Como estamos en plena crisis, Zapatero va a organizar un Gobierno de gente de peso. Ignoro por qué, cuando la situación económica era más liviana, se podía permitir un Gobierno pensado en gran medida de cara a la galería, como si no supiera que no hay nada que guste más a la galería que poder mofarse de los ministros livianos. Desde hace meses, Pedro Solbes daba la sensación de ser un especialista en ofrecer diagnósticos dubitativos, pero incapaz de marcar una línea de acción. A su lado, Elena Salgado, con su engañoso aspecto frágil, parece una fuerza de la naturaleza.
Magdalena Álvarez y sus obras resquebrajantes, salpimentadas con su peculiar gracejo, tampoco inspiraba confianza. De otros ministros y ministras el personal apenas opinaba, porque ni sabía de su existencia.
La incorporación de Manuel Chaves como vicepresidente encargado de las relaciones con las Comunidades Autónomas encaja al dedillo en el nuevo esquema, no así tanto la de José Blanco en Fomento. Se ve que Zapatero cree que lo que le falta a este último en capacitación técnica lo puede suplir con su incondicionalidad y capacidad de organización interna.
Uno de los defectos de Zapatero es su tendencia a dejarse vencer, a la hora de los nombramientos, más por la estética que por el afán de eficacia. Los ministros no se distinguen entre ocurrentes y gente especializada en dar el callo. Lo que hace falta es que sepan crear equipos de trabajo competentes, no duden de la jerarquía de objetivos a los que han de apuntar y se dejen la piel en el intento.
Una exigencia clave que el PP vasco puso al PSE-PSOE para prestarle (que no regalarle) su apoyo fue que debían colaborar juntos para conseguir una Radio-Televisión Vascas (EITB) que pudiera ser considerada imparcial y objetiva. Patxi López se apresuró a darles la afirmativa. Pero, aparte de que sea tarea ímproba determinar qué narices puede ser una televisión objetiva, en este caso es aún más difícil.
EITB, con todos sus defectos, ha venido siendo una televisión relativamente plural. Ninguna tertulia política ha dejado fuera a representantes del PSE y del PP. En aquellas en las que no han estado presentes, ha sido por su propia voluntad. Programas de automofa, como ¡Vaya semanita! serían inconcebibles en la gran mayoría de las otras televisiones autonómicas, con la parcial excepción de TV3. Otra cosa es la imagen que se haya querido dar de EITB del Ebro para abajo.
En las elecciones en las que Mayor Oreja aspiró a lehendakari, uno de su entorno político más cercano llegó a comentar a un técnico: “Y ahora, cuando perdáis, ¿a qué te vas a dedicar?”, como si renovar una dirección implicara cambiar hasta a los ordenanzas.
Siempre podremos tomar a Telemadrid y a la Radio Televisión Valenciana como modelo de lo que se pretende: en la primera resulta que han desaparecido todas las grabaciones sobre actos en los que Esperanza Aguirre fue abroncada y en la segunda nos hemos quedado de piedra al ver que pasaban los días sin que los escándalos del PP ni siquiera fueran aludidos.
Tal vez se trate de eso.
No hace falta ser el Relator de la ONU contra la Tortura. Ni siquiera hay contar con los muy inferiores medios de Amnistía Internacional para llegar a la misma conclusión que extrajo el relator durante su gira por España. Todos están de acuerdo en que en la España de hoy no se practica la tortura policial al viejo modo del franquismo –ni en cantidad ni en calidad–, pero que en cualquier caso el problema existe y es grave.
Lo peor es que ese baldón tiene una solución práctica que no es ni demasiado complicada ni demasiado cara. Pasaría por acabar con las leyes que permiten el aislamiento legal del detenido o detenida, porque los únicos interrogatorios con validez judicial fueran los recogidos en grabaciones de videocámara y por dotar a las furgonetas de traslado de sospechosos de pequeñas videograbadoras que registraran lo que sucede durante el tránsito.
