Primero le acusaron de bajar la guardia, por dar la orden de que se dejara de torturar a los sospechosos, aduciendo que, bajo tormento, varios dirigentes de Al Qaeda confesaron conspiraciones mortíferas que pudieron ser desmanteladas a tiempo. Aunque nunca dieron detalles de esos logros porque, claro, eran secretos.
Después, le bloquearon el cierre del penal ilegal de Guantánamo, al rechazar el traslado de los prisioneros a EEUU para que fueran juzgados con todos los derechos, alegando un supuesto riesgo de los residentes cerca de las cárceles de alta seguridad donde fueran internados.
Más tarde, le achacaron que estaba poniendo en peligro la seguridad nacional al “pretender que Estados Unidos no está en guerra” contra el terrorismo, en palabras de Cheney, el vice de Bush que ideó las torturas en cárceles secretas de la CIA.
Ahora, los republicanos reprochan a Obama que los servicios secretos no atasen los cabos que indicaban vínculos islamistas del nigeriano Abdulmutallab, para impedirle embarcar en el avión que trató de volar antes de aterrizar en Detroit.
Es decir, los herederos de la Administración que no supo evitar el 11-S, ni capturar a su autor intelectual, y que desencadenó la guerra devastadora que multiplicó el terrorismo islamista, condenan hoy al presidente por tratar de respetar la legalidad internacional y le acusan de no proteger a su país tras un incidente en el que sólo el atacante sufrió quemaduras.
Pero se trata de la Seguridad Nacional –siempre con mayúsculas en EEUU– y Obama no puede permitirse parecer blando en ese campo. Así que dará la orden de bombardear, aunque sepa que esta vez tampoco servirá más que para aumentar los estragos.
Washington considera que el Sahel es el nuevo escenario de la “guerra contra el terror” de Al Qaeda y por ello dedicó el año pasado más de 100 millones de dólares en reforzar los ejércitos y los servicios secretos de diez países de la zona. Pero la realidad es que esa inmensa extensión desértica (el norte de Malí es mucho mayor que España y sólo cuenta con un millón de habitantes) tiene muy poco que ver con los reductos montañosos de Tora Bora o el fanatismo integrista de Waziristán.
Pese a la tremenda pobreza que padece, la región nunca fue terreno fértil para el extremismo religioso que alimenta el islamismo, sino que se ha ceñido a la moderada rama sufí del islam. Incluso hoy, cuando crece el fundamentalismo, la mayoría de la población condena la violencia yihadista, y hasta el Pentágono reconoce que ni llega a la zona financiación de Al Qaeda, ni desde allí se envían fondos para los talibanes.
Todo indica que los secuestradores de occidentales son meras bandas armadas irregulares que usan símbolos y proclamas salafistas para justificar una actividad de puro bandolerismo, que fructifica en el caótico abandono de las remotas fronteras que siempre prosperaron en el contrabando, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Por eso, los que capturan rehenes suelen acabar conformándose con el rescate en efectivo, olvidándose en cuanto cobran de sus habituales demandas iniciales de liberación de terroristas presos en Argelia o de retirada de las tropas extranjeras de Afganistán.
Las tribus del Sahel ya sufren demasiadas penurias como para guiarse por ideologías.
Cuando, en primavera, el Ejército de Pakistán atacó a sangre y fuego el bastión talibán del valle de Swat, 2,5 millones de civiles huyeron de los combates. La mayor parte de esos desplazados perdieron sus hogares y casi todas sus pertenencias, pero unos 280.000 hallaron al menos refugio en una veintena de campamentos levantados al sur del valle con tiendas de campaña de las organizaciones humanitarias.
Esta vez, el Estado Mayor paquistaní no ha previsto establecer ni un solo campo de acogida para los fugitivos de Waziristán del Sur, pese a que una tercera parte de la población ya había escapado de la región antes de que comenzara, el sábado, la gran ofensiva militar contra los talibanes mehsud.
Más aún, las Fuerzas Armadas incluso impiden que los grupos caritativos locales hagan llegar alimentos a los refugiados de esa etnia. En Dera
Ismail Khan, la polvorienta localidad junto al Indus adonde va a parar la mayoría de los que sobreviven al agreste descenso de las montañas, hace ya un mes que no se distribuye comida para los desplazados.
