Cuando el Congreso de los Diputados se apresuró a pedir a los españoles que expresaran su solidaridad activa en forma de donativos con la pobre gente de Haití, se olvidó de que la banca cobra comisiones. Ahora, los diputados de ERC Joan Ridao y Francesc Cannet han presentado dos proposiciones no de ley pidiendo transparencia sobre las ayudas, modificaciones legales que impidan a las entidades bancarias aplicar comisiones y lucrarse de los donativos y, entre otras medidas, que el envío de dinero de los inmigrantes haitianos a sus familias sea gratuito. Si las propuestas de ERC permitirán conocer el porcentaje neto de solidaridad de los distintos grupos parlamentarios, otra proposición no de ley de los diputados de IU-ICV Gaspar Llamazares y Joan Herrera revelará el grado de complacencia del Gobierno y del Banco de España con las entidades financieras que, según datos de la Comisión Europea, se encuentran a la cabeza de la Unión Europea en cobro de comisiones, sólo superadas por las italianas. En 2008, el coste medio de una cuenta corriente fue el segundo más alto de la UE: 178 euros. Y en 2009, las comisiones subieron un 6%, lo que significa que aumentaron más de cinco puntos por encima del IPC. IU-ICV no duda de que la opacidad de la banca y los elevados precios explican sus beneficios multimillonarios en plena crisis y sufrimiento de la gente. ¿Y los demás?
Contaba Leopoldo Calvo-Sotelo, que en paz descanse, que Adolfo Suárez le dejó una caja fuerte en La Moncloa. Él supuso que contendría asuntos sensibles y horribles secretos de Estado, pero cuando logró abrirla sólo halló un papel: las instrucciones sobre el funcionamiento de la caja propiamente dicha. La anécdota se podría completar con la jactancia de que hizo gala José María Aznar al desvelar que se había llevado documentos sobre la guerra de Irak. Luego precisó que eran papeles personales. Aunque España no es Reino Unido ni aquí se ha establecido todavía una comisión de aclaración de responsabilidades sobre la ocupación ilegal a sangre y fuego de ese país, sigue faltando una regulación que impida a los mandatarios mangonear y limpiar las huellas de su gestión. La normativa existente es un reglamento de archivos de 1901. Sin embargo, algunas fuentes gubernamentales me aseguran que el anteproyecto de ley de archivos elaborado por el departamento de Cultura, del que es titular Ángeles González-Sinde, obligará a todos los responsables públicos, comenzando por los jefes de Gobierno, a preservar cuantas cartas, mensajes y documentos expidan o reciban por razón de su cargo. Si el presidente Rodríguez Zapatero da el visto bueno, acabará de una vez por todas con una práctica heredada del franquismo que la democracia no ha sabido o no ha querido corregir en 35 años.
Puesto que cualquier argumento vale para romper la espiral del silencio, he ahí a Rosa Díez ejerciendo de defensora de los hombres maltratados. En un acto que llama la atención por su condición femenina y por los episodios de violencia machista que se suceden cada día, la dirigente de UPyD ha enviado un escrito a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, preguntando cuándo va a seguir el ejemplo de Holanda y a implantar una red de centros de acogida para los hombres que son víctimas de la violencia doméstica. Resulta que en el país de los canales se han abierto el último año en Utrecht, Ámsterdam, Róterdam y La Haya 40 refugios para varones apaleados y que en España no hay ninguno a pesar de que, como recuerda Díez, el último informe del Consejo General del Poder Judicial recoge la cifra de 31 hombres muertos en 2008 a manos de sus parejas. Sin entrar en las circunstancias que llevan a las holandesas a aplicar el lema de Hemingway de que más vale ser cazador que presa ni escrutar cuántas españolas se defendieron de sus agresores con consecuencias irremisibles para ellos, es lo cierto que en el departamento de Aído están perplejos y no saben qué responder. Díez también propone cambiar el término mujer por el de persona en la Ley sobre Violencia de Género, pero eso es algo que compete a la diputada y a sus colegas legisladores.
En círculos parlamentarios feministas se atribuye una cierta dejadez al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a la hora de cumplir y hacer cumplir la Ley 3/2007 sobre Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Resulta que para las oposiciones a notarios en toda España ha constituido dos tribunales, uno en Madrid y otro en A Coruña. Ambos cuentan con siete miembros. En el de Madrid hay tres mujeres y cuatro varones. En el de A Coruña ha puesto, sin embargo a seis varones y una mujer: Consuelo Castro Rey, abogada jefa del Estado en Galicia. Puesto que la Ley de Igualdad establece que todos los tribunales de selección de personal de la Administración General del Estado se ajustarán al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, he ahí el fundamento del reproche al ministro. Parece mentira –dicen– que siendo gallego permita el incumplimiento de la norma en su tierra. Y que siendo Notario Mayor del Reino no levante acta del desequilibrio y, en vez de corregirlo, lo rubrique y publique en el BOE. Se da la circunstancia de que 481 de los 869 admitidos en estas oposiciones son mujeres, lo que supone el 55,3% e indica que la realidad ha superado de largo a Caamaño y a sus eminentes compadres gallegos. De poco sirve que arropen proyectos de ley con informes sobre impacto de género si luego hacen de su capa un sayo, se quejan algunas parlamentarias.
Gaspar Zarrías es el nuevo hombre fuerte de la Ejecutiva del PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel Chaves le pidieron antes de Navidad que se hiciera cargo del área autonómica del partido en sustitución de Mar Moreno, que bastante trabajo tiene en Sevilla como consejera de Educación y parlamentaria andaluza. Y él aceptó encantado. Su reto será duro. Tendrá que preparar y dirigir la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2011, antesala de las generales. Sabe que pintan bastos en dos feudos históricos del socialismo: Castilla-La Mancha y la propia Andalucía. Es consciente de que sin IU será difícil gobernar Asturias y Andalucía, y que Aragón y Baleares cambiarán de manos si las minorías dan su apoyo al PP. Comprende que, si no se produce un milagro, Madrid y la Comunidad Valenciana seguirán gobernadas por la derecha. Pero, tras gobernar tantos años en Andalucía, reconoce que deseaba asentarse en Madrid, donde nació, estudió Derecho con Gregorio Peces-Barba y tuvo por compañeros de lucha a Manuel de la Rocha, Francisco Vírseda y otros “históricos”. Eran los últimos años del franquismo, “tal vez los mejores de nuestra vida”, dice. Había riesgos e incertidumbre. Él militaba en la agrupación de San Blas, que entonces tenía más afiliados que ahora, y no podía sospechar que su carrera política iba a seguir el curso de las cigüeñas. Así es la vida.
