En cualquier otro país democrático, los dirigentes que hubieran manipulado con intereses partidarios y egoístas una matanza terrorista como la del 11-M habrían tenido que abandonar la política ante el oprobio de sus actos. Si, además, fueran indirectamente responsables de haber provocado esa masacre a causa de una intervención militar exterior ilegal, temeraria y claramente contraria a la voluntad de la inmensa mayoría del electorado, su formación habría perdido toda posibilidad de volver a ganar en las urnas.

En España, esos dirigentes y ese partido ostentan hoy, diez años después del atentado más sangriento de la historia de Europa, un poder parlamentario absoluto que están empleando para gobernar una vez más contra los intereses y los deseos de la mayor parte de la ciudadanía.

Hace exactamente diez años, tuve noticia de la tragedia de Atocha mientras corría hacia el hospital a ver a un compañero que había sufrido un síncope y estaba en coma. De inmediato, pensé: "ya tiene asegurada la victoria electoral este domingo el PP". La radio hablaba sólo de "varios muertos" en un único atentado en esa sola estación de tren y, claro está, creí que se trataba de otra bomba de ETA y que los votantes refrendarían el programa antiterrorista de mano dura propuesto por los conservadores.

Pero una hora más tarde, en el taxi de camino a la redacción, descubrí que se trataba de una cadena de explosiones simultáneas, en diversos convoyes abarrotados en hora punta; un plan diseñado para causar el mayor número posible de víctimas mortales y cometer una carnicería masiva indiscriminada. Nada que ver con la trayectoria de ETA y prácticamente un calco de la estrategia empleada por el yihadismo, con o sin suicidas, para sembrar muerte de un extremo a otro del mundo.

Así que entré en El Periódico de Catalunya proclamando que se trataba de un ataque islamista relacionado con Al Qaeda y muy pronto convencí al director adjunto y a los subdirectores presentes de que esa deducción era mucho más que una mera hipótesis. Por supuesto, en ese momento los servicios de seguridad del Estado tenían que estar llegando a la misma conclusión, sobre todo porque ya sabían (y nosotros, aún no) que los Tedax habían identificado el explosivo y no cuadraba con el arsenal conocido de ETA.

Pero cuando ya teníamos lista la edición especial, ese mediodía, con un titular de portada ("11-M en Madrid") que sugería semejanzas con el 11-S en Nueva York, bajó corriendo de su despacho el director para ordenarnos que cambiásemos ese título por: "Matanza de ETA en Madrid". Ninguno de nosotros podíamos dar crédito a su empeño, cuando a cada minuto eran más claros los indicios de que se trataba de un atentado yihadista.

Como responsable de Internacional, con experiencia en Afganistán y otros campos de batalla islamistas, me opuse con todas mis fuerzas. Pero igual hizo el responsable de Política, gran conocedor del modus operandi de ETA. De nada sirvió, y El Periódico fue otro más de los grandes diarios españoles que esa tarde atribuyó errónea y estúpidamente el 11-M a la organización armada vasca.

Al día siguiente, con la ciudadanía inflamada por las evidentes mentiras que seguían difundiendo los miembros del Gobierno de Aznar, nuestro director se sintió obligado a darnos largas explicaciones en la reunión matutina del Consejo de Redacción. En resumen, Aznar le había llamada personalmente para instarle con enorme énfasis a que atribuyese la masacre a ETA, aduciendo que conocía esa autoría con total certeza gracias a datos incontestables que obraban en su poder pero que no podía revelar por ser reservados y cruciales para la investigación.

"Llegué a tener el convencimiento de que Aznar no me podía estar engañando", se justificó el director, "porque si mintiese en una circunstancia tan grave, estaría arruinando su futuro político". Así que acabó por creer al entonces presidente del Gobierno, quien –ya nadie puede negarlo– estaba poniendo en marcha una indecente campaña de mentiras e intoxicación informativa para evitar una derrota en las urnas, tergiversando premeditadamente los hechos que conocía con el único objetivo de manipular a la opinión pública. Por mucho menos, en Estados Unidos hubiera sido sometido a un impeachment y expulsado para siempre de la política.

