La eurodiputada socialista Carmen Romero ha invitado a un grupo de periodistas andaluces a viajar a Bruselas el próximo lunes para que asistan a la presentación de las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia doméstica que realizará la ministra Bibiana Aído, gaditana como ella, ante los miembros de la Comisión Europea. Tras escuchar las propuestas de discriminación positiva hacia las mujeres, los informadores aprovecharán el viaje con el fin de asistir el martes a la presentación de las políticas de seguridad y prevención y combate del terrorismo y el crimen organizado que realizará el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los ministros que mejor gestión interna puede exhibir. En efecto, a pesar de los malos augurios del Partido Popular sobre el aumento de la inseguridad ciudadana a partir del incremento del paro, España es uno de los países de la Unión Europea con menor índice de delincuencia, concretamente, 47 infracciones por cada 1.000 habitantes, frente a una media de 70,4 en el conjunto de la Unión Europea. La reducción de los accidentes de tráfico un 10% en 2009 –el índice más alto de los últimos 40 años– le permitirá explayarse sobre las medidas adoptadas en nuestro país por si a los socios comunitarios y a la propia Comisión les sirven de ejemplo.
La regularización de inmigrantes sin papeles que acometió en 2005 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ni fue tan “masiva” como tronaba Mariano Rajoy ni condujo a ayuntamiento alguno gobernado por la derecha nacional o nacionalista a negar el empadronamiento a los sin papeles. Según los datos que el Gobierno ha remitido al diputado de CiU Carles Campuzano, las autorizaciones de residencia concedidas a partir de la formalización de contratos de trabajo fueron exactamente 578.375, de las que 288.134 correspondieron a personas procedentes de Iberoamérica. En 2006 se denegó la primera renovación de residencia a 5.905 inmigrantes y en 2007, la segunda a 13.460. Tras la “regularización masiva”, el PP agitó el “coladero”, cargó contra la “reagrupación familiar” y si no impuso el famoso “contrato de integración” se debió a su fracaso en las urnas. Los socialistas han endurecido la ley, pero se muestran convencidos de que la derecha no perdona que hayan sacado de la negra explotación a medio millón de personas. Y ante la negativa de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de Ardoz a empadronar sin papeles exhiben una resolución de 4 de julio de 1997, promulgada por Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, que los obliga a inscribir a todos los habitantes en el padrón “tengan o no regularizada su situación”. ¿Amnesia o cinismo para volver al poder como sea?
El Gobierno español ha demostrado buenos reflejos ante la situación en Haití, con el envío urgente de ayuda de emergencia y de equipos de rescate que en una semana han sacado a más de diez personas vivas de entre los escombros de Puerto Príncipe. Los alumnos de periodismo de la Universidad Camilo José Cela que el viernes asistieron a la rueda de prensa de María Teresa Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros pudieron comprobar cómo la vicepresidenta se aprestaba a viajar al epicentro del terremoto para conocer las necesidades de la pobre gente. Todos los grupos parlamentarios suscribieron 24 horas después del terremoto una propuesta animando al Ejecutivo a seguir enviando ayuda humanitaria durante el tiempo que sea necesario, a coordinar los esfuerzos con las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación europeas y estadounidense y a participar en la reconstrucción del país. La resolución apelaba a la solidaridad de la “sociedad civil”. Y las colectas en universidades, colegios, centros de trabajo… no se han hecho esperar. Pero la iniciativa parlamentaria tenía un fallo: olvidó que los banqueros se quedan con un porcentaje del dinero, como ya ocurrió en 2004 ante el tsunami que arrasó parte de Indonesia. Si la banca no se considera sociedad civil sino anónima, ¿enmendarán esa resolución para obligarla a colaborar?
