Con escritura urgente, el dirigente del PCE Felipe Alcaraz ha compuesto una novela sobre los que no deben ser olvidados. Y si un día lo fueron, han de ser rescatados del océano y devueltos al país urgentemente. En La muerte imposible, el personaje Gregorio Pruaño indaga en la historia de Mercedes Olmedo, una amiga de Federico García Lorca que decidió quitarse la vida para no caer en manos del Jirafa, el Cartuchera y demás camadas negras que aterrorizaron Salar (Granada). El diario y el amante de Mercedes son algunas claves del relato. Hay otras.
El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, ha comentado en privado que quitará el nombre de calle del Expolio y repondrá el antiguo –calle del Peñón– a la rúa donde se encuentra el Centro Documental de la Memoria. Lanzarote anda ahora ocupado en liquidar el teatro Bretón, el más antiguo del lugar. Por cierto que en Madrid, ni Gallardón ni Aguirre han podido arrasar el teatro Albeniz. La larga lucha para salvar el inmueble ha triunfado. Las batallas han sido recogidas por Eva Aladro en un libro ameno y gráfico, cuya presentación coincidió con el triunfo del Barça.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha solicitado al Gobierno que la documentación aportada al juez Baltasar Garzón por miles de familias de desaparecidos (asesinados) por el franquismo sea enviada al Centro Documental de la Memoria, en Salamanca. Sólo faltaría, dice Llamazares, que esos documentos cayeran en manos de magistrados contaminados de franquismo que, según Amando de Miguel, fue “el fascismo con corrupción”. Cierto es que las denuncias de las víctimas pueden servir al juez Garzón para defenderse de la acusación, orientada y admitida por el magistrado del Supremo Adolfo Prego, de que prevaricó al abrir una causa contra Franco y 44 secuaces de sus gobiernos por delitos contra altos organismos de la nación y crímenes contra la humanidad. Pero después, toda la documentación de los asesinatos impunes ha de ir a un centro público y quedar a disposición de la humanidad.
España gastó 668 millones de euros en las operaciones militares de paz en el exterior el año pasado. Según los datos que la ministra Carme Chacón acaba de entregar a la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, el gasto en Bosnia no llegó a 82 millones; en Kosovo fue de 68,7; en Afganistán, de 312; en Líbano, de 177,5; y en Chad, de 19 millones. La reducción en Bosnia y la salida de Kosovo supondrán un ahorro, aunque se gastarán 25 millones en seguridad y, por otra parte, los mandos de los contingentes son libres de contratar según sus necesidades.
La dirección del gobierno interior del Congreso de los Diputados ha remitido una circular a los directores de área recordándoles que hay que cumplir los horarios y jornadas vigentes en las Cortes Generales desde 1995. La plataforma sindical (UGT, CC.OO y CGT) ha saludado la obviedad. Y en un comunicado pide que se exijan detalles exhaustivos de la segunda actividad de algunos funcionarios para ver si cumplen el Estatuto del Personal. ¿Será por los dos letrados adscritos al despacho del diputado del PP, José María Michavila, tocado por la trama Gürtel? Seguro que no.
Habló sobre la piel del país y sus infraestructuras durante cuatro horas. Después, salió a la calle, depositó la carpeta de documentos en el coche oficial, tomó un refrigerio y, cuando regresaba al Congreso, un hombre de tez morena y pelo entrecano le saludó: “Señor Blanco”. El ministro de Fomento se acercó y le tendió la mano. “Nos vimos en Nueva York, ¿recuerda?”, le dijo el hombre, que caminaba acompañado de tres colaboradores. Se quedó Blanco con la mente como su apellido indica, se desearon suerte y, ya en el patio del Congreso, preguntó a un periodista que contemplaba la escena: “¿Quién es?”. Era el primer ministro saharaui Abdelkader Taleb Omar, que acababa de participar en Madrid en unas jornadas universitarias sobre el Sáhara. Estas cosas ocurren cuando las comparecencias parlamentarias son muy largas y la atención se centra en vender alta velocidad a Obama.
Como quiera que a Hacienda, que somos todos, le interesa muchísimo llevarse bien con los catalanes, vascos y gallegos, se ha gastado una pasta en volcar al catalán, euskera y galego los contenidos de su web, concretamente 95.600 euros, en lo que llaman “migración” informática. La traducción, ¿quién lo iba a decir?, le ha salido más barata, exactamente 29.042 euros. Ah, y además, incluye inglés y francés. Estos datos han sido recabados por Joan Tardà del departamento de Elena Salgado y revelan que la pluralidad lingüística enriquece, no encarece.
Como surgido de la noche de los tiempos, el eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras sigue llamando “mosquita muerta” a la ministra Elena Espinosa y tildando de “cursilada” el nombre del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Ya se sabe que en las campañas se insulta mucho. “Pero, hombre, no sea usted tan prepotente, despectivo y chulesco, Alejo, que hasta las autonomías del PP aprecian el trabajo de Espinosa y acaban de firmar con ella el acuerdo sobre el chequeo sanitario de la PAC”, le ha contestado el también veterano Miguel Ángel Martínez, del PSOE.
La decisión promovida por José Bono de no pagar los viajes a los 24 parlamentarios españoles adscritos a la Asamblea Parlamentaria de la UEO provocó un gran revuelo en enero pasado. El inglés Robert Walter, que presidía la singular asamblea, dijo al ministro Moratinos que se sentía “avergonzado” por tal opción. Gustavo de Arístegui, del PP, acusó a Bono de provocar un problema diplomático y habló de “error estratégico”. El senador del PP Pedro Agramunt manifestó que sentía “cierto sonrojo”. El sucesor de Walter, el francés Jean Pierre Masseret, viajó a Madrid en abril para presionar al presidente del Senado, Javier Rojo. Lo que no producía sonrojo alguno a esos señores era viajar por el morro, dos veces al año, a lugares exóticos para debatir durante una semana unos informes del comité de la UEO que el propio comité no emitía desde 2001. Pero, sin duda, hacían su trabajo.
Hay gente con problemas de fealdad en este mundo. Algunos nacieron (nacimos) así, pero la fealdad ocasionada por la lipoatrofia facial tiene remedio. Al menos, eso le ha dicho la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, al diputado de CiU Carles Campuzano. El número de personas que podrán beneficiarse de la cirugía reparadora en los centros públicos, tras la decisión de incorporar esta cirugía al Servicio Nacional de Salud, ha sido estimado en unas 14.000, aunque se aplicarán requisitos a quienes hayan sido afeados o hayan sufrido averías faciales en las clínicas privadas.
