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Diez años después, todo el mundo habla de las consecuencias, pero casi nadie se pregunta por las causas. Así que… empecemos hablando de las consecuencias. Sobre todo, de la catástrofe económica que hemos heredado de la insensata respuesta neocon a la hecatombe del 11-S.
George W. Bush reconoció hace unos días al National Geographic Channel que ganó la Casa Blanca en 2000 prometiendo una política exterior “modesta”. Un año más tarde, halcones como Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz se apropiaban de la agenda internacional de la única superpotencia, convirtiéndola en una contienda bélica permanente e interminable: la guerra contra el terror que, por definición, se prolongará hasta el fin de los tiempos. Pero, lo más relevante es que “ninguno de ellos se fijó en la economía, igual que ninguno de los teóricos neocon, como Kagan, Krauthammer, Kristol o Lewis, se ocupó tampoco de los problemas económicos”, explica Peter Beinart, investigador de la New American Foundation, quien en su día fue adalid de la invasión de Irak.
“Los neocon se hicieron con el timón de la política exterior de EEUU después del 11-S”, admite Beinart, “pero sólo pudieron manejarlo porque el 11-S le había metido el turbo al motor de la nave. Y ese motor era la disposición de los estadounidenses a derramar su sangre y gastar su fortuna en el otro extremo del mundo. Hoy, ese motor chisporrotea y la mayor parte de los norteamericanos ya no creen que eso por lo que luchamos en Afganistán merezca sacrificar las vidas de sus jóvenes, ni que seamos capaces de pagarlo”. Ningún ideólogo de la Administración Bush se centró en los problemas económicos que estaba generando su doctrina neoliberal y que acabarían llevando al planeta a la catástrofe financiera. “El neoconservadurismo post11-S daba por sentado que siempre habría dinero para una política exterior cuasi imperial”, continúa Beinart, “y que, si fuera necesario, siempre se podría recortar el gasto público para asegurarse de que al Pentágono no le alcanzaran los tijeretazos”.
A los neocon nunca se les ocurrió que EEUU no podría permitirse sendas guerras en Afganistán e Irak. Esas contiendas, según la estimación “más conservadora” de la Universidad de Brown, no sólo causaron la muerte de 137.000 civiles y convirtieron a 7,8 millones de personas en refugiados, sino que también supusieron un coste económico total (incluyendo los intereses de la deuda contraída para sufragarlas y la atención médica de los veteranos heridos en ellas) de unos 4 billones de dólares. Es decir, “equivalente a los déficits públicos acumulados [por EEUU] durante los seis años que van de 2005 a 2010″, constata The Economist.
Cuando toda la derecha de Occidente considera deber patriótico eliminar cualquier déficit público incluso al precio de acabar con el Estado del bienestar, es sangrante constatar que sus padrinos neocon despilfarraron en dos guerras sangrientas una fortuna equivalente a tres años del PIB de España. Con resultados bien poco rentables. En Irak, Al Qaeda cometió hace poco 42 atentados en un solo día, mientras que el Gobierno de Al Maliki en Bagdad es más cercano al de Teherán que al de Washington. En Afganistán, los talibanes están cada día más fuertes, este agosto fue el mes con más bajas norteamericanas desde la invasión de 2001, y el número de civiles muertos en acciones armadas insurgentes o bombardeos aliados no hace más que batir récords.
Paul Kennedy, catedrático de Historia y de Seguridad Internacional de la Universidad de Yale, sostiene que el efecto más importante del 11-Sfue “distraer” a EEUU de sus dos verdaderas prioridades: la geopolítica global y la prosperidad económica. Washington descuidó Latinoamérica, que hoy se ha desarrollado al margen de la influencia estadounidense, igual que se desentendió de otras áreas del mundo vitales, como China, Rusia… incluso Europa, salvo para presionarlas -hasta rozar el conflicto diplomático-, con el fin de que apoyasen sus aventuras militares.
