Quienes quieran enterarse de la clase de defensor de la economía del Estado que puede ser Manuel Pizarro deberían releer lo que afirmó en una conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI hace apenas un año. La frase que más llamó la atención de los medios de comunicación entonces fue: “Me hace gracia que algunos quieran mezclar con la patria algo tan importante como el dinero”. Bonita, ¿verdad?
La tesis que de manera tan burda defendió entonces el desenvuelto y dicharachero Pizarro es que a cualquier persona sensata, trabaje para el Estado o para un negocio privado, lo único que debe preocuparle es hacer caja, vendiendo lo que sea. Él dio ejemplo, poniendo muy oportunamente en el mercado sus propias acciones de Endesa, aprovechándose –dicen las malas lenguas– de la información privilegiada que poseía.
Propugnó que el Estado debía vender a E.ON su paquete de acciones de la eléctrica para obtener un buen mordisco. ¿Intereses estratégicos? ¿Mantener un cierto control público sobre la industria energética local? ¡Paparruchas! Money, money, money!
Este señor sabe de especular en Bolsa. Es posible incluso que sepa cómo se gestiona (desde el punto de vista financiero, sobre todo) una gran compañía eléctrica. Lo que es evidente es que ni sabe ni le importa saber cómo deben organizarse los presupuestos del Estado pensando en la mayoría y en el mañana. Y que tampoco tiene ni idea de cómo pueden (o no pueden) organizar sus economías las familias (o las personas que viven solas) con recursos mínimos.
Él ha decretado el dogma: “El buen padre de familia –dice, dando al asunto un revelador toque patriarcal– debe ahorrar más y gastar menos”.
¿En qué mundo vive este personaje? ¿No sabe que en España hay la tira de gente que, afinando al céntimo, no llega a fin de mes? ¿Que su único modo de gastar menos sería declararse en huelga de hambre? ¡Ahorrar! ¿Pero de qué va?
Pizarro es el típico personaje del establishment para el que, desde tiempo inmemorial, la calle es ese espacio que uno recorre desde que baja del coche cuando el chófer le abre la puerta hasta que le franquean la entrada en el restaurante de lujo.
Anda y que le den.
Es curioso con qué naturalidad se acepta que haya ingresado directamente en la cúspide del PP Manuel Pizarro, un empresario que jamás ha ejercido de militante político, menos aún de dirigente, y que, en consecuencia, desconoce cómo funciona por dentro la maquinaria del tinglado en el que está abocado a desenvolverse. Ejercer una labor de dirección política, por más que no sea desde un puesto orgánico, requiere un cierto aprendizaje, que lleva su tiempo. No forzosamente demasiado, pero sí alguno, y Pizarro aún no puede saber ni lo que le tocará hacer.
Sin embargo, un trasvase tan fulminante del ámbito empresarial al político, por chocante que pueda parecer en abstracto, no lo es tanto si consideramos cómo funcionan las elites de poder en nuestras sociedades actuales.
Las fronteras que teóricamente separan los distintos cometidos (política, economía, finanzas, judicatura, medios de comunicación) están cada vez más desdibujadas, cuando no borradas del todo. Los principales protagonistas de todas las diversas especialidades de relumbrón tienen entre sí relaciones mucho más fluidas de lo que cualquier amago de separación de poderes aconsejaría. Sólo se ven obstaculizadas de manera ocasional por las luchas de banderías, resultantes de diferentes intereses, que cada uno de ellos defiende con su propio ejército de políticos, empresarios, financieros, jueces, medios de comunicación, etcétera.
Tan vaporosos son ya los límites de sus respectivas ocupaciones que, para estas alturas, a nadie sorprende que un empresario se pase a la política profesional, que un político se haga empresario, que un periodista se dedique a banquero o que un juez acepte un cargo ministerial.
Una subespecie aún más singular es la constituida por los personajes que cabría llamar “transversales”, porque integran en su actividad varias ocupaciones a la vez. Como están en un montón de salsas, es imposible definir su verdadero oficio, aunque al uno se le identifique públicamente como político, al otro como juez, al otro como periodista y al de más allá como empresario. Eso son puros convencionalismos. Para ellos, lo de ser uno y trino no tiene secretos.
