En los pueblos del interior hay personas que no han visto el mar. Salobre (Albacete) es uno de ellos. Allí nació hace 58 años el presidente del Congreso, José Bono, quien viajó a Cádiz el viernes pasado para entregar los premios Cortes de Cádiz y reunirse con los parlamentarios socialistas y con la prensa, y no dudo en prescindir del séquito e ir en su coche llevando consigo a tres paisanos para que disfrutaran por unas horas de la Tacita de Plata, su sol, su brisa y su playa. Luego dirán que este hombre es un populista, pero ¿cuántos políticos realizan gestos así?
Cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares se enteró por la prensa de que el Consejo de Estado había elaborado un dictamen sobre el sistema electoral, se apresuró a pedírselo al presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra. Este le contestó que no lo había recibido. Dos días después se lo volvió a pedir y Guerra le dijo que lo estaban fotocopiando. Llegaba el puente de San José carpintero y Llamazares seguía sin el documento. No es que quisiera estudiarlo en sus horas de asueto, que también; es que quería constatar que el Consejo de Estado le da la razón. Si en vez de la ley D’Hondt se aplicase el sistema Hare, con la consiguiente distribución de restos, IU-ICV tendría hoy 9 diputados en lugar de 2; el PSOE 159 en vez de 169, y el PP 151 y no 154. Dice el Consejo de Estado que “el método Hare es el que aporta mayor proporcionalidad”. El debate está abierto.
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Joan Ridao, lee estos días la Biografía de Manuel Azaña que ha escrito el historiador Santos Juliá, encargado a, su vez, de la edición de las obras completas del presidente de la II República española, y lleva también en su cartera La derecha contra el Estado, del catedrático de Derecho Constitucional José Antonio González Casanova, una visión histórica, precisa y necesaria sobre los obstáculos tradicionales –oligarquía, caciquismo y clericalismo– a la democracia en España.
La secuencia: el martes, la ministra de Defensa, Carme Chacón, acudió a tomar un café con José Bono –la experiencia es un grado–; el miércoles decidió con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero los detalles de la retirada, y el jueves viajó a Istok en un Hércules con un motor averiado, formó a los 623 soldados y les dijo: “La misión está cumplida, es hora de volver a casa”. Diez años, 13 vidas y 900 millones de euros nos ha costado la misión en un Kosovo del que Bono dijo que había que irse si se declaraba independiente. Les dejamos la paz y una magnífica base militar.
Entre los privilegios de los oficiales del Ejército en la reserva figura el de poder utilizar las residencias e instalaciones de asueto de las Fuerzas Armadas, que siempre son más baratas. Sin embargo, después de comprobar que el general José Mena Aguado, que el 6 de enero de 2006 amenazó con un alzamiento militar contra el Estatuto de Cataluña y fue cesado por el entonces ministro, José Bono, no ha parado de atacar al Ejecutivo, vale preguntar si utiliza el derecho de acceso a las instalaciones militares para promover la agitación. A finales de febrero presentó un libro titulado Militares, los límites del silencio, y dijo que cuatro años más de Rodríguez Zapatero acabarán por “romper España”. El martes pasado almorzaba bien y barato, aunque muy preocupado por España, con unos colegas, en las instalaciones del campo de golf de la Base de Torrejón de Ardoz. ¿Por qué?
Se sorprendió el presidente del Congreso, José Bono, de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, utilizase el “caso del lino” contra el magistrado Baltasar Garzón. Una cosa es que para atacar al juez valga todo, y si no hay cum quibus lo busquen en el infierno –dice un colaborador de Bono–, y otra, que omitan que Garzón cumplía la orden de la Oficina Antifraude de la UE de investigar la trama del lino, aquel cultivo socarrado por el fuego que servía a gentes del PP para cazar primas, pero no valía para hacer trajes a Camps.
En aquel tiempo, los investigadores eran nómadas. Iban de archivo en archivo. En los setenta del pasado siglo, aparecieron Ian Gibson, Paul Preston, Hugh Thomas y tantos otros siguiendo el rastro de nuestra historia. Dice el ministro de Cultura, César Antonio Molina, que en 1998 hubo 4.897 investigadores en los archivos españoles y que diez años después, en 2008, accedieron a los mismos 367.641 gracias al portal Pares que puso en marcha su departamento y les ha permitido copiar 120 millones de páginas desde cualquier lugar del mundo. ¡Qué alivio de coste y de tiempo!
La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha comenzado a actuar como viceministra de Asuntos Exteriores. Al menos eso dicen los suyos tras conocer el contenido de su reciente visita a México, en la que, además de reunirse con dirigentes de las tres fuerzas parlamentarias, mantuvo entrevistas con la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y con Rafael Fernández de Castro, asesor de asuntos internacionales del presidente Felipe Calderón. La impresión de que Valenciano actuó en nombre del Gobierno se acentúa al comprobar que abordó temas que correspondían al ministro Miguel Ángel Moratinos, como un encuentro bilateral España-México, la cooperación en materia de seguridad, las relaciones comerciales, los preparativos de la cumbre del G-20 y las prioridades de la presidencia española de la UE. Zapatero reparte juego.
El rey Juan Carlos ha agradecido la publicación del libro La UMD, 30 años después. Así lo ha hecho saber su secretario, Ricardo Díez-Hoch-
leitner, en una carta al autor, Fernando Reinlein. Todo un detalle por su parte. El libro cuenta vicisitudes y penalidades de los integrantes de aquella asociación militar democrática que surgió en 1974 y se disolvió unos días antes de las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977. Gaspar Llamazares pedirá el 1 de abril en la Comisión de Defensa que se reconozca el mérito de aquellos oficiales y se compense a los que fueron encarcelados.
El portavoz económico del PP, Cristobal Montoro, alcanzó ayer la cima dialéctica de sus ataques al vicepresidente Pedro Solbes. “Usted permanece en el cargo en contra de su dignidad personal”, le espetó. Solbes le contestó: “No se preocupe usted de mi dignidad, que ya me ocupo yo”. Quiso la casualidad que de eso, de cómo defender la dignidad de Francisco Camps y los nuevos imputados por el magistrado Baltasar Garzón en la trama de corrupción, tratasen, entre tanto, Mariano Rajoy y Federico Trillo en un pasillo de la segunda planta del Congreso.
