Con la crisis humanitaria de Birmania estamos asistiendo al cierre de un largo debate sobre los dilemas de la acción humanitaria, iniciado hace 40 años. En 1968 no sólo hubo mayos. Era el segundo año de la guerra de Biafra, provincia de Nigeria, donde los ibo estaban siendo exterminados por el Gobierno central.
En aquella espantosa guerra, un grupo de jóvenes médicos franceses –con Bernard Kouchner y Max Recamier a la cabeza– actuaban como Comité Internacional de la Cruz Roja, meritoria organización que inventó el humanitarismo, pero que se regía por una férrea norma de silencio sobre lo que veían y oían. Cláusula de neutralidad, se llamaba. Estos médicos se hartaron y decidieron que había que actuar doblemente, como médicos y dando testimonio de lo sucedido. Naturalmente, el Gobierno nigeriano los expulsó.
Pero allá germinó el llamado “derecho de ingerencia”, que tuvo varios impulsos: en Etiopía en los ochenta, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre “corredores humanitarios”, la famosa 688 del Consejo de Seguridad, en apoyo de los refugiados kurdos de Irak en 1991, etc. La cosa empezó a patinar con el circo de Unprofor en la ex-Yugoslavia, pero ha terminado de empantanarse en Birmania: la catástrofe humanitaria es por causas naturales (un huracán), pero la puñalada adicional la da la dictadura (causa no natural). El clásico dilema del humanitario: ¿irse, quedarse? Hay que vivir con ello, pero a veces uno echa de menos más ingerencia.
Pere Vilanova
Unos fijan su mirada en la silueta negra, otros lo hacen en su contorno, blanco. Cientos de fotos lograban alcanzar las portadas de este lado del planeta antes de que la dictadura cerrara los caminos. En ellas, el universo parecía coherente en su desorden: los monjes inermes, los militares armados. Luego, se pudo ver cómo la silueta (negra) avanzó hacia lo previsible: el rojo sangre.
Las dictaduras saben que es más fácil negar lo que no se ve, de ahí que asesinen al fotógrafo y esfumen a los monjes. De ahí también que el ojo occidental crea que, mientras permanezca abierto, su mirada salva. Por eso busco el rostro de las birmanas. En este país no sólo la mitad de la población es monje, la mitad son mujeres, pero no salen en la foto. Tras varias semanas rescaté tan sólo a tres: la que sujeta la imagen de Suu Kyi, la que sostiene un cartel pidiendo la intervención de la ONU y la que camina en silencio con otra pancarta ilegible en la mano.
La evolución del blanco no termina en sangre.
Hubo una cuarta imagen: las víctimas del sida y la vejación del cuerpo. Cuando los ojos que eligen el negro se posan sobre las birmanas, las muestran en los burdeles. Confirmo que el negro tiende al rojo. Al fin rescatan mis ojos a Suu Kyi, junto al enviado de la ONU. Como no sostiene un cartel, subrayo uno de sus textos: “No hay nada que pueda compararse con el valor de las gentes normales cuyos nombres son desconocidos y cuyos sacrificios pasan inadvertidos”.
Martha Zein
Un periodista vio como confiscaban su cámara pero consiguió enviar su crónica y sus fotos con su móvil. Por todos lados, se intenta informar de lo que sucede en la antigua Birmania. Los turistas que regresan traen escasas noticias de lo que pudieron ver. Se sabe que en el campo se están manifestando los campesinos en apoyo de los monjes y la población de las grandes ciudades. Llegan las primeras noticias de que hay soldados y oficiales que se niegan a disparar sobre la muchedumbre en las calles de Rangún pero también en Mandalay. La muerte del fotógrafo japonés, Kenji Nagai, rematado por el mismo soldado que le había herido, ha dado la vuelta al mundo, pero son cientos los muertos entre los manifestantes. La brutalidad de la Junta Militar que gobierna el país de la manera más tiránica, se corresponde con la pasividad de Occidente que no ha querido presionar a China y la India, países que sacan pingües beneficios de Myanmar. Bernard Kouchner, ministro francés de exteriores, recomendó a Total, la petrolera francesa, seguir en Yadane extrayendo crudo, mientras se iban Texaco, Coca-Cola, Apple, Carlsberg, Shell, etc…
Una de las esperanzas del país es que la presión internacional obligue a la junta a entregar el poder a Aung San Suu Kyi, de 62 años, hija del fundador de la Birmania independiente, y Premio Nobel de la Paz. Está en arresto domiciliario desde hace 4 años. En 1990 había obtenido 85% de los votos en las últimas elecciones libres.
Enrique Meneses
Mientras la Junta Militar que gobierna con mano de hierro Myanmar (Birmania) desde 1962 continúa reprimiendo brutalmente unas protestas iniciadas por los monjes y apoyadas por la población, la comunidad internacional ha reaccionado de la manera habitual: imponiendo sanciones contra el régimen birmano. Por ejemplo, el Gobierno estadounidense ha reforzado las sanciones contra los 14 miembros más importantes de la Junta. La UE, que ya había impuesto sanciones similares, ha amenazado con reforzarlas.
La hipocresía de los países occidentales es absoluta. Washington les prohíbe la entrada en EEUU a unos miembros de la Junta a los que les da igual ya que raramente salen de Birmania. Y sus cuentas en el extranjero, fruto de los beneficios personales de la explotación de los recursos naturales de uno de los países más pobres del sureste asiático, las tienen en lugares más seguros como Hong Kong o Singapur.
En cambio, ¿presionará el Gobierno de Bush a la empresa Union Oil of California (Unocal) para que ponga fin a sus negocios en Myanmar? Dicha empresa tiene el 28% de los derechos de explotación del yacimiento de gas natural birmano de Yadana, considerado uno de los más importantes del mundo y que busca llevar a través de un gasoducto a la vecina Tailandia, también implicada en el proyecto, al igual que la francesa Total, que posee el 31% y que cínicamente en su web señala que destina una parte de los beneficios a programas de desarrollo en Birmania. Todavía estamos a la espera de que el Gobierno francés, el mismo que siempre se llena la boca hablando de los derechos humanos, se pronuncie y obligue a esta empresa a poner fin a un proyecto que llena todavía más los bolsillos de los generales birmanos y sus familias.
La verdad es que las sanciones hace más de una década y media que existen y no han servido para nada. Mientras China, Japón y los países del sureste asiático continúen colaborando con la Junta, cualquier sanción es inútil. En la práctica, dichas sanciones afectarán ante todo a una población que soporta desde hace décadas una interminable crisis económica. Ellos ya son los principales perjudicados, no únicamente por la represión. No en vano, la crisis actual ha dañado para los próximos meses un sector tan importante como es el turismo, una de las fuentes principales de riqueza de Birmania
Daniel Gomà
Investigador visitante de la Universidad de Columbia (Nueva York)
