Seguimos indefensos ante otro tsunami financiero

El timo global continúa. Y lo seguimos sufragando entre todos.

Cuatro años después del colapso de Lehman Brothers, los contribuyentes de todo el mundo tendremos que seguir pagando las consecuencias de esa colosal estafa financiera porque nuestros gobiernos continúan demorando la entrada en vigor de regulaciones que impidan que los costes del hundimiento de un gigante bancario tengan que ser pagados con fondos públicos. En todo este tiempo de continuas promesas de “refundación del capitalismo”, sólo EEUU, Suiza y Reino Unido (este último, el mes pasado) han diseñado planes de contingencia para evitar que desastres como el de Bankia acaben siendo costeados por las arcas del Estado. Pero como el resto de los países ricos no están por la labor, esos proyectos de prevención de nuevos cataclismos económicos quedan en papel mojado, ya que la inextricable interrelación del sistema globalizado inutiliza cualesquiera medidas que se adopten a escala nacional, aunque las tome la mayor de las superpotencias.

Y son precisamente los miembros de la tambaleante Eurozona, que tanto insisten en castigar a la población con recortes y austeridad, los que han bloqueado todo avance en ese camino de protección del dinero de los ciudadanos frente a los desmanes de banqueros y especuladores. Con la excusa de que es necesaria una legislación internacional común, que obligue a todas las entidades del continente, para hacer frente con éxito a la amenaza de otro crash, casi todos los países europeos han aplazado las necesarias reformas normativas internas y después se han dedicado a pelearse entre ellos por intereses nacionales hasta paralizar el proceso.

Tanto es así, que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas inglesas), creado en abril de 2009 cuando ya era innegable la magnitud de la Gran Recesión, ha emplazado a las naciones del G-20 a poner sobre la mesa este mismo mes sus estrategias para intervenir grandes bancos fallidos sin recurrir a gigantescas inyecciones de fondos públicos, como se ha hecho hasta ahora. En realidad, se trata de un ultimátum ante la constatada inacción de los gobiernos implicados, cuando ya han pasado once meses desde que el FSB dictase las atribuciones clave que debían entregar a los organismos reguladores, que denominó Effective Resolution Regimes.

Es decir, los gobernantes que no cesan de recortar programas sociales, prestaciones y subsidios para financiar los rescates bancarios, incumplen las instrucciones que les imparte el organismo internacional que ellos mismos crearon con la pretensión de que sus recetas evitarían nuevas catástrofes financieras. Igual que los 29 mayores bancos del mundo deberían entregar al FSB en diciembre sus propias “voluntades anticipadas” (living wills, como se han dado en llamar, ya que prácticamente es un testamento en previsión de que fallezcan) explicando cómo superarían un nuevo crash de los mercados sin recurrir a fondos estatales. Pero nadie confía en que sean capaces de cumplir ese plazo.

En resumen, tras cuatro años de penurias y promesas vacías, estamos exactamente igual de inermes ante los peligros de la codicia de los especuladores que cuando estalló la crisis. Además, hasta los medios neoliberales como el Financial Times ya reconocen que tienen razón Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff cuando predicen (en su libro This Time is Different) que la recuperación será mucho más larga y dolorosa de lo que nos habían prometido las autoridades hasta ahora.

Aunque está claro que algunos (pocos) no sentirán dolor. En julio de 2008, el exsenador y asesor de John McCain, candidato republicano a la Casa Blanca, Phil Gramm (quien logró revocar nueve años antes las regulaciones de la Glass-Steagall Act para legalizar con carácter retroactivo la fusión bancaria ilegítima que dio origen a Citigroup) aseguró que estábamos sólo en una “recesión mental”, no real, y despreció las protestas por las crecientes dificultades que padecían los trabajadores: “Parece que nos hemos convertido en una nación de quejicas”.

Hoy, los economistas apuntan a aquella revocación de la ley Glass-Steagall como el origen de la nefasta desregulación financiera que permitió el casino bursátil de los derivados y las subprime, cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Claro que Phil Gramm nunca tendría motivos para quejarse, ya que después de su maniobra parlamentaria para beneficiar a Citigroup fue premiado con un altísimo cargo directivo en la madre de todas las entidades financieras: la Unión de Bancas Suizas (UBS).

Hace cuatro años, la actual directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió al entonces secretario del Tesoro de EEUU, Henry (Hank) Paulson, de que si permitía el hundimiento de Lehman Brothers se produciría un colapso financiero global. Largarde, que era en 2008 la ministra de Economía y Finanzas de Francia, confesaría después en el documental Inside Job:

“Recuerdo claramente que le dije a Hank: ‘Estamos viendo cómo llega este tsunami y lo único que me propones es que nos planteemos qué bañador nos vamos a poner’.”

La respuesta de su buen amigo Paulson fue: “Estamos estudiando cuidadosamente la situación y la tenemos bajo control”.

A la vista de la situación actual, las aseveraciones de gobernantes como Rajoy de que saben perfectamente lo que hacen, y lo hacen por nuestro propio bien, sólo nos pueden despertar desconfianza… y alarma.