El seísmo judicial ha sido demoledor. Jueces, fiscales, abogados, juristas... letrados, lloran por las esquinas tras la brutal purga entre los más altos cargos de la Administración de la Justicia acometida por el ministro (ahora y antes) de Justicia de Rajoy.

¿Purga? No, ¡qué va! Si el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, denuncia que ha sufrido "intimidaciones y desprotección" por investigar al presidente de la comunidad, del PP, pues está claro que debería haberlo dicho antes... cuando el ministro de Justicia era el mismo que ahora. ¡Un momento! Pero si resulta que sí lo denunció todo al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, pidiéndole que lo trasladase a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal...

Claro que sólo se trataba de que el fiscal encargado de varias tramas corruptas vinculadas al PP, Juan Pablo Lozano, había sufrido sendos asaltos en su domicilio en los que los ladrones sólo se llevaron materiales informáticos sobre esas investigaciones. Vaya, una minucia que no mereció ni respuesta por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Así que si ahora se asciende a fiscal jefe Anticorrupción a Manuel Moix, el mismo que no ha visto corrupción en ninguno de los casos que afectaban al PP –y el único de los candidatos que no pertenecía a Anticorrupción--, no se debe ¡en absoluto! a que éste fuera el fiscal que denunció al juez Elpidio Silva por encarcelar a Blesa; ni a que desestimase los correos que desvelaron las tarjetas black de Bankia; ni a que se negase a acusar de desobediencia a Esperanza Aguirre, pese a que huyó en su coche de los agentes municipales de Madrid y se refugió en su palacete, tras los guardaespaldas, impidiéndoles presentarle la denuncia. No. Claro que no. No es ni por lo uno ni por lo otro, sino ¡por todo junto!

Como decía horas después un letrado con conocimiento de causa, "han puesto al frente de la Fiscalía Anticorrupción al fiscal que más ha defendido a los políticos corruptos"... del PP. Supongo que Ciudadanos estará encantado: así no habrá más denuncias molestas que pongan en entredicho su pacto.

Pero lo más grave de este nombramiento y los demás no es que sean claramente sesgados, parciales, injustos y destinados a desmantelar los últimos restos de resistencia en la Fiscalía al dominio jerárquico que ejerce el partido en el Gobierno, tenga o no la mayoría absoluta parlamentaria. No, lo peor es que se esté beneficiando descaradamente a un particular, comisario a ratos de la cúpula de Interior, supuesto "agente encubierto" de montajes policiales inconfesables, imputado en el caso de la grabación ilegal a agentes de los servicios secretos... y padrino de fiscales y hasta jueces de la órbita del poder.

Puede parecer una exageración lo que estoy escribiendo, pero tras dos años de investigación periodística no me cabe la menor duda: José Manuel Villarejo Pérez es el gran arquitecto de un entramado mafioso policial-judicial que ha secuestrado la Justicia, ha extorsionado a la democracia y está emponzoñando la política española. Y lo ha hecho de la manera más descarada, amparado por los poderes fácticos, hasta el punto de creerse capaz de chantajear a la Casa Real y a los servicios secretos.

Y lo ha hecho a plena luz del día, "enredando" procesos judiciales, envenenando árboles de pruebas, actuando al margen de la Ley pero arrogándose la licencia del agente encubierto... y enriqueciéndose por el camino.

Ahora bien, que el propio ministro de Justicia entregue las herramientas del tercer poder a los que están claramente manchados por toda esa trama, es ya sospechoso de prevaricación. Porque uno de los pilares del entramado que regenta Villarejo se llama Schola Iuris, nombre tabú para la comunidad judicial hasta el punto de que jueces aparentemente sin miedo (y celebérrimos) se han mostrado aterrados, y han pedido a este periodista que apagase de inmediato la grabadora, en cuanto se les ha mencionado esa institución innombrable.

Y es innombrable porque resulta que los fiscales encumbrados a las más altas responsabilidades del Estado por el impecable ministro Rafael Catalá han colaborado, de forma remunerada, con esa entidad privada "de práctica jurídica" para la que trabajan (insisto: cobrando) habitualmente juristas con capacidad de dictar veredictos o adoptar resoluciones justas o injustas a sabiendas de lo que hacen. Y lo que hacen suele beneficiar a los clientes de Villarejo... prácticamente siempre.

Pues bien, son ellos los que han tomado definitivamente el poder en la Fiscalía gracias a los drásticos cambios decretados de pronto por el nuevo fiscal general del Estado –cuando el número de políticos del PP imputados por corrupción ya se acerca a los 450--, que incluyen la destitución del fiscal jefe de Murcia por insistir en que debería ser imputado el presidente de la Comunidad (vaya, también del PP, ¡qué casualidad!), algo que el ministro Catalá ordenó no solicitar pero que el juez consideró inexcusable.

Ahora que lo pienso... ¡pero si el nuevo fiscal general del Estado también trabajó para Schola Iuris! Sí, sí, José Manuel Maza Martín –máximo responsable jerárquico de esta purga en la Fiscalía que ha laminado a todos los juristas que no fueran fieles al PP– también fue profesor de Schola Iuris. Y el dueño de esta entidad, el psicólogo Ángel Benseny Pellicer, es a su vez socio de dos de las personas de confianza del comisario José Villarejo --el abogado Rafael Redondo y el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso--, todos ellos relacionados con la Operación Cataluña de la brigada política montada en Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz.

Por cierto, el nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, también era un profesor de máster en Schola Iuris. Pero ¡cuántas casualidades!

Además, ¿alguien se acuerda de que el fiscal general (Maza Martín) que ahora destituye con mano de hierro a todos los herejes progresistas del Ministerio Público es el mismo que exoneró de golpe a 15 de los 20 condenados (incluidos seis policías que alertaban a los proxenetas de las inspecciones) por los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Saratoga y Riviera?

Cuando el Gobierno del PP nombró fiscal general a Maza Martín, fuentes judiciales declararon a Público: "Muchos creemos que la conclusión es que la Justicia en España sólo va a existir para los robaperas". Pues bien, el ministro Catalá acaba de consumar ese paradigma: sólo los fiscales capaces de "afinar" los procedimientos en beneficio de los amigos del PP serán tolerados.

Ya sé que lo que escribo parece excesivo. Hoy es mi opinión –muy fundamentada–, pero en unos pocos días podremos aportar las pruebas inequívocas que lo demuestran.

Ahora bien, si el fiscal encargado del caso decide no ver ni oír nada...