Pero tamaña iniquidad no concluyó allí –pese a que provocó un voto masivo de repudio que causó la derrota electoral que precisamente Aznar pretendía evitar–, pues numerosos altos dirigentes del PP (incluidos varios ministros y, en ocasiones, hasta el propio Rajoy, hoy presidente del Gobierno) continuaron durante todo un decenio esa infame campaña de falsedades e invenciones, multiplicando el inmenso dolor de las víctimas supervivientes y de sus familiares con el único fin de ocultar los verdaderos hechos y evadir su responsabilidad.

Tan perversa y siniestra ha sido esta interminable operación de engaño masivo, con la muy activa complicidad de ciertos medios de comunicación y algunos mal llamados periodistas, que ha llegado incluso a provocar más muertes: al menos, un suicidio (la mujer de Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas) y un asesinato (el del panadero pamplonica Ángel Berrueta, que se negó a colocar un cartel imputando la matanza a ETA y fue acribillado por un policía vecino suyo).

Al cumplirse el décimo aniversario, ni siquiera las pruebas fehacientes de tanta ignominia han aplacado a algunos de los conspiranoicos más renombrados. Un cargo del PP tan alto como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha atrevido a dudar aún de la autoría, aduciendo que "hay distintos puntos de vista". Y El Mundo ha titulado a toda portada "Diez años después, no sabemos quién dio la idea de atentar el 11-M" una larguísima entrevista con el juez Gómez Bermúdez de la que en primera página ni siquiera se menciona que también dice: "ETA no tiene nada que ver con este atentado. No es que tenga una convicción firme y sólida, es que hay siete informes y cinco testimonios".

Por cierto, en cuanto al juez Bermúdez, cinco años después de los atentados tuve la oportunidad de comer con él distendidamente y en la sobremesa pude interrogarle sobre su sentencia. ¿Por qué ni siquiera cita, en ese largo veredicto, la existencia del vídeo en el que un presunto portavoz militar de Al Qaeda en Europa, que se identifica como Abu Dujan Al Afgani, se atribuye los atentados en nombre de la red de Bin Laden?

"Vaya, ¿sabes que Zapatero me hizo la misma pregunta"?, me respondió el magistrado. "Verás, lo que yo procuré evitar es que la sentencia estuviera politizada", adujo.

Peregrino argumento, sigo pensando yo, cuando el texto en árabe de esa cinta afirma que la matanza del 11-M "es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán".

¿Cómo puede alegar el presidente del tribunal que sería "politizar" la sentencia incluir el único elemento probatorio sobre el móvil de tan espantoso crimen? ¿Cómo se puede emitir un veredicto final sobre el asesinato de 191 personas en el que no se expone el móvil porque se opta por obviar la prueba de cargo que especifica la motivación de esa matanza concienzudamente planeada?

La verdadera y única explicación de semejante disparate jurídico (y de los informes del espionaje occidental que insisten en desvincular el 11-M del Trío de las Azores y lo atribuyen a una venganza por el desmantelamiento de la célula Abu Dahdah de Al Qaeda, en 2001) es que la sentencia habría tenido que dictaminar que la masacre se produjo como consecuencia de la alianza de Aznar con Bush y Blair para desencadenar la invasión de Irak... que por otra parte ha causado la muerte de unos 135.000 civiles inocentes, víctimas de la falsificación más grande que se haya expuesto jamás ante la Asamblea General de la ONU.

Que uno de nuestros presidentes de Gobierno pueda ser inductor indirecto de semejante matanza es tan intolerable... como para que los poderes fácticos traten de taparlo por todos los medios. Aunque es aún más indignante que ese individuo siga impartiendo doctrina, sentando cátedra y empujando hacia la ultraderecha al partido que hoy gobierna España.