El diputado socialista catalán Daniel Fernández aseguraba hace unos días en la Comisión Constitucional que en dos meses desaparecerá el escudo franquista del palacio de la antigua Capitanía de Barcelona. Era cierto. El 17 de diciembre comenzaron las obras para sustituirlo por el original, de 1929. Sin embargo, todavía quedan escudos preconstitucionales en las torres norte y sur del acuartelamiento del Bruch, un monumento granítico a los caídos franquistas en la residencia militar de Pedralbes, tres escudos con el águila imperial (de San Juan) en el cementerio de San Andrés y otro más en el interior del Castillo de Montjuic, que un día decoró el casino militar de la Plaza de Cataluña. Dos años y medio después de la aprobación de la ley que ordenó eliminar los símbolos de la dictadura, el Gobierno ha realizado el catálogo de la parafernalia en las dependencias de la Administración del Estado y ahora tiene que evaluar su interés artístico para conservarla en museos o destruirla. Algunos mandos militares, sobre todo de la Armada, se han anticipado a este examen pendiente y han alegado que la retirada de los escudos dañaría las fachadas. Otros han dicho que algunos emblemas se hallan incluidos en los planes municipales especiales de protección del patrimonio arquitectónico. Y en un caso han propuesto cortar la cabeza al águila y dejar el resto. Eso es apego.
La curiosidad es esa fuerza que te impide separarte del lugar donde ocurre algo interesante. A veces no ocurre nada reseñable, pero si una es Macarena de Miguel, diputada del PP por Alicante, puede preguntar al Gobierno por el apoyo al sector de la piedra y recibir la respuesta de que ninguna empresa de la roca y el mármol ha solicitado un euro de los 261 millones que el ministro Miguel Sebastián ha puesto a disposición de las empresas a cero interés y a 15 años de amortización con un lustro de carencia para fortalecer su competitividad. En 2010 se ofrecerán 250 millones más, aunque de sobra sabe De Miguel que no es la piedra sino el ladrillo el que necesita apoyo. O, si uno es Arsenio Fernández de Mesa, diputado del PP por A Coruña, puede preguntar cuánto recaudó la Jefatura de Tráfico por multas en su provincia durante el último año y recibir del Ministerio del Interior la respuesta escrita y exacta hasta el último céntimo: 9.287.928,43 euros, de los que revertieron 4.347.928, 49 en inversiones y programas de seguridad vial en la provincia. La conclusión es clara: “La ayuda no llega a las canteras alicantinas” o “el Gobierno recauda en las carreteras coruñesas el doble de lo que gasta en arreglarlas”. Y así van sus señorías de curiosidad en curiosidad y de titular en titular hasta la respuesta final, la que les interesa de verdad: el resultado electoral.
El secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha hecho llegar al diputado vallisoletano del PP Tomás Burgos la lista de ayuntamientos morosos. Aunque resultaría engorroso reproducirla, ya que el listado se extiende a lo largo de 23 folios, llama la atención la abultada deuda en cotizaciones sociales de algunos consistorios como el cacereño de Plasenzuela (1.696.646 euros), los gaditanos de Los Barrios (27.493.636 ), Barbate (26.106.869) y Tarifa (17.299.795); el onubense de Valverde del Camino (2.168.514 euros); los jienenses de Orcera (1.206.588) y Puerta de Segura (2.081.020); los malagueños de Coín (563.048 euros) y Manilva (16.011.700); el de Guía, en Las Palmas (6.161.179 euros) y el de Huevar, en Sevilla (4.861.637). En contraste, toda la deuda de los ayuntamientos de Tarragona, por ejemplo, se cifra en 125.954 euros; la de los consistorios vizcaínos no pasa de 73.000 euros, y la de los navarros es la más baja (42,23 euros), seguida de los palentinos (3.000) y de los vallisoletanos (5.737 euros). A este nivel ínfimo se situarían los zamoranos, si no fuera por que el consistorio de Peleas de Abajo, una localidad de 225 vecinos, acumula una deuda de 446.797 euros. Se ve que los regidores peleinos han batallado desde tiempos remotos para no pagar al sistema. El PP pide que se les deje dedicar el 60% del nuevo Plan E a saldar débitos.