Además, hasta la ONU se ha retirado de la zona, después de que murieran cinco de sus empleados en un atentado suicida contra la oficina del Programa Mundial de Alimentos en Islamabad. Así que la población civil está totalmente desvalida, a las puertas del invierno, frente a los desastres de esta guerra contra los combatientes de
Hakimullah Mehsud, quien a sus 28 años se ha hecho con el liderazgo de Tehrik-e-Taliban, tras la muerte del anterior jefe de esa alianza de 13 grupos pashtunes socios de Al Qaeda.
¿Es, acaso, inevitable la nueva catástrofe humana en la que se va a precipitar la región?
Pakistán aduce que un 80% de los 200 atentados suicidas cometidos en el país en los últimos dos años fueron lanzados desde Waziristán del Sur, en su mayoría organizados por Qari
Hussain, primo de Hakimullah. Pero el verdadero cáncer radica en la influencia de los mehsud que ocupan altos cargos en el Ejército y la Administración, y que ya frenaron la anterior ofensiva militar en la región, en febrero de 2008.
Incluso si esos talibanes fueran ahora derrotados, poco afectaría a la insurgencia en Afganistán, pues se apoya en las tribus wazir, más al norte, que hasta saldrían ganando de la derrota de sus ancestrales rivales mehsud. En cualquier caso, la guerrilla talibán que mata a los soldados de la OTAN está dirigida por la Shura de Quetta, que actúa impunemente en esa capital del Baluchistán paquistaní, sin que el Gobierno haga gran cosa por evitarlo.
El presidente Obama acaba de firmar un gran aumento de la ayuda de EEUU a Pakistán (7.500 millones de dólares en cinco años), pero los militares paquistaníes siguen agitando la propaganda anti-estadounidense. La razón es simple: el Ejército y los servicios secretos de Pakistán pretenden convertirse en imprescindibles mediadores entre un desmoronado Gobierno afgano de Karzai y unos talibanes desgastados por la ofensiva. De esa forma obtendrían la hegemonía en el inexpugnable país vecino, cuyo territorio consideran retaguardia natural frente a su verdadero enemigo: India.
Y poco les importa el sufrimiento de los millones de civiles atrapados en esa guerra.
Nuestro deificado presidente Barack Obama ha tenido que ser forzado por el Departamento de Justicia –y, más concretamente, por la veterana fiscal Mary Patrice Brown, quien hoy dirige su oficina de ética– a procesar por fin a algunos de los agentes que dirigieron o cometieron torturas. Para ello, tendrá que dar marcha atrás a la promesa que hizo dentro de la misma sede de la CIA. Y lo hará porque así se procurará limitar el escándalo a unos pocos casos concretos, se hará pagar el pato a unos cuantos chivos expiatorios, y se evitará (o eso es lo que se pretende) que comparezcan ante la justicia los verdaderos autores intelectuales de esos crímenes de guerra.
Esos últimos, entretanto, siguen con su campaña para demostrar que sus métodos execrables fueron eficaces. Y no sólo el tenebroso letrado John Yoo, al que la audiencia aplaude cuando pronuncia conferencias en California sobre la efectividad de los tormentos que él legalizó, sino también el ex vicepresidente Dick Cheney, quien pretende desclasificar secretos de Estado que –dice– prueban que se evitaron atentados gracias a las confesiones arrancadas a los torturados.
Y en todo este ignominioso debate siempre se olvida al último responsable de tanto horror, el ex presidente George W. Bush, quien –según todos los testimonios– autorizó personalmente el programa de interrogatorios de la CIA a comienzos del verano de 2002. Es decir, al menos un mes antes de que esos métodos criminales fueran justificados por su equipo legal con argumentos seudojurídicos.
Hoy dicen los republicanos, sin ruborizarse, que perseguir a los culpables de tan horrendos crímenes constituye una “caza de brujas”. ¡Qué bajo han caído los herederos de Joseph McCarthy!
Casi nos hemos olvidado de que para la guerra de Afganistán la OTAN invocó por primera vez en su historia el Artículo 5 de la Alianza, que requiere la defensa colectiva de un miembro que esté bajo ataque enemigo. Fue la señal más importante de solidaridad internacional con EEUU, tras los sangrientos atentados del 11-S, y el inicio de la “guerra contra el terror” de Bush.
