Ayer fue un buen día para la transparencia democrática. Lo anunció José Bono antes de votar el último dictamen sobre las actividades paralelas de sus señorías. La votación y el documento fueron públicos por primera vez. Ahora se espera que el Senado haga otro tanto. En sus 22 páginas aparecen las actividades de consultoría privada autorizadas ayer a los diputados del PP Miguel Arias Cañete, Francisco Antonio González Pérez, Celia Villalobos y Pilar Ramallo, que puede seguir siendo abogada del Grupo Pescamar. Lo más extraño es que los socialistas no hayan puesto el menor reparo al imputado en el caso Gürtel, Jesús Merino, para que siga ejerciendo de consultor en Dolthins SL y Serrano-50.
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