El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que el Gobierno va a encargarse de que EHAK y ANV, los dos partidos en trance de ilegalización (o de suspensión, o de supresión electoral), “no reciban ni una sola peseta más de dinero público”.
El ministro incurre en varios errores de concepto (y no me refiero a su mención de las pesetas, carentes ya de curso legal: eso es una manera de hablar, sin más).
El primer error está en el propio concepto de “dinero público”. Rubalcaba habla del “dinero público” como si fuera patrimonio del Estado. Pero lo cierto es que el Estado no tiene ningún dinero que sea estrictamente suyo. Se dedica a administrar el nuestro: el de los contribuyentes. Hubo un tiempo, antes de que privatizara todas las empresas públicas productivas para quedarse sólo con las moribundas y aplicarles diversas modalidades de eutanasia (sin que Esperanza Aguirre dijera nada, por cierto), es posible que generara algún ingreso propio. Pero ya no. El Estado gestiona el dinero que los demás ponemos en sus manos. En consecuencia, debe administrarlo ateniéndose a la voluntad de aquellos que le han dado ese dinero para que lo gestione conforme a la ley.
El Estado no da ningún dinero a los partidos políticos. La ley prevé que una parte del dinero que los contribuyentes cotizan a las arcas públicas en forma de impuestos se destine al sostenimiento de los grupos políticos en proporción precisa al apoyo electoral que reciben.
Hasta ahora, los dineros que EHAK y ANV han recibido de las administraciones públicas de uno u otro modo no son sino el reflejo de los votos que han recolectado en las urnas. (De los que han podido recolectar, porque, como es bien sabido, no han tenido muchas facilidades para presentarse a las elecciones).
Por decirlo de una manera todavía más gráfica: han recibido el dinero que sus propios electores han querido darles, porque son los partidos de su preferencia y tienen derecho a respaldar económicamente a los partidos que les peta.
Piense en ello el propio Rubalcaba. ¿De qué cobraba él, cuando era diputado, sino del dinero apoquinado por los votantes del PSOE? Pues los demás, lo mismo.
El Gobierno va a proceder a la ilegalización de EHAK y de ANV. El trámite requerirá un cierto paripé judicial, pero hay pocas dudas –yo no tengo ninguna– de que el resultado será la neutralización electoral de esas dos segundas marcas del movimiento político que en el pasado fue conocido sucesivamente como HB, EH y Batasuna.
Lo tiene fácil. Hace ya años, muchos dijimos que tanto ANV como EHAK (o PCTV, en castellano) estaban en la legalidad porque al Gobierno le convenía. Con la Ley de Partidos en la mano, Zapatero habría podido instar el proceso de ilegalización de ambas formaciones políticas nada más hacerse visibles en el primer plano electoral. Le habría bastado con invocar el artículo 9 de la citada ley, que es tan genérico y abarca tantas posibilidades, incluida la penalización de las opiniones, que habría servido para amparar su ilegalización per se, sin necesidad de demostrar que tuviera vínculos orgánicos con Batasuna.
Zapatero no ha querido recurrir hasta ahora a esa ley multiusos por dos géneros de razones. Hace cuatro o dos años, porque estaba explorando si Batasuna, o como quiera llamársele, podía ayudarle a conseguir la disolución de ETA. Una vez comprobado que desgraciadamente eso no iba a suceder, decidió reservarse la baza para estas vísperas electorales, como modo de protegerse de los dicterios patrióticos del PP. Marrullerías.
El Gobierno central ha dejado claro que, en todo caso, hará lo necesario para que no pueda expresarse en las urnas una parte de la población vasca. ¿Qué parte? Se habla de unas 200.000 personas, pero cualquiera sabe: como no les dejan votar lo que quieren, no hay modo de establecer una cifra fiable.
A partir de lo cual, dos reflexiones tal vez pertinentes.
La primera afecta a asuntos tácticos: ¿tiene sentido dejar sin salidas políticas legales a un sector tan considerable de la comunidad vasca?
La segunda es más honda, porque apela a los principios: ¿es democrático privar del derecho de representación a una parte de la sociedad, opine lo que opine, guste más o menos?
En puridad democrática, no. Pero no es fácil discutir sobre principios con gente que carece de ellos.
Hay un viejo y recurrente debate dentro de la izquierda social (entre la gente que se considera de izquierda, por decirlo más a la pata la llana) sobre la actitud que hay que adoptar ante los impuestos directos.