El patente fracaso de esa estrategia queda hoy en evidencia no sólo en los campos de batalla, sino hasta en los despachos de la burocracia de la Casa Blanca, donde el nuevo presidente Obama ha dado órdenes a su equipo de no volver a mencionar esa terminología nunca más. Así que los funcionarios del Pentágono se refieren ahora a esa “guerra” –por definición, interminable e imposible de ganar– con perífrasis del estilo: “Operaciones defensivas en el extranjero”. Eso incluye los ataques dentro de
Pakistán con misiles lanzados por aviones no tripulados de EEUU (los famosos drones), que causan una gran mortandad de civiles incluso si aciertan su objetivo: uno de los supuestos cabecillas de Al Qaeda o comandantes talibanes.
Pese a su profunda revisión de la grotesca política exterior de Bush, Obama ha decidido continuar con esos bombardeos por control remoto porque estima (acertadamente) que el conflicto no es sólo afgano, sino que se libra en el territorio “Af-Pak”, en la jerga de lo militares estadounidenses. Por tanto, el frente está también en las áreas tribales paquistaníes, donde además se cree que está escondido el propio Bin Laden. Es por ello que el presidente de EEUU insiste en que Pakistán tiene que formar parte de la ecuación.
Ahora bien, cada vez está más claro para los estrategas del Pentágono que la ofensiva aérea robótica es otra táctica fallida, ya que –aun cuando los Predators hayan dado muerte a una decena de importantes jefes terroristas– los inesperados e indiscriminados ataques de esos drones no están en absoluto logrando intimidar al enemigo. No sólo exacerban el sentimiento antioccidental de las poblaciones afectadas, sino que incluso convencen a los insurgentes más fanáticos de que la superpotencia satánica está utilizando robots porque no se atreve a enviar a sus soldados a luchar “como hombres” contra los aguerridos combatientes yihadistas.
Todo esto, sumado al resurgir talibán dentro de Afganistán, ha convencido a Obama de que esa guerra tampoco se puede ganar, por lo que la “estrategia de salida” debe incluir un diálogo con lo talibanes moderados, si es que esa especie existe. “Parte del éxito en Irak”, declaró al New York Times, refiriéndose al surge (oleada, como se llamó el refuerzo militar puntual) que empezó a normalizar la situación allí, “consistió en abrirse hacia gente que hubiéramos considerado fundamentalistas islámicos, pero que estaban deseosos de cooperar con nosotros”. Eran los jeques suníes locales, hartos de la orgía de sangre desencadenada por Al Qaeda.
Ahora, se trata de hacer lo mismo en Af-Pak, visto que la derrota militar de los insurgentes es imposible, y abrirnos hacia los combatientes talibanes para los que la yihad (guerra santa) global es mucho menos importante que sus convicciones tribales: el nacionalismo pastún, la resistencia a la ocupación de tropas occidentales, la defensa de valores musulmanes tradicionales, y las rencillas y rivalidades entre clanes. Según muchos analistas, los talibanes cuyo componente ideológico integrista es irreconciliable están en minoría.
El error fue no invitar a ningún representante de esos grupos tribales a la conferencia de reconstrucción de Afganistán de finales de 2001. Cuando por fin se intentó atraerlos a la mesa de diálogo, en la comisión del Gobierno afgano de 2005, sólo se prestaron a la reconciliación 12 de los 142 líderes talibanes conocidos.
Los demás sólo abrirán el puño, para aceptar la mano tendida de Obama, cuando se convenzan de que no pueden derrotar a la OTAN igual que vencieron a la URSS. Así que tenemos guerra para rato.
El actual gobernador de la provincia afgana de Nangarhar, Gul Agha Shirzai, es uno de los más serios aspirantes a desbancar al presidente Hamid Karzai en las elecciones que se celebrarán en Afganistán en agosto. También es una firme apuesta política de EEUU, en vista de sus éxitos en la lucha contra los talibanes y el narcotráfico.
Lo malo es que Shirzai es un clásico señor de la guerra afgano, que ganó reputación de implacable y cruel durante la lucha de los muyahidines contra la URSS; se dio al nepotismo y la arbitrariedad durante su primer mandato en Kandahar (1992-1994); fue restituido en 2001 como gobernador de esa provincia por las fuerzas especiales de EEUU, y sólo tres años después fue destituido porque, entre otras lindezas, sus guardaespaldas se liaban a tiros contra los policías locales.
O sea, es nuestro hombre.