En un almuerzo con los presidentes de las comisiones parlamentarias, José Bono les ha vuelto a pedir que restrinjan al máximo los viajes al extranjero. Al comienzo de la legislatura, el presidente del Congreso ya dejó en suspenso la participación española en la asamblea parlamentaria de la UEO –que se reunía en lugares exóticos–, suprimió gran parte de los grupos de amistad con terceros países y redujo a seis el número de integrantes de cada grupo. Ahora estima que con cuatro sería suficiente. Su petición llevó a los presidentes de las comisiones de Economía, Antonio Gutiérrez; Igualdad, Carmen Calvo, y Justicia, Álvaro Cuesta, a afirmar que no realizarán viaje alguno. Por su parte, Emilio Olabarría, que preside la comisión no permanente de seguridad vial y había comprometido un viaje a Lima para explicar el carné por puntos a petición de las autoridades peruanas, ha reducido la legación de cuatro a dos personas y la estancia de una semana a dos días. La línea de austeridad implantada por Bono ante la crisis supone un giro a la diplomacia parlamentaria que fomentó Federico Trillo en su día y trata de procurar que vengan ellos. Si así lo hicieren, las personalidades que visiten el Congreso durante el semestre presidencial español de la UE recibirán un reloj, que es el regalo institucional que Bono ha elegido para que se lleven puesta la hora de España.
Coincide hoy el sorteo de la lotería navideña con la votación definitiva del Presupuesto del Estado para 2010 en el Congreso. De la lotería sabemos que el mejor premio es la salud y de las Cuentas me dice el socialista Francisco Fernández Marugán que se aprobarán sin problema unas 70 enmiendas para satisfacer algunas demandas formuladas por ERC en el Senado. Se ve que los republicanos catalanes han entendido que el ‘El Tlacuache’ Gorizurieta tenía razón: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Aunque han conseguido reponer el dinero para inmigración, Joan Tardà no acaba de comprender por qué transferimos 70.000 euros a la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén o por qué hemos de contribuir al sostenimiento de la basílica de Santa María la Mayor en Roma. Desde el Ministerio de Exteriores, le aclaran que el pequeño pago a Roma es el “óbolo regio” y que el dinero para los Santos Lugares se destina a pagar a los guías que orientan a los visitantes de la basílica de San Francisco el Grande, en Madrid. Tardà agradece la explicación, pero deplora que la subvención al “santo lugar capitalino” supere de largo los 42.070 euros que Exteriores dedica a los perseguidos sin medios que piden asilo en nuestras embajadas. ¿Qué quiere, que el niño Jesús nazca en una clínica y los mercaderes del templo sean arrojados del Presupuesto?
Nacido en La Habana hace 57 años, el diputado del PP Teófilo de Luis estimula periódicamente el celo del ministro Miguel Ángel Moratinos ante las penurias de los presos políticos cubanos. De Luis le da nombres de presos enfermos: Ariel Sigler Amaya, del movimiento Opción Alternativa; Alfredo Noa Estupiñán, Alfredo Domínguez Batista, José Daniel Ferrer García, Rolando Jiménez y otros del Movimiento Cristiano de Liberación de Oswaldo Payá. Ni en estos ni en otros casos logra sorprender al ministro, pues el embajador Manuel Cacho conoce su situación e intercede por ellos en el marco del diálogo bilateral abierto en 2007 y extendido a finales de 2008 a la Unión Europea. “En numerosas ocasiones –explica Moratinos– se ha solicitado a las autoridades cubanas la concesión de Licencias Extrapenales (LEP) para presos de conciencia en mal estado de salud, pero la política de concesión de LEP se ha vuelto muy restrictiva en los últimos años, lo que el Gobierno lamenta”. Para hacerse idea de cómo las gasta Raúl Castro, Exteriores señala que “ni siquiera permite a los sanitarios de la Cruz Roja visitar a los presos”. Los que peor lo están pasando son los 75 detenidos en la “primavera negra” de 2003, que fueron condenados a 20 años prisión. Si la ruptura del diálogo con el régimen cubano durante la etapa de José María Aznar les ayudó nada, la jefatura de Raúl, menos.
La empresaria y diputada del PP Celinda Sánchez García ha recibido el encargo de contar la “masa de liberados sindicales” en las empresas y entidades públicas dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda). Grande ha sido su chasco al comprobar que no hay liberados a tiempo parcial ni total en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ni en la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) ni en la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales (SEEI), que en estas fechas se ocupa de montar el pabellón español en el la exposición internacional de Shanghai (China). Tampoco los ha encontrado en la sociedad pública Inmobiliaria de Promociones y Arriendos (IMPROASA) ni en la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) ni en la sociedad de capital riesgo Vigo Activo, que actúa en el área industrial de la ciudad gallega. Es tremendo. Menos mal que en la entidad agrícola y ganadera EXPASA ha hallado a un trabajador que disfruta de 30 horas al mes para actividades sindicales, y que en su rastreo ha encontrado a dos sindicalistas que no tienen que ir al taller en los centros de Madrid y de Burgos de la Fábrica de Moneda y Timbre y ha contabilizado otros 20 que disfrutan de 60 horas mensuales cada uno para actividades sindicales. Para su señoría queda claro el abuso y los privilegios de los sindicatos, ¿o no?
