En el Pleno de ayer se registró un hecho insólito. Por primera vez, Mariano Rajoy aplaudió a Zapatero. Fue sólo un instante, pero se vio desde la tribuna y lo captaron las cámaras. Después de acusar a don Tancredo –ustedes me entienden– de haber movido una ceja en forma de ICO para que Sacyr entrara en el ruedo de Repsol, le pidió que evite que el morlaco ruso Lukoil se apodere de la petrolera. El presidente le replicó que el Gobierno defiende a la petrolera española en Ecuador, Venezuela y otros países donde extrae el petróleo que consumimos, pues “en contra de lo que usted dijo el otro día, no hay petróleo ni gas español”. Y en esas, Rajoy aplaudió contra sí mismo.
El ministro de Industria Miguel Sebastián dejó ayer muy claro en la Casa de las Leyes que no va a tolerar la menor insinuación sobre sus relaciones con las empresas. El título que le otorgó el diputado del PP Álvaro Nadal, un parlamentario sagaz que habla alemán, de “principal experto del Gobierno en operaciones empresariales”, llevó a Sebastián a aclarar que vive en la misma casa en la que vivía en 1996, tiene la misma segunda residencia que tenía en 1989 y se compró el último coche en 1999. Es decir, que para trapicheos, el PP, que colocó presidentes y cambió 200 consejeros de las empresas que privatizó aquel presidente Aznar.
Para festejar el 30 aniversario de la Constitución en el Congreso, la comisión organizadora del evento propuso una lectura de la Carta Magna en el hemiciclo el viernes 5 de diciembre a cargo de los niños de los colegios que han visitado la Cámara durante ese tiempo. Algunos niños de entonces son hoy talludos, mozas y mozos hechos y derechos. En esas estaban cuando alguien tuvo la idea de realizar un sondeo para conocer sus personajes favoritos. Surgió así una lista de treinta famosos, desde Iker Casillas a Fernando Alonso, pasando por La Oreja de Van Gogh. Se trataba de invitarles a participar con los niños en la lectura de la Carta Magna. A Bono le pareció estupendo y, sin pensarlo dos veces, llamó personalmente a Fernando Alonso, Rafa Nadal y a otros. Pero, ¡ah, contrariedad!, el PP ha rechazado la iniciativa. ¿Es la venganza por la placa a sor Maravillas?
A las siete de la tarde del lunes, acampó la tribu televisiva en el salón de columnas del Congreso con Manuel Campo Vidal al frente. La Academia de Televisión entregaba los Premios Talento. Los objetivos de las cámaras se fijaron en dos galardonados que nada tienen que ver con el invento de Baird y Zworkin. Eran José Blanco y Pío García Escudero. Habló Campo y los equiparó a esos biólogos que asesoran programas de naturaleza. Ellos pasaron por alto la alusión zoológica y agradecieron la mediación de la Academia en los debates Zapatero-Rajoy ante el 9-M. “El mandato de los jefes era que hubiese debates”, dijo Pío. “El mandato era de la gente”, dijo Blanco. ¿Quién demostró más talento?
José Luis Ramos, un veterano del periodismo parlamentario, se hará cargo de la dirección de comunicación del Grupo Popular en el Congreso. A su experiencia en la trinchera informativa como redactor jefe de Parlamento y Política de Europa Press, agencia de la que también fue delegado en Euskadi, añade un amplio recorrido como responsable de comunicación institucional en los ministerios de Agricultura y Administraciones Públicas con Jesús Posada de ministro. En la actualidad era responsable de comunicación del consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, a quien la opción de la portavoz Soraya Saénz de Santamaría obligará a buscar sustituto.
La propuesta de reforma de la Ley de la Memoria Histórica que defendió ayer en el Pleno del Congreso Joan Tardá, de ERC, sacó de sus casillas al diputado del PP Jorge Fernández Díaz, el de la placa a sor Maravillas, quien no se privó de comparar la quema de conventos con la retirada, por resolución judicial, del crucifijo de un aula escolar. La exageración y la fogosidad no ayudan a la justicia ni a la verdad. ¿Acaso no es perfectible el calendario de indemnizaciones de la ley? Y en cuanto a su desarrollo, el artículo 4-3 del decreto de 3 de noviembre exige a los que vinieron a defender la República frente al fascismo que “juren o prometan fidelidad al rey” si quieren acceder a la nacionalidad española. Si ha sido un avance la concesión de la doble nacionalidad, tanto a ellos como a los exiliados y sus hijos, ¿no basta con que acaten la Constitución?
O Montesquieu se equivocó o aquí hay un error. Si el espíritu de la ley es la justicia, el diputado de ERC Joan Tardá sigue sin entender esa discriminación de calendario contenida en la Ley de la Memoria Histórica, que excluye del derecho a la indemnización de 135.000 euros a los familiares de quienes murieron en defensa de la democracia antes del 1 de enero de 1968 y después del 6 de octubre de 1977. Sus enmiendas al Presupuesto para ampliar el derecho, desde el final de la Guerra Civil hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, no han prosperado. Hoy volverá a la carga para enmendar la ley y reclamar, entre otras cosas, justicia para Julián Grimau y Puig Antich.
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana María Oramas, ha sufrido en su cartera el efecto de la restricción de crédito. Con consternación por el trastorno, explicaba a un grupo de periodistas que su banco le había suprimido la tarjeta Visa oro, una herramienta esencial con la que suele pagar casi todos los gastos. Cuando pidió aclaraciones, se enteró de que en los últimos tiempos las entidades bancarias han anulado unas 500.000 tarjetas de alto nivel, con un crédito mensual de hasta 6.000 euros. En su caso, el banco le restauró el crédito, pero denunció ante Pedro Solbes que la banca asfixia al pequeño comercio, que vive de tarjetas.
Un día aparecen como los campeones del control de la exportación de armas y al siguiente reclaman manos libres para vender escopetas y munición. Hace un mes, el diputado del PP Ignacio Cosidó pedía que las empresas exportadoras se sometieran a un código ético. Es más, proponía que el Congreso de los Diputados detentara la autorización previa de las exportaciones de armas si los pedidos eran superiores a 10 millones de euros. Su planteamiento asombró a la izquierda y, sobre todo, a su partido. Bueno, pues hoy, el PP propondrá en el Pleno que el reglamento de la nueva ley de control de la exportación de armamento excluya el informe previo de la junta interministerial cuando se trate de vender armas de caza, tiro deportivo y munición. Es una petición calcada a la que formuló Josefa Beloki en la Comisión de Defensa. ¿Primero el negocio y luego la vida?