Igual que otros notorios señores de la guerra, empezando por los de Balj y de Herat, conocidos por sus brutales violaciones de los derechos humanos y que ahora resultan ser imprescindibles para que podamos retirarnos
dignamente de Afganistán
Siete años de dogmatismo militarista de la Administración Bush –abandonando la verdadera sede y cuna de Al Qaeda para dedicarse a la agenda neocon contra Irak, Irán y Siria– nos han arrojado en brazos de los mismos guerreros feudales que sumergieron Afganistán en el caos antes de la llegada de los talibanes. Cuando lo que la población afgana más agradeció al poder talibán fue que la librase de semejantes salvajes.
En Kandahar, el amigo Shirzai acumuló como gobernador (2001-2004) una fortuna de 300 millones de dólares, pese a que su país es uno de los tres más pobres del mundo. ¿Qué hará si le dejamos tomar el poder en Kabul?
En plena crisis con India por los sangrientos ataques de Bombay, un alto cargo de los servicios secretos de Pakistán (ISI) reveló a un selecto grupo de periodistas paquistaníes que el Ejército había recibido promesas de apoyo de los líderes talibanes en caso de guerra con el gigante vecino. En esa sesión reservada, el oficial de la Inter-Services Intelligence incluso calificó de “paquistaníes patriotas” a cabecillas islamistas como Baitullah Mehsud, quien reina en Waziristán del Sur, y Maulana Fazlullah, quien acaba de imponer la sharia en el valle de Swat.
Sus elogios a esos dos señores de la guerra talibanes eran aún más insultantes porque resultan ser los principales sospechosos de haber ordenado el magnicido de Bhenazir Bhutto, cuyo marido es hoy presidente electo del país tras casi diez años de dictadura. Éste, Asif Zardari, está tan desbordado por la presión islamista que ha llegado a admitir públicamente que los talibanes “controlan enormes extensiones de territorio” de Pakistán. Y los altos mandos del Ejército parecen tenerle tan poco respeto como el que demuestra la ISI, que sigue ayudando a sus ahijados talibanes a hostigar a las fuerzas occidentales en Afganistán.
En ese último país, un alto funcionario le aseguraba hace poco al corresponsal de The Economist que “Pakistán es el brazo político de los talibanes”. Y no le falta razón. Para los generales paquistaníes, que dictan desde hace seis décadas una política de seguridad nacionalista en la que India es el gran enemigo mortal, Afganistán siempre constituyó una “profundidad estratégica” valiosísima frente a la amenaza de una invasión terrestre india. Así que fueron ellos los que propulsaron al poder al mulá Omar en los años noventa y sólo accedieron a perseguir a Al Qaeda, tras el 11-S, a cambio de 10.000 millones de dólares en ayuda militar de EEUU.
Lo que nunca hicieron fue combatir en serio a los talibanes, pues contaban con ellos para recuperar el poder en Kabul en cuanto se retirasen los ocupantes occidentales, cosa que pensaban que no tardaría en ocurrir, sobre todo tras la desastrosa aventura militar de EEUU en Irak. Hoy, los jefes de la ISI admiten que la OTAN se quedará en Afganistán “quizá durante otros 15 o 20 años”, pero siguen obsesionados con India, convencidos de que jamás se llegará a una auténtica paz indo-paquistaní.
Tras la sangrienta cadena de atentados de Bombay, organizados desde Karachi por el grupo integrista Lashkar-e-Taiba –cuyo líder, Hafiz Saeed, sigue en libertad–, el Ejército paquistaní se apresuró a trasladar a miles de soldados desde la frontera afgana hasta la india, dejando aún más enseñoreados a los caciques talibanes de los territorios del noreste. Pero no es únicamente en esas agrestes áreas tribales donde el Estado paquistaní ha entregado su soberanía a los fundamentalistas.
En la capital de Beluchistán, Quetta, funciona abiertamente la Shura Talibán que coordina las acciones armadas rebeldes en las provincias afganas de Kandahar, Helmand y Oruzgán. En la portuaria Karachi, una megápolis de 15 millones de habitantes, las autoridades locales no osan poner trabas a los casi 40 grupos integristas locales que ganan poder día a día. En Peshawar, una gran urbe cercada por milicianos islamistas, los jefes talibanes y los capos del narcotráfico han empezado a alquilar las mejores casas del centro de la ciudad, que la burguesía está abandonando en masa.
