En realidad, a Obama le está yendo de miedo el desastre monumental que le dejó Bush en herencia. No es que tenga que cumplir sus promesas de cambio, sino que ya no queda más remedio que emprender una perestroika global si se quiere rescatar algo del naufragio neocon.
Afortunadamente, el nuevo presidente es hiperactivo, además de brillante, y en sólo cien días ha dado un golpe de timón copernicano al portaviones norteamericano. Pero las dimensiones del navío impiden que tome el nuevo rumbo en tan poco tiempo.
Obama también ha sido sincero, al exponer que “es simplemente insostenible una economía en la que, en un año, el 40% de nuestros beneficios empresariales provinieron de un sector financiero basado en precios de la vivienda inflados, tarjetas de crédito saturadas, bancos desfondados y acciones sobrevaloradas”.
Es decir, una economía neoliberal pura cuyos catastróficos resultados han obligado a la Casa Blanca a violar los sagrados principios del capitalismo salvaje y hacer que el Estado salga al rescate de los damnificados… incluidos los que se enriquecieron con semejante sistema y ahora se duelen de sus pérdidas.
Así que Obama resucita el Estado benefactor del New Deal –auténtico anatema para su predecesor– sin que los republicanos puedan oponer gran resistencia.
Hacia el exterior, el presidente se limita a ser realista. Hay que poner fin al mortífero despropósito de la guerra de Irak, concentrarse en Afganistán y Pakistán, dialogar con Cuba e Irán, colaborar con la UE y China, reconsiderar las relaciones con Israel y con Rusia…
Con sólo hacer lo que es ya inevitable e imprescindible, Obama se puede ver abocado a cambiar el mundo.
La última línea de defensa de las autoridades de la Administración Bush que ordenaron y justificaron las torturas de la CIA quedó claramente expuesta en un editorial del Wall Street Journal: “el presidente debería desclasificar de inmediato todos los memorandos sobre lo que los servicios de inteligencia descubrieron, y los complots que desarticularon, gracias a los interrogatorios de los detenidos de alto nivel de Al Qaeda tras el 11-S”.
Esa es la estrategia del ex vicepresidente Dick Cheney, quien reclama que se divulguen los informes de alto secreto que supuestamente demostrarían que torturar a prisioneros como Abu Zubaida y Jalid Sheij Mohamed fue muy útil para impedir que se cometieran nuevos atentados a gran escala en el territorio de EEUU.
Por supuesto, si se pudiera probar que gracias a esos tormentos los investigadores pudieron salvar la vida de cientos, o miles, de estadounidenses, la opinión pública norteamericana se opondría radicalmente a que se juzgase a los responsables de unas “técnicas de interrogatorio” que constituyen inequívocos crímenes de lesa humanidad. Ese sí que sería un chantaje, y esta vez a toda una ciudadanía todavía aterrorizada por la amenaza islamista, que la camarilla neocon de Bush se cuidó de exagerar para justificar su propia agenda imperial.
Además, esa tesis infame ni siquiera se sustenta en hechos probados y se limita a vaguedades, como la expuesta por el nuevo director de la Inteligencia Nacional, Dennis Blair: “De los interrogatorios en los que se emplearon esos métodos [de tortura] surgió información de alto valor que facilitó un conocimiento más profundo de la organización Al Qaeda que estaba atacando este país”.
Esa argumentación tan demagógicamente patriótica no tiene fundamento en los memorandos que se han desclasificado. Uno de ellos, fechado en 2005, asevera que las “técnicas reforzadas” a que fueron sometidos Zubaida y Sheij Mohamed “proporcionaron información crítica” para la lucha antiterrorista. Pero resulta que entre las revelaciones que se detallan figuran al menos dos que sabemos que Zubaida confesó mucho antes de que se le empezara a someter a tortura. Y una de ellas –la del supuesto complot de José Padilla para fabricar una “bomba nuclear sucia” (radiológica)– acabó por ser una mera fantasía de amateurs.
En cuanto a Sheij Mohamed, el informe secreto de la CIA asegura que “se resistió a responder a las preguntas sobre futuros atentados, limitándose a repetir ‘Pronto lo sabréis’, antes de que se emplearan las técnicas reforzadas”. Ahora bien, resulta que a ese presunto cerebro del 11-S se le sometió al waterboarding (asfixia simulada) ni más ni menos que ¡183 veces en el primer mes de su cautiverio! (marzo de 2003). Si lo estaban llevando hasta el borde de la muerte por ahogamiento seis veces diarias nada más ser detenido, ¿cuándo fue que se negó a responder al interrogatorio? Ante semejante despliegue de crueldad, el FBI decidió desde el primer momento dejar de participar en esas sesiones reforzadas. Pero sí recibió la información que se extrajo de los prisioneros, y hace un año su director, Robert Mueller, reconoció en una entrevista a Vanity Fair que no se llegó a impedir ninguna acción terrorista concreta a raíz de confesiones obtenidas bajo tormentos.
