El presidente Rodríguez Zapatero ha aportado su grano de arena a la consolidación de Evo Morales como presidente de Bolivia, lo cual no gusta nada al PP. Poco antes de las elecciones bolivianas de hace una semana –que este ganó de un modo inapelable– el Gobierno español ratificó el acuerdo por el que perdonaba una deuda de más de 77 millones de dólares a Bolivia. Según la información recabada por el diputado de CiU Carles Campuzano, la condonación se realizó de acuerdo con la ley de la deuda de 2006, que elimina las cantidades pendientes de pago de aquellos países pobres altamente endeudados que hayan llegado a “su punto de culminación”, según la terminología del Banco Mundial. El mismo procedimiento se ha empleado para condonar la deuda a Honduras y a Senegal. La norma dispone que el 60% de la cantidad se cancele directamente y que el 40% se emplee por el país deudor en programas sociales verificables por el acreedor. En el caso de Bolivia, el país más pobre de América Latina, esa supervisión parece sencilla, ya que Morales ha destinado la mayor parte de los 3.000 millones de euros de ingresos anuales por gas y petróleo a planes para mejorar la vida de la gente. Tal vez por eso, cuando en septiembre pasado el “indígena populista” vino a España y visitó el Congreso, los miembros del PP en la Mesa no salieron a recibirle. Y luego ZP le quitó la deuda. Imperdonable.
Se pronunciaron contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y promovieron la objeción de conciencia de los alumnos hacia la misma hasta que el Tribunal Supremo les quitó la razón. También participaron activamente en la campaña contra el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo. En lo que llevamos de año, se han pronunciado contra la Ley de Educación catalana, han acusado de “corrupción de menores” a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y reclamado su dimisión por facilitar el acceso a la píldora del día después. Han secundado con entusiasmo la campaña de los obispos contra la nueva regulación del derecho al aborto y movilizado a los colegios para que, como pidió su presidente, Carbonel Pintanel, la concentración del 17 de octubre en Madrid fuera un éxito. Ahora anuncian que
desobedecerán “cualquier norma” sobre la retirada de los crucifijos de las aulas y acusan al Gobierno de “atentar contra la libertad religiosa”. No importa que el Tribunal de Derechos Humanos haya dicho lo contrario, ya han recurrido la sentencia. Son la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Para que sus dirigentes nacionales sigan con sus actividades de alto interés educativo, el ministro Ángel Gabilondo les asignó el lunes, de buena fe, una subvención de 175.705 euros.
La Generalitat de Catalunya ha tenido 30 años para repatriar el archivo gráfico de Agustí Centelles, que murió en el exilio en México. Y ¿saben lo que ha hecho? Nada. Pero hace unos días, cuando Octavi y Sergi, los hijos del gran fotoperiodista catalán, decidieron vender al Ministerio de Cultura los 4.000 negativos que contenía la famosa maleta del viejo por la publicación de un libro y 700.000 euros en efectivo –una galería londinense les daba mucho más–, el vicepresidente catalán Josep Lluis Carod Rovira saltó como un resorte y acusó de “deslealtad institucional flagrante” a la ministra Ángeles González-Sinde y, por extensión, al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, interpreta el envío del archivo de Centelles al Centro Documental de la Memoria, en Salamanca, como una “maniobra política” de venganza por la devolución de los documentos de la Generalitat que incautó Franco. ¿Será posible tanto desenfoque histórico o será que todo vale para disfrazar la incompetencia? Para salvar la cara, los citados gobernantes enviaron una delegación a Santa Mónica (México) a pedir a los hijos de Centelles que les vendieran la cámara y la ampliadora. ¿Y saben lo que contestaron? Fueron al notario y levantaron acta de que entregaban gratis las herramientas del viejo al Gobierno español.
