José Manuel Vivanco, director de la sección americana de Human Rights Watch, declaraba ayer que su expulsión de Venezuela es una táctica para distraer la atención. Lo es, como en tantas ocasiones. Y este caso resulta especialmente clarificador, para aquellos que aún lo necesiten, porque Chávez ha trazado la frontera de su concepto de la libertad: todo es válido mientras no se critique al régimen. Pero sus adeptos pueden estar tranquilos; como ha dicho Carlos Escarrá, diputado oficialista, la expulsión de HRW es justa porque se ajusta a la Constitución bolivariana.
Poco después de que se conociera la noticia, un lector de Público establecía una comparación interesante entre el presidente venezolano y su contraparte necesaria, George Bush. En su opinión, el segundo cimentó su mandato en la búsqueda de las famosas e inexistentes armas de destrucción masiva y el primero lo ha hecho a partir de la confabulación. También es cierto. Si alguien se tomara la molestia de contar el número de conspiraciones, intrigas e intentos de golpes de Estado perfectamente falsos que se han denunciado desde las alturas o los bajíos del régimen, descubriría que casi salen a uno por mes. Es el cuento del lobo sin lobo. La historia de un hombre que quiere sustituir a Fidel Castro en el imaginario latinoamericano.
Desde el punto de vista internacional, los enfados de Chávez no tienen consecuencias más graves que las propias de una farsa, en el sentido literal de pieza cómica; a fin de cuentas, el margen de maniobra de Venezuela equivale al producto que vende, petróleo. Pero si habláramos de la izquierda, la cuestión sería diferente. Los sectores que dentro y fuera de América se han asociado al neocaudillismo se están cavando la tumba. Y hacen bien. Como reza el dicho, lo viejo debe morir para que nazca lo nuevo.
Jesús Gómez
Herty Lewites, el hombre que pudo haber cambiado la historia reciente de Nicaragua, falleció el 2 de julio del año 2006, a cuatro meses de unas presidenciales que encabezaba en los sondeos y en la calle como candidato del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Oficialmente, su muerte se produjo por un infarto tras una operación. Extraoficialmente, quedaron dudas que han merecido una petición de la familia a la Fiscalía General para que investigue el caso.
Durante los dos años transcurridos, Daniel Ortega y sus aliados del Partido Liberal Constitucionalista han conseguido lo que parecía imposible: dividir más a la sociedad y agravar una situación económica que entonces ya era crítica. No es extraño que la muerte de Lewites vuelva cada cierto tiempo a la política nicaragüense. Lo hace porque aquel 2 de julio anuló las esperanzas de cambio y porque el propio Ortega gobierna a base de confabulaciones. El MRS, agente del imperialismo. La oposición, agente del imperialismo. Aún resuena el infundio, alimentado desde el régimen cubano, que asociaba a Lewites con la CIA.
Para desgracia de Nicaragua, el caudillismo ha encontrado un apoyo clave en los restos del izquierdismo. Odio a la izquierda democrática, desprecio del Estado de Derecho, búsqueda de excusas sin otro fin que el mantenimiento del poder. El barbudo de Tréveris, Carlos Marx, lo habría llamado repetición de la historia como farsa. Ortega y compañía lo llaman socialismo del siglo XXI.
Jesús Gómez
Durante su toma de posesión, Alicia Bárcena, sustituta de José Luis Machinea en la secretaría ejecutiva de la CEPAL y primera mujer que asume el cargo, resumió el tiempo que nos ha tocado vivir con una frase que ya tiene muchos autores: «ésta no es una época de cambios, sino un cambio de época». Pero las huellas del proceso, que en general asociamos a grandes cuestiones donde la economía siempre impone su criterio, también están en los detalles.
El miércoles pasado, la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) convocó una huelga general de 24 horas contra la política del Gobierno. En el Perú de ayer, la protesta habría terminado con más tiros que palabras; en el de hoy, podemos hablar de su éxito relativo y de las peticiones más o menos justas del sindicato sin otra sangre que la tinta de los periódicos. Y eso es fundamental. Se está creando un concepto nuevo de normalidad, donde no se castiga la práctica de los derechos y donde el lenguaje político se mantiene en límites admisibles.
Lo demás, la crisis, porque todo cambio de época es crisis, merece otra aproximación. Los precios no son una broma. La desigualdad no es una broma. Alan García puede presumir de haber asentado el régimen democrático y conseguido un crecimiento superior al de otros países de su entorno. Ahora sólo falta que, además, practique el diálogo y la justicia social. La gente vive de hechos presentes, no de escenarios futuros.
