De la execrable historia del mandato de Álvaro Uribe en Colombia –jalonado de matanzas de civiles, espionaje de magistrados y compra de votos de diputados– causa indignación la inconcebible impunidad de que ha gozado el ex presidente tanto cuando ostentaba el cargo como en la actualidad, cuando sus más estrechos colaboradores buscan asilo en otros países para evadir la acción de la Justicia.
Mientras reinó, Uribe fue puesto como ejemplo de gobernante eficaz y honesto por EEUU y sus aliados, pese a que saltaba a la vista que en su entorno se había gestado la trama “parapolítica”: diputados vinculados al narcotráfico y a los paramilitares que en su mayoría pertenecían a su partido o incluso eran familiares suyos. También se hizo la vista gorda con el exterminio de dirigentes de partidos colombianos de izquierda y las masacres de campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros (los “falsos positivos”). Igual que se miró a otro lado cuando estalló el escándalo del espionaje a jueces, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, organizado por el servicio secreto de la Presidencia. Más aún: seguían presentándolo como paradigma de demócrata.
Ahora, fuera del poder muy a su pesar, Uribe sigue gozando de impunidad hasta en los medios. Pues el diario en español que goza de la exclusiva de los cables de Wikileaks no ha publicado ni una línea de los muchos que lo vinculan a crímenes abominables, mientras ofrece páginas y páginas de anécdotas menores de otros mandatarios.
Debería explicar en qué contexto tiene ese criterio.
Santos debería agradecer su arrolladora victoria electoral a sus enemigos, interiores y exteriores, casi tanto como a sus amigos, muchos de los cuales están en otros partidos pero cuentan con recaudar cargos y prebendas de su apoyo al pomposamente llamado “pacto de unidad nacional” del sucesor de Uribe.
El presidente electo de Colombia ha sabido aprovechar la amenaza de las FARC y los errores estratégicos de Mockus, así como el supuesto peligro externo de Venezuela, casi tanto como la red caciquil y clientelar del Partido de la U, para convencer a los votantes de que la gran oportunidad de salir de la espiral de terror e injusticia que devasta su país es la oportunista propuesta de “unidad” con la que el ex ministro de Defensa arrasó en las urnas.
En realidad, Santos representa, en el interior, al oligopolio que ostenta el poder económico –pues él mismo procede de una de las familias más poderosas del país– y a los intereses de las multinacionales –ya que siempre ensalzó las reformas neoliberales en Chile–. Cara al exterior, será mucho mejor punta de lanza de los intereses de Washington, al encabezar una alianza derechista con su gran amigo Sebastián Piñera en Chile y con el peruano Alan García. En la Casa Blanca se sueña con que José Serra gane las presidenciales brasileñas de octubre y se forje así un nuevo eje conservador latinoamericano que acorrale al movimiento bolivariano de Chávez y Morales.
La formación elitista de Santos y su habilidad comunicadora deberían facilitarle esa tarea de nuevo alfil de EEUU en la región, pero también arrastra rémoras (su procesamiento en Ecuador por el bombardeo de ese país y su responsabilidad en los “falsos positivos”) que le pueden cerrar diagonales.
Se abre una nueva partida en Suramérica, y los movimientos de Santos serán decisivos.
Parecía imposible superar la crueldad de los “falsos positivos”; el asesinato masivo de campesinos y sindicalistas colombianos cometido por militares con el objetivo de obtener ascensos y recompensas al fingir que eran miembros de la guerrilla. La aparición de fosas con cientos, incluso miles, de cadáveres demuestra que durante el mandato de Uribe el ejército de Colombia ha cometido crímenes de guerra, hecho que no desalienta a los que firman tratados de libre comercio con él y trae sin cuidado a los que continuamente lo
ponen como ejemplo de gran valedor de la democracia.
Pero lo que la fiscalía está averiguando ahora sobre las actividades del DAS, el servicio secreto dependiente de la Presidencia, es estremecedor: esos espías no sólo perseguían a magistrados, periodistas y opositores para neutralizarlos, sino que también entregaban a los paramilitares listas negras de defensores de los derechos humanos para que fueran asesinados, y así poner fin a sus investigaciones sobre los abusos del uribismo. Incluso fabricaban pruebas falsas contra ellos (sobre supuestos vínculos con las FARC) para convencer a los sicarios de que los matasen, como hicieron con el prestigioso sociólogo Alfredo Correa De Andreis, acribillado en Barranquilla en 2004, atentado que desde el primer momento fue denunciado como un crimen de Estado.
Si queda probado en sede judicial que fue el propio Uribe quien ordenó emprender esa estrategia de exterminio premeditado de los que denunciaban su régimen de terror, no bastaría que se sentase en el banquillo de los acusados en Bogotá, sino que debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Pero los candidatos a sucederle ya han advertido de que nunca lo entregarán a la Justicia universal.