Al mismo tiempo, “la combinación de carísimas guerras lejanas y las inexcusables rebajas de impuestos que favorecían a los ricos tuvieron efectos nefastos sobre el déficit federal de EEUU, la creciente dependencia estadounidense de fondos extranjeros y el futuro del dólar a largo plazo”, subraya Kennedy. “El tejido social [de EEUU] se está haciendo jirones, las clases marginadas crecen y el sistema de educación pública se desmorona. Y, para mayor desastre, aparece un Tea Party proponiendo políticas que agravarían esa doble distracción de EEUU. Ese puede ser el auténtico legado del 11-S, mucho después de que las tropas estadounidenses se hayan retirado de las
alturas del Hindu Kush”.
Los neocon del Tea Party
Es debatible si el surgimiento del Tea Party forma también parte de la herencia de ese pensamiento único que tomó el 11-S como coartada para imponer un nuevo orden militarista, imperial y despiadado, pero no cabe duda de que muchos de los principios que animan al nuevo movimiento ultra norteamericano son calcados de las drásticas decisiones adoptadas por la Administración Bush tras la caída de las Torres Gemelas. El gobernador de Texas, hoy favorito en el Tea Party, Rick Perry, está siendo asesorado en su campaña por Donald Rumsfeld y Doug Feith, destacados neocon que diseñaron gran parte de laestrategia bushaniana.
Un ejemplo del paralelismo entre el Tea Party y la ideología neocon está en la política de inmigración. Sólo ocho días después del 11-S, Bush firmó la Patriot Act, por la que los extranjeros pudieron ser detenidos indefinidamente y sin derecho a un juicio justo. Las normativas y prácticas represivas posteriores, organizadas en torno a un departamento de seguridad (Department of Homeland Security), que agrupó un año más tarde a las 22 agencias federales de seguridad e inteligencia, continuaron castigando a los inmigrantes con deportaciones por meras infracciones, violaciones de sus derechos civiles y una constante persecución policial que vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley. Bush firmó directivas para otorgar a las autoridades locales poderes ejecutivos contra extranjeros sospechosos de terrorismo que son muy similares a las medidas antiinmigrantes que el Tea Party impone en los estados fronterizos y las ciudades donde gobierna.
Se argumenta que los seguidores del Tea Party son radicalmente opuestos a ese Gran Hermano en el que Cheney, Bolton, Perle y otros asesores de Bush convirtieron el Gobierno de EEUU, espiando las comunicaciones de todos los norteamericanos y extendiendo por el mundo las cárceles secretas de la CIA y las entregas de sospechosos a regímenes aliados especializados en torturar detenidos. Pero las convicciones extremistas del Tea Party sí tienen mucho que ver con ese credo intolerante de que el supuesto buen fin que se persigue justifica cualquier medio por brutal y cruel que sea, como el manual de torturas que elaboraron para la CIA los letrados de la Casa Blanca John Yoo y Jay Bybee, hoy magistrado federal de apelación.
La poderosa máquina propagandística puesta en marcha tras el 11-S llegó a convencer a los estadounidenses de que para defenderse del terrorismo tenían que condonar violaciones de derechos humanos y hasta renunciar a garantías constitucionales como la primera y cuarta enmiendas -que defienden la libertad de expresión y reunión y protegen contra registros y detenciones arbitrarias-, frente a las que el equipo de abogados de Bush redactó argumentaciones jurídicas que justificaban poderes presidenciales por encima de ellas.
Gran parte de la opinión pública norteamericana está ahora imbuida de la creencia de que el penal ilegal de Guantánamo, las detenciones arbitrarias y sin derecho a defensa, el encarcelamiento indefinido sin proceso legal, juicio ni sentencia, e incluso la aplicación de tormentos como el waterboarding (llevar al reo al borde de la muerte por asfixia en agua) han sido necesarios y lo seguirán siendo para defender la democracia. Ni siquiera se plantean que eso no es democracia, pues celebraron alegremente que se hubiera asesinado a Bin Laden, tras arrancarle su rastro a Jalid Sheij Mohamed, en un interrogatorio durante el cual se le sometió al waterboarding 183 veces en su primer mes de cautiverio.
