La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no oculta su enfado ante el último informe del Comité Internacional de Derechos Humanos sobre España. Y así se lo ha comentado al diputado de IU, Gaspar Llamazares. A la vicepresidenta le llama la atención que el informe apunte la existencia de preceptos penales contra el terrorismo que pueden dar lugar a la violación de varios derechos y no especifique la existencia de vulneraciones reales y ciertas. La observación del Comité es tanto más injusta para De la Vega cuanto que la legislación antiterrorista se atiene a la legalidad internacional y, en plena ofensiva de ETA a la desesperada, se aplica de manera “escrupulosa y restrictiva”. Otro motivo de contrariedad es que el Comité no haya reconocido ningún avance realizado en materia de derechos humanos desde 1996, año del último informe, hasta 2008.
La Dirección General de Tráfico es una máquina de sacar pasta. Se trata de un comentario frecuente entre los conductores de automóviles. ¿Tienen razón? Según el diputado del PP Federico Souvirón, que es portavoz en la Comisión de Seguridad Vial y que ha pedido al ministro Rubalcaba la recaudación por multas de tráfico, los ingresos vienen superando a las previsiones año tras año. En 2005 se estimaron 193 millones y se recaudaron 250, en 2006, 220 y se ingresaron 252, 6, y el año pasado se previeron 360,6 y se ingresaron 389,2. Y de aquí a 2012 pondrán 1.500 radares más.
La vicepresidente primera del Congreso, Teresa Cunillera, se atrevió a defender el trabajo de los diputados ante los epítetos que les dedicó el académico Arturo Pérez-Reverte en su artículo “Esa gentuza”. De los 350 diputados, sólo ella osó replicar por escrito al escritor murciano, lo cual no deja de ser sorprendente. Ella misma se extrañó del silencio de sus colegas. Pero ante las insultantes notas desenfocadas que ha recibido por correo electrónico, ha comprendido el chitón de sus señorías. Y es que nadie quiere que lo vituperen por duplicado.
El presidente del PP de Albacete, Marcial Marín, ha remitido una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la que critica su falta de sensibilidad hacia el partido y le pide que no vuelva a poner los pies en la provincia. El superlativo enfado de Marcial se debe a que Feijóo acudió el 11 de julio a Salobre, el pueblo de José Bono, a inaugurar con este y con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, unas jornadas sobre desarrollo rural y premiar a los niños. Allí se habló tanto de la importancia del agro, de las bondades de los pueblos y de la feliz coincidencia de ser hijos de campesinos que Feijóo se olvidó de acudir a un acto del PP al que había sido invitado. Y eso, lógicamente, no gustó ni a María Dolores de Cospedal, número dos del PP y aspirante a la presidencia de dicha comunidad autónoma, ni a su dirigente provincial.
Luis Bárcenas, el hombre que sabía demasiado porque había estudiado Económicas y llevaba 30 años trabajando en la tesorería del partido, se había convertido en un problema para el PP. Tras su imputación en la trama Gürtel, Mariano Rajoy optó por mantenerlo de tesorero hasta que los jueces decidiesen. Ahora que Bárcenas ha dimitido, personas próximas a Rajoy aseguran que, como hombre de leyes, este sabe que puede compatibilizar sus ingresos como registrador de Santa Pola (Alicante) con las pagas de presidente y diputado del PP. En fin, que no teme a Bárcenas.
Desde hace dos décadas, las sociedades públicas Seceg (española) y Sned (marroquí) vienen estudiando el proyecto de “enlace fijo” en el Estrecho de Gibraltar. Los 13 kilómetros que separan Europa y África son poco menos que un problema insoluble, dice el diputado gaditano del PP José Ignacio Landaluce ante una respuesta del Gobierno, según la cual, se necesitarían 20 o 30 años y “estudios de todo tipo” antes de evaluar la viabilidad económica del proyecto. ¿Entonces esas sociedades, tanto tiempo enlazadas al Presupuesto público, para qué sirven?
Se preguntaba José Bono ante los alumnos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos qué ocurriría si cualquier político escribiera un artículo referido a un grupo profesional, escritores, periodistas, cineastas, quienes ustedes quieran y lo encabezara con el título “Esa gentuza”. ¡Ahí es nada! Tanto él como la vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera, han salido en defensa de los diputados frente a las lindezas que bajo el mencionado rótulo les dedica el académico Arturo Pérez-Reverte en el suplemento dominical de un diario conservador. Cunillera prefiere pensar que don Arturo padece “un desconocimiento supino del trabajo y la dedicación de los parlamentarios”. Y le cuenta su experiencia. Bono le dice que, cuando se sienten bascas, lo prudente es no escribir ningún artículo, sino recurrir a un antiemético, pues el académico se justifica: “Tenía ganas de echar la pota”.
El diputado y responsable de política municipal del PSOE, Antonio Hernando, va adquiriendo una habilidad dialéctica parecida a la del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En la diputación permanente cosechó ayer los aplausos de sus correligionarios y la admiración de otros al colocar ante su propia obra a Javier Arenas, Rita Barberá y Cristobal Montoro, “aquellos campeones” del “sistema definitivo” de financiación local que ahora rechazan, y remató: “De todas las autonomías, sólo hay dos que no tienen fondos para los ayuntamientos: Madrid y la valenciana”.
Perplejo se quedó Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana, cuando recibió la respuesta de Carme Chacón. La ministra de Defensa despachó con cinco líneas las once preguntas del diputado de ERC sobre el uso del catalán en el Ejército. “Todos los militares tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano, lengua oficial del Estado que se empleará en los actos y relaciones de servicio”. Así lo ordena la Ley de la Carrera Militar. ¿Qué esperaba Tardà? Eso sí, según la ley administrativa general, pueden atender a la gente en catalán.
El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha despejado las dudas del PSOE sobre su eventual apoyo a los Presupuestos de 2010. Primero se pronunció contra el acuerdo de financiación autonómica y, tras la ruptura del diálogo social, se ha alineado con las tesis de la CEOE de abaratar el despido y dejar temblando la caja de la Seguridad Social. En cambio, el portavoz de ERC, Joan Ridao, que ayer cumplió 47 años, reconoce que apoyarán al Gobierno en temas fundamentales, como el Presupuesto. ¿Radicalismo patronal o nacionalista?