Insinúa Alberto Ruiz-Gallardón que tras las próximas elecciones generales abandonará la actividad política. Sus cercanos aseguran que ésa es, en principio, su intención, pero que prefiere no comprometerse todavía a nada en firme, porque cualquiera sabe qué pasará el 9 de marzo. En efecto, el panorama puede variar mucho –y con él sus propias expectativas personales– según el PP salga mejor o peor librado de las urnas.
Lo único que no me creo es que vaya a apartarse de la política. Podría ser que se decidiera a abandonar el PP, pero no es lo mismo. Podría ser incluso que prefiriera dimitir como alcalde de Madrid, para tomar distancias y preparar su siguiente jugada.
En el caso de que estuviera rumiando esa última idea, me veo en la obligación ciudadana de ponerle al tanto de que existe en este momento un movimiento de auténtico pánico en sectores importantes de la ciudadanía capitalina, que han sido informados de que, si él se va, quien se haría cargo del bastón de mando del municipio sería Ana Botella.
A mí, en principio, esa posibilidad no me disgusta, y hasta le encuentro un morboso atractivo, pero comprendo que mi inclinación por el dadaísmo puede tener mucho que ver en ello.
Hay izquierdistas que sostienen que la designación de Ana Botella como alcaldesa es posible que tuviera incluso efectos políticos positivos, en la medida en que podría labrar la ruina electoral del PP por la vía del esperpento. A esos optimistas les recuerdo que Madrid tuvo durante años como alcalde a Álvarez del Manzano, con Ángel Matanzo como concejal adherido. (¿Podría rivalizar Ana Botella con declaraciones tan perfectas como aquella de Matanzo: “Tengo la conciencia tranquila y reto a quien sea a demostrar lo contrario”?).
Antes de tomar decisiones irreparables, quizá le conviniera a Gallardón pensar en la posibilidad de remodelar su equipo de gobierno municipal. Poner en los puestos clave a responsables que, en el peor de los casos, pudieran bandearse por sí mismos. En particular al frente de la alcaldía.
Se lo digo por su propio bien. Para que no haga cosas que dejen una imagen pésima de él y lastren para siempre su currículo.
Esperanza Aguirre tiene muchos apoyos en el aparato del Partido Popular, en particular en el sector más derechista de su dirección central: los Acebes, Zaplana y compañía. Cuenta también con un amplio respaldo electoral en la muy nutrida derecha madrileña, como quedó sobradamente demostrado en las últimas elecciones.
Sin embargo, los expertos en análisis demoscópicos aseguran que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid jamás podría encabezar una candidatura victoriosa a la Presidencia del Gobierno de España, porque cae bastante mal fuera de su feudo. Dicen que en la mayor parte de las demás comunidades autónomas –y muy en particular en las dos más decisivas por razones demográficas: Andalucía y Cataluña–, su prestigio es tirando a escaso. Según ellos, el estilo de Ruiz-Gallardón da mucho más el tipo de alguien que puede aspirar a gobernar “sin sobresaltos”, en un Estado en el que las clases medias, electoralmente decisivas, no simpatizan demasiado con los exabruptos.
A mí estas cosas se me escapan, porque no me hago una idea precisa de las motivaciones que animan a la mayoría de los electores, pero lo que sí me parece evidente es que Rajoy ha cedido a las presiones del ala más radicalmente derechista de su partido: ha descartado a Ruiz-Gallardón, expulsándolo de la vida política (precisemos: de la del PP, que todo en la vida da muchas vueltas); asistió impotente a la fuga de Piqué y de Matas, que daban un aire de relativa templanza a su entorno; ha elegido de número dos a Manuel Pizarro, mirado con la peor cara por los partidos catalanes, habida cuenta de su trayectoria cerradamente hostil (la peor pieza posible para una política de alianzas); ha rescatado para la lista electoral madrileña a un Zaplana incapaz de ser aceptado incluso por su partido de origen… Es eso y es mucho más. Es todo.
Puede ser que tengan algo de bueno estas sucesivas imposiciones del ala ultra del PP: el 9 de marzo cabrá recontar qué apoyos electorales tiene aquí la derecha pura y dura, y si es verdad o mentira el tópico que pretende que “la mayoría en España prefiere siempre la moderación y el centro”. Porque éstos, de moderados nada.
