Si España fuera Suiza, donde el referéndum es el principal instrumento democrático, lo más probable es que Mariano Rajoy no se hubiera atrevido a llevar adelante la reforma laboral, que Alberto Ruiz-Gallardón no plantease la modificación de la ley del aborto, que no prosperase el plan para liquidar la justicia universal y que hubiese una oportunidad real de establecer una renta básica universal.

En Suiza hacen falta 100.000 firmas para que se celebre una consulta popular a nivel federal. Teniendo en cuenta la diferencia de población, en España harían falta unas 600.000, y una mayoría simple de votos a favor para que prosperase una iniciativa popular, sin necesidad de quórum. ¿Se imaginan? Adiós al rodillo del PP, a la disciplina de voto y a los diputados santancredos, adiós a votar cada cuatro años y a pechar con las consecuencias, aunque el partido gobernante incumpla de forma clamorosa su programa electoral.

En cuanto al aborto, la más actual patata caliente, a tenor de las encuestas hay pocas dudas de que un referéndum en España consagraría el rechazo mayoritario a proyecto del PP y mantendría la actual ley de plazos, que funciona de forma aceptable y no suscita rechazo social, excepto en los sectores más conservadores y en la jerarquía nacional-católica y sus adláteres.

El ejemplo del aborto viene como anillo al dedo porque, el pasado domingo, al mismo tiempo que el referéndum para limitar la inmigración europea, los suizos votaron en otro y rechazaron (con una mayoría del 70%) la propuesta de que la interrupción voluntaria del embarazo se considere una cuestión privada, vinculada a la libertad de conciencia y que, por tanto, no deba suponer una carga para el sistema sanitario. Sin cuestionar el derecho al aborto, los promotores de la consulta pretendían que dejase de ser considerado, como hasta ahora, una prestación médica esencial reembolsable por el seguro básico de salud.

Las iglesias protestantes y católica, en marcado contraste con el activismo pro vida de esta última en España, se han mantenido neutrales ante la consulta. Ya en 2002, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una ley de plazos similar a la española que, sometida a referéndum, obtuvo el 72% de los votos. Pese a los cambios de Gobierno, no se ha cuestionado desde entonces.

Si algo sorprende es que, pese a la que hay montada con el aborto, este referéndum haya pasado casi desapercibido en España, ausente de la mayoría de las informaciones, centradas de forma obsesiva en la votación que, al decidir por apenas un puñado de votos el establecimiento de cuotas a la inmigración europea, ha puesto en pie de guerra a la UE. Entiende la Unión que se atenta contra una de las esencias del proceso de construcción continental, como es la libre circulación, hasta ahora consagrada por el entramado de acuerdos con la Unión que han convertido a la Confederación Helvética en lo más parecido, sin serlo, a un Estado miembro del club de los 28.

El voto ha mostrado una profunda insolidaridad y egoísmo, se apoya en el supuesto riesgo de dumping de los salarios (que los de los extranjeros arrastren todos a la baja) y en la necesidad de la preferencia suiza en el mercado laboral, y ni siquiera se justifica en la realidad económica de un país sin apenas huellas de la crisis global. Aunque con un 23% de extranjeros (la mitad de ellos con título universitario), el índice de paro es de apenas el 3%, y cerca de medio millón de suizos residen en algún país de la UE y podrían sufrir las consecuencias del terremoto que supone el cambio de las reglas de juego.

Será muy difícil que, en el país prototipo del secreto bancario y del movimiento de capitales, miembro del espacio de Schengen y adscrito al sistema Erasmus, se limite la libre circulación de personas sin que, en alguna medida, la reacción de la UE no imponga restricciones al tráfico de bienes y servicios propios del mercado único europeo y que suponen una de las bases del bienestar suizo.

La mala noticia lo es por partida doble, ya que, en puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, proporciona munición propagandística a los grupos de extrema derecha que -desde el Reino Unido u Holanda a Grecia o Italia, o desde Suecia y Finlandia a Francia y Austria- han convertido a la inmigración extracomunitaria (y a veces a la comunitaria, como en el caso de rumanos y búlgaros) en el foco en el que concentran su lucha política y la búsqueda de votos, por encima incluso de la fobia antimusulmana de muchos de ellos.

Aunque las estadísticas no les den la razón, encuentran un amplio eco -que alcanza incluso a gobiernos tan poco sospechosos en principio como el francés- los argumentos de que muchos extranjeros, más que buscar trabajo, acuden a los países más desarrollados de la UE para mamar de las ubres de su sistema de protección social, obtener subsidios y colapsar y deteriorar servicios esenciales como la educación y la sanidad. En esos medios, el resultado de la consulta suiza ha sido como maná llovido del cielo. "Si ellos lo han podido hacer", se preguntan, "¿por qué no nosotros?"

El sistema político suizo se basa en la democracia directa y en el recurso, desde mediados del siglo XIX, al referéndum a todos los niveles (estatal, cantonal o local) para decidir sobre cuestiones de importancia diversa, desde el horario de las tiendas de las estaciones de servicio a la regulación de la eutanasia o el mantenimiento del servicio militar obligatorio. En 2013, hubo 13 consultas a escala nacional, y en 2012, otros 12.

Este instrumento esencial para conocer y acatar la voluntad popular tiene en ocasiones efectos colaterales indefendibles desde el punto de vista de la solidaridad, la tolerancia y la corrección de las desigualdades, como el freno a la inmigración, las limitaciones al derecho de asilo (sobre todo al reagrupamiento familiar), la prohibición de construir minaretes en las nuevas mezquitas o el rechazo a poner freno a los salarios descabellados de los grandes ejecutivos. Es un reflejo directo del hecho de que, también en Suiza, se asiste a una derechización creciente que, por fuerza, debía reflejarse en el principal de sus instrumentos democráticos.

Pero algo está claro: a los suizos les funciona su sistema y, pese a distorsiones concretas, arroja resultados que corrigen los vicios asociados a los sistemas parlamentarios clásicos y que, con frecuencia, vistos desde España causan una sana envidia. El caso del aborto es el más inmediato; el próximo puede ser la aprobación de una renta mínima mensual en torno a los 2.000 euros para todos los ciudadanos con objeto de combatir las desigualdades provocadas por la crisis. Algo solo posible en un país rico, por supuesto, pero que aun así supondría un hito histórico. Un intento mucho más modesto en España, donde lo que está en juego es la supervivencia de millones de familias, amenaza entre tanto con quedar recluido en el limbo de las utopías.

Si España fuera Suiza...