A Álvaro Uribe se le complica el mundo. Al menos el que tenía diseñado hace tres meses cuando recibió en su residencia estival al entonces candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, a quien distinguió como el perfecto sucesor de su “amigo y socio” George Bush.
La simplicidad de su concepción política le jugó esta vez una mala pasada. Enfrentado con los demócratas por el bloqueo que el Congreso estadounidense mantiene a la firma de su Tratado de Libre Comercio (TLC), la exquisita recepción a McCain le ha apretado aun más la soga al cuello. Uno de los primeros movimientos realizados por el equipo Obama ha sido solicitar informes sobre el nivel de humanidad política de Uribe y el resultado obtenido es desastroso. Asesinatos de sindicalistas, militares infringiendo toda legalidad razonable, narcotráfico en aumento, caudillismo visceral. El fiel amigo que necesitaba Bush para vigilar América Latina mientras él boxeaba en el otro lado del mundo.
En la reunión celebrada ayer en la Casa Blanca, ha trascendido (¿interesadamente?) que Colombia fue la moneda de cambio mostrada por Bush para aceptar la solicitud de Obama de salvar de inmediato al poderoso sector automovilístico que vive en la cuerda floja. Un hombre a cambio de miles de puestos de trabajo. ¿Extraño?
Gorka Castillo
Los nombres de las operaciones militares suelen oscilar entre lo épico y lo ridículo, y en ambos casos es normal que provoquen momentos de hilaridad. Sin embargo, el término que el Ejército eligió para el rescate de Ingrid Betancourt describe con bastante exactitud el momento que vive la guerra civil colombiana: Operación Jaque. Ése es precisamente el mensaje que Álvaro Uribe ha enviado a las FARC. No es un jaque mate, pero sí un movimiento que les obliga a mover pieza, y no cualquiera. De la decisión que tomen depende el rumbo de una partida en la que el Gobierno ha arrinconado a su adversario.
Las FARC se han quedado sin su pieza principal en el tablero. Su reina era en realidad una rehén. Betancourt era el activo más valioso con que contaban sus captores. Pensaban exprimirla hasta el límite y al final se han quedado sin ella.
El periodista navarro David Beriain viajó hace unos meses a los campamentos de las FARC y contó después en ADN.es que Betancourt era a todos los efectos “el mejor trofeo” en posesión de la guerrilla. Su actividad se limitaba en la práctica a rentabilizar el valor de los secuestrados: “Porque toda la estrategia de los hombres que ahora comanda Alfonso Cano se basaba en la fuerza de negociación que les daban esos rehenes”, ha escrito Beriain. “En el terreno militar, las FARC se habían limitado en los últimos meses a los hostigamientos y a la siembra de minas, confiando en que un acuerdo humanitario les devolviera parte de su fuerza y algo de aliento en el terreno político”.
Queda ya muy lejos el 7 de agosto de 2002, el día de la toma de posesión de Uribe como presidente de Colombia. Ese día la guerrilla recibió al nuevo jefe de Estado con una serie de explosiones en la misma Bogotá. Murieron trece personas. El despliegue de seguridad era extraordinario. Además de las fuerzas policiales habituales en la capital, 20.000 soldados y 12.000 policías crearon varios anillos de seguridad en torno a los edificios oficiales. Ni aun así pudieron impedir la demostración de fuerza de los insurgentes.
Seis años después, las FARC están presentes en muchas zonas rurales del país, pero los centros urbanos están fuera de su alcance. Muchos guerrilleros llevan años sin poner el pie en una ciudad. El Ejército cree que el fin del enemigo está cerca, pero es probable que una vez más esté confundiendo sus deseos con la realidad. Lo que es indudable es que los insurgentes han sufrido un golpe devastador, reforzado por el hecho de que ya no tienen aliados.
Aislados en la selva, han quedado desconectados de la realidad política del país. Como otros movimientos guerrilleros latinoamericanos en el pasado, han terminado creyendo que la guerra está justificada por la simple existencia de los levantados en armas.
En realidad, como acaba de decir Hugo Chávez, “el tiempo de los fusiles ya pasó”. La época de la guerrilla en Latinoamérica ya es historia.
Para que eso sea evidente incluso para aquellos que llevan tanto tiempo sin abandonar la selva, es necesario por ejemplo que la esperanza de vida de un sindicalista en Colombia sea mayor que la de un guerrillero, lo que no ocurre aún en zonas del país. Es imprescindible que la supuesta desmovilización de los paramilitares no sea sólo un cambio de funciones desde la guerra hasta el narcotráfico, como así ha ocurrido con muchos de los grupos armados a los que el Gobierno ha exonerado de responsabilidades.
Ahora que las FARC se han quedado sin escudos, Uribe puede lanzar a las tropas sobre la región donde se encontraban hasta ahora los rehenes con la esperanza de presentar el jaque definitivo. Puede creerse su fama de libertador y pensar que la opinión pública le pide más sangre.
