El todopoderoso Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que preside el asturiano José Luis Santos Hevia, ha declarado la guerra al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Los corporativos ven en el proyecto de Oficina Judicial que el Congreso comenzará a debatir en febrero “una de las mayores agresiones” que han sufrido en muchos años y se disponen a combatirla “por todos los medios a su alcance”. Ellos estiman que la implantación de sistemas de grabación audiovisual en todas las salas de vistas y la previsión de prescindir de su presencia física en determinadas fases del juicio supone la “eliminación” de la fe pública judicial que detentan. “Ya no será necesario el uso de toga y puñetas, pues ya no formaremos parte del tribunal”, dicen. Si algunos jueces ya calientan la huelga para el 18 de febrero, los secretarios no irán a la zaga.
La diputada gallega del PP Belén do Campo ha obtenido nuevos datos sobre el avance de las mujeres en el Gobierno de Zapatero. Si fechas atrás pudo saber que en el último Gobierno de Aznar hubo 5 ministras frente a 9 en el actual de Zapatero, y cero secretarias de Estado frente a 10 en la actualidad, y 35 directoras generales frente a 70 en el actual Ejecutivo, ahora ha recibido el desglose por ministerios y ha comprobado que el staff del de Igualdad cumple la paridad, y que Vivienda –con 3 directoras generales por ningún hombre–, Administraciones Públicas –6 direcciones ocupadas por mujeres y 5 por hombres– y Educación, con las mismas cifras, son los departamentos más feministas.
La diputada del PP Sandra Moneo no ha desaprovechado la ocasión de espolear a Hacienda contra las clínicas privadas que interrumpen embarazos. Resulta que en la subcomisión de estudio de la reforma de la ley del aborto ha conocido datos sobre el “enorme volumen de negocio” de las clínicas autorizadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo y, de inmediato, se ha dirigido a Pedro Solbes para que le diga si pagan IVA, cuántas inspecciones fiscales ha realizado, cuántas actas ha levantado, cuántas clínicas ha sancionado y, en fin, cuántos expedientes ha remitido a la Fiscalía por delito fiscal. Pero la pregunta que hay que despejar es si el PP acepta y facilita el aborto en la sanidad pública.
La Europa fortaleza quiere unificar criterios sobre inmigración. Para ello, ha convocado en Bruselas el 12 de febrero la conferencia Migración y coherencia de la política para el desarrollo, a la que ha invitado a diputados, eurodiputados, miembros de la Comisión de la UE y representantes de la OCDE. El presidente de la eurocomisión de desarrollo, Josep Borrell, inaugurará el encuentro y situará el problema entre los países ricos y empobrecidos. Y por aquello de la crisis, los organizadores han remitido a José Bono el coste del viaje, el hotel y la dieta de los diputados españoles que asistan: 2.833 euros del ala por dos noches y un día.
Gran jurista, Ignacio Astarloa fue la sombra de Ángel Acebes en el Ministerio del Interior y el único que reconoció algún fallo previo a los atentados del 11-M. Desde que en junio pasado hizo mutis por el foro y dimitió de portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso, ha intervenido menos que el mismísimo Acebes. Pero, de pronto, ha sorprendido al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con una resma de preguntas sobre cuántos policías nacionales hay en Euskadi. Pide el desglose año a año y por comisarías desde 2004, y que le diga cuántos delitos han conocido y aclarado. Y es que, a falta de un consejo de administración como el que Esperanza Aguirre le ha regalado a Acebes por Navidad y el abulense ha comunicado al Congreso para hacerlo compatible con el escaño, de algún modo, aunque sea evaluando la eficacia ajena, habrá que ganarse el sueldo.
Aunque la memoria es prófuga de la política, si recordamos la decisión del presidente de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, de desmarcarse del PP y no rechazar los Presupuestos de Zapatero para 2009, recordaremos también que Rajoy se soliviantó, rompió con Sanz, quebró la alianza PP-UPN y refundó el PP de Navarra. Era octubre. Cincuenta días después, el propio Rajoy se fumó tan importante votación para almorzar con aquel Jaime Mayor que en 2002 llegó tarde a votar en la Cámara Vasca y no pudo tumbar las cuentas de Ibarretxe. Cierto es que el otro jueves ambos debían preparar el futuro, la convención del 23 al 25 de enero para convencernos a todos.
Muchos se creerán que ellos no lo saben, pero lo saben; saben que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Ellos son los cientos de discapacitados psíquicos severos –antes les llamaban locos– que fueron depositados por sus tutores y familiares en internados y de los que ni en estas fechas se acuerdan. Sólo uno de cada cinco recibe visita o es llevado a casa los fines de semana. El resto pasa todo el año en esos almacenes del olvido. No es vergonzosa su desgracia, sino la actitud de quienes cobran la pensión por ellos. ¿Cuándo llegará el día en que una acción judicial diligente y esa reforma del Código Civil que ahora reclama el diputado del PP Adolfo González les alegre la Navidad?
Con amistosa suavidad, el periodista preguntaba en el Congreso a la ministra Bibiana Aído si una de las tareas más gratas de su cargo consiste en distribuir subvenciones. “Yo en eso no participo”, respondía ella. Ese día, el BOE publicaba las ayudas del Instituto de la Mujer, que dirige Rosa María Peris, a las distintas asociaciones. En conjunto se repartían 2.450.000 euros. De ellos, 100.000 fueron para la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, 125.000 para la Federación de Mujeres Progresistas, 70.000 para la Federación de Planificación Familiar, 59.000 para CCOO, 25.000 para Crisálida de UGT… Minutos después llegaba la diputada del PP Carmen Quintanilla, que es presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, y reconocía que Aído se porta bien con ellos: “50.000 euros; nos han subido un poco”.
Una cosa es la versión bromista e interesada de lo que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, le dijo al del Congreso, José Bono, sobre la famosa placa de sor Maravillas, y otra la realidad. Según la primera, Zapatero le pidió a Bono que le concediera el honor de descubrir la placa. Según la segunda, la seria y real, dos días después de que la Mesa adoptara la decisión, en ausencia de los socialistas Teresa Cunillera y Javier Barrero, que se encontraba de viaje, Zapatero llamó a Bono y, tras pedirle que no interpretara su opinión como una intromisión en la soberanía e independencia del Legislativo, le dijo que estaba cometiendo “un grave error”. Bono rectificó. Después, en una conversación con el diputado Joan Herrera, le preguntó si los laicos van a pedir que el nombre de la Carrera de San Jerónimo se sustituya por don Jerónimo. Tampoco es eso, contestó el de ICV.
Hay que reconocer la habilidad del diputado Joan Tardà para meterse en el ojo del huracán. Antes de Navidad registró 400 preguntas en catalán y castellano para que el Gobierno le dijera si se enseñará el catalán en las Academias Militares, los centros policiales y de la Guardia Civil, cuántos funcionarios de la Administración Central destinados en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana saben catalán y, entre otras, si el Rey y el Príncipe deben aprender las lenguas oficiales. En eso apareció la felicitación navideña de los miembros de la Casa Real en castellano, inglés y francés en vez de en catalán, euskera y galego y se lío. No por Tardà.
