Parece que fue ayer, pero han pasado cuatro años y un terremoto asolador desde que España retiró sus tropas de Haití. Los dos mil infantes de marina aportados a la misión de Naciones Unidas para estabilizar el país, tras el segundo y traumático mandato del cura populista Jean Beltrand Aristide, entre 2000 y 2004, volvieron a casa sanos y salvos; “un verdadero milagro”, le oí decir al entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y hoy del CNI, general Félix Sanz Roldán. La operación de estabilización Minustah fue promovida por Brasil y otros países de América Latina en la ONU. El belicoso presidente de Estados Unidos, George Bush, no quiso saber nada de la pobre gente, sojuzgada durante tres décadas por la dictadura de los Duvalier. Y el francés Chirac se llamó Andanas. La quijotesca España arrimó el hombro. Cuando, en 2006, parecía que los esfuerzos permitían atemperar la desgracia, las grandes potencias seguían sin aportar la ayuda comprometida en una conferencia de donantes para hacer viable el país. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero constató la burla y, en la misma sede de Naciones Unidas, su entonces ministro de Defensa, José Bono, se enfadó y anunció la retirada. Ante la desolación del terremoto, Barack Obama se vuelca con medios militares y ciertos mandatarios se muestran consternados ante el dolor de una gente que hasta ayer les importó un pito.
El número dos del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, ha demostrado un celo extraordinario en la defensa del catalán, el gallego y el euskera. En sendas iniciativas, reclama al Ejecutivo un informe sobre la contratación y los fallos de la web de la presidencia española de la UE y le interpela sobre los motivos por los que ese sitio de Internet no está disponible en catalán, gallego y euskera, a pesar de que se anuncia el acceso en dichas lenguas. Para Ayllón, resulta insuficiente con la traducción de los epígrafes y títulos de las secciones. Pregunta por qué no están disponibles los contenidos de prensa ni las convocatorias a los medios en catalán, gallego y euskera, y hasta dónde tienen que llegar los errores y deficiencias de esa página para que se tomen las medidas necesarias.
El dirigente conservador registraba sus iniciativas al tiempo que el martes sus correligionarios del Senado rechazaban la propuesta de varios grupos de implantar el uso de todos los idiomas oficiales en las sesiones de la Cámara Alta y no sólo en las de la Comisión Autonómica, como ahora ocurre. La encomiable preocupación de este diputado por Barcelona le convierte en un verso suelto, otro más, de un PP que denuncia el acoso al castellano por parte de esas lenguas que él echa en falta en la UE y su partido rechaza en la Cámara territorial. Coherencia sería menester.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, utilizó información de los medios de comunicación social y de páginas municipales en Internet para conocer la afiliación política de muchos imputados en casos de corrupción y elaborar los datos que presentó el 18 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados. En una comunicación de 30 páginas que acaba de enviar a la Cámara para salir al paso de las acusaciones de parcialidad de Mariano Rajoy y sus subordinados, también afirma que las fiscalías superiores de las comunidades autónomas se dirigieron a los propios partidos para conocer la afiliación de muchos imputados. La relación de Conde-Pumpido contenía 798 procedimientos de investigación judicial con imputados de partidos. En 264 casos había afiliados del PSOE; en otros 200, del PP; en 43 asuntos, de Coalición Canaria; en 30, de CiU, etcétera. Según Conde-Pumpido, “el fenómeno de la corrupción no es privativo de ningún partido ni de ninguna zona del territorio; es transversal”. Si para alcanzar esta conclusión y elaborar aquel informe la Secretaría Técnica de la Fiscalía se valió de datos personales difundidos por Internet y por los medios de comunicación, no se comprende su acusación y la condena a prisión e inhabilitación de dos periodistas que difundieron varias afiliaciones de conveniencia al PP por parte de unos presuntos delincuentes.
