Desde la Primavera Árabe a las protestas en Turquía o Brasil, pasando por Occupy Wall Street o el 15-M, las conmociones sociales y políticas más significativas de los últimos años son resultado de movilizaciones populares espontáneas cuyos protagonistas iniciales tal vez no eran conscientes de su enorme potencial. Sin embargo, una vez que las dictaduras que se suponían indestructibles de Ben Alí en Túnez y de Mubarak en Egipto se desmoronaran con sorprendente facilidad por la presión de la calle, todo empezó a parecer posible. ¿Por qué no habían de correr la misma suerte Gadafi y Asad? Pero no sería tan sencillo. En Libia, el precio a pagar fue una guerra civil y una intervención militar extranjera. En Siria se recorre el mismo camino con un costo insoportable en vidas humanas, y el remedio puede ser peor que la enfermedad.

En este fenómeno, que afecta a situaciones muy diferentes entre sí, y que ha virado de las dictaduras árabes a las democracias occidentales, es que funciona el efecto contagio, la sensación de que hay vías alternativas para forzar el cambio de rumbo. Es una forma de acción política que se aparta de los cauces tradicionales y que en principio es pacífica. En la mayoría de los casos la violencia es resultado de la represión de las protestas.

Hasta ahora, en España, Portugal, Grecia, Turquía o Brasil los dividendos de la presión popular han sido raquíticos. Ninguno de estos Gobiernos ha dado un golpe de timón y tan solo el de Dilma Rousseff promete escuchar "las voces por el cambio". En los tres países citados de la UE, los más castigados por la crisis dentro de la Unión, primeros ministros derechistas, con obediencia bovina a Bruselas, Berlín y el FMI, hunden a la población en la pobreza y el paro, roban el futuro a una generación de jóvenes tan bien preparados como sin perspectivas, y desmantelan servicios esenciales haciendo oídos sordos a los gritos de desesperación que lanza la calle.

En Turquía, en la estela del 15-M y Occupy Wall Street, el movimiento que, desde Estambul se extiende por todo el país, representa al 50% de la población que no votó al Partido de la Justicia y Desarrollo  (AKP) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Más que por motivaciones económicas –el avance en este sentido ha sido espectacular en los últimos 12 años- los indignados se mueven por una variedad de motivos entre los que priman el deseo de frenar una deriva dictatorial y la islamización paulatina la vida cotidiana y destruir el modelo laico de Atatürk que ha marcado el país durante casi un siglo. Aunque, más que entre laicismo e islamismo, la elección se plantea entre pluralismo y autoritarismo.

La protesta de la plaza de Taksim no pretende derribar al Gobierno, salido de las urnas y con amplia mayoría en el Parlamento, sino forzarle a que haga honor a su promesa de gobernar para todos. Si se exige la dimisión de Erdogan es porque no ofrece otra respuesta que una represión brutal, que ya se ha cobrado al menos cinco muertes, 8.000 heridos y miles de detenidos.

Un mar y un océano más allá, el efecto contagio ha prendido en Brasil, justo mientras se celebra la Copa Confederaciones, a un año del Mundial de Fútbol y a tres de los Juegos Olímpicos, eventos que suponen enormes inversiones públicas. Como en Turquía, hay un Gobierno legitimado en las urnas y que, pese a la ralentización del crecimiento, gestiona la etapa de mayor prosperidad de la historia reciente. Durante los mandatos de Lula se redujo de forma espectacular la pobreza, se consolidó una amplia clase media y se convirtió el país en una superpotencia que lidera la emergencia de América Latina.

Rousseff, heredera por voluntad de su mentor, mantiene la misma línea y goza de un mayoritario respaldo popular. Las protestas de estos días no la ponen en cuestión. Nadie pide que se vaya, solo que escuche el clamor, que luche contra la corrupción, la criminalidad y la desigualdad, que corrija los desequilibrios, que mejore los servicios públicos y que, antes que invertir en el escaparate de los grandes acontecimientos deportivos, lo haga en las infraestructuras que necesita la población para mejorar su vida cotidiana.

La presidenta, al contrario que Rajoy, Samarás, Passos Coelho o Erdogan, ha reaccionado con prudencia, habilidad y pragmatismo. Se muestra orgullosa de que la gente exprese su indignación incluso al margen de las instituciones o los partidos políticos, asegura que escucha "las voces que exigen cambio", toma nota de la denuncia "de la corrupción y el uso indebido del dinero público" y se declara "comprometida con la transformación social".

Rousseff ha reducido la actuación policial al mínimo necesario para contener los excesos de los más exaltados, se ha reunido con el respetado expresidente Lula para estudiar la respuesta a la crisis. Tal vez reconozca en los manifestantes a la activista izquierdista que ella misma fue, detenida y torturada por luchar contra la dictadura militar. Pero lo más probable es que haya también mucho de cálculo político, que haya sacado las conclusiones oportunas de lo que ocurre en Turquía, donde se está demostrando que la represión es una pésima solución.

Es pronto para saber cómo evolucionará el movimiento de protesta, que cada vez cobra más fuerza y se extiende por más zonas de Brasil, pero que no supone una amenaza directa a la estabilidad del Gobierno. Los indignados no comenzarán a darse por satisfechos hasta que se cumpla su reivindicación inicial en Sao Paulo: la eliminación del aumento de las tarifas del transporte público. De momento se han anunciado bajadas de precio en varias ciudades, como Recife y Porto Alegre. Pero el catálogo de exigencias es ya mucho más amplio, de la misma forma que la protesta de Turquía va ya mucho más allá que defender los árboles de un parque de Estambul.

Rousseff tendrá que trabajar muy duro, utilizar todo su carisma y sus recursos políticos, para reconducir a su favor la crisis. Y no lo logrará si las protestas derivan en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, si aumenta el número de heridos, si se producen las primeras muertes. Hasta donde le sea posible, debe hacer suyo uno de los gritos de batalla de los indignados: "¡Que coincidencia! Sin policía no hay violencia".