La polémica tiene varios apartados. Se discute, para empezar, si hay que pagarlos o si por el contrario, y en la medida en que se pueda, conviene eludirlos. Para quienes son trabajadores por cuenta ajena esa discusión es en muy buena medida sólo teórica, porque las Haciendas (la central o las forales) controlan sus sueldos, pero hay millones de ciudadanos que pueden tratar de evadir impuestos, en una u otra medida, acogiéndose a diversas fórmulas de disimulo.
Bastante gente argumenta que, habida cuenta del uso que el Estado hace de sus dineros, prefiere (o preferiría) no pagar. Su posición puede resumirse así: “Déjenme que yo decida en qué se invierte lo que pago y entonces pagaré sin rechistar. Pero no me da la gana de contribuir a la compra de armamento, al mantenimiento de la Casa Real y a varios dispendios más que detesto”.
Otros piensan (pensamos) que, dado que no parece que el gasto público a la carta vaya a instaurarse en un futuro más o menos cercano, cuando uno no paga, no es al generalato y a la realeza a quienes crea problemas –esa gente nunca sufre los planes de austeridad–, sino a la Sanidad y a la Educación públicas, a los asilos, a las pensiones, a las infraestructuras… Al gasto social, que es el que se recorta siempre que hay que recortar algo.
La otra parte de la polémica la acaba de ilustrar muy bien Rodríguez Zapatero al prometer que, si vence en las elecciones, Hacienda devolverá en junio 400 euros a todos los declarantes del IRPF. Muchos están encantados. Otros –entre los que me encuentro– no. El elemento más positivo del IRPF es que establece sus baremos en función de la renta de los contribuyentes. Se trata de que paguen más quienes más tienen. Es lo que permite que los impuestos directos tengan un efecto redistributivo.
De acuerdo con reducir la presión fiscal sobre las rentas más bajas. Pero, ¿por qué sobre las más altas y las más bajas por igual? ¿Qué tiene eso de socialista?
Seguro que a Rajoy no le sorprenden los sondeos que aseguran que el electorado tiene mejor opinión de Gallardón que de él. Y doy también por hecho que sabe la razón fundamental por la que eso es así: el alcalde de Madrid ofrece una imagen más centrada, más mesurada.
Al candidato del PP le consta que se ha pasado cuatro años haciendo una oposición atrabiliaria, faltona, marcada por el estilo reciamente pendenciero de su equipo, y sabe que es mucha la gente a la que eso no le va, incluso aunque sea conservadora (o precisamente porque es conservadora, pero en el sentido más literal de la palabra: prefiere que las cosas sigan más o menos por donde van).
Esa situación pone a Mariano Rajoy ante una papeleta de cuidado: está obligado a decir que Zapatero lo ha hecho todo mal –no va a desdecirse ahora–, pero, a la vez, no quiere que los votantes piensen de él que, caso de obtener una mayoría parlamentaria suficiente, se dedicaría a echar abajo todas las reformas sociales realizadas durante la pasada legislatura. A buena parte del sector flotante del electorado, que es el que según los expertos acaba inclinando la balanza de uno u otro lado, le echan para atrás las incertidumbres y los saltos en el vacío.
Rajoy sabe de sobra que si promete que hará cruz y raya con todo lo puesto en marcha por Zapatero, entusiasmará a la derecha más fiera, Conferencia Episcopal incluida. Pero es igualmente consciente de que con esas solas huestes jamás alcanzará la cota electoral que precisa para vencer.
Pero ¿cómo darse aires de centro moderado cuando uno se ha pasado cuatro años construyendo una imagen de derecha pura y dura? Y lo que es aún más complicado: ¿cómo no prometer al electorado que uno hará lo imposible por anular todo aquello cuya aprobación calificó en su día de perversa, aberrante e intolerable? ¿Lo que ayer era intolerable ha dejado de serlo?
El tardío intento de Rajoy de desplazarse hacia el centro es una pura contradicción, y el resultado está la vista: no responde o responde con perfectas vaguedades a la mitad de las preguntas que se le formulan.
Resulta curioso: un gallego especializado en salirse por peteneras.