El fracaso de la guerra de Irak
Cheney acaba de publicar unas memorias (In My Time) en las que reivindica sin ambages toda la panoplia de abusos e iniquidades de la guerra contra el terror, pese a que es ya evidente el fracaso de la guerra de Irak, que los neocon pretendían que fuera el catalizador de una ola de cambios democráticos en todo Oriente Próximo. “Un nuevo régimen en Irak servirá de ejemplo de democracia espectacular y estimulante para las otras naciones de la región”, proclamó Bush en el American Enterprise Institute justo antes de desencadenar la guerra.
La realidad es que los pueblos de la zona “en vez de sentirse estimulados, sintieron repugnancia por la violencia, el caos, la quiebra de los servicios públicos” que generó la invasión de Irak, explica Paul R. Pillar, veterano especialista de la CIA y hoy profesor de Estudios de Seguridad en la Universidad de Georgetown. “El defecto fatal del sueño neocon fue el convencimiento absurdo de que algo impuesto desde fuera por EEUU podía motivar a los árabes para que se movilizasen en defensa de la soberanía popular (…). El cambio político no puede ser impuesto por una potencia exterior, ni mucho menos a cañonazos”.
Lo que ocurrió fue que “en Irak el tiro les salió por la culata, y hoy los gobernantes que impusieron en Bagdad están más bien resistiéndose a la propagación de la democracia, en vez de inspirándola”, asegura Pillar. “Es difícil comprender cómo los neocon lograron convencer a tanta gente, hace una década, de su insensato experimento, aunque sin duda el efecto estupefaciente del trauma nacional generado por el 11-S explica gran parte de ese fenómeno horrendamente erróneo”.
Las verdaderas causas
En cuanto a las causas del 11-S, se han tratado de ocultar tras la cortina de humo de que Al Qaeda sólo tiene una motivación religiosa integrista, argumento esgrimido por el informe oficial de 2004 de la Comisión Nacional creada por el Congreso, cuyos dos máximos responsables, Thomas Kean y Lee Hamilton, admitieron después: “Era un tema sensible y los comisionados que adujeron que Al Qaeda se guiaba sólo por ideología religiosa, y no por oponerse a la política de EEUU, rehusaron mencionar el conflicto palestino-israelí. Creían que, si se exponía el apoyo de EEUU a Israel como la raíz causal del ataque de Al Qaeda, entonces se indicaría que EEUU debía revisar esa política”.
Por tanto, jamás se establecieron las verdaderas causas de que la red terrorista atacara tan ferozmente a EEUU, ni lo que motivó a tantos suicidas a inmolarse en los aviones empleados como armas. Pero los motivos estaban bien claros, como exponen Anthony Summers y Robbyn Swan en El undécimo día: “Todas las pruebas indican que Palestina fue el factor que unió a los conspiradores en todos los niveles (…). Era sin duda el principal resentimiento político que movía a los jóvenes árabes” que prepararon los atentados. Es decir, los autores de la matanza creían que con ella los estadounidenses se fijarían en “las atrocidades que EEUU comete en su apoyo a Israel”.
Ni Israel ni los palestinos son jamás mencionados en las informaciones sobre el 11-S. Y la respuesta neocon al mayor ataque terrorista de todos los tiempos sólo agravó esa heridaen el mundo árabe e islámico, además de mutilar los valores democráticos con los que Occidente siempre se sintió superior al resto del planeta.
El próximo 22 de enero se cumplirán dos años desde que Barack Obama rubricó, en una solemne ceremonia en el Despacho Oval, su directiva presidencial disponiendo el cierre de la ilegal prisión militar de Guantánamo “lo antes posible” y “no más tarde de un año”. En ese acto al que invitó a los más importantes dirigentes políticos estadounidenses, y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el presidente de EEUU firmó otras tres órdenes ejecutivas disponiendo la clausura de las cárceles secretas de la CIA (para entonces, un centenar) y prohibiendo la tortura de los sospechosos de terrorismo, así como su encarcelamiento indefinido sin garantías procesales. El día anterior ya había anunciado el cese de las actividades de las “comisiones militares” creadas por la Administración Bush para escenificar remedos de consejos de guerra contra los reos de Gitmo, en vistas orales sin abogados defensores ni procedimiento judicial.