La Consejería de Interior del Gobierno Vasco, encabezada hasta ahora por una persona a la que se le puede tildar de muchas cosas pero no de tonto, Javier Balza, aseguró hace tiempo que la Ertzaintza se avendría con gusto estas reglas, pero nunca ha encontrado el momento de ponerlo realmente en práctica. Fuera de Euskadi, ha habido aún menos experiencias.
Sin recurrir a Sherlock Holmes, es fácil deducir que cuesta más la instalación de un complejo sistema de vallas electrónicas y de vigilancia marítima para impedir la inmigración no regulada que instalar un sistema que haga inútil, a efectos legales, la tortura.
Lo que falta no es dinero, sino la voluntad de hacerlo.
Me pregunto sobre los sentimientos contradictorios que deben tener en estos momentos muchos militantes de base del Partido Popular de Euskadi. Sin duda alguna, estarán contentos de haber desalojado a los autodeterministas (la gran mayoría de ellos nacionalistas) que han gobernado las Vascongadas durante 30 años. Pero, a la vez, también es evidente que deben sentirse hondamente desconcertados a la vista de que el mismo partido del que hasta hace un mes decían pestes, ahora resulte ser un dechado de virtudes. Patxi López era Lopezerretxe, el PSE-PSOE estaba loco por aliarse con el PNV y a ellos nos les iba a quedar más remedio que seguir como siempre; es decir, solos y preteridos. Pero resultó que a López le salieron otras cuentas que le permitían no ir de segundón en ningún Gobierno presidido por Ibarretxe y dio el giro de timón, para el que le resultaba imprescindible el Partido Popular.
El Partido Popular de Euskadi –lo he recordado muchas veces– no es como el del País Valenciano. En la Costa Blanca, buena parte de los pequeños y medianos empresarios sabían de los chanchullos en los que se apoyaba el gremio del ladrillo, pero no tenían ningún interés en denunciarlo, porque participaban de él cada uno a su escala. En cambio, el apartamento de las zonas más sensibles del poder autonómico, tras las veleidades pro Mayor Oreja de Nicolás Redondo Terreros, que dieron al traste con el último Gobierno Ardanza, los de Basagoiti no se han llevado mucho, pero tampoco han podido trincar demasiado.
Por resumir: que un tanto esquizofrénicos sí que tienen que estar.
Ha sido un tópico recurrente denunciar a Ibarretxe por haber malbaratado la última legislatura dándole vueltas y más vueltas al proyecto de Estatuto al que se otorgaba su nombre. Para la inmensa mayoría de la militancia del PP vasco, el ejemplo era la Comunidad Valenciana, que mantenía ritmos de crecimiento económico altos sin buscarse conflictos con el Poder central.
Es mucha la gente que ignora que Ibarretxe se hizo fraile sin dejar de ser cocinero; que es un economista que ya estaba formado en duras lides tanto en el sector privado como en el semi privado antes de dedicarse a la política.
El tiempo que muchos atribuyeron a su monomanía soberanista lo ocupó en muy buena medida en encontrar la forma más adecuada de afrontar la desindustrialización que padeció Euskadi, sobre todo en la margen izquierda del Nervión. Animó un conjunto de medidas destinadas a la promoción de la pequeña y mediana empresa, con el Grupo Mondragón, la CAF y la renovación turística de Bilbao –que se inició con la construcción del Museo Guggenheim– como buques insignia.
El resultado de todo ello es que en 2008 Euskadi fue la comunidad autónoma en la que más creció el PIB.
En cambio, el afamado modelo valenciano, basado en pilares tan arenosos como la destrucción del litoral y en la sumisión a los vaivenes de las relaciones Zapatero-Rajoy han dejado su imagen hecha trizas. También en 2008, Valencia ocupó el último lugar del ranking de creación del PIB por CCAA.
¿Capacidad para amoldarse a los nuevos tiempos políticos o puro y duro afán de poder?