Lo que Israel está haciendo con la población de Gaza, sometiéndola a un auténtico estado de sitio, constituye una flagrante violación de la legislación internacional. Todo el mundo lo sabe y buena parte del mundo, incluyendo muchos gobiernos, lo han dicho. Pero ¿qué más da lo que digan, si no hacen nada? Al Estado de Israel se le critica, se le reconviene, eventualmente se le condena… Pero jamás se le sanciona, ni se le corta ningún grifo. Faltaría más.
Israel fue producto de una gestación artificial. Jamás en la Historia moderna se había visto nacer un Estado cuya población no estuviera previamente unificada y asentada en un territorio concreto. En la Israel originaria había casi de todo, salvo oriundos. En la Palestina de 1880, apenas había 24.000 judíos. Y en 1919 no llegaban a los 90.000, pese a haberse iniciado ya la campaña de “retorno a la tierra prometida”. En 1946, a dos años de la proclamación del E stado de Israel, ni siquiera eran aún medio millón. Pero la ONU acudió presta en su ayuda, elaboró un plan de partición (es decir, expropió tierras para regalárselas) y le dio vía libre. ¿Excusa? La fiereza del antisemitismo mundial aconsejaba dar al pueblo judío un espacio de asentamiento pacífico. Mala explicación. Primero, porque los palestinos musulmanes y cristianos son también semitas, y segundo, porque aquello fue desde sus orígenes cualquier cosa menos un espacio pacífico.
Washington ha proporcionado a Israel toda la protección, todo el dinero y todos los juguetes bélicos que ha necesitado. El poderosísimo lobby judío norteamericano, capaz de poner y quitar presidentes, le ha servido de constante aval. Gracias a ello, ha podido expandirse a su antojo y llegar a extremos tan aberrantes como el de sitiar a una población de millón y medio de personas, desabasteciéndola hasta de lo más elemental.
La UE murmura y no hace nada, pero la ciudadanía europea parece que empieza a despertar. Compruebo que hay bastantes documentos circulando, informaciones, denuncias, recogida de firmas, una convocatoria de manifestación para el lunes próximo ante la Embajada de Israel en Madrid…
Es aún muy poco. Pero es algo, al menos.
Ya sabemos que los islamistas detenidos en Barcelona iban a cometer un atentado en el metro de la capital catalana. Lo dice la Policía, lo respalda el ministro del Interior y lo ratifican los medios de información.
En realidad, rara es la vez que no conocemos de inmediato todos los crímenes que han cometido cuantos son detenidos: la Policía acusa, ellos lo admiten (es de agradecer la propensión que tienen en los últimos tiempos los detenidos a sincerarse con sus interrogadores), Interior y los jueces, modelos de transparencia, se lo cuentan todo a la Prensa (dándole incluso la versión que debe ser difundida, para ahorrarle trabajo) y ésta lo reproduce y certifica. Y a por la siguiente.
¿Quién se queja de la lentitud de la justicia? En España los juicios no son rápidos: son casi instantáneos. Los detenidos son condenados y puestos en la picota en cosa de nada.
Yo estudié periodismo en otro tiempo y en otras latitudes. En los 70 y en Francia. Nos enseñaban un oficio diferente. Se suponía que lo nuestro era informar. Los juicios y las sentencias quedaban para los tribunales. Recuerdo la indignación que nos produjo allí que un periódico español, Informaciones, que pasaba por ser de lo menos malo del franquismo, pusiera un mal día de 1975 como gran titular de portada: “Hoy se juzga a los asesinos del teniente Pose”. Nos dijimos: “¿Cómo pueden calificarlos de ‘asesinos’ si todavía ni siquiera han sido juzgados?”.
Ahora un titular así no escandalizaría a nadie. Tampoco a mí. (Por cierto que dos de los jóvenes a los que juzgaron aquel día resultaron condenados a muerte y fueron ejecutados.)
Me viene al recuerdo otro caso curioso: una joven vasca, Ainara Gorostiaga, fue detenida en 2002 en Navarra y acusada del asesinato de un concejal de UPN, José Javier Múgica. De entrada, nadie vio ningún problema: ella misma había confesado su crimen ante la Policía.
El problema vino en 2004, cuando se aclaró que Gorostiaga no había tenido ninguna relación con el asesinato de Múgica. Ni la más mínima. Tuvieron que ponerla en libertad sin cargos.
¿Por qué se había confesado culpable? ¿Por vicio?
Qué más da. Pelillos a la mar.