Los documentos de la Dirección de Seguridad acaban en el Archivo Histórico de Alcalá de Henares (Madrid), que está siendo ampliado para albergar 50 kilómetros más de estanterías. Un estudioso que examinaba la documentación policial sobre la detención de Santiago Carrillo en 1976 comprobó que la famosa peluca con la que iba disfrazado el día que lo detuvieron se guarda en un sobre acolchado, junto a la documentación. Su sorpresa fue grande, pues recordaba que el actual jefe del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, se la devolvió en un acto que organizó a bombo y platillo ante los medios de comunicación cuando era ministro del Interior. Los reporteros gráficos pidieron a Carrillo que se pusiera la peluca. Él la examinó y dijo: “Espero que en España no sea necesario ponerse esto jamás”, y no se la puso. Aquella peluca era de color pajizo y la suya, la que le confeccionó el barbero de Picasso, era de pelo oscuro, como se puede comprobar en el Archivo Histórico y en las fotos del libro de memorias que acaba de publicar Teodulfo Lagunero, el hombre que en la clandestinidad cruzó con él la frontera muchas veces. El mismo Mayor que no dudó en entregar a Carrillo una falsa peluca para engrandecer su imagen proclama ahora que Rodríguez Zapatero utilizará la presidencia de la UE como “cuestión de imagen, de márketing, para engañar a los españoles”. Qué cosas.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no quería que se le escapara el mandato sin inaugurar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que comenzó a construir hace dos años. Lo ha conseguido. Hoy, lunes, abrirá sus puertas ese espacio dedicado a reafirmar los valores democráticos y a mostrar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el dictador Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El centro albergará documentos procedentes de Chile y del extranjero que han sido aportados por asociaciones de víctimas, y contendrá testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, prensa, filmes, fotografías y grabaciones de radio. La propia presidenta ha aportado material de su padre, Alberto, un oficial de la Fuerza Aérea que colaboró con el Gobierno de Salvador Allende y fue torturado y asesinado tras el golpe del 11 de septiembre de 1973. “Nadie puede negar, desconocer, minimizar o banalizar la tragedia de las violaciones de los derechos humanos en Chile”, ha dicho al ver culminada la obra más emblemática de su mandato que, por cierto, ha incluido entre las realizaciones del bicentenario de la independencia. A la inauguración ha invitado a un alto cargo del Gobierno español, al que pedirá asesoramiento para recabar los papeles del proceso que abrió el juez Garzón contra el dictador y torpedearon Aznar y Blair.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha vuelto a poner de relieve su calidad humana ante la adversidad. El Día de Reyes, después de todos esos actos oficiales propios de la Pascua Militar –besamanos, condecoraciones, discursos, aperitivos y canapés para felicitar el cumpleaños a Juan Carlos I–, recibió la noticia de que había fallecido el hermano de una colaboradora suya muy cercana, y, sin pensarlo dos veces, decidió acudir a acompañarla y consolarla en su dolor, de modo que abandonó el Palacio Real, se fue al ministerio, donde debía despachar varios temas urgentes y, sin apenas tiempo de disfrutar con su marido viendo a su pequeño hijo con los juguetes nuevos, se dirigió al tanatorio de Coslada. El pequeño Miguel protestó. Lógico. El niño quería estar con su mamá. Ella trató de convencerle de que volvería pronto, pero el pequeño siguió protestando. Entonces lo tomó en brazos y se lo llevó consigo a aquel triste lugar de la periferia madrileña en el que la familia de su colaboradora velaba a su ser querido. La ministra permaneció más de media hora en el tanatorio mientras alguien entretenía al pequeño Miguel en una esquina alejada de la puerta del velatorio y la tristeza. Todo un gesto de sensibilidad por parte de quien conoce de cerca la fina línea entre la vida y la muerte para achicar el fanatismo y la desolación en lugares como Líbano y Afganistán.
