La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha vuelto a poner de relieve su calidad humana ante la adversidad. El Día de Reyes, después de todos esos actos oficiales propios de la Pascua Militar –besamanos, condecoraciones, discursos, aperitivos y canapés para felicitar el cumpleaños a Juan Carlos I–, recibió la noticia de que había fallecido el hermano de una colaboradora suya muy cercana, y, sin pensarlo dos veces, decidió acudir a acompañarla y consolarla en su dolor, de modo que abandonó el Palacio Real, se fue al ministerio, donde debía despachar varios temas urgentes y, sin apenas tiempo de disfrutar con su marido viendo a su pequeño hijo con los juguetes nuevos, se dirigió al tanatorio de Coslada. El pequeño Miguel protestó. Lógico. El niño quería estar con su mamá. Ella trató de convencerle de que volvería pronto, pero el pequeño siguió protestando. Entonces lo tomó en brazos y se lo llevó consigo a aquel triste lugar de la periferia madrileña en el que la familia de su colaboradora velaba a su ser querido. La ministra permaneció más de media hora en el tanatorio mientras alguien entretenía al pequeño Miguel en una esquina alejada de la puerta del velatorio y la tristeza. Todo un gesto de sensibilidad por parte de quien conoce de cerca la fina línea entre la vida y la muerte para achicar el fanatismo y la desolación en lugares como Líbano y Afganistán.
La sensibilidad del Ejecutivo hacia las personas con discapacidad igual o superior al 33% ha quedado consignada en un plan 2009-2012 que, entre otras cosas obliga a reservar para ellas el 5% de las vacantes de las ofertas de empleo público. Pero, cuando el diputado de ICV Joan Herrera ha preguntado al Gobierno si está cumpliendo lo dispuesto, no le han facilitado los datos de 2009 y le han contestado que en 2008 se reservaron 323 plazas en la Administración General del Estado por turno libre y sólo se cubrieron 178, y otras 232 por promoción interna y sólo se ocuparon 89. Más pegado al terreno, el diputado del PP Rafael Merino ha examinado con lupa el departamento de José Blanco y ha encontrado que ni el Centro Nacional de Información Geográfica ni la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cuentan con personal discapacitado. Y tampoco se ha aplicado el cupo de reserva en la contratación de personal laboral de carácter temporal. De hecho, “no hay ningún discapacitado” en este colectivo, según le han dicho. Entre los 3.557 funcionarios de Fomento sólo hay 66 personas con discapacidad, lo que apenas llega al 2%, y entre los 2.165 empleados laborales fijos hay 67 trabajadores con discapacidad, lo que supone el 3% y confirma lo ya sabíamos: que el papel y el BOE digital aguantan la ficción y la buena voluntad, pero la realidad, aunque se novele, no se transforma.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, envió al Congreso de los Diputados el 23 de diciembre, cuando sus señorías ya se habían ido de vacaciones, un informe sobre lo saludable que ha sido prohibir el tabaco en los centros de trabajo, medios de transportes y lugares públicos. Dice que los infartos hospitalizados disminuyeron un 10%, la nicotina ambiental se redujo un 30% y se están registrando efectos positivos, mensurables a largo plazo, en otras enfermedades. Y añade que “más de un millón de personas (una reducción del 8%) dejó de fumar en los dos primeros años de vigencia de la ley”, que lleva cuatro en vigor, aunque las “ventas de tabaco” sólo se redujeron un 2,8% en 2006, lo que además de desproporcionado resulta milagroso. Después intercala “la necesidad de una reforma de la legislación actual para garantizar la equidad de la aplicación de la norma en todo el territorio” y anuncia “la prohibición de fumar en bares y otros establecimientos de hostelería”, según ha propuesto la Comisión Europea para 2012. Dicho de otro modo, que ni en la taberna de Calasparra se va a poder echar un farias mientras se juega la partida. Pero, ojo, no es que Trinidad Jiménez y Elena Salgado lo prohíban, es Europa. Luego ya, las encuestas que maneja el Gobierno indican que el 61% de la gente apoya la prohibición en los bares, el 69,2% en restaurantes y el 57,9% en las discotecas.