A sólo 80 kilómetros de la capital, Islamabad, en el distrito punjabí de Attock, fue secuestrado el ingeniero polaco Piotr Stanczak, cuya decapitación con un cuchillo de carnicero acaba de ser difundida en vídeo por un grupo talibán de Khyber, en el primer crimen de esa naturaleza que sufre un occidental desde el asesinato de Daniel Pearl, en 2002.
A todo ello se suman los gravísimos efectos de la crisis económica global en Pakistán, donde ha cerrado un tercio de las fábricas textiles que suponen la mitad del empleo y de las exportaciones del país.
Jamás lograrán los aliados imponerse en Afganistán, si el santuario de sus enemigos es el reino del caos.
28/2/2009
A primera vista, la situación militar, económica y social en Afganistán, siete años después de la invasión aliada con la que se vengó el 11-S, es catastrófica. Los talibanes, supuestamente derrotados en diciembre de 2001, vuelven a controlar gran parte del territorio del país y someten a las fuerzas de la OTAN a un hostigamiento constante. El Gobierno de Hamid Karzai, quien hasta hace poco era la niña de los ojos de Occidente, no sólo demuestra ser inoperante y corrupto, sino que últimamente amenaza con cambiar de bando y aliarse con Rusia.
EEUU se ve obligado a una escalada militar que comienza con el envío de 17.000 soldados más (a sumar a los 32.000 norteamericanos ya desplegados allí) justo cuando el Pentágono pierde su última base en Asia central, Manas en Kirguizistán, principal estación de reemplazo y avituallamiento de su contingente.
La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue muy prudente en su testimonio oral ante el Congreso, durante las audiencias para su confirmación, pero en su exposición escrita describió Afganistán como “un narco-Estado (…) plagado de incapacidad [gubernamental] y corrupción generalizada”. Y en un reciente artículo de The New York Times, se citaban “altos funcionarios de la Administración” del presidente Barack Obama para anunciar que Washington se plantea emprender una línea política mucho más dura con el régimen de Karzai, porque este es ahora considerado en la Casa Blanca como “un potencial impedimento para los objetivos estadounidenses” en Asia central.
Entre tanto, en el vecino Pakistán, el Gobierno de Islamabad, al que EEUU ha subvencionado con miles de millones de dólares y ha armado hasta los dientes para que le ayudara a destruir a los talibanes, acaba de rendirse ante la ofensiva integrista y ha autorizado la imposición de la sharia (ley islámica) en el valle de Swat. A cambio, implora el fin de los ataques del cabecilla talibán Maulana Fazlullah, a quien hace sólo un año acusaba del asesinato de Benazir Bhutto y juraba perseguir hasta el fin. Y eso que el actual presidente de Pakistán es precisamente Asif Ali Zardari, viudo de la primera mujer elegida para encabezar el Gobierno de un país musulmán.
En resumen, el resultado de siete años de intervención militar occidental en el Hindu Kush es desastroso. Aparte de haber sido inútil para capturar o matar al cerebro de la matanza del 11-S: el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, cuya organización nació de la mano de la CIA –cuando a esta sólo le importaba socavar el poder del Ejército Rojo en Afganistán– y se nutrió de los petrodólares saudíes.
Ahora, Obama ha prometido que acabará con Bin Laden, pero lo que verdaderamente está en juego en la región es el control y el acceso de las ingentes reservas de gas natural y petróleo en las repúblicas ex soviéticas de Asia central. Por eso Moscú ha multiplicado por diez lo que Washington pagaba a Kirguizistán por el uso de la base de Manas, para que el Gobierno de Bishkek expulse a las fuerzas estadounidenses del lugar.
En el Hindu Kush, se está librando un nuevo Gran Juego como el que disputaron allí los imperios británico y ruso durante todo el siglo XIX. Aunque esta vez es la potencia estadounidense la que trata de apoderarse de esa atalaya que engarza dos continentes y no sólo contra el renacido poderío ruso, sino también frente a la emergente China, que presiona desde la vecina Xinjiang.
Para EEUU, están cerradas las vías alternativas hacia Afganistán a través de China, de Rusia y de Irán (la más directa), así que la CIA maniobra ahora para abrir una nueva ruta: desde el puerto de Poti, en el mar Negro, a través de Georgia y Azerbaiyán, por Kazajstán y Uzbekistán, o directamente por Turkmenistán. Si lo lograse, sería una jugada maestra en el tablero del Hindu Kush y el Cáucaso, al sellar EEUU alianzas con todos esos países y poner en jaque a las organizaciones multinacionales de seguridad rivales de la OTAN que han creado Rusia (la CSTO) y China (la SCO).