También tiene ante sí la oportunidad de cambiar la lógica de guerra que ha caracterizado siempre a la política colombiana. Puede también convertir este espectacular éxito en un reto a las FARC, que están ahora en el momento más vulnerable de su historia, y negociar desde una posición de fuerza. Tiene ante sí la opción de poner en práctica el eslogan de su campaña presidencial de 2002: “Mano firme, corazón grande”. De lo primero ha dejado pruebas sobradas. De lo segundo es de esperar que tenga una reserva de la que echar mano.
No hay que descartar que Uribe crea que sólo él tiene derecho a beneficiarse de esta coyuntura. Un pacto con Ingrid Betancourt para que ella ocupe pronto una cartera ministerial y tenga garantizada en el futuro la candidatura presidencial bendecida por Uribe sería el mejor ejemplo de esto. ¿Quiere Uribe que Colombia sea un país democrático en el que los que no opinen como el Gobierno no sean tachados de traidores a la patria ni arriesguen su vida como ha ocurrido tantas veces en la historia de su país? La respuesta comenzará a vislumbrarse cuando sepamos cómo gestionará este triunfo.
Iñigo Sáenz de Ugarte
Álvaro Uribe llegó al poder en 2002 con la bandera de la mano dura como mejor medicina para hacer frente a la violencia de las FARC. Se acabaron las negociaciones, los mediadores internacionales y los “despejes” de provincias para ponerlas a disposición de la guerrilla. Seis años después, la victoria que anunció se ve tan lejana como entonces.
Sin soluciones realistas, a Uribe sólo le queda mantener su imagen de tipo implacable. Por lo visto, nada puede interponerse en su camino, ni las esperanzas de un acuerdo sobre la liberación de los rehenes ni la soberanía de los países vecinos.
La versión colombiana del ataque contra el campamento guerrillero resulta muy poco creíble. No parece que un dirigente tan importante como Reyes, de tan escasa experiencia militar y acompañado de su mujer, fuera a ordenar un ataque de madrugada contra tropas colombianas que probablemente les superaban en número.
Ahora Bogotá, después de haber violado la soberanía de Ecuador, alega haber encontrado en el ordenador de Reyes pruebas de la complicidad de Venezuela y Ecuador con las FARC. Un general aparece en televisión y lee unos párrafos en unos papeles que podría haber escrito su jefe de propaganda. Uribe debe de pensar que el apoyo de Washington permite todo tipo de licencias literarias.
Tampoco es muy alentadora la reacción que llega de Caracas. Chávez utilizó su programa semanal de televisión para ordenar la movilización de las tropas. La decisión como tal parece razonable, dado el comportamiento del Ejército colombiano. Anunciarlo en televisión se me antoja delirante, como si fuera una escena sacada de Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Decisiones tan graves como ésta tendrían que estar alejadas de las parrillas televisivas.
Ambos dirigentes deberían prestar atención a lo que ha hecho Lula. Es probable que el presidente brasileño esté indignado con la actitud de Colombia, pero de momento ha preferido no mentar a la madre de Uribe y trabajar de forma discreta para intentar apagar el incendio creado por el militarismo colombiano.
Iñigo Sáenz de Ugarte
El Gobierno colombiano de Álvaro Uribe ha presentado a la comunidad internacional como un éxito militar y político la muerte, el pasado sábado, de 17 miembros de la guerrilla de las FARC. Ayer, el periódico colombiano El Tiempo, propiedad de la familia del ministro de Defensa, difundía en exclusiva, como trofeo, la foto del cadáver del número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes.
La versión de Uribe fue que las muertes se produjeron en combate y que los guerrilleros huyeron hacia suelo ecuatoriano donde fueron perseguidos y rematados por el Ejército.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ya ha aclarado que, tras el envío de tropas ecuatorianas a la zona, se han encontrado 15 cadáveres, ubicados en un campamento ambulante que no operaba militarmente, sólo se desplazaba. También ha dicho que los guerrilleros se encontraban en paños menores y en pijama, por lo que “fueron masacrados desde el aire mientras dormían, una vez localizados mediante tecnología punta ofrecida por potencias extranjeras”.
Los acontecimientos se desarrollaron dos kilómetros al interior de suelo ecuatoriano, por lo que la soberanía de ese país fue violada deliberadamente, primero por aire para bombardear y posteriormente por tierra para recoger por lo menos dos cadáveres.
A pesar del alto nivel jerárquico de Raúl Reyes, número dos de las FARC, su función era nula en el ámbito militar y su papel ha sido siempre clave como interlocutor de los países amigos en la búsqueda de una solución dialogada al conflicto. Viajó de gira por Europa, reuniéndose con líderes políticos, incluidos los españoles, durante las conversaciones de paz con el presidente colombiano, Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002. Anteriormente, se encontró con representantes estadounidenses en Costa Rica, en 1997.
Junto a Reyes murieron el pasado sábado su esposa Olga Marín y el músico Julián Conrado, quien compuso 15 discos en lo que se denominó “frente cultural” de las FARC, y también participó en las negociaciones de paz. Masacrar a esas personas bombardeándolas mientras dormían es el éxito militar que presenta Uribe.