Se habla mucho de la necesidad de reformar la legislación electoral española para que refleje mejor el verdadero sentir de la ciudadanía. He llegado a participar en algún seminario académico sobre la cuestión, flanqueado por varios plastas como yo.
Con independencia de que otras reformas de la Ley Electoral sean deseables y posibles, la que yo vería con más simpatía es una que determinara que el Congreso de los Diputados asignara sus escaños en proporción a los votos obtenidos. O sea, y por explicarlo gráficamente: ¿que, realizada la votación, se constata que la participación electoral ha sido del 60%? Pues se deja vacío el 40% del hemiciclo, se reparte el resto entre los que han salido electos y asunto concluido.
Eso no sólo tendría inmediatos beneficios económicos para el erario (que no sé por qué tanta gente se empeña en llamar “público”: el erario es público por definición) sino que, además y sobre todo, se encargaría de poner de manifiesto, día a día, durante toda la legislatura, el vergonzoso hecho de que el 40% de la ciudadanía no está representado en esa institución. Cosa que los políticos profesionales prefieren que se olvide así que toman posesión de sus actas de diputados.
El 40% o el 35% vacío. ¿Por qué un porcentaje tan alto del electorado no ha votado? A saber. Porque las candidaturas no han acertado a interesar, porque una parte del personal se apunta a eso tan imbécil de que “es que yo no me meto en política”, porque otra parte del personal se adhiere a eso tan comprensible de que “anda y que os den viento fresco”… Imposible determinar las causas. ¿Y qué? También son imposibles de esclarecer los motivos reales por los que éste vota al PP, el otro al PSOE y el de más allá a IU, CiU, el PNV o BNG.
A mí me gustaría que algo así se hiciera –ya sé que es imposible: la clase política defiende a muerte sus intereses corporativos– porque, de ponerse eso en práctica, los que tenemos vocación de abstencionistas, más que nada porque no nos va jugar partidas en las que sabemos que las cartas están marcadas, podríamos sentirnos representados en el Congreso.
Nos representarían todos esos escaños vacíos.
Rosa Díez ha declarado que el nuevo partido que ha fundado aspira a obtener el voto de “los españoles sin complejos”.
Si uno se toma esa proclama en su literalidad, se siente inevitablemente perplejo. ¿Qué es un español sin complejos? ¿Sin complejos de qué?
Sucede con Rosa Díez lo mismo que con bastantes otros políticos: hay que imaginar lo que quiere decir y no dice.
La expresión “sin complejos” tiene ya una cierta tradición dentro de la política española. Es desafiante. Empezaron a emplearla allá por los 80 algunos servidores públicos del PSOE que no se cortaban ni un pelo a la hora de defender medidas o actuaciones tirando a impresentables. ¿Que se denunciaban las reconversiones industriales salvajes? Pues salía Carlos Solchaga y decía que no cabe hacer tortillas sin romper huevos. Sin complejos. ¿Que salían a relucir las hazañas de los GAL? Felipe González sentenciaba que al Estado también se le defiende en las alcantarillas. Sin complejos.
Luego fue el turno del PP, muchos de cuyos dirigentes también se apuntaron a lo mismo. Empezando por quien fue (¿es?) su dirigente máximo, José María Aznar: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”, dijo para justificar una expulsión de inmigrantes irregular por los cuatro costados. Sin complejos.
Si al hablar de “españoles sin complejos” se tratara de designar a los españoles que no padecen ningún complejo especial por ser españoles, estaríamos refiriéndonos a aquellos que se toman su ciudadanía legal como una realidad de hecho, sin más. Sin darle mayor importancia. Como quien constata que mide 1,67 o 1,75, o que calza un 38 o un 43. Vale: uno ha nacido en tal lado y ya está. ¿Qué inclinaciones electorales podrían deducirse de tal hecho?
Rosa Díez no habla de eso. Ella apela –véase el conjunto de su perorata– a una españolidad desafiante, porque la siente agredida y la enarbola con espíritu vindicativo.
De “sin complejos”, nada. No todos los complejos son de inferioridad.
El PSOE ha decidido que se dispone a cerrar el ciclo de las reformas estatutarias con siete llaves, como Costa quería clausurar el sepulcro del Cid.
