Una: el diputado del PP Eugenio Nasarre tilda de “despilfarro” los 50 millones de euros presupuestados para cubrir las necesidades de la presidencia española de la Unión Europea, mientras que su compañero Francesc Ricomá califica de “corta” esa previsión. ¿En qué quedamos?, pregunta el socialista Pedro Sánchez. Si comparamos la cantidad con los 190 millones que gastó el francés Nicolás Sarkozy, austera parece la previsión. Dos: el diputado Cristóbal Montoro reclama por la mañana un drástico recorte del gasto público en todas las partidas, pero su compañero José María Lassalle pide por la tarde que se repongan 90 millones de los 107 eliminados del Ministerio de Cultura. ¿En qué quedamos?, pregunta el socialista José Andrés Torres Mora, antes de argumentar que algunas obras pueden esperar. Tres: el conservador José Ignacio Echaniz lamenta profundamente que el presupuesto de Trabajo y Seguridad Social sea para “otro país” y el socialista Manuel de la Rocha descubre que sus enmiendas son de “otro año”. Concretamente, 16 de las 17 que aportó Echaniz eran las mismas del año pasado y, algunas, del anterior, así que todo el esfuerzo del laborioso oponente había consistido en pulsar una tecla del ordenador. Perlas del debate presupuestario en el Congreso, con el epílogo, ayer, de la Ley de Financiación Autonómica. Muestras, en fin, de la alta coherencia del PP.
Las dotes persuasivas del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han sido insuficientes para convencer a los responsables de Amnistía Internacional (AI) de que modifiquen la calificación de ETA como “grupo armado vasco” y le llamen sencillamente “banda terrorista”. Así lo reconoce el propio Rubalcaba en una respuesta por escrito al diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador. El ministro le dice que su departamento “reprueba” esa terminología sobre la organización terrorista ETA, y que se lo ha hecho saber a los responsables de AI en “reiteradas ocasiones”. Pero, claro, Amnistía es una organización no gubernamental, libre y soberana, y “no caben líneas de actuación que no se ajusten al más escrupuloso respeto a la libertad de expresión”, añade Rubalcaba, que constata y lamenta que AI siga utilizando en Naciones Unidas y en los demás foros en los que participa, así como en su en su sede de Londres, el eufemismo “armado” en vez del calificativo “terrorista”. Según el ministro, el único avance conseguido de la organización que denuncia los malos tratos y abusos policiales es que también condene los atentados y la vulneración de los derechos humanos por parte de ETA. Y eso sí, tras rastrear el presupuesto de su departamento desde 2004 hasta el día de hoy, asegura que “no ha habido pagos por ayudas o subvenciones a Amnistía”. Faltaría más.
Algunos datos indican que el lema del presidente Rodríguez Zapatero –con frecuencia repetido por el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba–: “Contra la corrupción, tolerancia cero”, era más que una frase. La Fiscalía Anticorrupción tenía diez fiscales en 2005 y ahora dispone de 30. Llevaba 100 procedimientos en 2005 y ahora persigue 250 casos de envergadura. La Fiscalía de delitos ecológicos y urbanísticos era una entelequia en aquella fecha y ahora posee un fiscal en cada provincia y dispone de una unidad especial de la Guardia Civil. Sin contar los inspectores que combaten el blanqueo, la evasión y el fraude fiscal, la ampliación de los instrumentos de lucha contra la corrupción ha permitido sorprender a tiempo a los perillanes que hogaño se forraron con el velódromo Palma Arena, a los pretorianos que hacían lo propio en Santa Coloma y a los gürtélidos que operaban en la mayor parte de la geografía autonómica gobernada por el PP. Algunos ignoraban que estaban siendo investigados. Otros esperaban, agazapados, a que sus delitos prescribieran. Bastantes, todavía esperan. Y todos odian a Zapatero. Si la corrupción política produce desafección hacia los partidos de cuyas ubres mamaban algunos, la persecución de la misma debería generar el aprecio de los ciudadanos hacia unos gobernantes resueltos a que España no sea Berlusconia ni el histórico patio de Monipodio.
