No podía continuar. El hombre que comenzó su ascenso hacia el 10 de Downing Street como Otelo, corroído por los celos que le causaba el don de gentes de Blair, se disponía a acabar su carrera como Macbeth, el rey escocés atrincherado en su castillo mientras sus enemigos se aprestaban a asaltar la colina de Dunsinane desde el bosque de Birnam; en este caso el 70 de Whitehall, donde liberaldemócratas y conservadores negociaban la coalición que auguraba su fatalidad.
La trayectoria de Gordon Brown ha sido un drama shakespeariano múltiple, pues sus inicios en la cúspide del poder quedaron marcados por dudas y vacilaciones dignas del peor Hamlet. Pero no fue ninguno de estos defectos lo que le condujo a la ruina política, sino precisamente la propia ambición que le llevó a la cima, pues una vez allí le hizo abrazar a los más poderosos: esos mismos colosos financieros que hoy amenazan con arrastrarnos a todos al abismo.
Al heredar la estela del ego de Blair ya fue incapaz de renegar de aquellas veleidades bélicas, y al tomar las riendas de la lucha contra la crisis económica nunca pudo ocultar que él ya las manejaba antes como canciller del Tesoro, cuando dio manga ancha a los tiburones de los mercados en una muy poco socialdemócrata gestión de las finanzas públicas. Así que después no pudo llamar en su auxilio a las filas laboristas, decepcionadas por 13 años de gobiernos neoliberales bajo la máscara del Labour.
En sus últimos días de reinado, ya no lograba siquiera fingir que era capaz de reunir una mayoría absoluta, con liberales y nacionalistas, mediante algún alarde de prestidigitación aritmética. Esperemos que no sea también el rey Lear y legue el laborismo a alguna pobre Cordelia.
Se podría decir que en estas elecciones de Reino Unido todos han perdido; cosa bien curiosa vista desde aquí, donde los líderes de los partidos suelen cantar victoria sea cual sea el resultado obtenido. Pero este Parlamento británico “colgado” –casi se podría decir que ahorcado– nos presenta un fenómeno todavía más peculiar: el verdadero ganador no sólo ha perdido sino que ha decepcionado a propios y extraños.
El gran triunfador es, claro, Clegg, puesto que es el que tiene la llave de la gobernabilidad y en consecuencia es cortejado por los dos grandes partidos, súbitamente dispuestos a adoptar las reformas liberaldemócratas que hasta anteayer consideraban inaceptables. Con uno u otro socio, será él quien acabe llevándose el gato al agua de la reforma electoral que augura un futuro prometedor para su partido.
Empero, Clegg ha sido claramente derrotado por el voto útil de los electores que al llegar a las urnas de pronto sucumbieron al ancestral reflejo de que marcar la papeleta liberal era tanto como arrojarla a la papelera. Así que, en vez de cumplir las altísimas expectativas despertadas por el dinámico candidato LibDem, el temor a un sistema electoral absurdo acabó por castigarlo con incluso menos escaños que antes.
Lo único que le salva es sumar con los laboristas exactamente el mismo número de diputados que el que reunirían los tories (tras ganar Thirsk y Malton) con sus aliados naturales unionistas (norirlandeses), de forma que puede retorcer el brazo a Cameron: le sería imposible gobernar sin contar con Clegg.
No cabe duda. El que más gana en este embrollo electoral es el perdedor contra pronóstico. ¡Bendita política!
Los defensores del absurdo sistema electoral británico first-past-the-post (el primero se lo lleva todo, sin segunda vuelta) sostienen que es el mejor método para garantizar un Gobierno “fuerte”, con la mayoría absoluta parlamentaria necesaria para forzar la aprobación de las leyes y decretos que considere oportunos para gobernar.
Esa trampa dialéctica de poner la gobernabilidad por encima de todo no es más que una excusa para mantener un sistema injusto diseñado para que uno de los dos grandes partidos siempre ostente el poder y ninguna formación menor pueda influir en la política gubernamental. En las elecciones británicas de 2005, los laboristas se apropiaron del 54% de los escaños en los Comunes con sólo un 33% de los votos, mientras que los liberaldemócratas reunieron únicamente el 9,6% de los diputados pese a haber obtenido un 22,6% de los sufragios.
Además, ese procedimiento de adjudicar el escaño al que queda primero (aunque tenga poco más de la cuarta parte de los votos emitidos) convierte en inservibles o malgastados la mayor parte de los sufragios. En 2005, el 70% de los votos depositados en las urnas fueron para candidatos perdedores o sobrantes de los ganadores, de forma que no tuvieron influencia ninguna en la composición del Parlamento.
Como era de esperar, sólo el líder liberal, Nick Clegg, ha exigido la reforma de un sistema electoral tan grotesco, que Labour y tories pretenden perpetuar. Eso le ha convertido en bisagra, y para quebrar ese bipartidismo estancado deberá reclamársela a David Cameron, quien acabará sin duda en el número 10 de Downing St. Porque estas tenían que ser las elecciones para cambiar todas las elecciones en Reino Unido y este resultado que no otorga mayoría absoluta a ninguno de los dos bloques es quizá el mejor posible.
En un principio, algunos parlamentarios británicos involucrados en el escándalo de los gastos indecentes argumentaron que no era más que una tormenta en una taza de té, ya que esos extravagantes dispendios a cuenta del contribuyente no sumaron más que 60 millones de euros en cinco años. Puestos a rescatar entidades financieras con miles de millones públicos, ¿por qué iban a hacerles pagar los electores a causa de esa bagatela?
Uno de ellos, el conservador Anthony Steen, llegó a afirmar que tanto barullo por los 120.000 euros que cargó al fisco por el mantenimiento de su casa de campo no era más que “pura envidia”, porque posee una mansión “tan grande que muchos la comparan con Balmoral”, el castillo de la Reina en Escocia.
Ahora, los más de 300 diputados pillados con las manos en la masa (incluidos muchos primeros espada) están sorprendidos de que sus partidos tengan que eliminarlos de las listas para las próximas elecciones. Porque la arrogancia de los políticos británicos –como en muchos otros países– empieza por el desconocimiento de hasta qué punto han perdido la confianza de los votantes.
La indignación ciudadana roza ya la que inflamó los disturbios que obligaron a la Gran Acta de Reforma de 1832, puesto que el resentimiento popular lleva medio siglo acumulándose ante los excesos de una clase política ostentosa y altanera que hace sus propias reglas por encima de las que rigen para el resto de los mortales. El agravio llegó a su cénit en 2003, cuando los Comunes aprobaron enviar a su pueblo a la guerra de Irak, pese a que cientos de miles de personas se manifestaban en contra.
Tan grande es la decepción de los electores, que muchos ni siquiera se molestan ya en votar contra los políticos que medran en sus corruptelas.