Los nombres de las operaciones militares suelen oscilar entre lo épico y lo ridículo, y en ambos casos es normal que provoquen momentos de hilaridad. Sin embargo, el término que el Ejército eligió para el rescate de Ingrid Betancourt describe con bastante exactitud el momento que vive la guerra civil colombiana: Operación Jaque. Ése es precisamente el mensaje que Álvaro Uribe ha enviado a las FARC. No es un jaque mate, pero sí un movimiento que les obliga a mover pieza, y no cualquiera. De la decisión que tomen depende el rumbo de una partida en la que el Gobierno ha arrinconado a su adversario.
Las FARC se han quedado sin su pieza principal en el tablero. Su reina era en realidad una rehén. Betancourt era el activo más valioso con que contaban sus captores. Pensaban exprimirla hasta el límite y al final se han quedado sin ella.
El periodista navarro David Beriain viajó hace unos meses a los campamentos de las FARC y contó después en ADN.es que Betancourt era a todos los efectos “el mejor trofeo” en posesión de la guerrilla. Su actividad se limitaba en la práctica a rentabilizar el valor de los secuestrados: “Porque toda la estrategia de los hombres que ahora comanda Alfonso Cano se basaba en la fuerza de negociación que les daban esos rehenes”, ha escrito Beriain. “En el terreno militar, las FARC se habían limitado en los últimos meses a los hostigamientos y a la siembra de minas, confiando en que un acuerdo humanitario les devolviera parte de su fuerza y algo de aliento en el terreno político”.
Queda ya muy lejos el 7 de agosto de 2002, el día de la toma de posesión de Uribe como presidente de Colombia. Ese día la guerrilla recibió al nuevo jefe de Estado con una serie de explosiones en la misma Bogotá. Murieron trece personas. El despliegue de seguridad era extraordinario. Además de las fuerzas policiales habituales en la capital, 20.000 soldados y 12.000 policías crearon varios anillos de seguridad en torno a los edificios oficiales. Ni aun así pudieron impedir la demostración de fuerza de los insurgentes.
Seis años después, las FARC están presentes en muchas zonas rurales del país, pero los centros urbanos están fuera de su alcance. Muchos guerrilleros llevan años sin poner el pie en una ciudad. El Ejército cree que el fin del enemigo está cerca, pero es probable que una vez más esté confundiendo sus deseos con la realidad. Lo que es indudable es que los insurgentes han sufrido un golpe devastador, reforzado por el hecho de que ya no tienen aliados.
Aislados en la selva, han quedado desconectados de la realidad política del país. Como otros movimientos guerrilleros latinoamericanos en el pasado, han terminado creyendo que la guerra está justificada por la simple existencia de los levantados en armas.
En realidad, como acaba de decir Hugo Chávez, “el tiempo de los fusiles ya pasó”. La época de la guerrilla en Latinoamérica ya es historia.
Para que eso sea evidente incluso para aquellos que llevan tanto tiempo sin abandonar la selva, es necesario por ejemplo que la esperanza de vida de un sindicalista en Colombia sea mayor que la de un guerrillero, lo que no ocurre aún en zonas del país. Es imprescindible que la supuesta desmovilización de los paramilitares no sea sólo un cambio de funciones desde la guerra hasta el narcotráfico, como así ha ocurrido con muchos de los grupos armados a los que el Gobierno ha exonerado de responsabilidades.
Ahora que las FARC se han quedado sin escudos, Uribe puede lanzar a las tropas sobre la región donde se encontraban hasta ahora los rehenes con la esperanza de presentar el jaque definitivo. Puede creerse su fama de libertador y pensar que la opinión pública le pide más sangre.
También tiene ante sí la oportunidad de cambiar la lógica de guerra que ha caracterizado siempre a la política colombiana. Puede también convertir este espectacular éxito en un reto a las FARC, que están ahora en el momento más vulnerable de su historia, y negociar desde una posición de fuerza. Tiene ante sí la opción de poner en práctica el eslogan de su campaña presidencial de 2002: “Mano firme, corazón grande”. De lo primero ha dejado pruebas sobradas. De lo segundo es de esperar que tenga una reserva de la que echar mano.