Según anuncia a sus confidentes, también quiere propiciar a breve plazo la ilegalización de ANV y el PCTV, astuta medida destinada a que una parte considerable de la población vasca (minoritaria, pero considerable) se quede sin representación democrática, de modo que la olla a presión carezca de válvula.
A la vez, ha rescatado de su fingido ostracismo a José Bono, que no ha perdido un segundo en hacer profesión de fe de su fe y en mostrar que a él lo que le va es el “¡Santiago y cierra España!”. Parece que quieren ponerlo como presidente del Congreso de los Diputados. Qué gran idea.
Para completar el sofrito, Zapatero ha tenido a bien anunciar que, si gana en las próximas elecciones, su política económica será cosa de Solbes, no sé si con Rato o con Cuevas como consejeros áulicos (aunque Antonio Gutiérrez tampoco desentonaría).
En materia internacional también está que se sale: últimamente, las estrellas invitadas de su Gobierno son Sarkozy y Mohamed VI. Modélicos ambos, cada cual en su especialidad.
No hago este inventario para quejarme (que también) sino, sobre todo, para llamar la atención sobre los emblemas que el PSOE está enarbolando de cara a las elecciones inminentes. Cada vez se acerca más a los del PP. Sus motivos de fricción son de entidad muy menor. ¿La Conferencia Episcopal? Sólo porque la propia Conferencia Episcopal se empeña en ello. ¿Educación para la ciudadanía? ¡Pero si han dejado la asignatura en nada! ¿El aborto? Ya han descartado la reforma racional de la ley. ¿La defensa del pueblo saharaui? ¿El 0,7%? ¿La oposición a los planes imperiales de Washington? Nada de nada.
El programa que los dirigentes socialistas presentan a las elecciones es como el del PP, sólo que algo menos brutal: algo menos clerical (con permiso de Bono), algo menos hostil a “la periferia”, algo menos entregado al diktat de Washington… Su plan es pedirnos que les votemos sólo por eso: porque ellos son algo menos.
Pero el asunto no consiste en ser algo menos, sino otra cosa.
Hace algo así como diez años, un ministro del PP prometió enviar unos documentos confidenciales al diario para el que yo trabajaba. Como quiera que el motorista encargado de la tarea tuvo algunas dificultades de tránsito, el hombre estuvo colgado del teléfono hasta confirmar que se había realizado su encargo. “¿Ya está? ¿Sí? ¡Ah, bueno!”.
A la mañana siguiente, el ministro en cuestión no perdió ni un minuto en comparecer ante los medios para deplorar, muy compungido, que aquellos documentos hubieran visto la luz.
En otra ocasión, un secretario de Estado nos trajo las pruebas de la corrupción que reinaba en su Ministerio, de la que acabó por demostrarse que participaba como el que más. Cuando salió publicada la noticia, nuestro confidente se dijo escandalizado, afirmó que se trataba de una infamia y nos puso a caldo.
Son sólo un par de ejemplos a los que aludo sin dar nombres (por discreción profesional, no por falta de ganas), pero podría mencionar bastantes más. Hacen legión los responsables políticos, los altos funcionarios, los jueces, los fiscales, los policías, etc., dispuestos a saltarse a la torera su deber de guardar secreto, si creen que les conviene por lo que sea: para zancadillear al uno, para promocionarse ellos mismos, para que se les deba el favor…
La opinión pública mayoritaria prefiere no hacerse preguntas que son de cajón. ¿Cómo cree que la Prensa da cuenta todos los días de papeles oficiales supuestamente reservados, o de documentos que son secreto de sumario, o de conversaciones privadas intervenidas confidencialmente por la Policía por orden judicial y guardadas en teoría bajo siete llaves?
No se lo pregunta. Como tampoco se pregunta –y si se pregunta, no parece que se responda– cómo puede ser que haya tantos detenidos que se declaran culpables de montones de delitos de los que nadie les había acusado hasta entonces.
Los papeles vuelan solos, los secretos se trasmiten por ósmosis, los detenidos confiesan porque les da por ahí… Y la gente no sospecha que haya nada raro en todo ello.
Con sociedades tan crédulas, los masters en manipulación informativa podrían muy bien concederse en la escuela primaria.
Nicolas Sarkozy es un caradura. Listo, pero caradura.