La sensibilidad del Ejecutivo hacia las personas con discapacidad igual o superior al 33% ha quedado consignada en un plan 2009-2012 que, entre otras cosas obliga a reservar para ellas el 5% de las vacantes de las ofertas de empleo público. Pero, cuando el diputado de ICV Joan Herrera ha preguntado al Gobierno si está cumpliendo lo dispuesto, no le han facilitado los datos de 2009 y le han contestado que en 2008 se reservaron 323 plazas en la Administración General del Estado por turno libre y sólo se cubrieron 178, y otras 232 por promoción interna y sólo se ocuparon 89. Más pegado al terreno, el diputado del PP Rafael Merino ha examinado con lupa el departamento de José Blanco y ha encontrado que ni el Centro Nacional de Información Geográfica ni la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cuentan con personal discapacitado. Y tampoco se ha aplicado el cupo de reserva en la contratación de personal laboral de carácter temporal. De hecho, “no hay ningún discapacitado” en este colectivo, según le han dicho. Entre los 3.557 funcionarios de Fomento sólo hay 66 personas con discapacidad, lo que apenas llega al 2%, y entre los 2.165 empleados laborales fijos hay 67 trabajadores con discapacidad, lo que supone el 3% y confirma lo ya sabíamos: que el papel y el BOE digital aguantan la ficción y la buena voluntad, pero la realidad, aunque se novele, no se transforma.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, envió al Congreso de los Diputados el 23 de diciembre, cuando sus señorías ya se habían ido de vacaciones, un informe sobre lo saludable que ha sido prohibir el tabaco en los centros de trabajo, medios de transportes y lugares públicos. Dice que los infartos hospitalizados disminuyeron un 10%, la nicotina ambiental se redujo un 30% y se están registrando efectos positivos, mensurables a largo plazo, en otras enfermedades. Y añade que “más de un millón de personas (una reducción del 8%) dejó de fumar en los dos primeros años de vigencia de la ley”, que lleva cuatro en vigor, aunque las “ventas de tabaco” sólo se redujeron un 2,8% en 2006, lo que además de desproporcionado resulta milagroso. Después intercala “la necesidad de una reforma de la legislación actual para garantizar la equidad de la aplicación de la norma en todo el territorio” y anuncia “la prohibición de fumar en bares y otros establecimientos de hostelería”, según ha propuesto la Comisión Europea para 2012. Dicho de otro modo, que ni en la taberna de Calasparra se va a poder echar un farias mientras se juega la partida. Pero, ojo, no es que Trinidad Jiménez y Elena Salgado lo prohíban, es Europa. Luego ya, las encuestas que maneja el Gobierno indican que el 61% de la gente apoya la prohibición en los bares, el 69,2% en restaurantes y el 57,9% en las discotecas.
El auditor encargado de aplicar el código de buenas prácticas del PP, José Manuel Romay Beccaría, conoce el valor del lenguaje. Cuando era ministro de Sanidad llevó de la Xunta de Galicia a una sobrina como directora de compras del ministerio. Ella cumplió su misión. Adquirió en unos grandes almacenes, mediante adjudicación directa, cientos de equipos informáticos sin la eñe de España para los centros de salud. Las recetas de los Cuiña, Báñez, Núñez, Muñoz… se imprimían sin la preciada letra identitaria. El disgusto fue enorme. Romay dio explicaciones al Senado y prometió ser más cuidadoso en adelante. Quienes lo conocen aseguran que detesta el trazo grueso y se incomoda cuando oye al secretario general del partido en Madrid y consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, responder “ni un puto duro” a las demandas de los bomberos. O cuando lee que la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, ha contribuido a la difusión y distribución en los colegios de un libro con una falsedad en portada (“Homenaje a Miguel Hernández”) y con varios insultos en su interior, entre otros, al presidente del Gobierno: “Zapatero, el odioso / está destruyendo España / con velocidad, con saña”. ¿Sancionará Romay a la regidora por gastar dinero público en el uso lamentable de la memoria del poeta asesinado para atacar al contrario, o la bosta no
está codificada?