El presidente de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Juan Barranco, aboga por reformar el sistema de pensiones en esta legislatura. Y no sólo porque los afiliados a la Seguridad Social de menos de 30 años hayan bajado de 4,5 millones en 2006 a 3,2 en la actualidad o porque lo pida Mariano Rajoy o porque el sistema no tenga superávit, que lo tiene, sino porque entiende que hay que resolver el problema de las jubilaciones anticipadas abusivas. Sobre esta y otras materias, Barranco invitó a Celestino Corbacho a departir con la militancia de la Agrupación Socialista de Vallecas, y el ministro acudió el miércoles pasado, acompañado de su esposa. Corbacho realizó una introducción y contestó a las preguntas de los asistentes que, por cierto, estaban encantados, pues hacía tiempo que un ministro no pisaba la sede. La velada se prolongó más de dos horas. A la salida, Barranco les invitó a un cerveza. Pero en aquella taberna no había nada que comer, y el ministro le pidió que le indicara un sitio donde cenar algo. En la noche vallecana, el diputado les condujo hasta un bar próximo, en el que, con hambre canina, dieron buena cuenta de unos bocatas de chorizo. “Es que no tenemos nada en la nevera”, confesaron.
La dirección general de Costas, que ahora se llama de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha realizado la nada despreciable suma de 1.400 demoliciones en el dominio público marítimo-terrestre en los últimos cuatro años. 2007 fue su ejercicio más activo, con 665 derribos. La superficie total rescatada en este periodo se eleva a 363.390 metros cuadrados. Según explica la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, al portavoz del PP en la materia, Carlos Floriano, las demoliciones no sólo son consecuencia de la aprobación de los deslindes, sino también de la potestad sancionadora y de recuperación del dominio público marítimo-terrestre de su departamento. Sobre los deslindes del dominio público en el litoral, le ha informado de que se ha completado en las provincias de Guipúzcoa y Lugo y está a punto de culminarse en Tenerife, Valencia, Granada, Tarragona y Asturias. Los deslindes más lentos se registran en Alicante, Málaga, Huelva, Melilla y Las Palmas, con unos porcentajes entre el 63 y el 73% de franja costera de 200 metros. En Baleares, donde la raya afecta a personas influyentes, con casas a pie de playa, van por el 88%, porcentaje igual al de Barcelona. Y si hay que derribar, se seguirá derribando.
Cada año, por estas fechas, llega el momento Tardà. Es cuando el diputado republicano catalán Joan Tardà irrumpe en la Comisión de Presupuestos y reclama la limitación y el control del gasto de la Casa del Rey. Su enmienda suele chocar con la argumentación del parlamentario del Partido Popular José Manuel Albendea, quien sostiene por analogía que “disfrutamos de la monarquía más austera de Europa”. Pasa la refriega, se vota, se rechaza la enmienda y Tardà se repliega diciendo, como el eterno opositor de Delibes en Los raíles (apuntes para una novela): “Otro año será”. Pero ni del control del gasto de la Corona ni de la vigilancia del catalán y otras lenguas de las comunidades autónomas abdica el diputado de ERC. Sobre esta última materia preguntó hace un año al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba cuántas quejas se habían recibido contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por “discriminación lingüística” en rótulos e impresos, y ahora ha recibido la respuesta: en Catalunya, 0; en Baleares, 4; en la Comunidad Valenciana, 5; en Galicia, 2; en Navarra, 4, y en el País Vasco otras 4. ¿Será porque la Policía y la Guardia Civil cumplen la normativa o porque las quejas de la gente sólo sirven para confeccionar estadísticas?
Mientras se espera que Mariano Rajoy ponga orden en el Partido Popular, los socialistas se preguntan si es posible que el gürtélido Francisco Camps condicione la tramitación de los Presupuestos del Estado en el Senado. Pues sí. La decisión del PP valenciano de humillar a la socialista Leire Pajín y de bloquear su designación como senadora por la Comunidad Valenciana impide al PSOE, PNV, Coalición Canaria, parte de la Entesa Catalana del Progreso y Grupo Mixto alcanzar los 132 votos necesarios para superar el veto anunciado por el PP y CiU a las cuentas del Estado. Concretamente, los grupos mencionados suman 131 votos y la papeleta de la secretaria de organización del PSOE resulta decisiva para la mayoría absoluta. Entre los socialistas se da por hecho que si los cuatro senadores de ERC que forman parte de Entesa optan por la abstención, el Partido Popular y CiU devolverán el Presupuesto al Congreso sin que la Cámara Alta, por tercer año consecutivo, tenga la posibilidad de enmendarlo y debatirlo. Derrotarán al Gobierno, sí, pero en esta ocasión su triunfo estará contaminado por la venganza de un trajeado gürtélido. Por lo demás, el PSOE se dispone a asumir y plasmar las enmiendas de Izquierda Unida al Presupuesto en el Congreso. ¿Qué va a decir Cayo Lara?