La normativa presidencial con la que Obama inauguró su mandato proclamaba “el respeto de las obligaciones de Estados Unidos con los tratados internacionales, incluida la Convención de Ginebra” que protege a los prisioneros de guerra.
Esas fueron sus palabras… por escrito.
Los hechos, hasta la fecha, son:
La base aérea norteamericana de Bagram, en Afganistán, sigue siendo el mayor centro de detención del mundo de reos sin derechos legales ni abogado defensor, muchos de los cuales continúan sometidos a meses de duros interrogatorios sin que sepan si permanecerán presos el resto de su vida ni los crímenes de los que se les acusa.
Los estadounidenses que cometieron y ordenaron las torturas han sido exonerados por el propio Obama, prometiendo a los agentes de la CIA y a los letrados de la Administración Bush que diseñaron esos tormentos (como Jay Bybee, hoy magistrado federal de apelación) que siempre quedarán impunes sus crímenes de lesa humanidad, algo que viola todos los principios de la legalidad internacional.
El presidente también ha autorizado que prosigan las extraordinary renditions (entregas de prisioneros, a menudo cautivos por haber sido secuestrados en operaciones ilegales de espionaje, a dictaduras aliadas donde se sabe que van a ser torturados) y ha encargado al Departamento de Justicia que elabore los instrumentos legales necesarios para que decenas de reos de Guantánamo permanezcan presos para siempre, sin ser jamás juzgados, y que se creen nuevas “comisiones militares” con idénticas funciones que las anteriores, aunque maquilladas para que no parezcan tan arbitrarias a los ojos del resto del mundo.
¿Es de extrañar que Obama incumpla tan flagrantemente sus compromisos, escritos, de cerrar Guantánamo y de respetar los derechos humanos y las leyes internacionales? No, lo que sorprende es que muchos sigan creyendo que es progresista.
El profesor Martín Almada fue detenido en Paraguay en 1974 por haber leído una tesis criticando el sistema educativo. Acusado de terrorismo y de vínculos con los comunistas, fue sometido a tormentos durante diez días. Cada noche, sus torturadores llamaban a su esposa, Celestina, y le hacían escuchar los gritos de su marido. Hasta que una vez, al colgar el teléfono, ella sufrió un infarto y murió. Tenía 33 años.
Esta historia no es más terrible que las de decenas de miles de víctimas (incluidos 3.000 niños) del plan de exterminio sistemático de opositores izquierdistas diseñado en Washington en los setenta y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur. Pero tiene especial relevancia porque Almada fue quien descubrió, 18 años después en la comisaría de Lambaré, los célebres “Archivos del Horror” que exponen –con todos sus espantosos detalles y hasta desvelando las identidades de muchos de los verdugos– el genocidio de un amplio sector de la sociedad latinoamericana, del que tuvieron que huir hacia el exilio cuatro millones de personas.
Pero casi tan monstruoso como esa multinacional Operación Cóndor, en la que agentes estadounidenses incluso enseñaban técnicas para mantener con vida más tiempo a los torturados, fue que el cerebro gris de semejante solución final, Henry Kissinger, hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz.
Ninguno de los altos cargos de la Administración de EEUU, ninguno de los jefes de la CIA, responsables de esos crímenes contra la Humanidad ha tenido que responder ante la Justicia. Para seguir impunes, hoy pretenden que nos olvidemos del holocausto americano. Igual que otros intentan mutilar nuestra memoria histórica para ocultar una represión inspirada en el nazismo.
Obama no sólo está enojado por los clamorosos fallos de coordinación de sus servicios secretos, incapaces de atar cabos para evitar un atentado del que tenían claros avisos previos. Lo que le indigna es que la gigantesca red de inteligencia tejida entre todas las agencias de espionaje y oficinas de información de EEUU a partir del 11-S siga estando tan perdida en su persecución del terrorismo islamista.