El auditor encargado de aplicar el código de buenas prácticas del PP, José Manuel Romay Beccaría, conoce el valor del lenguaje. Cuando era ministro de Sanidad llevó de la Xunta de Galicia a una sobrina como directora de compras del ministerio. Ella cumplió su misión. Adquirió en unos grandes almacenes, mediante adjudicación directa, cientos de equipos informáticos sin la eñe de España para los centros de salud. Las recetas de los Cuiña, Báñez, Núñez, Muñoz… se imprimían sin la preciada letra identitaria. El disgusto fue enorme. Romay dio explicaciones al Senado y prometió ser más cuidadoso en adelante. Quienes lo conocen aseguran que detesta el trazo grueso y se incomoda cuando oye al secretario general del partido en Madrid y consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, responder “ni un puto duro” a las demandas de los bomberos. O cuando lee que la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, ha contribuido a la difusión y distribución en los colegios de un libro con una falsedad en portada (“Homenaje a Miguel Hernández”) y con varios insultos en su interior, entre otros, al presidente del Gobierno: “Zapatero, el odioso / está destruyendo España / con velocidad, con saña”. ¿Sancionará Romay a la regidora por gastar dinero público en el uso lamentable de la memoria del poeta asesinado para atacar al contrario, o la bosta no
está codificada?
El diputado socialista catalán Daniel Fernández aseguraba hace unos días en la Comisión Constitucional que en dos meses desaparecerá el escudo franquista del palacio de la antigua Capitanía de Barcelona. Era cierto. El 17 de diciembre comenzaron las obras para sustituirlo por el original, de 1929. Sin embargo, todavía quedan escudos preconstitucionales en las torres norte y sur del acuartelamiento del Bruch, un monumento granítico a los caídos franquistas en la residencia militar de Pedralbes, tres escudos con el águila imperial (de San Juan) en el cementerio de San Andrés y otro más en el interior del Castillo de Montjuic, que un día decoró el casino militar de la Plaza de Cataluña. Dos años y medio después de la aprobación de la ley que ordenó eliminar los símbolos de la dictadura, el Gobierno ha realizado el catálogo de la parafernalia en las dependencias de la Administración del Estado y ahora tiene que evaluar su interés artístico para conservarla en museos o destruirla. Algunos mandos militares, sobre todo de la Armada, se han anticipado a este examen pendiente y han alegado que la retirada de los escudos dañaría las fachadas. Otros han dicho que algunos emblemas se hallan incluidos en los planes municipales especiales de protección del patrimonio arquitectónico. Y en un caso han propuesto cortar la cabeza al águila y dejar el resto. Eso es apego.
La curiosidad es esa fuerza que te impide separarte del lugar donde ocurre algo interesante. A veces no ocurre nada reseñable, pero si una es Macarena de Miguel, diputada del PP por Alicante, puede preguntar al Gobierno por el apoyo al sector de la piedra y recibir la respuesta de que ninguna empresa de la roca y el mármol ha solicitado un euro de los 261 millones que el ministro Miguel Sebastián ha puesto a disposición de las empresas a cero interés y a 15 años de amortización con un lustro de carencia para fortalecer su competitividad. En 2010 se ofrecerán 250 millones más, aunque de sobra sabe De Miguel que no es la piedra sino el ladrillo el que necesita apoyo. O, si uno es Arsenio Fernández de Mesa, diputado del PP por A Coruña, puede preguntar cuánto recaudó la Jefatura de Tráfico por multas en su provincia durante el último año y recibir del Ministerio del Interior la respuesta escrita y exacta hasta el último céntimo: 9.287.928,43 euros, de los que revertieron 4.347.928, 49 en inversiones y programas de seguridad vial en la provincia. La conclusión es clara: “La ayuda no llega a las canteras alicantinas” o “el Gobierno recauda en las carreteras coruñesas el doble de lo que gasta en arreglarlas”. Y así van sus señorías de curiosidad en curiosidad y de titular en titular hasta la respuesta final, la que les interesa de verdad: el resultado electoral.
El secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha hecho llegar al diputado vallisoletano del PP Tomás Burgos la lista de ayuntamientos morosos. Aunque resultaría engorroso reproducirla, ya que el listado se extiende a lo largo de 23 folios, llama la atención la abultada deuda en cotizaciones sociales de algunos consistorios como el cacereño de Plasenzuela (1.696.646 euros), los gaditanos de Los Barrios (27.493.636 ), Barbate (26.106.869) y Tarifa (17.299.795); el onubense de Valverde del Camino (2.168.514 euros); los jienenses de Orcera (1.206.588) y Puerta de Segura (2.081.020); los malagueños de Coín (563.048 euros) y Manilva (16.011.700); el de Guía, en Las Palmas (6.161.179 euros) y el de Huevar, en Sevilla (4.861.637). En contraste, toda la deuda de los ayuntamientos de Tarragona, por ejemplo, se cifra en 125.954 euros; la de los consistorios vizcaínos no pasa de 73.000 euros, y la de los navarros es la más baja (42,23 euros), seguida de los palentinos (3.000) y de los vallisoletanos (5.737 euros). A este nivel ínfimo se situarían los zamoranos, si no fuera por que el consistorio de Peleas de Abajo, una localidad de 225 vecinos, acumula una deuda de 446.797 euros. Se ve que los regidores peleinos han batallado desde tiempos remotos para no pagar al sistema. El PP pide que se les deje dedicar el 60% del nuevo Plan E a saldar débitos.