En Francia, y creo que en varios países más, el día reservado para las bromas no es, como aquí, el 28 de diciembre, sino el 1 de abril. “Le poisson d’avril” (el pez de abril, lo llaman ellos), pero el resultado es muy similar: las radios, las televisiones y los diarios incluyen noticias raras (en San Sebastián, durante mi infancia, todos los años se escapaba Úrsula, la osa del mini zoo del monte Igueldo).
Las tres noticias que hoy ofrezco, 1 de abril, no son peces, y no sólo por lo poco jocosas, sino también porque aunque muy recientes, tampoco son del día.
Primera: un número creciente de soldados israelíes ha empezado a vestir unas camisetas deportivas en las que se ve a una mujer palestina en avanzado estado de gestación enfocada por una mira telescópica. El texto dice: “Un disparo, dos muertos”. Eso se llama economía de medios.
Segunda: los Estados más malgastadores de fuentes de energía del planeta se autoimponen un día en el que levantan los diferenciales –preferentemente, fuera de horas laborales– para disimular su voracidad y dar cumplida cuenta de su colaboración en la lucha contra el cambio climático. Cinismo se llama eso.
Tercera: el Papa Benedicto XVI pide ayuda a la ONU para afrontar el acoso que los cristianos están sufriendo por culpa del insidioso hostigamiento del laicismo. Eso ni siquiera sabría cómo llamarlo. En todo caso, se llama culto a la personalidad: es evidente que él se cree que es la personificación de la cristiandad entera.
Todo esto es cualquier cosa menos inocente.
Esperanza Aguirre se ha topado de bruces con un viejo problema del sistema parlamentario. Se supone que existe una rigurosa división de los tres poderes clásicos del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y que los tres contrarrestan sus respectivas influencias, lo que contribuye a crear un cierto equilibrio socio-político general. A su modo peculiar –y superficial– parecía sentir una cierta añoranza de Montesquieu.
El cálculo implicaba que, puesto que el poder judicial, en sus principales líneas, es reflejo de la relación de fuerzas patente en el Parlamento, y que Aguirre se apoya en una sólida mayoría parlamentaria, obediente al Ejecutivo, podía emprender sin demasiado riesgo el golpe de Caja Madrid.
Primer error, imperdonable: hoy en día no hay tres poderes diferenciados –más bien forman un amasijo–, sino, por lo menos, cinco. El llamado “cuarto poder” –los medios de comunicación– tienen una influencia considerable, pero el poder económico detenta un peso aún mayor.
Segundo yerro de bulto: creyó que contar con un núcleo importante de empresarios y de medios de agit-prop con poderío le cubría las espaldas, menospreciando que otros no menos influyentes, y con argumentos harto más sólidos, iban a por ella.
Tercero y, a la postre, fundamental: se olvidó de que juega en segunda división y de que los de primera tienen mucha más influencia en los órganos con capacidad decisoria real.
En estos momentos, Caja Madrid más parece la Caja de Pandora. Como Aguirre se descuide, se le escapan todas las virtudes.
El presidente de la Diputación castellonen-
se, Carlos Fabra, es uno de mis bichos predilectos dentro del zoo político hispano. De él me fascina casi todo, desde su estética de inspiración retrojoseantoniana a su ética, tal vez mínima, pero indiscutiblemente inasequible.
No obstante, lo que más me asombra de este hombre es su infinito desparpajo. En lugar de hacer lo imposible, como tantísimos otros harían –y han hecho–; para pasar desapercibidos de cara al gran publico (sin por ello renunciar a seguir conspirando a escondidas para capear los vendavales que se les vienen encima, por supuesto), él se empeña en todo lo contrario: pavonea su admiración por la obra de Francisco Franco, edita con dinero público un librito que ensalza al Caudillo y a Queipo de Llano y, ya metido en harina, dedica al libelo –que insiste en minusvalorar el bombardeo de Gernika– todo un prólogo ditirámbico, que rezuma alabanzas hasta por la encuadernación.
