En vez de mirar el resultado de las elecciones europeas del 7 de junio para saber, entre otras cosas, quién ha ganado la porra, la dirección del Grupo Popular comprobará el porcentaje de participación y pedirá la cabeza de la directora del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Belén Barreiro, si no se verifica la afluencia de electores de la última encuesta, según la cual el 53,2% decía que irá a votar y el 21,2% que probablemente irá. El PP no se lo cree. Y José Luis Ayllón pedirá que dimita Barreiro por entender que alteró la cocina y además es
ingenua.
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, va a aguijonear el miércoles al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la necesaria transparencia de los intereses y actividades de los altos cargos. Los nacionalistas vascos no renuncian a sacarle los colores a la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quien recibió subvenciones como investigadora y empresaria antes de ser nombrada. Además, el Gobierno ha dejado transcurrir tres años desde la promulgación de la ley de conflictos de intereses, en 2006, hasta la elaboración del reglamento. Lo aprobó el pasado 10 de abril. Y lo hizo con un fallo de libro que no obliga a dar el nombre de las empresas con un capital social de 600.000 euros en las que los altos cargos, sus cónyuges, hijos y tutelados posean menos del 10% del capital. Cierto es que ya lo ha subsanado (BOE de 19 de mayo).
Celia Villalobos ha mostrado un interés especial por la violencia machista. En su última fiscalización ha recabado los datos de la campaña de concienciación ciudadana contra esa lacra. Son datos que, al parecer, interesan a su marido, el publicista del PP Pedro Arriola. Y la ministra Bibiana Aído le ha dicho que en 2008 se insertaron 278 cuñas en radio a nivel nacional, 41 anuncios en prensa nacional y 8 en revistas. En televisión, las cadenas más beneficiadas fueron Tele 5 y Antena 3: con 123 y 115 anuncios, superaron de largo a TVE-1, que emitió 56.
La diputada del PP Begoña Chacón Gutiérrez, que es muy observadora y fue alcaldesa de Benalauria (Málaga) hasta 2006, ha descubierto 19 centros y oficinas del Ministerio de Trabajo en Andalucía inaccesibles a personas con discapacidad física. La falta de rampas les impide entrar en 4 edificios del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 9 de la tesorería de la Seguridad Social, en 4 casas del mar y en dos direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina. ¿Animará Trinidad Jiménez a Celestino Corbacho a cumplir la norma y realizar las obras oportunas?
Nevaba el día que José María Aznar, que luego se volvió belicoso, convocó a los periodistas en la Academia de Ingenieros del Ejército, en Hoyo de Manzanares, para inaugurar el centro internacional de desminado. De paso hacia la instalación, los más viejos del lugar señalaron un estanque con cuatro patos ateridos. Era el sitio donde fueron ejecutados los tres últimos condenados a muerte por Franco en 1975. Sobre el escenario de la crueldad, disfrazado por la charca, el centro de desminado viene instruyendo desde 2001 a decenas de militares llegados de todo el mundo en las técnicas de detección y destrucción de minas antipersona, las municiones más traidoras ideadas por la maldad humana para descuartizar a inocentes. Y en esa noble y callada misión, algún alumno ha traído el virus H1N1 y contagiando a los demás. ¿Arruinará la gripe al centro o triunfará la salud y la paz?
La crisis ha despertado tan alto interés intelectual por la economía que una veintena de diputados y senadores se apuntaron a los cursos o másteres ofrecidos por el Instituto de Empresa mediante un acuerdo con las Cortes Generales. Las clases presenciales sobre las distintas áreas de la escuela de negocios se han impartido los lunes por la tarde. Y ahora que acaban los cursos parece llegado el momento de evaluar el beneficio material de sus señorías: unos 10.000 euros, en términos de salario indirecto. El intelectual ha sido, sin duda, más elevado.
Al terminar el curso, había premio para los niños con mejores notas. En la escalera del colegio sevillano Miguel de Mañara, se colocaban los regalos. El objeto del deseo en aquellos tiempos era una pluma Parker. Pero, en vez de cogerla, Alfonso Guerra decepcionó a su padre y eligió tres libros: dos pequeños tomos de las Novelas Ejemplares de Cervantes y una de Turgueniev. Comenzó así, a los 11 años, esa voracidad lectora sobre la que el miércoles deleitó al personal en la Biblioteca Nacional. El Quijote y En busca del tiempo perdido fueron los libros de su vida.
Para que un rasgo tan evidente como el insular y peninsular de España no se vuelva invisible, la ex ministra de Fomento y candidata al Parlamento Europeo Magdalena Álvarez remitió a su paisano del PP José Ignacio Landaluce un balance de los medios públicos de salvamento y limpieza marina disponibles: de cinco helicópteros en 2004, se ha pasado a diez; de 40 lanchas salvamares, a 55; de ninguna embarcación rápida polivalente, a diez; de ningún buque recogedor, a uno; de ningún buque polivalente, a cuatro; de ningún avión, a cuatro; de dos bases estratégicas, a seis; de una base de actuación subacuática, a seis. Y la capacidad de recogida de residuos de la mar ha aumentado de 80 toneladas en 2004 a 7.300 ahora. Con más de 1.500 empleados para velar por el mar y sus navegantes, el PP constata que, cuando Álvarez decía que Salvamento era la niña de sus ojos, lo sentía de verdad.
¿Cómo es el parado español?, ¿qué perfil tiene?, ¿cuál es su media de edad? Estas y otras preguntas se hacía la diputada riojana del PP Concha Bravo, que es catedrática de Lengua y Literatura y experta en documentación, cuando, para sacarla de dudas, el ministro Celestino Corbacho le dijo que el parado suele ser una persona con estudios secundarios (68,6%), que lleva casi un año buscando empleo (73,9%), tiene de 25 a 34 años (27,5%), trabajó en el sector servicios (57,9%) y puede ser hombre (47,4%), pero lo más probable es que sea mujer (52,6%).
Ahora que Mariano Rajoy, el profesor Montoro y Josep Antoni Duran Lleida, entre otros, apelan a la competitividad y claman y reclaman una reducción de los costes laborales, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, les ha suministrado unos datos, según los cuales cientos de empresarios contrataron en origen a 178.340 trabajadores inmigrantes en 2007 y a 115.085 el año pasado. Cabe suponer que así aumentaban la competitividad. Pero ¿cuántos presentaron certificados del servicio público de empleo sobre la falta de
demandantes de trabajo en las condiciones que ofertaron?
