Los principios inmutables de la derecha –orden, jerarquía y disciplina– se han diluido como un azucarillo en el mejunje de la corrupción. Las órdenes no se obedecen, la jerarquía no se reconoce y la disciplina se ignora olímpicamente. Les cuento: el gran jefe Mariano Rajoy encomienda a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que dicte a Francisco Camps los pasos que debe dar para limpiar el partido. Ella cumple su función y ordena a Camps que cese a Ricardo Costa como portavoz parlamentario y secretario general del partido y que remodele su Gobierno. Camps la escucha atentamente y se llama andanas. Entonces De Cospedal anuncia medidas “contundentes”, pero Camps sigue sin obedecer. Además, recibe el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que no se lleva bien con De Cospedal. El lío crece, Rajoy se enfada, llama a Camps, se citan en el parador de Alarcón (Cuenca), a medio camino entre Valencia y Madrid, hablan de urnas, de cargos y regresan a sus puestos. Esteban González Pons interpreta el semblante del gran jefe Rajoy y prorrumpe: “La fiesta se acaba a las cuatro”. Pero ni Camps anuncia la remodelación ni cesa a Costa. Al fin Rajoy descubre que Camps no le obedece. ¿Qué hacer? Salvarse del ridículo cesando a Ric.
No me desmentirá Ángel Acebes si les cuento la contrariedad y el enfado de Francisco Camps cuando la comisión organizadora del congreso del PP de Valencia, que él presidía, adjudicó a la empresa Promedium el montaje del escenario para entronizar a Mariano Rajoy en junio de 2008, en vez de asignarlo a Orange Market, como quería Francisco Camps, que apoyaba políticamente a Rajoy. Camps y sus clientes se sulfuraron y filtraron a la prensa que la empresa adjudicataria era propiedad de Elena Sánchez Álvarez, la esposa de Juan Costa, a la sazón potencial competidor de Rajoy por el liderazgo del partido. Juan Costa hizo mutis por el foro, su esposa se embolsó 1,1 millones de euros, y la dirección del PP, o sea, Rajoy, pidió juego limpio. Camps aceptó el veredicto de Rajoy y, puesto que el hermano de su número dos, Ricardo Costa, comía de su mano, le impuso silencio sobre la adjudicación. Pero ahora que la trama Gürtel de corrupción ha puesto en el disparadero a Ricardo Costa, su hermano Juan ha salido en su defensa, y ni uno ni otro pueden olvidar que su comportamiento se plegó a las ordenes de la dirección del partido, es decir, de Mariano Rajoy y de Francisco Camps, sobre todo, por la rentabilidad que les trajo la cuenta.
De esto que llamamos Fiesta Nacional, consistente en el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España, precedido del mismo grupúsculo de fachas vociferantes del año pasado contra el presidente del Gobierno, y seguido del vistoso desfile militar por la Castellana, llega uno a la redacción con la cabeza llena de ruido y unas notas en la libreta. Una: por fin, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, entrega hoy en el Centro Documental de la Memoria los archivos de Franco que fueron arramblados por sus secuaces y han sido rescatados por el Estado a base de pasta. ¿Cuándo van a regular esta materia para impedir que los gobernantes y jefes de Estado se lleven o hagan desaparecer la documentación de sus mandatos? Otra: por fin, González-Sinde va a presentar la maqueta de la nueva sede del Centro Documental en Salamanca. Otra: por fin, la democracia ha logrado documentar los muertos en la Guerra Civil. Fueron 444.438. Mil más desaparecieron en campos de concentración. Tres millones y medio sufrieron exilio, cárcel, ejecuciones, represalias. Después de 70 años, ¿podrían dedicar una jornada de esto que llamamos Fiesta Nacional a rendir homenaje a los que dieron su vida por la democracia y las libertades?
Mariano Rajoy sólo se fía de Mariano Rajoy. Dicho así, podemos pensar que el líder de la derecha no se fía de nadie. Y dicho a su manera: “Del único que Rajoy no tiene duda es de Rajoy”, debemos suponer que ha superado a Descartes respecto a su ego y aplica la duda como método sobre los demás. De la trama de corrupción Gürtel existía un brazo del pulpo en Génova, 13: nada menos que el tesorero Luis Bárcenas. Rajoy realizó su trabajo y lo despidió con una palmadita en la espalda cuando los datos del trinque supuesto lo convirtieron en perfectamente procesable. Unas fechas antes, había ejercido su autoridad sobre el eurodiputado Gerardo Galeote, al que recomendó no contaminar la lista europea. Los Bárcenas y los Galeote eran poderosos y actuaban en familia. Así pues, Rajoy cree haber separado las ventosas del pulpo que lo atenazaban y espera que Camps, Aguirre, Herrera y Feijóo, si llega el caso, hagan lo propio. El Curita le ha dicho que, sin la protección del juez De la Rúa, igual apela a las urnas. Aguirre, que ya ha tomado medidas. Y Herrera guarda silencio. La pregunta que se abre paso en el debate político es si Rajoy puede gobernar el país si no es capaz de gobernar su partido. Esa es la duda que le aqueja.