La rama de Al Qaeda en Afganistán se atribuyó ayer mismo la matanza de siete agentes de la CIA en la Base Chapman de Khost y proclamó que el suicida jordano vengó así a varios líderes talibanes asesinados por los aviones robot Predator que dirigían esos espías. Ciertamente, ese golpe descabezó la División de Operaciones Especiales de la agencia, que se dedica a buscar a Bin Laden y sus lugartenientes, y demostró cuán ignorantes de los entresijos del yihadismo son los servicios secretos de EEUU.
Las dos mujeres –incluida la veterana jefa del equipo– y los cinco hombres con licencia para matar que perecieron en el atentado de Khost fueron víctimas de un doble agente que habían reclutado los servicios de seguridad jordanos un año antes y en el que confiaban plenamente para localizar y liquidar al número dos de Bin Laden, Ayman al Zawahiri, verdadero estratega de Al Qaeda. Ese topo, Al Balawi, engañó de tal forma a los mejores especialistas de la CIA que ahora la agencia se ha quedado sin su equipo A en la lucha contra los yihadistas.
Además, este fracaso da al traste con la nueva estrategia antiterrorista de Obama, quien nada más llegar a la Casa Blanca dio la orden de que la CIA dejase de interrogar detenidos bajo tortura, pero multiplicase los asesinatos selectivos de dirigentes de Al Qaeda.
Sí, Obama está disgustado, pero sobre todo porque ve imposible derrotar a Al Qaeda.
Primero le acusaron de bajar la guardia, por dar la orden de que se dejara de torturar a los sospechosos, aduciendo que, bajo tormento, varios dirigentes de Al Qaeda confesaron conspiraciones mortíferas que pudieron ser desmanteladas a tiempo. Aunque nunca dieron detalles de esos logros porque, claro, eran secretos.
Después, le bloquearon el cierre del penal ilegal de Guantánamo, al rechazar el traslado de los prisioneros a EEUU para que fueran juzgados con todos los derechos, alegando un supuesto riesgo de los residentes cerca de las cárceles de alta seguridad donde fueran internados.
Más tarde, le achacaron que estaba poniendo en peligro la seguridad nacional al “pretender que Estados Unidos no está en guerra” contra el terrorismo, en palabras de Cheney, el vice de Bush que ideó las torturas en cárceles secretas de la CIA.
Ahora, los republicanos reprochan a Obama que los servicios secretos no atasen los cabos que indicaban vínculos islamistas del nigeriano Abdulmutallab, para impedirle embarcar en el avión que trató de volar antes de aterrizar en Detroit.
Es decir, los herederos de la Administración que no supo evitar el 11-S, ni capturar a su autor intelectual, y que desencadenó la guerra devastadora que multiplicó el terrorismo islamista, condenan hoy al presidente por tratar de respetar la legalidad internacional y le acusan de no proteger a su país tras un incidente en el que sólo el atacante sufrió quemaduras.
Pero se trata de la Seguridad Nacional –siempre con mayúsculas en EEUU– y Obama no puede permitirse parecer blando en ese campo. Así que dará la orden de bombardear, aunque sepa que esta vez tampoco servirá más que para aumentar los estragos.
Nuestro deificado presidente Barack Obama ha tenido que ser forzado por el Departamento de Justicia –y, más concretamente, por la veterana fiscal Mary Patrice Brown, quien hoy dirige su oficina de ética– a procesar por fin a algunos de los agentes que dirigieron o cometieron torturas. Para ello, tendrá que dar marcha atrás a la promesa que hizo dentro de la misma sede de la CIA. Y lo hará porque así se procurará limitar el escándalo a unos pocos casos concretos, se hará pagar el pato a unos cuantos chivos expiatorios, y se evitará (o eso es lo que se pretende) que comparezcan ante la justicia los verdaderos autores intelectuales de esos crímenes de guerra.