En la última entrevista que concedió, tres días antes de su muerte, Raúl Reyes había planteado que las FARC “no subestiman la vía electoral mediante una gran coalición” y ofrecía “la superación de la crisis” con un Gobierno que “se comprometa con el canje de prisioneros y las salidas políticas al conflicto interno de los colombianos”.
No eran sólo palabras; tres días antes la guerrilla había liberado sin condiciones a cuatro de sus retenidos. El analista y miembro de la Comisión Asesora de Paz del Parlamento colombiano Carlos Lozano ha recordado que a través de Reyes “se realizaban los contactos de los facilitadores y misiones humanitarias en la búsqueda de salidas políticas al conflicto colombiano”, lo que dificultará a los países amigos o los negociadores internacionales para encontrar una salida política.
A todo ello se añade la preocupación que genera en la región la política colombiana de extender su guerra a los países limítrofes. El sábado bombardeaban e invadían territorio ecuatoriano, y ya en diciembre de 2004 un comando secuestraba en la capital de Venezuela, Caracas, al representante exterior de la guerrilla, Rodrigo Granda.
La masacre del 1 de marzo es lo más alejado a un éxito político y militar. Es un ataque a cualquier vía de solución del conflicto colombiano y un nuevo ejemplo del peligro que supone Álvaro Uribe para la estabilidad de la región, tal y como ya han advertido los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez.
Pascual Serrano
Emmanueles hay miles en Colombia. Uno de ellos, afortunadamente, verá hoy a su madre. Pero hay miles que no pueden. Colombia vive atormentada en medio de la diabólica encrucijada que marcan cuatro décadas de violencia atroz. La mentira y la desconfianza han echado demasiadas raíces.
“Necesitamos un traductor con más urgencia que nunca”. La frase es de Guillermo Cortés, ex director editorial de Hora Cero, el informativo televisivo nocturno que transmite el Canal A en Bogotá, y que en 2000 pasó siete meses secuestrado por las FARC. Pocos analistas se atreven a aventurar el futuro mientras medio país continúe dando la espalda a la realidad del resto.
Sin duda, la liberación de Clara Rojas y Consuelo Fernández, en manos de las FARC desde 2002 es, de momento, un ejemplo de buenas intenciones para un país donde el odio nacido de las injusticias corre hondo y los atropellos por la propiedad de la tierra se siguen cometiendo con toda impunidad.
Constanza Vieira, periodista de la agencia global de noticias Inter Press Service (IPS), asegura que “lo único claro de este último capítulo es que todos mintieron. Las FARC, con el tema del niño, y el Gobierno de Álvaro Uribe con la vaina de las operaciones militares de fin de año. Vivimos una enorme mentira sobre la guerra”.
La situación política en Colombia vuelve a cobrar interés internacional. Vieira cree que sólo la presión internacional podría ablandar a las partes en conflicto y abrir definitivamente “un proceso que desemboque en un canje humanitario que será el preámbulo de la paz y la reconciliación nacional verdadera”.
La mayoría de las fuentes consultadas opina de idéntica forma pero nadie sabe qué mecanismo usar. Quizá el primer paso sería aceptar la existencia de un conflicto político, algo que el Gobierno niega. Las atrocidades cometidas por las FARC y la extraordinaria campaña de relaciones públicas desplegada por el Ejecutivo de Uribe metieron a la guerrilla colombiana en la lista negra de las organizaciones terroristas del mundo en 2002. “Apelando al derecho y la legitimidad del Gobierno democrático, Bogotá no deja un solo resquicio para admitir la existencia de una lucha armada con raíces políticas. No se ve la solución”, admite Ivan Briscoe, experto en América Latina de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), un think tank europeo con sede en Madrid.
Pero mientras los políticos juegan su partida, más de 700 personas continúan encerradas por las FARC en la hostilidad de la selva y cientos de ciudadanos aguardan un juicio con garantías en cárceles infames del Estado.
En la prisión de El Buen Pastor de Bogotá hay 63 reclusas acusadas de rebelión pero sólo 25 reconocen formar parte de las FARC. Las demás fueron criminalizadas por vivir en un área de influencia guerrillera. “Es una práctica habitual en las zonas rurales. Las razones que esgrime la guerrilla para mantener rehenes en su poder”, explica la periodista Vieira.
Una paradoja sorprendente es que cuando se pide a familiares de secuestrados que enumeren responsabilidades por su drama personal suelen empezar cargando contra el Gobierno colombiano. Eso sucede con los Betancourt, una familia conservadora como Álvaro Uribe pero al que siempre censuran su falta de compasión para los asuntos humanitarios y su nula cintura con los problemas políticos del país.
Su promesa de arrasar a la guerrilla colombiana lo llevó a la presidencia en 2002 y 2006 por abrumadora mayoría. Pero los años pasan y la guerra sigue, y la pobreza lacera a casi la mitad de la población del país.
Gorka Castillo
