En realidad, todo empezó a más de 3.000 kilómetros de Urumqi y la espoleta fue una difamatoria campaña en Internet que acusó falsamente a los obreros uigures de una fábrica de juguetes de Shaoguan, en el sur de China, de violar a trabajadoras de la mayoritaria etnia han.
La violentísima reacción de los 18.000 obreros han de esa factoría –que atacaron a sus compañeros uigures, mataron a dos de ellos e hirieron a varias decenas– refleja una tensión interétnica que las autoridades chinas siempre tratan de ocultar. Y la sangrienta revuelta de Urumqi, que estalló cuando llegaron allí las noticias de la agresión en la lejana fábrica de juguetes, confirma que los graves errores del Gobierno de Pekín en el tratamiento de las minorías han transformado en polvorines las enormes regiones con pueblos autóctonos colonizadas en masa por los han.
Además, la emigración económica de los uigures hacia Shaoguan fue fomentada por las propias autoridades centrales, que trataban de hacerles más chinos al mezclarlos con los han. El resultado fue inverso: estos últimos se sintieron agraviados por las ventajas (alojamiento y comida) ofrecidas a los emigrantes, y ofendidos por sus costumbres, su ignorancia de la lengua china y sus ritos musulmanes. Al tiempo que los uigures padecen el desprecio de los han hacia su idioma y sus creencias, tanto en el colonizado Xinjiang como en el resto del país.
Hasta que los dirigentes chinos comprendan que no pueden resolver los problemas nacionalistas tratando de domesticar a las minorías, seguirán jugando con fuego.
Hace exactamente 20 años, una luna llena inmensa se alzaba ominosa cada madrugada sobre las decenas de miles de personas acampadas en la plaza Tiananmen del centro de Pekín. Todos pasábamos la noche en vela, esperando la llegada de los tanques que finalmente entraron a sangre y fuego tras el ocaso del 3 de junio. Nunca se sabrá cuántos manifestantes murieron (entre 500 y varios miles), pero todos los líderes de la revuelta prodemocrática desaparecieron o acabaron en la cárcel.
En aquellas frenéticas jornadas de la Primavera de Pekín, los huelguistas de hambre llegaron a convencerme de que Li Peng jamás se atrevería a enviar al Ejército del Pueblo contra su propia población –había más de un millón de personas movilizadas en las calles de la capital–, porque los chinos “escupirían sobre su tumba durante los próximos mil años”. Eso no fue óbice para que soldados desplazados desde el Asia central cometieran la masacre, que no fue sólo ordenada por Li, sino decidida por Deng Xiaoping, según nos revelan las memorias de Zhao Ziyang (líder del PCCh destituido y arrestado por negociar con el movimiento estudiantil) hoy publicadas en Hong Kong.
Veinte años quedan aún muy lejos del milenio profetizado por mis idealistas interlocutores, pero la realidad es que parece haber transcurrido un siglo desde aquella matanza, no sólo por cómo ha cambiado China, sino sobre todo porque el PCCh está consiguiendo lo que parecía imposible en aquellos convulsos tiempos de hundimiento del bloque soviético: mantener incólume el sistema de partido único, al tiempo que se satisfacen gran parte de las aspiraciones de prosperidad y desarrollo de la sociedad. Y todo ello, ejerciendo una firme represión política, mientras los líderes del régimen se llenan la boca con la palabra democracia.
El pasado 8 de diciembre, Liu Xiaobo fue encarcelado por “incitar a la subversión del poder del Estado”, tras participar en la redacción de la Carta 08, configurada a semejanza de la Carta 77, el manifiesto antisoviético checoslovaco que elaboraron intelectuales como Vaclav Havel. Pese a las presiones y amenazas, más de 8.000 pensadores y activistas chinos han firmado esa Carta 08, que se limita a pedir la introducción de una democracia clásica en China.
Lo paradójico es que poco antes de esos hechos, el profesor de la Universidad de Pekín Yu Keping, asesor del propio presidente Hu Jintao, había publicado una obra titulada La democracia es algo bueno. Más aún, en su discurso ante el Congreso Nacional del Pueblo celebrado hace dos meses y medio, el primer ministro, Wen Jiabao, proclamó: “Tenemos que mejorar las instituciones democráticas, enriquecer las formas de
democracia y llevar a cabo elecciones democráticas”.
Está muy claro que los gobernantes chinos pervierten el término “democracia” cuando fingen practicarla pisoteando la libertad de expresión y negando los derechos de asociación, reunión y manifestación. Sin embargo, es innegable que han logrado controlar la situación interna mediante un pragmatismo descarnado. Entre sus reformas capitales destaca la imposición de la rotación de los cargos burocráticos para reducir la corrupción del funcionariado, una de las más importantes quejas de los estudiantes de Tiananmen. Cada año, más de 200.000 mandos gubernamentales locales se ven obligados a cambiar de puesto.