Saltan las críticas y Fabra, con su incombustible desparpajo por delante, alega que se ha limitado a defender la libertad de expresión “en todas sus posibilidades”.
Falso por partida doble.
En primer lugar, un editor puede publicar libros con los que no está de acuerdo, por supuesto, pero nada le obliga a hacerles prólogos poniéndolos por las nubes.
Y, en segundo lugar, y como debería saber el abogado Fabra, el Código Penal español, en su art. 22.4 y siguientes, delimita las estrictas fronteras de la libre expresión en materias tales como el nazi-fascismo. Quod erat demostrandum.
Hace unos días contemplé en televisión un reportaje que versaba sobre el reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. Si dijera que me escandalicé, sería un hipócrita de tomo y lomo: he visto esas cosas mil veces.
El meollo del asunto está en el verbo “ayudar”. Pregunta: “¿Comparte usted las tareas del hogar?”. Respuesta: “Sí, sí; yo ayudo a mi mujer”. Luego se profundiza –no hace falta bucear mucho– y se descubre que la ayuda consiste en labores tan esforzadas como freír un par de huevos si a ella le falta el tiempo, lavar cuatro platos o conminar a la chiquillería a meterse en la cama.
A eso puede llamársele participar, pero al modo en que puede presumir de haber sido agraciado con el Gordo de Navidad quien lleva una participación de 30 céntimos. Compartir, en rigor, es establecer dos lotes equivalentes. No se trata de “echar una mano”, sino de tener un grado de responsabilidad comparable y, llegado el caso, invertible.
En España hay una irritante tendencia a confundir el trabajo, en general, con el trabajo asalariado, en particular. Quitando unos pocos centenares de holgazanas profesionales, emplear la expresión “mujer trabajadora” no sólo es redundante, sino también desorientador. La mayoría de madres de familia que conozco se pegan unas palizas diarias de aúpa. Pero lo más hiriente es que cuando son los dos integrantes de la pareja quienes acuden a ganarse el pan a una fábrica, oficina o tienda, o incluso cuando sólo lo hace ella, la respuesta es la misma: “Oiga, pero sepa que yo la ayudo en lo que puedo”.
Ya son muchas las veces que leo en la prensa o en los subtítulos de los noticiarios acontecimientos referentes a un caballero al que llaman “Iñaki Ezkerra”. Conozco a un político de tendencia españolista que se apellida Ezquerra, con “q”, pero no con “k”, y no veo qué derecho tienen los medios para enmendarle la plana y rebautizarlo a su gusto.
Durante el franquismo, los curas y los juzgados no admitían los nombres de pila vascos que no llevaran su María (o semejante) por delante. Y si te negabas, peor para ti. Mi hija Ane (que esa es la grafía correcta, con una sola “n”, no como se hace llamar la señorita Igartiburu) se llamó Ana hasta que pudo rectificar el entuerto burocrático. Y yo no pude ser Javier sin que me colocaran el “Francisco de” de cabecera, que para eso era el nombre de un santo y no el de un pueblo, aunque eso tuviera escasa relación con la lengua vasca.
La gran novedad vino tras la transición, cuando la vía libre se entendió a los patronímicos. Muchos Eguía se volvieron Egia; otros tantos Echezarreta, Etxezarreta, etc. Pero se requería un deseo expreso; no era una obligación: si alguien quería seguir apellidándose Lecea, con “c”, o Gurpegui (añadiendo esa “u” que en vasco no tiene sentido, porque todas las “g” tienen sonido suave), pues lo hacía, y ya está. Tenemos el caso de Carlos Garaikoetxea, que escribe su nombre de pila en castellano y su apellido en euskara.
Que Iñaki Ezquerra quiera llamarse así, es cosa suya. Y las razones de su elección, también. No quiero ni especular con ello. ¡Para una norma que aceptamos casi todos los vascos sin liarnos a tortas!