No hay que descartar que Uribe crea que sólo él tiene derecho a beneficiarse de esta coyuntura. Un pacto con Ingrid Betancourt para que ella ocupe pronto una cartera ministerial y tenga garantizada en el futuro la candidatura presidencial bendecida por Uribe sería el mejor ejemplo de esto. ¿Quiere Uribe que Colombia sea un país democrático en el que los que no opinen como el Gobierno no sean tachados de traidores a la patria ni arriesguen su vida como ha ocurrido tantas veces en la historia de su país? La respuesta comenzará a vislumbrarse cuando sepamos cómo gestionará este triunfo.
Iñigo Sáenz de Ugarte
En febrero de 1939 llegaba a Uruguay el mercante italiano Conte Grande, en el que viajaban refugiados judíos de Alemania y Austria. Habían pasado tres meses desde la noche de los cristales rotos y su deportación a Europa significaba enviarlos a los campos de exterminio; pero eso no le importó demasiado al Gobierno uruguayo, que como la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos de la época simpatizaban con el fascismo y con el régimen nazi.
El caso del Conte Grande se resolvió in extremis por la intervención de Chile. Otros barcos no tuvieron tanta suerte y fueron devueltos a Europa. Era lo habitual. Toda una gama de normas como la ley uruguaya “de indeseables” se encargaban de mantener a raya a los inmigrantes, especialmente si intentaban huir de Alemania y Europa Oriental o eran republicanos españoles.
Ya en la VIII Conferencia Panamericana, 18 países secundaron a Argentina en el rechazo absoluto a los refugiados. El único Gobierno que practicaba la tolerancia que hoy intentan presentar como tradicional era también el único que apoyó a nuestra República: el de Lázaro Cárdenas en México. Por supuesto, también hubo muchos funcionarios públicos y ciudadanos que supieron estar a la altura de las circunstancias. Ellos son la otra historia de la emigración en América Latina. Porque la oficial, la que sufrieron miles de personas, no puede ser más sucia ni distinta al cuento de hadas que nos venden.
Jesús Gómez
La conferencia bianual de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), celebrada esta semana en Santo Domingo, llega en un momento complicado para la región. No sólo por la caída del crecimiento, que podría descender a los niveles del año 2003, sino por la pasividad ante un problema que explica en parte el dato anterior y cuyo origen es de carácter especulativo: los precios del petróleo. Un regalo para productores como Venezuela, México y Brasil, y una condena, especialmente grave en Centroamérica, para los demás.
En el capítulo de los consejos, la CEPAL recomienda subsidios para ayudar a los sectores vulnerables y cautela con el truco de subir los tipos de interés para controlar la inflación. Pero el alcance de esas medidas es limitado. Más allá de los defectos estructurales de cada país, nos enfrentamos a problemas internacionales que exigen respuestas internacionales. Y es ahí donde la comisión de la ONU ha rescatado una idea interesante, oculta bajo el eufemismo de “mecanismos innovadores de crecimento”: la creación de impuestos globales.
La propuesta concreta, destinada a recaudar 250.000 millones de euros para ayuda al desarrollo, es poco ambiciosa; el transfondo, en cambio, despierta preguntas necesarias. Porque no es la globalización, sino la desregulación de los mercados, lo que nos amenaza. Cuando la propia UE aprueba la directiva de las 65 horas, que destruye el pacto social y ético de Europa, haríamos bien en preocuparnos.
Jesús Gómez
Phillip Aston, relator especial de la ONU, afirmó en cierta ocasión que Guatemala “es un buen país para cometer un delito”. Homicidios, linchamientos, secuestros y un largo etcétera que tradicionalmente queda impune por falta de voluntad política, pero también de recursos. Es uno de los grandes retos del Gobierno de Colom, y será uno de los grandes fracasos de la sociedad guatemalteca si no alcanza el consenso necesario.
Cuando se dice que la cultura de la violencia impregna todas las capas sociales, se dice bien. El asesinato de otro fiscal a principios de semana y las amenazas a un juez se han recibido con la resignación y el cansancio típicos de un país acostumbrado a la muerte. Pero hay hechos menores que a veces explican mejor una situación. El lunes pasado, una amiga y columnista del diario El Periódico recibía el siguiente mensaje: “Lo que esta Marcela Gereda necesita es simple y muy sencillo de lograr; tres plomazos en la cabeza y con eso se acaba todo”. Tres tiros por un artículo que sólo criticaba el consumismo.
En la vieja sucesión de las causas y los efectos, la violencia no ocupa siempre el lugar de los segundos; puede ser una forma de vivir y, por supuesto, un negocio. Sin embargo, las causas de Guatemala son tan graves que seguirán alimentando el terror mientras sigan presentes. Lo primero que necesita el país es un Estado. Y es muy difícil que lo consiga sin reformas, sin acuerdo interno y con el petróleo a 140 dólares.