¿Permitiremos que esos crímenes queden impunes?
No tiene perdón que se deje morir a un preso en huelga de hambre, ni en Cuba ni en el Ulster, donde el entonces parlamentario británico Bobby Sands murió el 5 de mayo de 1981, en el penal de Long Kesh, tras 66 días de ayuno en demanda de ser reconocido como preso político.
Es imperdonable que el régimen cubano haya multiplicado las penas por insumisión carcelaria contra Orlando Zapata, hasta condenarle a una cadena perpetua efectiva por una mera acumulación de actos de rebeldía contra la autoridad. Igual que no se puede tolerar que en esa misma isla de Cuba permanezcan presos indefinidamente, sin juicio ni derecho a defensa imparcial, cientos de reos, a menudo sometidos a torturas hasta que media docena de ellos se suicidaron… en la base militar estadounidense de Guantánamo.
No cabe la menor duda de que hay que apoyar a los cientos de opositores y disidentes encarcelados por el régimen castrista. Pero jamás a costa de olvidar a los miles de desaparecidos, torturados y asesinados por fuerzas de seguridad y paramilitares en los otros países de Centroamérica y el Caribe.
A algunos de los que ponen el grito en el cielo, y exigen drásticas represalias, tras la muerte de Zapata, hay que preguntarles por qué no expresaron emoción ninguna –ni mucho menos reclamaron respuestas– tras el reciente hallazgo de una fosa común en Colombia con 2.000 cadáveres de civiles asesinados, según todos los indicios, por el ejército. No les indigna en absoluto la impunidad de los escuadrones de la muerte que cometen crímenes de guerra, pero les sublevan otras violaciones de los derechos humanos… siempre que se produzcan en países de ideología opuesta a la suya. Jamás las condenan, aunque rayen en el genocidio, cuando las cometen dictaduras afines. ¿De dónde sacan sus varas de medir?
Orgulloso portaestandarte de la oligarquía colombiana, vinculado a las familias de notorios narcotraficantes y relacionado políticamente con los paramilitares, de Álvaro Uribe sólo sorprende que sea el niño mimado de los gobiernos occidentales. Presidente de una nación devastada por secuestros y asesinatos políticos, reino de los negocios de la droga y de los abusos policiales, todas sus arbitrariedades –incluidas sus maniobras para perpetuarse en el poder– son contempladas con benevolencia por los mismos que condenan vehementemente los “excesos populistas” de Chávez, Correa y Morales.
Pero más notable aún que esa hipocresía internacional es la escalada militar que vive Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca el pacifista Barack Obama. Por primera vez en decenios, se ha perpetrado un golpe de Estado (en la Honduras que fuera sede de la odiosa Escuela de las Américas y que todavía hoy alberga una estratégica base de EEUU) y ahora el Pentágono se dispone a desplegar sus tropas por toda Colombia.
Está claro que Obama no podía dejar en el olvido su patio trasero –que Bush desdeñó mientras giraba a la izquierda como reacción a los desmanes dictatoriales que fomentó el Tío Sam–, y que Washington siente la imperiosa necesidad de recuperar parte del terreno perdido. Pero los pocos escrúpulos de la nueva ofensiva diplomática estadounidense hacia el Sur, confiada a Hillary Clinton, nos recuerdan que los virreyes de EEUU en América Latina siguen siendo hoy los mismos que designó la anterior Administración neocon.
Obama les está dejando hacer. Y esos creyentes en la guerra preventiva le pueden precipitar en un nuevo conflicto bélico por el exceso de celo de su doberman Uribe.
Casualmente, en el mismo día en que se descubre que la Colombia de Uribe se va a convertir en el portaviones de EEUU en Suramérica, Washington filtra a medios afines un informe del Capitolio que acusa a la Venezuela de Chávez de ser el nuevo narcoestado de la región, a causa de la “complicidad de altos funcionarios civiles y militares del régimen” del presidente venezolano.
Que el Congreso norteamericano haga semejantes proclamas mientras su vecino México se desangra en una narcoguerra civil, es grotesco. Pero aún es más sospechoso que intente convencernos de que el narcotráfico se ha desplazado de Colombia a Venezuela, para justificar una alianza militar con el sistema parapolítico uribista involucrado en operaciones tan repugnantes como los falsos positivos de civiles asesinados por el Ejército y el espionaje a jueces y opositores.
A los congresistas estadounidenses hay que recordarles que decenas de políticos del partido de Uribe, incluido su primo y ex presidente de esa formación, son investigados por la justicia colombiana a causa de sus vínculos con grupos paramilitares. Y que, según la Fiscalía, estos últimos han confesado ya 21.000 asesinatos (de ellos, los de 2.133 niños) y 132 secuestros.
¿Es éste el régimen con el que hay que aliarse ante la amenaza del chavismo?