En un almuerzo con los presidentes de las comisiones parlamentarias, José Bono les ha vuelto a pedir que restrinjan al máximo los viajes al extranjero. Al comienzo de la legislatura, el presidente del Congreso ya dejó en suspenso la participación española en la asamblea parlamentaria de la UEO –que se reunía en lugares exóticos–, suprimió gran parte de los grupos de amistad con terceros países y redujo a seis el número de integrantes de cada grupo. Ahora estima que con cuatro sería suficiente. Su petición llevó a los presidentes de las comisiones de Economía, Antonio Gutiérrez; Igualdad, Carmen Calvo, y Justicia, Álvaro Cuesta, a afirmar que no realizarán viaje alguno. Por su parte, Emilio Olabarría, que preside la comisión no permanente de seguridad vial y había comprometido un viaje a Lima para explicar el carné por puntos a petición de las autoridades peruanas, ha reducido la legación de cuatro a dos personas y la estancia de una semana a dos días. La línea de austeridad implantada por Bono ante la crisis supone un giro a la diplomacia parlamentaria que fomentó Federico Trillo en su día y trata de procurar que vengan ellos. Si así lo hicieren, las personalidades que visiten el Congreso durante el semestre presidencial español de la UE recibirán un reloj, que es el regalo institucional que Bono ha elegido para que se lleven puesta la hora de España.
Coincide hoy el sorteo de la lotería navideña con la votación definitiva del Presupuesto del Estado para 2010 en el Congreso. De la lotería sabemos que el mejor premio es la salud y de las Cuentas me dice el socialista Francisco Fernández Marugán que se aprobarán sin problema unas 70 enmiendas para satisfacer algunas demandas formuladas por ERC en el Senado. Se ve que los republicanos catalanes han entendido que el ‘El Tlacuache’ Gorizurieta tenía razón: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Aunque han conseguido reponer el dinero para inmigración, Joan Tardà no acaba de comprender por qué transferimos 70.000 euros a la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén o por qué hemos de contribuir al sostenimiento de la basílica de Santa María la Mayor en Roma. Desde el Ministerio de Exteriores, le aclaran que el pequeño pago a Roma es el “óbolo regio” y que el dinero para los Santos Lugares se destina a pagar a los guías que orientan a los visitantes de la basílica de San Francisco el Grande, en Madrid. Tardà agradece la explicación, pero deplora que la subvención al “santo lugar capitalino” supere de largo los 42.070 euros que Exteriores dedica a los perseguidos sin medios que piden asilo en nuestras embajadas. ¿Qué quiere, que el niño Jesús nazca en una clínica y los mercaderes del templo sean arrojados del Presupuesto?
Nacido en La Habana hace 57 años, el diputado del PP Teófilo de Luis estimula periódicamente el celo del ministro Miguel Ángel Moratinos ante las penurias de los presos políticos cubanos. De Luis le da nombres de presos enfermos: Ariel Sigler Amaya, del movimiento Opción Alternativa; Alfredo Noa Estupiñán, Alfredo Domínguez Batista, José Daniel Ferrer García, Rolando Jiménez y otros del Movimiento Cristiano de Liberación de Oswaldo Payá. Ni en estos ni en otros casos logra sorprender al ministro, pues el embajador Manuel Cacho conoce su situación e intercede por ellos en el marco del diálogo bilateral abierto en 2007 y extendido a finales de 2008 a la Unión Europea. “En numerosas ocasiones –explica Moratinos– se ha solicitado a las autoridades cubanas la concesión de Licencias Extrapenales (LEP) para presos de conciencia en mal estado de salud, pero la política de concesión de LEP se ha vuelto muy restrictiva en los últimos años, lo que el Gobierno lamenta”. Para hacerse idea de cómo las gasta Raúl Castro, Exteriores señala que “ni siquiera permite a los sanitarios de la Cruz Roja visitar a los presos”. Los que peor lo están pasando son los 75 detenidos en la “primavera negra” de 2003, que fueron condenados a 20 años prisión. Si la ruptura del diálogo con el régimen cubano durante la etapa de José María Aznar les ayudó nada, la jefatura de Raúl, menos.