Si se acaba por demostrar que las torturas autorizadas por Bush, Cheney y Rumsfeld no obtuvieron más que invenciones desesperadas de las víctimas de esos crímenes de guerra, se derrumbará su última justificación: que con esas órdenes abominables lograron impedir que se repitiera un 11-S en EEUU.
Y no pueden alegar ignorancia de lo que se hacía. El entonces director de la CIA, George Tenet, les daba tantos detalles de cada tormento aplicado que en una de esas reuniones el fiscal general, John Ashcroft, protestó que no tenía por qué ser tan minucioso. Después dijo creer que Tenet buscaba así cubrirse las espaldas.
Ninguno de ellos debería creer hoy que tiene las espaldas cubiertas.
Si cometer crímenes de guerra desde la autoridad del Estado es algo execrable, ¿cómo podríamos calificar el chantaje a las autoridades para encubrir crímenes de lesa humanidad?
Pues eso es exactamente lo que están haciendo los congresistas republicanos en EEUU, al amenazar a la Casa Blanca con bloquear en el Capitolio nombramientos clave del presidente Obama en el Departamento de Justicia, en caso de que se hagan públicos los memorandos que demuestran que los más altos cargos de la Administración de Bush ordenaron a la CIA que se cometiera tortura. Los informes internos que se pretenden ocultar también constituyen pruebas fehacientes de que los que impartieron esas órdenes conocían perfectamente que con ello violaban las leyes internacionales sobre tratamiento de prisioneros, así como los compromisos diplomáticos firmados por el Gobierno estadounidense.
El nuevo fiscal general, Eric Holder, se disponía a hacer públicos esos informes incriminatorios el pasado 2 de abril, pero no lo hizo porque el partido republicano amenazó con una guerra de filibusterismo. Esa táctica parlamentaria permite, en EEUU, prolongar indefinida y artificialmente los debates de la Cámara e impedir la aprobación de una medida determinada. En este caso, lo que los diputados opositores amenazan con bloquear es la aprobación de dos nombramientos cruciales: Dawn Johnsen como jefe de la Oficina Legal de Justicia, y Dean Harold Koh, como asesor jurídico del Departamento de Estado.
La justificación esgrimida por los republicanos es que son demasiado “izquierdistas”, pero la realidad es que ambos se han manifestado radicalmente opuestos a la doctrina elaborada por los anteriores consejeros jurídicos de la Administración de Bush, con la que se justificaron torturas, detenciones ilegales, encarcelamientos sin derecho a defensa, y muchas otras violaciones de los derechos humanos cometidas en Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA. Precisamente por esa causa está presentada ante la Audiencia Nacional española una querella criminal contra los seis expertos que diseñaron esa doctrina jurídica, incluido el ex fiscal general Alberto Gonzales.
La causa de la Audiencia –adelantada en exclusiva por Público– ha levantado un tremendo revuelo en EEUU, donde políticos y comentaristas han empezado a exigir a la Casa Blanca que investigue los abusos de la anterior Administración antes de que Washington se vea avergonzado por la necesidad de investigar en otro país crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades estadounidenses.
A principios de marzo ya fueron desclasificados varios memorandos que demuestran que esos mismos asesores legales de Bush redactaron argumentaciones jurídicas para justificar poderes presidenciales extraordinarios en violación de la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución (las que establecen los derechos inalienables de libertad de expresión y reunión, y de protección contra registros y detenciones arbitrarias). “Fue un asalto en toda regla contra los mismos fundamentos de nuestra legislación”, explica Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales. “Como si 200 años de nuestra historia y nuestras leyes pudieran ser eliminados de un plumazo ante un ataque terrorista”.
Lo que ahora está en juego es la impunidad de los que ordenaron actos anticonstitucionales. Otro de los que intentan encubrir esos crímenes es el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, ostensiblemente para proteger a sus estrechos colaboradores, que estaban al cargo de operaciones clandestinas en la Agencia Central de Inteligencia cuando comenzó el programa de torturas.
Más aún: según los informes confidenciales del Comité Internacional de la Cruz Roja, las responsabilidades llegaron mucho más arriba, hasta el vicepresidente y quizás hasta el mismísimo presidente.
¿Se verá obligado Obama a promulgar una ley de punto final para proteger a su antecesor?
