La Policía Judicial acusa falsamente a ‘Público’ de no colaborar y miente al transcribir la grabación al ministro

Blanco y en botella. Pero de muy mala calidad.

El informe de la Policía Judicial sobre las grabaciones al ministro del Interior en su despacho –que hemos conocido por fin gracias a que le ha sido reclamado por la comisión de investigación del Congreso– no sólo acusa falsamente a Público de no haber colaborado con la Justicia, sino que incluso miente descaradamente cuando transcribe una pequeñísima parte de las palabras de Jorge Fernández Díaz, con el objetivo evidente de exculparle.

Para empezar, el comisario general de la Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, afirma: “En primer lugar se solicita telefónicamente a la periodista que firma las informaciones aludidas –Patricia Ariadna LÓPEZ LUCIO– la aportación voluntaria de los soportes electrónicos donde tiene registrados los archivos de audio objeto de la publicación […] en un primer momento dicha periodista accede a entregar voluntariamente los mismos: -“…ya he hablado con mi director y en principio esta tarde no hay problema. Si te pasas por la redacción te damos un pendrive con los archivos…“-.

En primer lugar, las informaciones no están firmadas sólo por ella sino que el primer firmante es precisamente el director –en aquel momento, el autor de este artículo–, de forma que no tiene sentido que la Policía llame a su casa a Patricia López –precisamente tras pedir ese teléfono llamando a la Redacción en un momento en que estaba físicamente allí el director, yo mismo– para pedirle un material que lógicamente ella no iba a tener autoridad para entregar: los mandos policiales sabían perfectamente que en aquel entonces ella era colaboradora y aún no estaba en la plantilla del diario… igual que conocían su nombre completo tal como aparece en su DNI, y no el que utiliza para firmar sus artículos, mientras que a mí se me identifica en el informe tal como suelo firmar y sin incluir el segundo apellido.

Pero, además, ese párrafo del informe omite algo crucial de la conversación telefónica: Patricia López indica a su interlocutor que las grabaciones no le han llegado a ella, sino al director y primer firmante del artículo, por lo que es a él a quien deben pedírselas. Por supuesto que Público habría entregado esos audios aquella tarde, si en vez de enviar a “dos funcionarios de incidencias” sin mandamiento ninguno, la Policía Judicial les hubiera proporcionado la necesaria orden judicial –¡qué menos se puede esperar de la Comisaría General que emplea ese nombre!– para incautarse de un material confidencial periodístico protegido por el derecho constitucional a la información veraz.

En realidad, este periodista –en aquel momento como director del medio y como autor principal de las exclusivas– quedó francamente sorprendido cuando llegaron dos agentes como si fueran a recoger un paquete cualquiera –uno de ellos acarreaba una impresora, en su caja, bajo el brazo– e incluso afirmaron desconocer por completo qué era concretamente lo que iban a buscar. Vaya, si hasta bromeé sobre si creían que iban a recuperar un paraguas que alguien se dejó en nuestra redacción. Ni siquiera quisieron informarnos de la identidad del mando policial que les había enviado (y tengo grabada esa conversación, que rayó en la comedia bufa).

El caso es que, lógicamente, había solicitado la presencia del abogado que normalmente asesora al diario y éste, al ver que no traían mandamiento ni orden alguna, ni identificaban a la autoridad que pedía las grabaciones exclusivas, estimó: “Creo que no procede”. Por tanto, no se les entregó el material. Pero ¿acaso se preocupó el comisario general por obtener una orden judicial en vista de que la reclamábamos, con todo derecho, para entregar las grabaciones? ¿Acaso se puso en contacto con el director algún responsable policial? En absoluto. Porque la verdad era que no quería ese material, como demuestran sus acciones subsiguientes.

En segundo lugar” –continúa el informe, de fecha 14 de julio de 2016–, “se procede por orden del Comisario General de la Policía Judicial a realizar un análisis exhaustivo tanto de las noticias relativas a los hechos descritos como del contenido de los audios colgados en internet por la publicación a falta de los archivos supuestamente originales, debido a la negativa de colaboración por parte del periódico digital que los tiene en su poder”.

Atención a la fecha: 14 de julio. Resulta que, en vista de que no regresaban los agentes con el mandamiento judicial que teníamos pleno derecho a exigir, seis días después de la visita de los dos recaderos, el 30 de junio, el director general de Público, José María Crespo, había entregado voluntariamente todas las grabaciones originales e íntegras a la Fiscalía General del Estado, hecho que además anunciamos a toda portada en nuestro diario y apareció en la casi totalidad de los demás medios de comunicación. ¿Hemos de creer que tan eficaz cuerpo policial no se había enterado, dos semanas después, de ese hecho difundido a bombo y platillo por la prensa, y central en su investigación, ordenada por el propio ministro del Interior?