Huye la palabra amable de la derecha española a una velocidad inversamente proporcional a la distancia temporal de la próxima convocatoria electoral. Aunque las elecciones queden lejos, el líder del PP, Mariano Rajoy, no desaprovecha oportunidad para caracterizar al presidente del Gobierno. El de Pontevedra tildó ayer de “maestro Ciruela” al jefe del Ejecutivo sólo 12 horas después de que socialistas y conservadores hubieran pactado el catálogo de prioridades de la presidencia española de la Unión Europea que asumirá José Luis Rodríguez Zapatero el 1 de enero de 2010. Rajoy fue debidamente informado de que don Tancredo ha muerto. El deceso de la estatua humana lo contó en 1921 el escritor estadounidense Ernest Hemingway para el Toronto News, durante su primera visita a España. La causa de la muerte de don Tancredo fue el pitonazo de un toro y, sobre todo, la aparición de decenas de don Tancredos –mujeres, incluso– poco enyesados en los cosos taurinos. Con esa información previa y fiel a su línea, pese al acuerdo sobre la presidencia de los Veintisiete alcanzado horas antes por el PP y el Gobierno en la Conferencia de Presidentes, Rajoy apeló a otro personaje histórico de la rancia historia de España, el maestro Ciruela –que sin saber leer puso una escuela–, para descalificar al presidente Rodríguez Zapatero y afirmar que del déficit público no tiene idea ni puede hablar en la UE.
El Parlamento y la Comisión Europea se van a tener que pronunciar sobre la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Los eurodiputados españoles Willy Meyer y Raúl Romeva, junto con otros representantes de distintos grupos, pedirán el jueves en el Parlamento Europeo que se congele el Acuerdo de Asociación y que no se celebre la cumbre UE-Marruecos ni se tramite el estatuto avanzado que tanto beneficia al régimen de Mohamed VI. En Madrid, se les han unido IU-ICV y Rosa Díez. El fundamento es claro: el artículo 2 del Acuerdo de Asociación exige el “cumplimiento efectivo de los derechos humanos”. Mientras el Gobierno de Marruecos impide la entrada a su país de Aminatou Haidar –cuya vida pende de un hilo– y encarcela a los dirigentes de asociaciones humanitarias y pro derechos humanos en Smara, Dajla y otras ciudades del Sáhara –el 8 de octubre arrestó a siete que pueden ser condenados a muerte por “atentar contra los intereses superiores de la Nación” y “colaborar con el enemigo”, según la fiscalía de Casablanca–, la alta representante de Política Exterior de la UE, la baronesa Catherine Ashton, se abstiene de presionar a Marruecos y de mover un dedo para salvar a Haidar. “Ya no es cuestión de preguntarse para qué la han nombrado –me dice Meyer–, sino de ayudar al presidente Rodríguez Zapatero a que el vecino del sur cumpla lo pactado”.
El ex portavoz económico del PP Miguel Arias Cañete ha fichado por la inmobiliaria Bami, desgajada de Metrovacesa. El Congreso le ha concedido permiso para que comparta consejo de administración con su paisano jerezano Joaquín Rivero, con Jesús Sancho Rof –aquel ministro de la UCD que atribuyó el envenenamiento por aceite de colza adulterado a “un bichito”– y con Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Arias Cañete fue desplazado por Javier Arenas de la cabeza de lista de Cádiz al Congreso en las últimas elecciones generales para aupar a la alcaldesa Teófila Martínez. Mariano Rajoy lo rescató en la lista de Madrid, aunque degradó su imagen como economista de cabecera al incorporar al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro como número dos. Tras la derrota electoral, Arias Cañete entregó los bártulos al profesor Cristóbal Montoro en el congreso del partido en Valencia, y Rajoy premió su discreción designándole para la presidencia de la Comisión parlamentaria de Relaciones con la Unión Europea, lo que realza su papel, en contraste con el de Pizarro, que se dedica a realizar preguntas por escrito al Gobierno sobre la inversión en “la provincia de Madrid” y va acrecentando su fama de embajador de Esperanza Aguirre, la lideresa que ayer acudió a la Conferencia de Presidentes protegiéndose de la nieve con el paraguas de una inmobiliaria.