Cuando el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, abrió el disco con el Presupuesto del Estado para 2010 y examinó la inversión territorializada, se sorprendió de que se imputase a Madrid una partida de 2,3 millones de euros del Instituto Nacional de Estadística para elaborar el censo electoral a nivel nacional. Comentó el asunto con la presidenta Esperanza Aguirre quien, por otra parte, se mostró satisfecha de que la inversión del Estado aumente 7 millones sobre lo previsto y, poco después, por los despachos de la sede de la presidencia madrileña, en la Puerta del Sol, comenzó a circular el rumor de que igual Zapatero convoca elecciones el próximo año y por eso ha destinado un dinero a actualizar el censo. ¡Hombre!, si hubiesen examinado con mayor atención el Presupuesto habrían observado que además de la Presidencia europea durante el primer semestre de 2010, Zapatero tiene previsto realizar 26 viajes oficiales: más de dos al mes. Luego ya, la Presidencia del Gobierno ha estimado que podrá mantener unas 400.000 comunicaciones con los ciudadanos, las empresas y los agentes sociales el año que viene, con la confianza de que la ventaja del PP en las encuestas sea un episodio pasajero.
En pleno ajuste presupuestario, cuando la educación sólo va a recibir 13 millones de euros más el año que viene; la sanidad, 11, y la cultura ni eso, pues su presupuesto sufre un recorte de 142,3 millones de euros, los jueces de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura se disponen a montar una nueva huelga el próximo jueves, sin tener en cuenta que el presupuesto de Justicia es el que más crece en 2010 –un 9,7%, pasando de 1.658 a 1.819 millones de euros–, que el ministro Francisco Caamaño ha suscrito el compromiso de perseverar en ese incremento hasta 2012, que la reforma de la Oficina Judicial ya está en marcha y, en fin, que hasta el mismísimo Federico Trillo, responsable del PP en la materia, les ha hecho llegar su desacuerdo con el paro. Con independencia de que, según el portavoz socialista, Julio Villarrubia, esa huelga sea socialmente injusta, cabe preguntarse qué ocurriría si, con los parámetros de los huelguistas, los justiciables les desobedecieran y apelasen a su derecho a la huelga para no comparecer. O, si en vez de recibir 670.540 euros de dinero público, vía Consejo del Poder Judicial, sus asociaciones recibieran cero euros para las actividades, huelgas incluidas.
El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, invitó personalmente a un grupo de armadores, cuyos barcos pescan en el Índico, al debate en el Congreso sobre su propuesta de embarcar infantes de marina para defenderles de los asaltos y secuestros de los piratas somalíes. El orador Joseba Beloki reconoció que la presencia de una fragata y un avión de patrulla en la zona es útil, pero insuficiente. Téngase en cuenta que el dispositivo Atalanta, en el que España lleva gastados 75 millones de euros, no sólo protege a los pescadores, sino también a los mercantes, los petroleros y los buques con ayuda humanitaria a Somalia. Los armadores están dispuestos a pagar la protección si hace falta. Los franceses llevan militares a bordo y, según el diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa que respaldó la propuesta del PNV, nada impide al presidente Zapatero actuar como Sarkozy. Sin embargo, el PSOE rechaza la iniciativa de convertir a los militares, primero, en guardias del mar y, después, en guardias personales. Por eso votó en contra. Sin embargo, tras el secuestro del atunero Alakrana, en la Moncloa han comenzado a repasar el margen que la Ley de la Defensa otorga al presidente Zapatero para acentuar la protección de los pesqueros.
La escena transcurre en un restaurante madrileño. El presidente del PP, Mariano Rajoy, habla de lo divino y lo humano. Comenzando por lo humano, comenta la foto de las niñas de Zapatero con la familia Obama y coincide con el presidente en que los medios de comunicación han de respetar a la infancia y abstenerse de publicar esas fotos. Rajoy tiene dos niños, uno de 5 y otro de 10 años, y no desea que sus fotografías salgan en los papeles. Dicho lo cual, aborda el contenido de la instantánea y afirma que la culpa es de Zapatero. ¿La culpa de qué? Del atuendo, dice. Desde luego, si Obama le invitase a visitarle con su familia, ya se ocuparía él de que sus hijos fueran de “punta en blanco”. Los oyentes entienden la diferencia: Zapatero reconoce el derecho a la libertad de sus hijas de vestir como gusten y Rajoy les impone la ropa en función de las circunstancias. Cuando la conversación salta a lo que ocurra mañana en Copenhague, Rajoy apela al designio divino y luego, a modo de consuelo por si Madrid no sale designada como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, invoca la paradoja de que los encargados de elegir, es decir, el Comité Olímpico Internacional (COI), sean “cien tíos” (106) a los que nadie ha elegido.