Primero se fue Manuel Montilla y ahora, con 92 años, se acaba de ir su compañero José María Bravo-Fernández Hermosa. Eran los dos supervivientes más veteranos de la aviación republicana. Desde el invierno de 1936 hasta el final de la Guerra Civil se enfrentaron a los bombarderos y cazas alemanes e italianos al servicio de Franco. Los ametrallaban, pero sobrevivían y siguieron combatiendo hasta que al final arrasaron sus aviones en el aeródromo de Villajuiga (Girona). Cruzaron a pie los Pirineos y acabaron en el campo de Gurs (Francia). Montilla salió hacia México en el buque Ipanema. Allí publicó un libro hermosísimo: Héroes sin rostro. Y Bravo se fue a la URSS, donde llegó a ser jefe de una escuadrilla de Kittyhawks que se encargó de mantener a raya a los nazis, empeñados en bombardear los pozos de petróleo de la región de Bakú. Un día recibió la orden de escoltar a dos aviones Li-2 con rumbo desconocido. En uno iba José Stalin. Acudía a una cita secreta con Churchill y Roosevelt sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aterrizaron en Teherán, Bravo hizo ver al jefe soviético que los uniformes de sus hombres eran muy malos y se los comía el sol de Ucrania. Días después recibió unos trajes ignífugos, superiores. De su apasionante vida nos dejó El seis doble –la ficha pintada en su Mosca–, libro lleno de lecciones de coherencia y dignidad.
El alcalde desokupador de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, se dispone a gastar una millonada en tirar abajo el revoque reciente de la fachada y del enorme patio interior del cuartel de Conde Duque, que se enfoscó con cemento de color rojizo dentro de un plan de
rehabilitación del edificio que culminó en 2004 y en el que se invirtieron más de 45 millones de euros. La decisión de Gallardón, de acuerdo con las constructoras, correrá a cuenta del Plan E, es decir, de todos los españoles. El histórico cuartel, convertido en el “mayor contenedor cultural” madrileño, según la terminología municipal, se llevará 35,77 millones de los 277 asignados a la capital. Sus instalaciones –teatro, salón de actos, archivo de la villa, hemeroteca, biblioteca, museo municipal y salas de exposiciones– han sido clausuradas y sus empleados se hallan “encapsulados”, como ellos dicen. Puertas, ventanas y conductos de aire acondicionado serán sellados para evitar que respiren la polvareda de la operación estética del regidor, que, por eso, no ha podido ceder el recinto, como otros años, a su colega Teófila Martínez para la presentación de los Carnavales de Cádiz en Madrid. Queda claro que a Gallardón le va el dispendio y el ladrillo visto originario. Pero no se preocupe doña Teófila, que el teatro Conde Duque renacerá en 2012 con mayor aforo y será mucho más bonito. Eso le ha dicho.
Parece que fue ayer, pero han pasado cuatro años y un terremoto asolador desde que España retiró sus tropas de Haití. Los dos mil infantes de marina aportados a la misión de Naciones Unidas para estabilizar el país, tras el segundo y traumático mandato del cura populista Jean Beltrand Aristide, entre 2000 y 2004, volvieron a casa sanos y salvos; “un verdadero milagro”, le oí decir al entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y hoy del CNI, general Félix Sanz Roldán. La operación de estabilización Minustah fue promovida por Brasil y otros países de América Latina en la ONU. El belicoso presidente de Estados Unidos, George Bush, no quiso saber nada de la pobre gente, sojuzgada durante tres décadas por la dictadura de los Duvalier. Y el francés Chirac se llamó Andanas. La quijotesca España arrimó el hombro. Cuando, en 2006, parecía que los esfuerzos permitían atemperar la desgracia, las grandes potencias seguían sin aportar la ayuda comprometida en una conferencia de donantes para hacer viable el país. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero constató la burla y, en la misma sede de Naciones Unidas, su entonces ministro de Defensa, José Bono, se enfadó y anunció la retirada. Ante la desolación del terremoto, Barack Obama se vuelca con medios militares y ciertos mandatarios se muestran consternados ante el dolor de una gente que hasta ayer les importó un pito.
El número dos del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, ha demostrado un celo extraordinario en la defensa del catalán, el gallego y el euskera. En sendas iniciativas, reclama al Ejecutivo un informe sobre la contratación y los fallos de la web de la presidencia española de la UE y le interpela sobre los motivos por los que ese sitio de Internet no está disponible en catalán, gallego y euskera, a pesar de que se anuncia el acceso en dichas lenguas. Para Ayllón, resulta insuficiente con la traducción de los epígrafes y títulos de las secciones. Pregunta por qué no están disponibles los contenidos de prensa ni las convocatorias a los medios en catalán, gallego y euskera, y hasta dónde tienen que llegar los errores y deficiencias de esa página para que se tomen las medidas necesarias.