He leído los resultados de un sondeo que, según especifica su ficha técnica, ha sido realizado mediante entrevistas telefónicas. Y me he sulfurado. No porque su grado de fiabilidad sea mayor o menor –el rigor de los sondeos no entra en el apartado de mis principales preocupaciones: me sé demasiado bien cómo funcionan–, sino por la técnica misma.
Dicho por la brava: estoy hasta las narices de las entrevistas telefónicas. Se refieran a lo que se refieran. Me da igual que quien me llame lo haga por cuenta de Orange, de MoviStar, de Canal Satélite, de Demoscopia, de Metroscopia o del sursum corda.
Yo trabajo en mi casa y lo hago en un tipo de labor que requiere cierta concentración mental (que luego dé mejores o peores frutos es ya otra cosa). Cada vez que suena el teléfono, corro el riesgo de perder el hilo del pensamiento que estaba desarrollando. Y una vez que cuelgo, pierdo otro rato en recuperarlo.
“Déjalo descolgado”, me aconsejan algunos. Pero es que no: necesito que la línea esté disponible, porque recibo llamadas profesionales o de amistad que me interesan y me importan. Cuando las llamadas son de ese tipo, pago a gusto el precio de la desconcentración mental pasajera. Pero que me incomoden cada media hora para preguntarme si conozco las ventajas del abono múltiple ADSL + llamadas gratis, o las posibilidades del nuevo descodificador de Canal Satélite, o qué opino de la que han montado entre Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, me saca de quicio. Representa una intolerable intromisión en mi intimidad y un abuso indignante de mi tiempo.
Debería haber una ley que penalizara esas prácticas. Lo he comentado con algunos amigos y he comprobado que somos cada vez más quienes optamos por colgar el teléfono ipso facto, tras disculparnos ante el trabajador o trabajadora que se gana la vida haciendo tales llamadas (que, por cierto, casi siempre son inmigrantes). Yo tengo ya automatizada una respuesta estándar: “Perdone usted, pero en esta casa no respondemos a ningún tipo de cuestionario”.
Otros tienen respuestas mucho más hirientes. Me apuntaría a ellas si fueran sus jefes los que estuvieran al otro lado de la línea.
Dándomelas de listillo, hice hace meses irrisión –cariñosa, pero irrisión– de la buena gente que invirtió sus ahorros en la cosa filatélica y se quedó con un palmo de narices al saltar el tinglado por los aires. Les evoqué el viejo dicho castellano que recuerda que, por pura lógica, nadie da duros a cuatro pesetas. Ni siquiera en los tiempos del euro. Afirmé entonces, con mucho aplomo –con demasiado aplomo, me parece–, que los ahorradores más sensatos y prudentes se apuntan a inversiones de rentabilidad más discreta, pero más segura.
Veo ahora cómo están los mercados financieros y empiezo a preguntarme si hay alguna inversión que sea realmente segura.
Por supuesto que descarto la Bolsa, de la que tampoco me he fiado nunca. Es un negocio de fulleros. Se pasan el día adquiriendo y vendiendo expectativas, es decir, humo. “Esta empresa parece que va a subir como un cohete”, corre el rumor. Y todos se ponen a comprar acciones como posesos. Menos los que venden, claro. Lo constatamos en la época del gran boom de los sitios web más aireados. De repente, un chiringo con cuatro empleados y una oficina en Nueva York valía 10.000 millones, porque iba a ser la de Dios. Y cuatro meses después, lo podías comprar en el Rastro por 20 céntimos.
En eso no me dejé engañar (no habría podido, aunque quisiera).
A cambio, lo que sí he hecho, como muchos cientos de miles de conciudadanos, es ir metiendo algunos dinerines, año tras año y con no poco sacrificio, en un plan de pensiones, por el aquel de poner un colchón suplementario a mi ya inminente vejez. Pero descubro ahora, con horror, que tampoco eso tiene nada de seguro. En medio de la crisis financiera que se ha desatado estos días a escala mundial, nada asegura que las aseguradoras (toma paradoja) sean capaces de asegurar nada.
Lo mismo me creía yo que estaba ahorrando en un modesto y prudente plan de pensiones y en realidad estaba comprándole sellos a cualquier Fórum Filatélico.
Estoy pensando en retomar la vieja práctica del calcetín y del colchón. Guardar los escasos ahorros en casa y no fiárselos a nadie, a la vista de que no hay nadie en el mundo financiero que sea de fiar.