Esos últimos, entretanto, siguen con su campaña para demostrar que sus métodos execrables fueron eficaces. Y no sólo el tenebroso letrado John Yoo, al que la audiencia aplaude cuando pronuncia conferencias en California sobre la efectividad de los tormentos que él legalizó, sino también el ex vicepresidente Dick Cheney, quien pretende desclasificar secretos de Estado que –dice– prueban que se evitaron atentados gracias a las confesiones arrancadas a los torturados.
Y en todo este ignominioso debate siempre se olvida al último responsable de tanto horror, el ex presidente George W. Bush, quien –según todos los testimonios– autorizó personalmente el programa de interrogatorios de la CIA a comienzos del verano de 2002. Es decir, al menos un mes antes de que esos métodos criminales fueran justificados por su equipo legal con argumentos seudojurídicos.
Hoy dicen los republicanos, sin ruborizarse, que perseguir a los culpables de tan horrendos crímenes constituye una “caza de brujas”. ¡Qué bajo han caído los herederos de Joseph McCarthy!
Paso a paso, Dick Cheney se aproxima a su juicio final, el de rendir cuentas sobre uno de los gobiernos más tenebrosos de la historia reciente, al que solemos denominar Administración de [George W.] Bush, pero que sin lugar a dudas cometió sus mayores atrocidades bajo órdenes e instrucciones personales del vicepresidente.
A pesar de los deseos de Barack Obama de pasar página –para que los horrores del pasado no enturbien sus planes de futuro–, al fiscal general, Eric Holder, cada día le cuesta más resistirse a abrir una investigación judicial sobre las torturas de la CIA. Pesquisas en las que poco costaría probar lo que todos ya sabemos: fue Cheney en persona quien ordenó, e incluso diseñó en algunos de sus detalles, el programa de interrogatorios en violación de las leyes internacionales y de los tratados rubricados por EEUU.
En un caso concreto, la oficina del vicepresidente mandó que se siguiera torturando a un detenido pese a que los agentes interrogadores insistían en que la víctima ya había dicho todo lo que sabía. Simplemente, porque no había confesado la existencia de vínculos entre Al Qaeda y Bagdad; confesión falsa que Cheney necesitaba para justificar sus planes de invadir Irak.
No puede sorprender que el vicepresidente ordenase a la CIA que ocultase al Congreso sus planes de asesinatos antiterroristas en el extranjero, cuando Cheney había creado su propia task force secreta de espionaje (cuyas operaciones no conocía ni la Agencia Central) para manipular los informes de los agentes secretos.
Todo indica que Cheney levantó un auténtico “imperio del mal” paralelo a la Casa Blanca y fuera de la ley. Tapar esa infame actuación en aras de la seguridad nacional sería otra vileza.
Si tanto daño puede hacer su difusión al prestigio y la seguridad de los Estados Unidos, hasta el punto de poner en peligro la vida de estadounidenses en todo el mundo, es que esas imágenes de los interrogatorios de la CIA son verdaderamente espantosas. Al menos, deben ser más horribles de lo que el propio Obama se imaginaba, ya que ha decidido incumplir sus promesas.
Empero, y por muy espeluznantes que sean esas fotos, sólo nos mostrarían a sicarios en el acto de poner en práctica lo que sus superiores les habían ordenado hacer. Igual que ocurrió en Abu Ghraib, cuando los responsables de la Administración Bush se ocultaron cobardemente tras cabezas de turco como la desgraciada soldado Lynndie England.
Más escalofriantes son todavía los memorandos de los que diseñaron esas torturas, pues describen con nauseabunda precisión los elementos y técnicas legales según esos catálogos del tormento. Uno de los inductores de esos crímenes de lesa humanidad, Jay Bybee (en aquel entonces vicefiscal general y hoy juez), incluso escribió admirativamente sobre un aparato que enderezaba de golpe al que, sometido al waterboarding, dejaba de respirar mientras se le arrojaba agua en la cara. Y felicitó a la CIA por tener médicos a mano para que hicieran traqueotomías de emergencia en caso necesario.
