El Sistema de Salud registra un gasto de 11.971 millones de euros, según los datos a ejercicio vencido que la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez, ha facilitado a la diputada socialista Concha Sanz. El consumo de fármacos crecía a un ritmo del 11,02% en 2004 y han conseguido reducirlo al 6,97% en 2008. No obstante, el número de recetas facturadas aumentó un 5,53% y el gasto medio por receta subió de 13,27 a 13,45 euros. Vivimos más años, tomamos más pastillas. Y cuando baja el gasto, cunde la alarma en algún centro de poder y llega la gripe A.
Algunos miembros de su equipo le dijeron que no podía seguir ni, mucho menos, acudir a La Moncloa el martes 21 a constituir con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y con la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, y de Cultura, Ángeles González-Sinde, la Comisión Interinstitucional del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Se resistió. Pero la denuncia que pesaba contra él era dolorosa. El centro sanitario que atendió a la mujer maltratada certificó la agresión y la envió al juzgado. En tales circunstancias, su presencia en la foto con De la Vega comprometía a la vicepresidenta y el prestigio de la universidad. Tras muchas horas de reunión, al filo de la medianoche, el joven rector de la universidad salmantina, José Ramón Alonso Peña, dimitía por motivos “estrictamente personales”. No fue a La Moncloa. ¿Lo llevarán a juicio?
Después de denunciar las “regularizaciones masivas”, el PP ha cargado contra la política de inmigración del Ejecutivo diciendo que la “reagrupación familiar” es “un coladero”. El hecho de que no se limite la “reagrupación familiar en cadena” ha sido esgrimido hace una semana como uno de los principales fundamentos de la enmienda de totalidad a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno ha enviado al Congreso. Lo extraño, sin embargo, es que el portavoz conservador en la materia, Rafael Hernando, se haya callado los datos que le enviaron los ministros de Trabajo y de Interior, según los cuales las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar han sido 322.867 en los últimos cuatro años y el número de concedidas a familiares de quienes se habían beneficiado de la reagrupación, 1.930. Ni eslabones ni rigor en esa denuncia de la “reagrupación en cadena”.
El ministro de Industria y Energía, Miguel Sebastián, le ha dicho al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña y diputado del PP, Antonio Erias Rey, que considera muy interesante toda fuente de energía que contribuya a disminuir nuestra dependencia energética, y que por eso va autorizar y a aportar las subvenciones reglamentarias a varias instalaciones industriales –no las ha cuantificado– que se instalarán en el dominio público marítimo-terrestre en varias provincias del norte para producir energía eléctrica aprovechando las mareas y las olas.
El escritor y diputado socialista gallego Miguel Tabuyo ha preguntado al ministro Celestino Corbacho si la inspección de trabajo se esmera en combatir la discriminación de género. Y este le ha contestado que en Galicia han inspeccionado 72 centros de trabajo y han levantado acta de cinco discriminaciones contra las mujeres, cuatro en el trabajo y en el acceso al empleo y otra por las penosas condiciones laborales a las que se sometía a una embarazada. Las multas sumaron 29.990 euros. ¿Será que hay poca discriminación o mucho miedo a denunciarla?
El departamento de Miguel Ángel Moratinos ha hecho un trabajo de chinos para aportar al diputado del PP, Eugenio Nasarre, la relación más completa hasta ahora conocida de sedes y delegaciones de las comunidades autónomas en el extranjero. Y es que las embajadas autonómicas, sus institutos culturales, sus centros de promoción turística y, sobre todo, sus oficinas y agencias de exportación, suman ya 186. Hoy se pueden encontrar oficinas autonómicas en 38 países, desde China a Estados Unidos, Japón, India, Rusia, México, Brasil, Chile, Argentina y, por supuesto, las capitales europeas. Cataluña tiene 47 delegaciones; Valencia, 23; Andalucía, 20; Murcia, 14; Euskadi, 13; Asturias, 12; Madrid, 11; Canarias, 6; Aragón, Navarra y Extremadura, 5 cada una. Después de Bruselas, los países con más sedes autonómicas son China, con 14, y Estados Unidos, con 13. La globalización obliga.
Por si alguno quiere aprovechar el fin de semana en Palma de Mallorca, donde hoy se celebra el Consejo de Ministros, para apoyar políticamente a Francesc Antich, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho a los ministros que tienen que dedicar los diez primeros días de agosto a realizar los deberes presupuestarios y que el día 13 habrá Consejo extraordinario para debatir y aprobar la ley de medidas sobre el nuevo modelo de desarrollo económico. Se trata de evitar a toda costa que, como ocurrió el año pasado, la oposición les acuse de falta de laboriosidad.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propinado un rapapolvo de los que hacen época al veterano diputado del PP Francisco Villar, a la sazón responsable de las finanzas del Grupo Popular. Villar le preguntó por qué los abogados del Estado que defienden la gestión gubernamental en el caso del Prestige citan al “Gobierno de Aznar”, y Caamaño le ha contestado que ni uno solo de los más de cien escritos que han presentado desde noviembre de 2002 menciona a Aznar, cuya gestión del accidente han de defender. Es que a Villar le informaron mal.
Un día que nevó mucho y miles de españoles quedaron atrapados en las carreteras, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió que el Ejército echara una mano. Llamó al general Fulgencio Coll, que había sacado las tropas de Irak, y le ordenó crear la Unidad Militar de Emergencias (UME). La dependencia directa del presidente le valió las críticas del PP, que olvidó que el jefe del Gobierno lo es, por ley, de las Fuerzas Armadas. Desde hace quince días, ante la desgracia humana y medioambiental de los incendios, los dos mil militares de la UME están a disposición de las autonomías y no dan abasto a apagar fuegos desde Catalunya hasta Tarifa. Con todo, ciertos sectores del PP mantienen que “la UME de Zapatero” era innecesaria, y la diputada Carmen Álvarez Arenas ha preguntado cuánto ha costado. 71 millones de euros en sueldos y 121 en material, le ha dicho Carme Chacón.
El diputado de CiU Pere Macias quería conocer el resultado de la medida que puso en marcha el Gobierno para ayudar a los parados que no pudiesen pagar la hipoteca. Consistía en diferir el 50% de las mensualidades hasta 2011 mediante un crédito puente del ICO. Según los datos que le ha enviado la vicepresidenta economica, Elena Salgado, 75 entidades bancarias suscribieron la financiación con el ICO y hasta ahora se han registrado peticiones por un importe de 40,6 millones de euros, correspondientes a 5.810 operaciones. O sea, muy pocos parados han aplazado el pago.