Jesús Gómez
De las dos cumbres internacionales que animan este mes la vida política latinoamericana quedará un buen recuerdo. Por lo menos para los comensales, que se han puesto las botas en la de soberanía alimentaria organizada por el ALBA de Chávez y lo harán también, sin duda, en el encuentro de Lima con la Unión Europea. Lo cual es perfectamente lógico. No estaría bien que nuestros líderes políticos pasaran hambre.
Pero el capítulo de problemas y soluciones es harina de otro costal. La reunión del ALBA terminó como suele, con grandes dosis de demagogia y críticas razonables —aunque mal dirigidas y a veces hipócritas— al sistema de comercio. No es extraño que Óscar Arias, presidente de Costa Rica, se negara a suscribir el documento oficial. Lo raro es que el gobierno de uno de los mayores productores de petróleo del mundo (Venezuela) se atreva a pontificar sobre el precio de los alimentos y las injusticias del mercado. Al otro lado del Atlántico, como en todas partes, los grandes manipulan a los pequeños para obtener ventajas.
Lo mejor que se puede decir de la cumbre con la UE es que irán directamente al grano de lo que importa: el dinero. Nada más. Ni la Unión Europea ni América Latina están en condiciones de asumir el papel que deberían; hay demasiados intereses contrapuestos y demasiada incertidumbre en los dos bloques. Pero con ALBA o UE, hablar ya es un paso; y negociar, un triunfo.
Jesús Gómez
La exageración y la ocultación de problemas bajo cortinas de humo son consustanciales a la política. Y no siempre para mal. Pero en América Latina suelen tener un peligro añadido: la mayoría de los sistemas democráticos son tan recientes y se asientan en estructuras sociales tan injustas que no ha habido ocasión, y a veces tampoco voluntad, de extender la cultura del Derecho. Cuando los gobiernos desprecian ese factor, los daños pueden ser graves. Sobre todo si tienen intenciones regeneradoras.
Hace unos días tuvimos el ejemplo de Cristina Fernández y la huelga del campo argentino. Hasta cierto punto, un ejemplo provocado por un defecto de origen en el marco legal: el hecho de que los presidentes tengan capacidad de decidir sobre cuestiones presupuestarias sin contar con el Congreso. Sin embargo, el enfrentamiento civil posterior tenía un fondo diferente. Sembrar nacionalismo todos los días y ante cualquier situación no es la forma más adecuada de hacer país.
Algo más al norte, en Ecuador, el truco de enseñar la bandera también presta buenos servicios. Hoy es la dimisión de la cúpula militar tras las acusaciones de estar infiltrada por la CIA y mañana puede ser una invasión extraterrestre. Porque la verdad o la mentira es lo de menos en estos casos. Tal vez deberían recordar que lo primero que hacen los espías y los marcianos, cuando quieren anular a un progresista, es embobarlo con la patria y su caja de Pandora.
Jesús Gómez
José Luis Machinea, director general de la CEPAL, decía la semana pasada que América Latina debe elegir entre dar rienda suelta a las empresas o caminar hacia el Estado del bienestar. Hasta los últimos años del siglo XX, el dilema siempre se había decantado por lo primero. No era consecuencia de la globalización, como todavía se oye en ciertos sectores, sino un defecto estructural, histórico, que con la globalización se ha vuelto particularmente insostenible.
El Gobierno uruguayo es uno de los más conscientes en ese aspecto. Lo demostró con la reforma del viejo sistema fiscal y la recuperación del IRPF, al que la derecha opuso un argumento que resume el cinismo de la economía tradicional latinoamericana: como las clases media y alta son un porcentaje muy pequeño del total, el Estado recaudará poco y dañará a los sectores más dinámicos. Dejen las cosas como están. No maten la gallina de los huevos de barro. No pongan impuestos a los ricos cuando hay demasiados pobres.
Hoy, el IRPF de Uruguay está en la picota por asuntos marginales como su aplicación entre los pensionistas. Pero el objetivo real del ataque es eliminarlo. Porque al hablar de impuestos y redistribución tendemos a olvidar que no sólo son la base de sociedades más justas, sino de toda economía moderna. Y es ahí, en el tránsito de la economía de haciendas y señoritos a la de servicios, producción y consumo, donde se juega el futuro del continente.
Jesús Gómez