El diputado socialista por Pontevedra Miguel Tabuyo, poeta, narrador y miembro de la Asociación de Escritores en Lingua Galega, ha recibido dos noticias: una mala y otra menos mala. Se las ha dado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La primera es que los gallegos mayores de 14 años se gastan muy poco en libros y ocupan el farolillo rojo del conjunto de las autonomías en adquisición de volúmenes que no sean de texto. Menos de la mitad de los gallegos compra un libro al año, frente al 55,8% de la media nacional. La noticia menos negativa indica por el contrario que Galicia va avanzando en el ranking de lectura de libros y periódicos, y si en 2005 ocupaba la última posición, con un porcentaje del 49% de lectores frente al 57,1% de media nacional, en 2008 quedó sólo dos puntos por debajo de la media estatal, aunque todavía lejos de Madrid, que registró un 65,7% de lectores declarados, o de Navarra, por ejemplo, con un 59,2%. Tal vez para que Tabuyo no lo vea tan negro, la ministra le ha enviado unos datos del último estudio de la Federación de Gremios de Editores, según los cuales el 0,5% de los libros vendidos en el conjunto del Estado estaban escritos en gallego, un porcentaje que se sitúa en siete de cada cien libros vendidos en Galicia. Además, el 6,3% de los lectores gallegos lo hace habitualmente en su lengua materna. En 2005 sólo eran el 3,7%.
La dirección del PP se olvidó de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la hora de enviar sus 50 propuestas para luchar contra la corrupción. Pero cuando la secretaria general, María Dolores de Cospedal, descubrió el fallo, se apresuró a subsanarlo, envió el documento y pidió una entrevista con Rosa Díez. Esta se hallaba recluida en su casa, aquejada de fuerte catarro, y no fijó fecha para el encuentro. Más allá de la iniciativa conservadora para frenar el deterioro que está sufriendo por los casos de corrupción, y de su interés en promover un pacto que permita a unos y a otros recuperar el prestigio de la política, en fuentes del PP no se oculta el interés de De Cospedal en mantener una buena relación con Díez, sobre todo si las encuestas insisten en mostrar una apreciable fuga de votos del PP hacia UPyD. Se da la circunstancia, además, de que los sondeos que manejan los conservadores indican que el partido de Díez sería decisivo para arrebatar el Gobierno de Castilla-La Mancha a los socialistas y, después de 30 años, enviar a José María Barreda y los suyos a la oposición en 2011. Con ello, De Cospedal lograría su objetivo de convertirse en lideresa regional y podría proyectar su carrera política hacia más altos destinos. Se comprende su interés en evitar el ninguneo de UPyD y en mantener buenas relaciones con su dirigente, aunque sea discretamente.
Después de muchas gestiones, el Tribunal de Cuentas ha tenido que entregar al Ministerio de Cultura la documentación sobre los miles de condenados a trabajos forzados por el franquismo tras la Guerra Civil. La dictadura confeccionó un Fichero Fisiotécnico con millones de datos sobre el perfil personal y profesional de decenas de miles de presos. El 1 de enero de 1941, la base de datos de penados de Franco ya contenía 103.369 fichas, 10.000 de ellas de mujeres. La idea del fichero fue copiada a los nazis por el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar. La Iglesia católica también aportó el concepto de “redención” de penas por el trabajo. Los destacamentos penitenciarios fueron empleados en explotaciones mineras y en cientos de obras públicas y privadas. Los contratistas obtenían mano de obra a cambio de pagos ventajosos al Tesoro Público, que, a su vez, se beneficiaba del sistema y daba una mísera remuneración a los presos. La documentación del Tribunal de Cuentas revela el beneficio de los sátrapas. De momento, vale decir que para lograr la entrega de los listados con los condenados a trabajos forzosos y que, consultados en el Centro Documental de la Memoria, el presidente del Tribunal, Manuel Núñez, ha exigido la elaboración de un convenio y antepuesto su firma y la de los consejeros a la de la ministra Ángeles González-Sinde. Todavía hay fuerzas renuentes.
Con frecuencia un rasgo físico de un político se acaba convirtiendo en parte inseparable de su identidad. He ahí, por ejemplo, la barba califal de Julio Anguita, el bigote de José María Aznar y su posterior melenilla de viejo chico yeyé, las cejas con acento circunflejo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero… ¿Y Mariano Rajoy? ¿Cuál es el rasgo físico que identifica al líder del PP? Ni él lo sabe. Pero les puedo contar que el otro día, tras el debate sobre la nueva Ley del Aborto, se acercó a saludar al socialista José María Benegas, recién operado de cataratas, y le confesó que padece hipermetropía desde pequeño, pero como su disfunción visual avanza muy lentamente, la sigue corrigiendo con “gafas convergentes” y se resiste a someterse al láser. Las extrapolaciones políticas no se hicieron esperar. Puesto que los hipermétropes ven con mayor claridad a distancias largas, aunque ello implica un cierto grado de tensión de los músculos oculares para enfocar
la imagen en la retina, pocos dudaron que el de Pontevedra ya mira hacia Catalunya con sus “lentes convergentes” (por Convergència i Unió). Y algunos aventuraron que como los hipermétropes acaban con la vista cansada, puede ocurrir que este hombre decida someterse al láser y termine retirando el recurso de inconstitucionalidad contra el
Estatut. Remota hipótesis de trabajo, alejada de
su campo visual.
