El PP, siempre atento a las desgracias y averías, ha pedido explicaciones por escrito a la ministra de Defensa, Carme Chacón, sobre el “percance grave” que sufrió un submarino S-74 de la clase Angosta el 11 de diciembre frente a Cabo Tiñoso (Murcia). Cuando navegaba a 300 metros de profundidad, el comandante ordenó zafarrancho de combate. Acto seguido se inundó la cámara central y el comandante ordenó emersión a toda máquina. Su pericia y la preparación de la dotación evitaron una gran desgracia. El sumergible salió a flote. Pero, ¿se ha investigado la avería en el casco?, y, sobre todo, ¿ha felicitado la ministra al comandante?, le pregunta el diputado Arsenio Fernández de Mesa.
Para no ir a la zaga del diputado de UPN Carlos Salvador, los jóvenes valores del PP Nacho Uriarte y Gonzalo Robles también se han dirigido por escrito a Moratinos para que rinda cuentas de los progresos cubanos en materia de derechos humanos, y este les ha dicho que los presos políticos ya son menos, han bajado de 234 a 219 en los seis últimos meses; que el régimen ha permitido la visita de un relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, ha firmado los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos y sociales; y, en fin, que España solicita la liberación de los presos en “todos los encuentros de alto nivel con las autoridades”.
Cuando se cumplen cincuenta años de la revolución cubana, el diputado católico de la Unión del Pueblo Navarro Carlos Salvador entiende que Fidel y Raúl Castro, endurecidos en sus errores, se han beneficiado de la supresión de las medidas restrictivas que promovió José María Aznar en el seno de la Unión Europea. Y así se lo ha reprochado, en forma de pregunta, al ministro Miguel Ángel Moratinos. “Hombre, el levantamiento de las medidas restrictivas contra Cuba no fue un fin en sí mismo, sino un medio para iniciar el diálogo político”, le contesta el ministro. Y argumenta que mediante el diálogo se puede influir en la mejora de los derechos y condiciones de vida de los cubanos. “Desde luego, el Gobierno español seguirá manteniendo contactos con la disidencia cubana pacífica y con el Movimiento Cristiano de Liberación”, por el que se interesa Salvador.
El presidente del Congreso, José Bono, sigue a vueltas con el pleno. Después de cambiar la sesión de control al Gobierno de la tarde a la mañana de los miércoles, mantiene la idea de ocupar la tarde de los miércoles con los debates de los proyectos de ley y de los decretos que exijan convalidación parlamentaria, que ahora se celebran los jueves por la mañana. Si los grupos aceptan la propuesta, no sólo se pondrá de moda el refrán: “De aquellos miércoles vinieron estos estiércoles”, sino que sus señorías superarán de largo la jornada laboral de ocho horas. Aunque protesten, la fórmula Bono les permite liquidar las sesiones en día y medio: tardes de martes y esas jornadas de miércoles.
Después de la ridícula sanción al juez Tirado –ridícula en proporción al daño que provocó su inoperancia–, habrá que coincidir con el diputado del PNV Emilio Olabarría, que en su día formó parte del CGPJ, en que el sistema de módulos para medir la productividad de sus ilustrísimas es, como mínimo, desequilibrado. El sistema atribuye cinco puntos a la imposición de sentencias y sólo uno a su ejecución. En vez de discutir con Olabarría sobre si las pendencias o sentencias penales pendientes se elevan a 750.000 o son sólo 400.000, el ministro Fernández Bermejo podría instar al CGPJ a que modifique cuanto antes el baremo de productividad de los jueces. ¿O no?
Con doce días de retraso, el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, reconoció ayer que el vicepresidente Pedro Solbes y su equipo mantuvieron un encuentro con él y sus ayudantes para informarles sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Aquello fue el 17 de diciembre. Vino después la ronda de Rodríguez Zapatero con varios presidentes autonómicos, incluidos Aguirre y Camps. Sus mensajes chirriaron con los que, en dirección opuesta, lanzó la dirección del PP. Los presidentes que no pasaron por Moncloa recibieron explicaciones telefónicas. Pero, según Montoro, sólo fue una felicitación navideña. Nada de datos. Hombre, si la “población ajustada” es el baremo del reparto del 95% de los ingresos para financiar los servicios básicos y el resto va a dispersión, insularidad, etc., resulta que hubo algo más que alegrías navideñas.
Unas horas antes de que comenzara el abundante intercambio de mensajes de móvil deseando paz, amor y felicidad en Navidad y para el año entrante, el consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno murciano anunció que va a utilizar ese mecanismo para enviar a los 80.000 parados de la región las ofertas de empleo que surjan y les puedan interesar. Vía SMS les alertará también de que han de fichar y renovar sus tarjetas. Y si fueren emigrantes, les informará de que su permiso de residencia está a punto de caducar. No cabe duda de que la idea resulta interesante, pero como el consejero se llama Constantino Sotoca, ha comenzado la guasa y de segundo apellido ya le dicen Pelotas.
Casi nadie duda de que el dinero es líquido, los líquidos se secan y el dinero se acaba. En cuanto al agua, como es abundante en la mar salada, la diputada Rosa Díez pregunta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, cuánto dinero cuesta sacarla y desalarla. Y esta responde que en la planta de Carboneras (Almería) sale por 0,55 euros el metro cúbico; en Marbella, por 0,56; en San Pedro de Pinatar I, por 0,49; en San Pedro de Pinatar II por 0,42, y en Alicante, la más cara, por 0,65 euros el metro cúbico. Y completa la información añadiendo que ese precio incluye el coste de la explotación y la amortización de las desaladoras mencionadas.
Llegan al Congreso de los Diputados los primeros signos de una singular batalla por la liquidez. Son resoluciones de ayuntamientos a favor y en contra del trasvase del agua del Tajo al Segura. Desde Torrejón del Rey (Guadalajara), Valverdejo (Cuenca), Cabezamesada (Toledo) y otros pueblos de Castilla-La Mancha respaldan esa disposición final del proyecto del nuevo Estatuto castellano-manchego que les autoriza a cerrar el grifo a partir del 2015. Desde Fuente Álamo, Villanueva de Segura, Abanilla y otros pueblos de Murcia gritan que si no llega el agua, llegará la ruina. ¿Qué hacer? De momento, el presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, ofrece una tramitación pausada de la norma, a ver si en el PSOE y en el PP, y los presidentes José María Barreda y Ramón Luis Valcárcel, concilian intereses y logran evitar que la sangre llegue al río.
La portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, no se ha molestado, como Gaspar Llamazares, en cotejar si los vuelos de la CIA que hicieron escala en Los Rodeos (Tenerife) y Reina Sofía (Las Palmas) coincidieron con la llegada de prisioneros afganos a Guantánamo. Los presos eran pesados según llegaban. Después los encerraban en jaulas. La ONG británica que accedió y difundió sus datos indujo a Llamazares a constatar la coincidencia entre una escala en Rota y el ingreso de 24 presos y un sobrevuelo y el ingreso de otros 23 en Guantánamo. Pero Oramas se ha limitado a pedir datos a Defensa y Exteriores. Con barrido o sin barrido, fe no le falta.
