El empresario excedente y diputado de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador ha registrado una resma de preguntas al Gobierno sobre el derecho de las mujeres a decidir su maternidad. Entre otras cuestiones plantea: “¿Puede explicar el Gobierno por qué habla de ‘interrupción voluntaria del embarazo’ y no de ‘aborto’? ¿Acaso cree el Gobierno que hablar de aborto le puede hacer restar votos?” Aunque este político cumple 43 años el 14 de abril, todavía sospecha que los ciudadanos carecen de criterio y desconocen el significado de las palabras.
El hasta ahora presidente de la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, era el portavoz socialista de economía cuando el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España intervino el Banesto de Mario Conde. El entonces gobernador Luis Ángel Rojo y el ministro de Economía, Pedro Solbes, acudieron al Congreso a explicar la decisión. Moltó consideró entonces “precipitado” pedir responsabilidades administrativas, penales o de orden fiscal. “Ya irán saliendo a lo largo del proceso”, decía. ¿Le deparará la noria de la vida la prudencia que él pedía hace 15 años?
Cuando se cumple el setenta aniversario del final de la Guerra Civil, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, y sus colaboradores siguen rescatando archivos de relevantes personalidades del exilio. Hace dos semanas recibieron el del catedrático José de Benito, quien fue secretario de la presidencia del Gobierno republicano en el exilio, y aporta correspondencia y documentos interesantísimos. El 14 de abril, fecha señalada, recibirán el archivo particular del que fuera ministro y presidente del Ejecutivo republicano en el destierro, en México, José Giral. Poco a poco, la huella y la memoria de aquella España del éxodo y del llanto que mereció dos premios Nobel y la admiración de la comunidad internacional se va recuperando para mejor y mayor conocimiento de nuestra historia, y va dejando de relieve la raíz cruel del régimen de oprobio del dictador y sus secuaces.
El diputado de Izquierda Unida está leyendo la última novela de Ramiro Pinilla, Sólo un muerto más. Además de deleitarse con la escritura del autor vasco de Verdes valles, colinas rojas, Gaspar Llamazares también disfruta y reflexiona con la lectura de El olvido que seremos, la novela en la que el colombiano Héctor Abad Faciolince narra el asesinato de un médico e introduce como trasunto la condena a muerte que, de un modo u otro, acaban sufriendo en la sociedad actual, silenciosamente insolidaria, quienes asumen un proyecto ético de vida.
El diputado de ERC Joan Tardà quiere saber hasta qué grado la Administración General del Estado en Cataluña está fomentando el uso del catalán en sus dependencias, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Espinosa, le ha asegurado que sí, que se fomenta el uso de la lengua cooficial, y que el año pasado se inscribieron 192 funcionarios en cursos de catalán, 50 menos que los 242 del año anterior. Los datos incluyen a policías y guardias civiles, pero no a los empleados de la Agencia Tributaria, el INEM, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
En el Congreso, además del presidente, hay otro Bono. Es Ferrán Bono, diputado socialista por Valencia, filólogo y periodista. Bueno, pues este Bono ha conseguido la unanimidad en una proposición no de ley para obligar al Gobierno a participar en la celebración de los actos que organice el Ayuntamiento de Gandía sobre el quinto centenario de San Francisco de Borja. El jesuita Francesc de Borja –o Borgia, en italiano–, fue una eminencia, tuvo 8 hijos, fundó la Universidad Gregoriana, actuó como virrey de Cataluña, fue amigo de Gracilaso, trabajó por la unidad de los reinos cristianos de Europa y de su linaje salieron papas y cardenales. La diputada del PP Inmaculada Bañuls mostraba su entusiasmo con la iniciativa, pues ha dado clase en el edificio donde nació el santo. Y hasta Joan Tardà sumaba su apoyo, no sin significar que “su nombre se pronuncia en catalán”.
En la búsqueda de procelosos asuntos que sirvan de cortafuegos para proteger al trajeado presidente Francisco Camps, el portavoz del PP, Esteban González Pons, ha encontrado una perla. Sostiene que el Ayuntamiento de Elche, cuyo alcalde es el socialista Alejandro Soler, pagó 4.066 euros por la publicidad (unos carteles) de unas jornadas organizadas en la sede nacional del PSOE. Y, como la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, asistió a esas jornadas, le ha preguntado por escrito si sabía quién sufragaba la publicidad. ¿Cómo no lo iba a saber?
A la portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, le parece fatal que la ministra Carme Chacón haya anunciado personalmente a los soldados la retirada de Kosovo. Ayer, en tono leñero –una misión en Kosovo era impedir el contrabando de madera–, le pidió: “Deje de utilizar a nuestros soldados como parapeto o escenario”. Chacón le contestó que cumplía con su deber. Pero el socialista, Jesús Cuadrado, al quite, invitó a Salmones a pasarse por la Audiencia Nacional y comprobar lo que es parapetarse tras los soldados. ¿Iba por Trillo y el juicio del Yak-42?
Las sombras de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón persiguen a Mariano Rajoy. A veces, el líder del PP olvida el fenómeno y, como hizo en el pleno de ayer, se lanza a acusar al Gobierno de urdir “tejemanejes” para ocultar la crisis financiera de algunas cajas de ahorros. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero le coloca el espejo y le reprocha el “espectáculo lamentable de lucha por el poder” que está dando su partido en Caja Madrid, Rajoy cae en la cuenta, se queda sin réplica, larga el nombre del presidente de la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, desvía el tiro hacia Endesa y lamenta que ahora tenga mayoría italiana. Pero también en este caso otra sombra le persigue. Es la de Manuel Pizarro. Zapatero se la muestra: “Que el diputado le explique por qué no quería una empresa española, catalana, en Endesa”. Rajoy frunce el entrecejo, calla.
El español Rogelio Blanco, director general del libro, archivos y bibliotecas, ha sido reelegido por unanimidad, y por tercer año consecutivo, presidente del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el Caribe, España y Portugal, del que forman parte 21 países. Este organismo de la
UNESCO, con sede en Bogotá (Colombia), es una pieza clave para el fomento de la edición y la lectura en castellano, apoya la introducción del “porta libros” o libro electrónico y, sobre todo, defiende los derechos de los autores frente a la piratería.