Si en vez de ir de puente, ustedes deciden visitar el Congreso de los Diputados los próximos días 7 y 8, aprovechando las jornadas de puertas abiertas, recibirán un regalo útil. Se trata de una mochila de color verde o rosa, a elegir, con un forro polar, unos guantes y una bufanda contra el frío. El obsequio incluye una Constitución. Mientras ayer por la mañana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vencía el cansancio y la falta de sueño con la que regresó de la cumbre iberoamericana de Estóril para inyectar optimismo y confianza en la economía española, unos transportistas introducían en la sede parlamentaria varios palés plastificados con unas cajas voluminosas que contenían los obsequios. El presidente José Bono ha encargado 30.000 mochilas, pese a que el número de visitantes fue de 20.400 personas el año pasado y a que ni siquiera en 2000, cuando más gente afluyó al templo de la democracia –26.000 almas–, se alcanzó la cifra mencionada. No es que Bono quiera llevar la contraria al plan de austeridad impuesto por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, pues, de hecho, ha suprimido el regalo navideño a los diputados, funcionarios y periodistas acreditados; es que no desea que ningún visitante salga sin regalo y pueda deteriorar su imagen de buen anfitrión. Además de populista, el de Albacete pasa por ser obsequioso y detallista.
La organización Al Qaeda no aparece mencionada como un riesgo real para la ayuda y la cooperación española en África dentro del informe que elaboró la presidenta de la comisión de Cooperación Internacional del Congreso, Delia Blanco, sólo cuatro días antes de que los miembros de Barcelona Acción Solidaria Alicia Gómez, Roque Pascual y Albert Vilalta fueran secuestrados cuando llevaban ayuda a la población de Mauritania. El informe explica los encuentros y entrevistas de Delia y tres parlamentarios del PSOE, PP y CiU durante una semana en Washington y Nueva York con los directivos y responsables de los programas de ayuda de Naciones Unidas y otros organismos en los que participa España, y aunque no recoge la menor alusión al peligro del fanatismo terrorista islámico, califica la penetración de China en África –también en América Latina– como “un riesgo real” ya que “está trabajando en países empobrecidos y en estados fallidos donde se encuentran gran parte de los recursos de petróleo y gas”, y practica una cooperación ligada a las industrias extractivas. Cierto es que el documento sólo tenía el objetivo de justificar el viaje de cuatro parlamentarios, un letrado y una secretaria que fue presupuestado en 39.840 euros con cargo al Congreso, pero en este caso nos puede servir de ejemplo y medida de la distancia entre las actividades oficiales y el mundo real.
Algunas pautas de ahorro para salir de la crisis que esta tarde defenderá el profesor Cristóbal Montoro en el Pleno del Congreso, adelantándose unas horas a la intervención del presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la economía sostenible, están en marcha tiempo ha. Por ejemplo, el plan de comunicación y gestión electrónica, el de ahorro energético en la Administración Pública, la reducción de publicaciones en papel… Otras, como la reducción de los 460 asesores y altos cargos a un número inferior al que necesitaron Aznar, Rajoy y él para gobernar, reflejan una saludable evolución del PP. Otras, como la congelación de las tasas públicas o la “cancelación temporal de los gastos en mobiliario y reformas en dependencias administrativas”, parecen directamente orientadas a frenar el síndrome de Keops de Alberto Ruiz-Gallardón. No hay que olvidar que el alcalde de Madrid quiere gastar 40 de los 166 millones de euros de la nueva tasa de basura en reformas y comodidades en el antiguo Palacio de Correos –en la plaza de Cibeles–, convertido en sede consistorial. La propuesta de austeridad sin duda mejor intencionada consiste en limitar a un máximo de cuatro personas las delegaciones del Gobierno que acudan a eventos internacionales. De otros séquitos institucionales y partidarios nada se dice. ¿Será para no reducir escoltas ni soliviantar al ex presidente Aznar?