Pues no hace falta creer nada. En la información transmitida por la Policía a la comisión de investigación del Congreso figura también la “nota interior” dirigida por el Director Adjunto Operativo en funciones, Antonio Rodríguez Martín, al “Comisario General de la Policía Judicial” que constata: “Ha tenido entrada en esta Dirección General de la Policía, dirigido a su titular, escrito del Fiscal Jefe Provincial de Madrid, con Registro de Salida 3558, de fecha 21 de julio de 2016 (…) Acompaña al mismo, fotocopia de escrito a la Fiscalía General del Estado de don José María CRESPO LORENZO, actuando en representación de la sociedad DISPLAY CONNECTORS, S.L, editora del diario “Público”. Se adjunta fotocopia de ambos escritos”

Esa “nota interior” lleva fecha “04 de agosto de 2016”. Sin embargo, el 25 de agosto de ese año la Comisaría General de Policía Judicial remite un oficio –en este caso, firmado por el comisario general en funciones, José Luis Torres Ruiz– dirigido a la Dirección Adjunta Operativa, en el que confirma la recepción de la fotocopia del escrito de Crespo (informando de la entrega de las grabaciones originales a la Fiscalía General) pero se vuelve a acusar a Público de haber impedido el examen de esos mismos audios por no haberlos querido entregar.

Es decir, ha pasado ya casi mes y medio desde que Público pusiera las grabaciones a disposición de la Fiscalía pero la Policía Judicial vuelve a acusar al diario de “falta de colaboración” –en sus “circunstancias constatadas y conclusiones obtenidas”– por supuestamente haberse negado a facilitar los audios originales. Razón por la cual, asegura falsamente, “no es posible determinar, a priori, al no disponer del soporte o grabación original ni de la grabación íntegra, si la misma ha podido ser manipulada o no, aunque en principio y en cuanto a los fragmentos examinados no parece haber indicios en ese sentido”.

Pero bueno, ¡está diciendo que no dispone del material a renglón seguido de constatar que ha recibido copia del escrito que anuncia que lleva mes y medio a disposición de la Fiscalía! ¿Es eso diligencia en la investigación?

Pero aún hay más, puesto que en el 5º punto de ese informe definitivo del resultado de la investigación asevera que “algunas de las transcripciones aportadas por la publicación no coinciden literalmente con los archivos de audio correspondientes”. Y de los dos ejemplos que pone, el segundo es –claro está– el de la célebre frase “Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”, pronunciada por el entonces ministro del Interior. Según los expertos de la Policía Judicial, lo que en realidad dice Fernández Díaz es: “…esto la Fiscalía te lo ha … en fin, hacemos una gestión”.

Y no contentos con asegurar eso, acusan a Público de hacer “una transcripción malintencionada y tendenciosa”.

Pues bien, para que no queden dudas, vuelvo a difundir aquí el audio original de esas frases y dejo al juicio de los lectores qué es lo que dice el ministro (un poco ensombrecida su voz porque De Alfonso se pone a hablar a la vez). No nos cabe la menor duda de que dice “te lo afina”. Además, el tono de voz, dubitativo de un supuesto “…te lo ha… en fin…”, no corresponde en absoluto con el que emplea el ministro, que es asertivo al hablar:

Para más inri, el informe de la Policía Judicial afirma que nosotros hemos transcrito: “…esto la Fiscalía te lo ha … “afina”, hacemos una gestión…” Cuando, como se puede comprobar en el pantallazo de la información original que publicamos el 22 de junio de 2016, nuestra transcripción en absoluto incluía ese dubitativo “…ha…” entre “la Fiscalía te lo…” y “…afina”:

 

Por tanto, la Policía Judicial miente cuando en su informe asegura: “La publicación transcribe:, como se puede comprobar en esta otra imagen, del informe policial original:

 

Vamos, que el trabajo “exhaustivo” que supuestamente han hecho los expertos de la Policía –examinando sólo seis de las más de dos docenas de cortes de audio que Público incluyó en los artículos (¿y por qué esos seis, sólo?)– deja bastante que desear. Sobre todo, teniendo en cuenta que uno de esos artículos periodísticos detallaba extensamente, y con seis cortes de audio (tantos, en ese solo tema, como todos los que analizó la Policía Científica en el conjunto de su investigación), todos los sonidos de las grabaciones que indicaban quién y cómo las efectuó.

Así que nuestra “conclusión final” –por emplear la misma fórmula que Torres Ruiz– no puede ser más que una: si algo es malintencionado y tendencioso es el comportamiento de los que dirigieron esa investigación interna de la Policía Judicial, que el ministro anunció primero con fanfarrias para acabar por mantenerla en secreto durante siete meses, hasta que el Congreso le ha obligado a desvelarla. ¿Eso es todo lo que Interior piensa hacer ante tan grave “acto delictivo” como proclamaba Fernández Díaz que eran las grabaciones?

En lo que sí coincidimos es que todo esto es muy grave, pero porque Interior ha demostrado una sospechosa negligencia a la hora de investigar una de las más importantes brechas de la seguridad nacional que se haya producido en España.