El dirigente conservador registraba sus iniciativas al tiempo que el martes sus correligionarios del Senado rechazaban la propuesta de varios grupos de implantar el uso de todos los idiomas oficiales en las sesiones de la Cámara Alta y no sólo en las de la Comisión Autonómica, como ahora ocurre. La encomiable preocupación de este diputado por Barcelona le convierte en un verso suelto, otro más, de un PP que denuncia el acoso al castellano por parte de esas lenguas que él echa en falta en la UE y su partido rechaza en la Cámara territorial. Coherencia sería menester.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, utilizó información de los medios de comunicación social y de páginas municipales en Internet para conocer la afiliación política de muchos imputados en casos de corrupción y elaborar los datos que presentó el 18 de noviembre pasado en el Congreso de los Diputados. En una comunicación de 30 páginas que acaba de enviar a la Cámara para salir al paso de las acusaciones de parcialidad de Mariano Rajoy y sus subordinados, también afirma que las fiscalías superiores de las comunidades autónomas se dirigieron a los propios partidos para conocer la afiliación de muchos imputados. La relación de Conde-Pumpido contenía 798 procedimientos de investigación judicial con imputados de partidos. En 264 casos había afiliados del PSOE; en otros 200, del PP; en 43 asuntos, de Coalición Canaria; en 30, de CiU, etcétera. Según Conde-Pumpido, “el fenómeno de la corrupción no es privativo de ningún partido ni de ninguna zona del territorio; es transversal”. Si para alcanzar esta conclusión y elaborar aquel informe la Secretaría Técnica de la Fiscalía se valió de datos personales difundidos por Internet y por los medios de comunicación, no se comprende su acusación y la condena a prisión e inhabilitación de dos periodistas que difundieron varias afiliaciones de conveniencia al PP por parte de unos presuntos delincuentes.
Los documentos de la Dirección de Seguridad acaban en el Archivo Histórico de Alcalá de Henares (Madrid), que está siendo ampliado para albergar 50 kilómetros más de estanterías. Un estudioso que examinaba la documentación policial sobre la detención de Santiago Carrillo en 1976 comprobó que la famosa peluca con la que iba disfrazado el día que lo detuvieron se guarda en un sobre acolchado, junto a la documentación. Su sorpresa fue grande, pues recordaba que el actual jefe del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, se la devolvió en un acto que organizó a bombo y platillo ante los medios de comunicación cuando era ministro del Interior. Los reporteros gráficos pidieron a Carrillo que se pusiera la peluca. Él la examinó y dijo: “Espero que en España no sea necesario ponerse esto jamás”, y no se la puso. Aquella peluca era de color pajizo y la suya, la que le confeccionó el barbero de Picasso, era de pelo oscuro, como se puede comprobar en el Archivo Histórico y en las fotos del libro de memorias que acaba de publicar Teodulfo Lagunero, el hombre que en la clandestinidad cruzó con él la frontera muchas veces. El mismo Mayor que no dudó en entregar a Carrillo una falsa peluca para engrandecer su imagen proclama ahora que Rodríguez Zapatero utilizará la presidencia de la UE como “cuestión de imagen, de márketing, para engañar a los españoles”. Qué cosas.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no quería que se le escapara el mandato sin inaugurar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que comenzó a construir hace dos años. Lo ha conseguido. Hoy, lunes, abrirá sus puertas ese espacio dedicado a reafirmar los valores democráticos y a mostrar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el dictador Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El centro albergará documentos procedentes de Chile y del extranjero que han sido aportados por asociaciones de víctimas, y contendrá testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, prensa, filmes, fotografías y grabaciones de radio. La propia presidenta ha aportado material de su padre, Alberto, un oficial de la Fuerza Aérea que colaboró con el Gobierno de Salvador Allende y fue torturado y asesinado tras el golpe del 11 de septiembre de 1973. “Nadie puede negar, desconocer, minimizar o banalizar la tragedia de las violaciones de los derechos humanos en Chile”, ha dicho al ver culminada la obra más emblemática de su mandato que, por cierto, ha incluido entre las realizaciones del bicentenario de la independencia. A la inauguración ha invitado a un alto cargo del Gobierno español, al que pedirá asesoramiento para recabar los papeles del proceso que abrió el juez Garzón contra el dictador y torpedearon Aznar y Blair.
