéame) y correo electrónico para poder analizar esta información.
Intentamos sintetizar todas las aportaciones:
La Ley de Contratación del Sector Público incluye excepciones que permiten contratar en secreto por más de 50.000 euros sin dar información pública y sin acogerse a la ley de secretos:
También puede haber concurso con invitación y sin publicidad, sobretodo en el sector de defensa. Y para conseguir información sobre de qué van esos proyectos tienes que acreditar "habilitación" de suficiente nivel y "necesidad de conocer" esa información.
La Ley de Contratación del Sector Público también contempla excepciones propias al concurso abierto y público para contrataciones que afectan a la seguridad del Estado.
Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d.
Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.
La declaración de que concurre esta última circunstancia deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación.
Es decir, son los propios cargos políticos los que deciden si el contrato debe ser público o no.
Estas facturas son, pues, probablemente legales, pero todo esto no resuelve el problema de hasta dónde queremos que nuestro Gobierno se acoja a excepciones en la contratación y cultive secretos que no nos revela ni hace públicos aunque sea por "nuestro propio bien". Sigue la pregunta de por qué el gobierno español prefiere contratar compañias internacionales inseguras acusadas de trabajar para dictaduras y contra los ciudadanos en lugar de apostar por compañías homologadas y respetuosas de los derechos civiles.
Buenos días,
Como sabéis, a raíz de las recientes filtraciones sobre #HackingTeam, lanzamos una petición a nuestrxs diputadxs para que exijan explicaciones al Gobierno. Con ello, queremos conocer la verdad de cuales fueron las relaciones contractuales entre la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y la empresa Hacking Team, que figura en la lista de entidades enemigas de Internet.
Hemos hecho esta petición a lxs diputadxs porque desgraciadamente en este país la ciudadanía no dispone de cauces por los que pedir explicaciones directamente al Gobierno. De momento se ha movilizado Joan Tardá, diputado de ERC, y otros están siguiendo.
Por eso desde Xnet abrimos aquí un espacio de análisis colaborativo abierto a la ciudadanía para ir encontrando respuestas por nuestra cuenta. En las últimas 24h se ha llevado a cabo ya un apabuyante trabajo ciudadano global de recolección y estudio de los 400GB de información revelada. No es nuestra intención doblar trabajo, sino utilizarlo como arma política para conseguir forzar, con la evidencia, la respuesta del gobierno, por lo que nos centraremos solo en algunas cuestiones.
Por otra parte, debemos recordar que los primeros contratos con #HackingTeam fueron firmados durante el gobierno socialista, por lo que pedimos al partido de Pedro Sánchez que destaque con su contribuición a aclarar esta situación. Sin embargo, por su actitud de estos primeros días, imaginamos que no hay muchas diferencia entre el PSOE en gobierno cuando se firmaron esos contratos y el que ahora guarda silencio.
Aquí la primera pregunta que queremos resolver colectivamente.
El CNI dice haberse acogido a la ley de contratación del sector público. [1][2]
Aquí publicamos 3 facturas de cuantías superiores a los 50 000 euros.
Factura CNI 129/2010 - 72.000 €
Factura CNI 109/2011 - 67.500 €
Factura CNI 130/2010 - 52.000 €
Lo primero que queremos verificar y por lo que pedimos colaboración, es si estas cantidades se ajustan al derecho ya que a primera vista parece que exceden el límite establecido por dicha ley para contrataciones fuera de concurso público ¿Se han acogido a alguna excepción a esa ley o articulado que se nos ha escapado?
Pensamos que es algo que debemos de saber justo en estos días en los que sale a la luz que en 5 meses el gobierno ha gastado en armamento 1.600 millones más fuera de presupuesto.
Para aportar respuestas o informaciones que nos permitan seguir avanzando puedes responder en Twitter a @X_net_ usando el ht #HackingTeam o en el correo contact[at]xnet-x.net.
En el caso de blogueros y periodistas, si publicáis la respuesta, la agregaríamos y difundiríamos.
También nos preguntamos si es correcto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, negocien y gasten dinero público con empresas no homologadas por los organismos interncionales y denunciadas por los observatorios ciudadanos, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las libertades ciudadanas con seguimientos y espionajes sin cobertura legal reconocida.
Seguimos.