Reprochan a Ruiz-Gallardón haber intentado servirse de la alcaldía de Madrid como trampolín para impulsarse a cotas más altas de poder.
Para que algo así escandalice, hace falta saber bastante poco sobre los usos y costumbres de la política profesional. En Francia es casi un sobreentendido: todo el mundo da por hecho que la mayoría de los que se postulan para alcaldes de las principales capitales (empezando por París, bien sûr) lo hacen con la vista puesta en los más altos cargos del Estado. Chaban-Delmas saltó de la alcaldía de Burdeos a la Jefatura del Gobierno. Chirac pasó del Ayuntamiento de París a la Presidencia de la República. Son muchos los que han sacado partido de otros cargos de poder local con idéntico fin: ahí están Ségolène Royal, presidenta del Consejo de Poitou-Charentes, y el propio Nicolas Sarkozy, quien, antes que ministro, fue presidente de Consejo departamental de los Altos del Sena.
En general, la ventaja que presentan los puestos de ámbito local, empezando por las alcaldías, es que lucen mucho y, a nada que quienes los ejercen no sean demasiado corruptos (o no se les note que lo son), desgastan muy poco. Basta con adecentar los cascos antiguos, inaugurar unos cuantos museos, peatonalizar las calles más garbosas, plantar unos cientos de árboles, construir varios pasos subterráneos para descongestionar el tránsito urbano… y ya está: a partir de eso, a visitar residencias de ancianos, a dar la mano a los transeúntes y a besar a los niños.
Esa técnica, tan cara a Gallardón, es necesaria, pero no suficiente. Puede bastar para ser reelegido alcalde, como los Pacheco, Vázquez y demás Elorza han demostrado repetidamente, cada uno en su momento. Pero para saltar a las cumbres del poder estatal se requiere, además, tener el respaldo de un partido con una estructura orgánica y financiera muy poderosa, y apoyos internacionales, y el visto bueno de la Banca, y la labor machacona de algunos grupos mediáticos comprometidos a fondo con el proyecto…
Él creyó que podía lanzarse al vacío sin red, apelando a sí mismo, sin más. Ahora ya sabe qué amargas facturas pueden pasar la petulancia y el engreimiento.
Varios tribunales de diversos países están dirimiendo litigios entre empresas que pleitean por la coincidencia de nombre de sus respectivas marcas comerciales. Las que tienen registrado un nombre se enfadan porque aparezcan otras que se hacen llamar igual o parecido.
En esto, como en casi todo, debería reinar el sentido común. Si yo instalo una fábrica de ordenadores y le pongo por nombre IBM, digamos, o Apple Macintosh, es lógico que las autoridades me exijan que me busque un nombre diferente. Como si lanzo un periódico y lo titulo L’Osservatore Romano.
Cosa bien distinta es cuando una empresa elige como marca un nombre propio, o el de una localidad. Debe ser consciente de los riesgos que corre. Por ejemplo, hay ahora una fábrica de prendas de vestir que se llama Leonardo, que se ha topado con que una financiera francesa le conmina a que deje de utilizar ese nombre, porque lo tiene registrado. Leonardo es un nombre de pila bastante común y, por mucho que unos financieros franceses hayan decidido servirse de él para sus cosas, no parece lógico que reclamen la exclusiva universal. De insistir en esa vía, lo mismo le exigen a Di Caprio que se rebautice.
Lo cual tampoco me extrañaría demasiado. Hace años, un escritor me reclamó de manera airada que un dibujante que colaboraba conmigo utilizara otra firma, porque el nombre y primer apellido de ambos coincidían. “Cambia tú de firma, si tanto te molesta”, le respondí.
He leído que la empresa textil española Zara pleitea y pleitea contra todo comerciante de la ciudad turca de Zara que osa utilizar el nombre milenario de su población para cualquier actividad, aunque no tenga la más mínima relación con la venta de ropa. Estamos ante el mismo disparate que se produjo en 1942, cuando la Warner Brothers pretendió que Casablanca era un nombre que le pertenecía. Groucho Marx, en una memorable carta, les respondió reclamándoles que renunciaran ellos al nombre de Warner Brothers, porque los Marx Brothers eran “brothers” bastante antes que los Warner.
Si la Zara textil tomó prestado el bello nombre de la Zara turca, que acepte ahora el coste de su deuda, y que se deje de mandangas.