El PCCh también ha logrado profesionalizar los cuadros del partido; fomentar un debate interno sin disidencias; pulsar la opinión pública sin elecciones; atraer a intelectuales y expertos para que asesoren a los dirigentes sobre proyectos de ley reformistas; cautivar a la nueva clase media, permitiendo el enriquecimiento personal; y garantizar la ordenada transición para que una nueva generación (Xi Jinping y Li Keqiang) tome la cúpula del poder dentro de cinco años.
No, no es democracia. Pero es portentoso.
A primera vista, la situación militar, económica y social en Afganistán, siete años después de la invasión aliada con la que se vengó el 11-S, es catastrófica. Los talibanes, supuestamente derrotados en diciembre de 2001, vuelven a controlar gran parte del territorio del país y someten a las fuerzas de la OTAN a un hostigamiento constante. El Gobierno de Hamid Karzai, quien hasta hace poco era la niña de los ojos de Occidente, no sólo demuestra ser inoperante y corrupto, sino que últimamente amenaza con cambiar de bando y aliarse con Rusia.
EEUU se ve obligado a una escalada militar que comienza con el envío de 17.000 soldados más (a sumar a los 32.000 norteamericanos ya desplegados allí) justo cuando el Pentágono pierde su última base en Asia central, Manas en Kirguizistán, principal estación de reemplazo y avituallamiento de su contingente.
La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue muy prudente en su testimonio oral ante el Congreso, durante las audiencias para su confirmación, pero en su exposición escrita describió Afganistán como “un narco-Estado (…) plagado de incapacidad [gubernamental] y corrupción generalizada”. Y en un reciente artículo de The New York Times, se citaban “altos funcionarios de la Administración” del presidente Barack Obama para anunciar que Washington se plantea emprender una línea política mucho más dura con el régimen de Karzai, porque este es ahora considerado en la Casa Blanca como “un potencial impedimento para los objetivos estadounidenses” en Asia central.
Entre tanto, en el vecino Pakistán, el Gobierno de Islamabad, al que EEUU ha subvencionado con miles de millones de dólares y ha armado hasta los dientes para que le ayudara a destruir a los talibanes, acaba de rendirse ante la ofensiva integrista y ha autorizado la imposición de la sharia (ley islámica) en el valle de Swat. A cambio, implora el fin de los ataques del cabecilla talibán Maulana Fazlullah, a quien hace sólo un año acusaba del asesinato de Benazir Bhutto y juraba perseguir hasta el fin. Y eso que el actual presidente de Pakistán es precisamente Asif Ali Zardari, viudo de la primera mujer elegida para encabezar el Gobierno de un país musulmán.
En resumen, el resultado de siete años de intervención militar occidental en el Hindu Kush es desastroso. Aparte de haber sido inútil para capturar o matar al cerebro de la matanza del 11-S: el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, cuya organización nació de la mano de la CIA –cuando a esta sólo le importaba socavar el poder del Ejército Rojo en Afganistán– y se nutrió de los petrodólares saudíes.
Ahora, Obama ha prometido que acabará con Bin Laden, pero lo que verdaderamente está en juego en la región es el control y el acceso de las ingentes reservas de gas natural y petróleo en las repúblicas ex soviéticas de Asia central. Por eso Moscú ha multiplicado por diez lo que Washington pagaba a Kirguizistán por el uso de la base de Manas, para que el Gobierno de Bishkek expulse a las fuerzas estadounidenses del lugar.
En el Hindu Kush, se está librando un nuevo Gran Juego como el que disputaron allí los imperios británico y ruso durante todo el siglo XIX. Aunque esta vez es la potencia estadounidense la que trata de apoderarse de esa atalaya que engarza dos continentes y no sólo contra el renacido poderío ruso, sino también frente a la emergente China, que presiona desde la vecina Xinjiang.
Para EEUU, están cerradas las vías alternativas hacia Afganistán a través de China, de Rusia y de Irán (la más directa), así que la CIA maniobra ahora para abrir una nueva ruta: desde el puerto de Poti, en el mar Negro, a través de Georgia y Azerbaiyán, por Kazajstán y Uzbekistán, o directamente por Turkmenistán. Si lo lograse, sería una jugada maestra en el tablero del Hindu Kush y el Cáucaso, al sellar EEUU alianzas con todos esos países y poner en jaque a las organizaciones multinacionales de seguridad rivales de la OTAN que han creado Rusia (la CSTO) y China (la SCO).
Además, esa nueva vía no sería hoy una ruta de la seda, sino de
gasoductos y oleoductos.
21/2/2009