Pues bien, ese Bybee fue recompensado por Bush con el cargo vitalicio de magistrado federal de apelación, desde el que actualmente decide sobre la validez constitucional y legal de sentencias judiciales. Eso es una vergüenza todavía mayor que la anterior aplicación de sus recetas criminales.
Es difícil concederle a Obama que deben ser perdonados los que alegan obediencia debida. Pero es del todo imposible aceptar que deje impunes, y administrando justicia, a individuos como Bybee.
La última línea de defensa de las autoridades de la Administración Bush que ordenaron y justificaron las torturas de la CIA quedó claramente expuesta en un editorial del Wall Street Journal: “el presidente debería desclasificar de inmediato todos los memorandos sobre lo que los servicios de inteligencia descubrieron, y los complots que desarticularon, gracias a los interrogatorios de los detenidos de alto nivel de Al Qaeda tras el 11-S”.
Esa es la estrategia del ex vicepresidente Dick Cheney, quien reclama que se divulguen los informes de alto secreto que supuestamente demostrarían que torturar a prisioneros como Abu Zubaida y Jalid Sheij Mohamed fue muy útil para impedir que se cometieran nuevos atentados a gran escala en el territorio de EEUU.
Por supuesto, si se pudiera probar que gracias a esos tormentos los investigadores pudieron salvar la vida de cientos, o miles, de estadounidenses, la opinión pública norteamericana se opondría radicalmente a que se juzgase a los responsables de unas “técnicas de interrogatorio” que constituyen inequívocos crímenes de lesa humanidad. Ese sí que sería un chantaje, y esta vez a toda una ciudadanía todavía aterrorizada por la amenaza islamista, que la camarilla neocon de Bush se cuidó de exagerar para justificar su propia agenda imperial.
Además, esa tesis infame ni siquiera se sustenta en hechos probados y se limita a vaguedades, como la expuesta por el nuevo director de la Inteligencia Nacional, Dennis Blair: “De los interrogatorios en los que se emplearon esos métodos [de tortura] surgió información de alto valor que facilitó un conocimiento más profundo de la organización Al Qaeda que estaba atacando este país”.
Esa argumentación tan demagógicamente patriótica no tiene fundamento en los memorandos que se han desclasificado. Uno de ellos, fechado en 2005, asevera que las “técnicas reforzadas” a que fueron sometidos Zubaida y Sheij Mohamed “proporcionaron información crítica” para la lucha antiterrorista. Pero resulta que entre las revelaciones que se detallan figuran al menos dos que sabemos que Zubaida confesó mucho antes de que se le empezara a someter a tortura. Y una de ellas –la del supuesto complot de José Padilla para fabricar una “bomba nuclear sucia” (radiológica)– acabó por ser una mera fantasía de amateurs.
En cuanto a Sheij Mohamed, el informe secreto de la CIA asegura que “se resistió a responder a las preguntas sobre futuros atentados, limitándose a repetir ‘Pronto lo sabréis’, antes de que se emplearan las técnicas reforzadas”. Ahora bien, resulta que a ese presunto cerebro del 11-S se le sometió al waterboarding (asfixia simulada) ni más ni menos que ¡183 veces en el primer mes de su cautiverio! (marzo de 2003). Si lo estaban llevando hasta el borde de la muerte por ahogamiento seis veces diarias nada más ser detenido, ¿cuándo fue que se negó a responder al interrogatorio? Ante semejante despliegue de crueldad, el FBI decidió desde el primer momento dejar de participar en esas sesiones reforzadas. Pero sí recibió la información que se extrajo de los prisioneros, y hace un año su director, Robert Mueller, reconoció en una entrevista a Vanity Fair que no se llegó a impedir ninguna acción terrorista concreta a raíz de confesiones obtenidas bajo tormentos.
Si se acaba por demostrar que las torturas autorizadas por Bush, Cheney y Rumsfeld no obtuvieron más que invenciones desesperadas de las víctimas de esos crímenes de guerra, se derrumbará su última justificación: que con esas órdenes abominables lograron impedir que se repitiera un 11-S en EEUU.