Además, esa nueva vía no sería hoy una ruta de la seda, sino de
gasoductos y oleoductos.
21/2/2009
Es muy difícil criticar lo que hace, porque “por el momento, Barack Obama goza de un estatus casi de semidiós”, admitía hace poco el europarlamentario laborista Claude Moraes, miembro del comité que investigó los vuelos secretos de la CIA.
Así que hasta las organizaciones de defensa de los derechos humanos le han pasado por alto al nuevo presidente de EEUU que en sus tan alabadas órdenes ejecutivas para cerrar Guantánamo y acabar con las torturas de la era Bush, permitiese continuar con uno de los más flagrantes abusos de la “guerra contra el terror”. Lo llaman “extraordinary renditions” (“entregas extraordinarias”) de presos, cuando son secuestros secretos cometidos por agentes de la CIA, para enviar a las víctimas a países donde es notorio que se practica la tortura.
Pues bien, las órdenes humanitarias de Obama no sólo mantienen la potestad de la CIA para apresar ilegalmente a sospechosos de terrorismo en cualquier lugar del mundo y trasladarlos a “países aliados”, sino que incluso permite la continuidad de las inicuas cárceles secretas que supuestamente mandan cerrar. Porque la sección 2g de esa disposición presidencial excluye explícitamente las “instalaciones de detención” que “sólo se usan para recluir personas de forma transitoria y a corto plazo”.
Es decir, ni terminará el arbitrario transporte aéreo de secuestrados por los servicios secretos estadounidenses, como los 1.245 vuelos de la CIA detectados en Europa, ni serán clausurados centros de reclusión como el campo de prisioneros de la base militar de Bagram, en Afganistán, donde siempre hay unos 600 reos privados de defensa y de derechos jurídicos.
Las infames renditions más bien aumentarán, pese a los numerosos casos de errores que han arruinado la vida de inocentes, avergonzando a las autoridades de EEUU y provocando las indignadas protestas de los aliados europeos. Los Angeles Times citó recientemente a un alto funcionario de la Administración de Obama que argumentó: “Obviamente, necesitamos conservar algunas herramientas para perseguir a los malos. Los asesores legales que trabajan en ello se han fijado en las renditions. Son controvertidas en algunos círculos y desataron una gran tormenta en Europa, pero constituyen una práctica aceptable si se mantienen dentro de unos parámetros determinados”.
O sea, que en la Era Obama se mantendrá el gulag de la CIA.
La primera prueba de fuego de las presuntas buenas intenciones de Obama la pasará su equipo legal el próximo lunes ante un tribunal de San Francisco, al que la Administración de Bush intentó convencer de que los abusos de la CIA están exentos de cualquier control judicial porque son en sí mismos “secretos de Estado” amparados por el llamado privilegio presidencial.
Con esa argucia legal, la Casa Blanca niega a cinco víctimas inocentes de esos crímenes de Estado –por cierto, ya no tan secretos– el derecho a ser escuchadas por un juez. Uno de esos secuestrados, un etíope residente en Reino Unido, fue torturado en Pakistán, Marruecos y una cárcel secreta de la CIA en las afueras de Kabul conocida como la Prisión Oscura, antes de ser recluido en Guantánamo. Otro, un iraquí con residencia británica, capturado en Gambia durante un viaje de negocios, sufrió cuatro años y medio de detención y torturas, sin cargos ni derecho a defensa, antes de que se reconociese que era totalmente inocente.
También en San Francisco, el ciudadano norteamericano José Padilla, torturado durante varios años en instalaciones militares de su país, mantiene una demanda judicial contra John Yoo, el funcionario del Departamento de Justicia que redactó la justificación legal de diversos métodos de tormento.
Así que debemos preguntarle a nuestro señor Obama: ¿Caerá el peso de la justicia sobre los miembros de la Administración de Bush que ordenaron tan execrables crímenes?
Y a nuestro presidente Zapatero: ¿Cooperará con las renditions de Obama, igual que Aznar hizo con los vuelos de la CIA de Bush?
7/2/2009
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