Durante la campaña de las presidenciales francesas, que tan bien le fue, dedicó muchísimos esfuerzos a reprochar a la prensa rosa que metiera las narices en su vida privada.
En aquel momento toda Francia sabía que quien era entonces su mujer y él estaban a la greña, y hablaba de ello, pero el candidato reclamaba su derecho a la privacidad. Su maquinaria propagandística puso el máximo esfuerzo en subrayar el argumento: “Sarkozy, víctima de la voracidad y la impertinencia de los medios. No respetan su intimidad.”
Me dejó mosca desde el principio que entrara al trapo y hablara de esos asuntos, pretendiendo que él y su señora eran uña y carne, que ella era lo más importante para él, etc., etc. Quien no quiere que nadie se meta en sus cosas privadas se limita a informar de que están fuera del temario y que no va a discutir sobre ellas, se calla y ya está.
Todo el tinglado que está montando ahora a costa de su romance con la ex modelo y cantante Carla Bruni, atrayendo a la prensa para que refleje sus éxitos amorosos, es un bochorno. O quieres tener intimidad o quieres tener espectáculo.
Lo que Sarkozy quiere, evidentemente, es tener espectáculo.
Primero (aunque supongo que no principal), para desquitarse. Así deja de ser a efectos mediáticos un abandonado, y se convierte en un conquistador, con lo cual le da en los morros a su ex.
Segundo, para contribuir a sus maniobras de distracción, en las que es especialista. Lo que le importa es que los medios de comunicación no pongan el foco en los problemas sociales de Francia, que son muchos y peliagudos, y se entretengan con naderías. Que si ha estado en Egipto (no se sabe si para imitar a Napoleón y robar otro obelisco), que si lleva gafas tal, reloj cual y pantalones color no sé qué, que si la cantante guapita que le coge de la manita va vestida con un modelo de este o del otro…
De todos modos, no es que Sarkozy (o Berlusconi o cualquiera de estos políticos mediáticos) tenga una técnica extraordinaria para manejar a los medios. Es que los medios les están diciendo día a día a todos ellos: “¡Manéjanos!”. Tales para cuales.
El ministro del Interior dice que él “quiere creer” la versión de la Guardia Civil sobre la detención en Arrasate de dos presuntos miembros de ETA, que obligó a internar en la UCI de un hospital donostiarra a uno de ellos.
“Quiero creer”. Es una expresión tópica, pero intranquilizadora. Quien quiere creer suele creer, aunque su creencia no tenga mayor fundamento. El que desea creer no se muestra muy estricto en la verificación de los hechos. Blas Pascal ya dijo que para creer (él se refería a la existencia de Dios, pero tanto da) lo más importante es comportarse como si uno fuera creyente: a fuerza de hacer como que se cree, se acaba creyendo.
Sin embargo, en el caso de la existencia o inexistencia de torturas policiales, la cuestión no es lo que a Alfredo Pérez Rubalcaba le apetezca creer o prefiera no creer. Lo que debe dilucidarse es si el Gobierno se toma como cuestión de principios que no se produzcan torturas, por muy delincuentes y éticamente repugnantes que puedan ser los detenidos. Porque quien se opone a la tortura lo hace con independencia de la calidad moral del arrestado. Es su propia escala de valores la que está en juego; no la del otro.
Si se desea evitar la tortura, hay ya suficientes dictámenes técnicos sobre los medios materiales y las garantías legales que se requieren. Organizaciones de reconocida solvencia, tanto no estatales (caso de Amnistía Internacional), como oficiales (el Consejo de Europa, el Relator ad hoc de las Naciones Unidas), han indicado al Gobierno español cómo debería actuar para dificultar que se produzcan tales sevicias, de las que han registrado suficientes pruebas.
No se trata de hacer nada ni muy caro ni demasiado complejo. De hecho, ya los gobiernos autónomos de Euskadi y Cataluña han tomado medidas en esa dirección. La grabación en vídeo de todos los interrogatorios, complementada con la nulidad judicial de todo dato que no figure grabado en las condiciones adecuadas, son medidas cautelares muy oportunas. Si hoy en día te graban en vídeo hasta en los sitios más inverosímiles, ¿por qué no en los cuartelillos y comisarías?
No es cuestión de creer, sino de querer.
