Los principales partidos irlandeses están muy enfadados con los promotores del no. Les acusan de mentir, de exagerar los poderes que el Tratado de Lisboa da a la burocracia europea y de prometer lo imposible. No sería la primera campaña electoral en la que los principales contendientes tienen una tortuosa relación con la realidad. Y tampoco es una novedad que todas las élites políticas, periodísticas y empresariales de un país de la UE descubran que la mayor parte de la opinión pública desconfía del paraíso europeísta que les venden con discursos plagados de lugares comunes.

Los irlandeses no son los únicos que piensan que la UE se rige por mecanismos completamente antidemocráticos. Los gobernantes pactan textos constitucionales que –eso nos dicen– tienen una importancia mayúscula, pero no siempre tenemos derecho a pronunciarnos sobre ellos. Nos explican que no podemos desentendernos de Europa porque la mayor parte de las grandes decisiones se toman en Bruselas, pero no existe allí una cámara legislativa que merezca ese nombre, es decir, que pueda vigilar a un Ejecutivo omnipotente y una burocracia irritante. Si un país comete la ligereza de someter el nuevo texto a una consulta popular y gana el no, más tarde o más temprano se cambian algunos puntos y se ofrece la secuela, ante la que se supone hay que mostrar el mismo entusiasmo. Estos gobernantes creen que los ciudadanos son sólo alumnos inmaduros, porque dicen que falta "pedagogía" al vender los logros de la UE.

La reciente decisión de permitir jornadas laborales de 65 horas semanales revela que cuanto más poder concedamos a Europa más se utilizará en beneficio de ideas que no compartimos y de instituciones que no podemos controlar. ¿Quién puede sorprenderse de que los irlandeses se planteen decir no a este panorama?

Iñigo Sáenz de Ugarte