Hay varias lecciones a extraer del espectáculo de los últimos días en el Congreso norteamericano, saldado con un compromiso que evitó in extremis el abismo fiscal, es decir, el conjunto de subidas de impuestos y recortes de gastos que, supuestamente, habría arrastrado a Estados Unidos a la recesión y, siguiendo su estela, al resto del mundo. El acuerdo, que supone la primera subida de impuestos en 20 años (y solo para las rentas más altas), deja muchos cabos sueltos y anticipa otra agria batalla para dentro de un par de meses, cuando se alcance el techo de la deuda y -tras un debate que se espera tan virulento como el que amargó la salida y entrada de año- se fuercen de nuevo los límites del consenso bipartidista.

Si no hubiese convergencia, volvería el vértigo del déficit insostenible, el fantasma del colapso de las cuentas públicas, la alarma fuera del país y el peligro cierto de que, a la postre, todos salieran perdiendo. Los republicanos, porque tendrían que tragar con drásticos recortes del presupuesto del Pentágono; los demócratas, porque verían deteriorarse aspectos esenciales de la agenda social de Barack Obama, como las contribuciones públicas al desempleo y la atención sanitaria a los pensionistas.

Superado de momento el peligro de que el resfriado en EE UU provocase una pulmonía en Europa, hay que hacer notar que una situación similar sería imposible en España. Por las circunstancias actuales, por las diferencias entre los sistemas políticos y por algunos vicios que lastran aquí el buen funcionamiento de los mecanismos democráticos. No se trata, ni mucho menos, de defender el modelo político norteamericano que, en la práctica, favorece los intereses de los grupos de presión y las grandes corporaciones, el imperialismo económico, la prepotencia militar, la libre iniciativa que margina a amplios sectores de la población, un bipartidismo excluyente y una mediatización, hasta desvirtuarla, de la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos. Solo es cuestión, si acaso, de señalar algunos aspectos concretos de aquella fórmula que tal vez podrían mejorar ésta.

1.- Poder legislativo con dos Cámaras poderosas. Pese al vértigo, la única salida razonable era el compromiso bipartidario, ya que los demócratas dominan el Senado y los republicanos, la Cámara de Representantes, ambas con capacidad legislativa, sin que ninguna de ellas tenga la última palabra en caso de conflicto. En España, sin embargo, aunque también hay dos Cámaras, el Senado solo sirve para que sus señorías hagan el paripé de que su opinión será tenida en cuenta, ya que la decisión última recae en el Congreso de los Diputados. En nada favorecería a la cultura del pacto la improbable circunstancia de que un partido controlase la Cámara alta y otro la baja.

2.- Ausencia de disciplina partidaria. Si un diputado o un senador español votase en contra de una propuesta de su partido, lo menos que podría pasarle es que jamás volviese a ser candidato. Aquí, la dirección del partido ordena y los parlamentarios obedecen sin rechistar. La disidencia es una rarísima anomalía, como que, en 2010, Antonio Gutiérrez se abstuviese en la votación sobre la reforma laboral socialista, algo comprensible en quien, antes que diputado del PSOE, fue secretario general de CC OO. En EE UU no existe esa disciplina, ni partidos con potentes estructuras permanentes y direcciones ejecutivas, sino entes durmientes que despiertan ante las citas electorales. Cada dos años (para los representantes), cuatro (presidente) o seis (senadores), la máquina se pone en marcha al servicio del candidato mejor situado. En España, por el contrario, la consecución o renovación del acta depende de tejemanejes y equilibrios en cada partido, de la habilidad para maniobrar y de la disposición a decir amén a todo.

3.- Parlamentarios que se deben a los votantes. En EE UU, representantes y senadores cortejan a los contribuyentes a sus campañas, a las grandes industrias de sus distritos, a los sectores económicos de mayor peso en ellos, y a grupos de presión de influencia local sobre cuestiones tan diversas como la política agraria, la inmigración o el aborto. Pero, en última instancia, sus puestos están en manos de los votantes. La disciplina partidaria es muy laxa, al igual que la autoridad del presidente o de los jefes de la mayoría y la minoría en cada Cámara sobre los diputados de su partido. Eso explica que, en las dos votaciones decisivas estuviese muy repartido el voto republicano, y que rechazasen el pacto que respaldaba Obama un total de 19 parlamentarios demócratas: 3 en el Senado y 16 en la Cámara baja. Ese sistema, donde los escaños se juegan, uno a uno, permite que cada miembro del Congreso, con la vista puesta en la reelección, defienda (o aparente que defiende) los intereses concretos de sus electores. Algo impensable en España, cuyas Cortes rebosan de diputados y senadores mudos y dóciles, obligados a serlo por un sistema electoral de grandes circunscripciones con listas cerradas y cuya composición y ordenación de los candidatos depende de la dirección de los partidos.

4.- División de poderes. Para evitar todo riesgo de tiranía, los padres fundadores crearon un sistema que responde a la acreditada división de poderes de Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial; complementarios, pero independientes entre sí. La principal diferencia con España, donde en teoría rige el mismo principio, es que en EE UU esa separación se encarna en la política diaria. Aunque un partido domine de forma simultánea la Casa Blanca y las dos Cámaras, el presidente tiene que pactar su política con el Congreso, sin dar por sentado que no habrá voces discordantes en su propia formación. Aquí, las mayorías absolutas, como la que ahora disfruta Rajoy, fulminan al Parlamento hasta casi convertirlo en superfluo. En la práctica, el Ejecutivo lamina al Legislativo, sin que ni siquiera el Judicial pueda presumir de independencia. El líder del PP, entre el aplauso innoble de los suyos, se puede permitir el lujo de violar con frío cinismo todas y cada una de sus promesas electorales, con lo que causa un daño tal vez irreversible al prestigio de una democracia que tanto costó conquistar.

5.- Cultura de pacto. El desprecio del consenso y de las minorías (cuando no son imprescindibles para gobernar) no es vicio exclusivo del PP. También el PSOE mostró su afición al rodillo cuando se lo permitió la aritmética parlamentaria. Lo peor es la ausencia de una cultura de pacto por encima de intereses partidistas, eso que en Alemania permitió (bien es cierto que en ausencia de mayoría clara de un partido) que se formase una gran coalición de democristianos y socialdemócratas. Es el mismo espíritu que en Estados Unidos se ha puesto ahora a prueba con éxito, y que aún sigue en libertad vigilada, pero que ya se había mostrado eficaz en otras ocasiones en que también se rozó la catástrofe. En España, por el contrario, la posibilidad de que los partidos acuerden resolver los grandes problemas del país roza la utopía, pese a que, en una situación de emergencia como la actual, sea más necesaria que nunca.

Es muy cierto que hay muchos aspectos condenables en el insolidario sistema norteamericano que le descalifican como referencia para reformar el español, pero eso no debería ser óbice para extraer algunas conclusiones