Y no pueden alegar ignorancia de lo que se hacía. El entonces director de la CIA, George Tenet, les daba tantos detalles de cada tormento aplicado que en una de esas reuniones el fiscal general, John Ashcroft, protestó que no tenía por qué ser tan minucioso. Después dijo creer que Tenet buscaba así cubrirse las espaldas.
Ninguno de ellos debería creer hoy que tiene las espaldas cubiertas.
Si cometer crímenes de guerra desde la autoridad del Estado es algo execrable, ¿cómo podríamos calificar el chantaje a las autoridades para encubrir crímenes de lesa humanidad?
Pues eso es exactamente lo que están haciendo los congresistas republicanos en EEUU, al amenazar a la Casa Blanca con bloquear en el Capitolio nombramientos clave del presidente Obama en el Departamento de Justicia, en caso de que se hagan públicos los memorandos que demuestran que los más altos cargos de la Administración de Bush ordenaron a la CIA que se cometiera tortura. Los informes internos que se pretenden ocultar también constituyen pruebas fehacientes de que los que impartieron esas órdenes conocían perfectamente que con ello violaban las leyes internacionales sobre tratamiento de prisioneros, así como los compromisos diplomáticos firmados por el Gobierno estadounidense.
El nuevo fiscal general, Eric Holder, se disponía a hacer públicos esos informes incriminatorios el pasado 2 de abril, pero no lo hizo porque el partido republicano amenazó con una guerra de filibusterismo. Esa táctica parlamentaria permite, en EEUU, prolongar indefinida y artificialmente los debates de la Cámara e impedir la aprobación de una medida determinada. En este caso, lo que los diputados opositores amenazan con bloquear es la aprobación de dos nombramientos cruciales: Dawn Johnsen como jefe de la Oficina Legal de Justicia, y Dean Harold Koh, como asesor jurídico del Departamento de Estado.
La justificación esgrimida por los republicanos es que son demasiado “izquierdistas”, pero la realidad es que ambos se han manifestado radicalmente opuestos a la doctrina elaborada por los anteriores consejeros jurídicos de la Administración de Bush, con la que se justificaron torturas, detenciones ilegales, encarcelamientos sin derecho a defensa, y muchas otras violaciones de los derechos humanos cometidas en Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA. Precisamente por esa causa está presentada ante la Audiencia Nacional española una querella criminal contra los seis expertos que diseñaron esa doctrina jurídica, incluido el ex fiscal general Alberto Gonzales.
La causa de la Audiencia –adelantada en exclusiva por Público– ha levantado un tremendo revuelo en EEUU, donde políticos y comentaristas han empezado a exigir a la Casa Blanca que investigue los abusos de la anterior Administración antes de que Washington se vea avergonzado por la necesidad de investigar en otro país crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades estadounidenses.
A principios de marzo ya fueron desclasificados varios memorandos que demuestran que esos mismos asesores legales de Bush redactaron argumentaciones jurídicas para justificar poderes presidenciales extraordinarios en violación de la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución (las que establecen los derechos inalienables de libertad de expresión y reunión, y de protección contra registros y detenciones arbitrarias). “Fue un asalto en toda regla contra los mismos fundamentos de nuestra legislación”, explica Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales. “Como si 200 años de nuestra historia y nuestras leyes pudieran ser eliminados de un plumazo ante un ataque terrorista”.
Lo que ahora está en juego es la impunidad de los que ordenaron actos anticonstitucionales. Otro de los que intentan encubrir esos crímenes es el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, ostensiblemente para proteger a sus estrechos colaboradores, que estaban al cargo de operaciones clandestinas en la Agencia Central de Inteligencia cuando comenzó el programa de torturas.
Más aún: según los informes confidenciales del Comité Internacional de la Cruz Roja, las responsabilidades llegaron mucho más arriba, hasta el vicepresidente y quizás hasta el mismísimo presidente.
¿Se verá obligado Obama a promulgar una ley de punto final para proteger a su antecesor?
