Ciertamente, el nivel de radiactividad del agua de Fukushima que se está arrojando al Pacífico no supone un riesgo inmediato para el entorno. Sin duda, la radiación desprendida por los reactores destruidos en sucesivas explosiones e incendios, no presenta todavía una amenaza directa para los residentes más allá del radio de exclusión de 30 kilómetros en torno a la central. Claro está, las minúsculas concentraciones de partículas radiactivas que se han repartido ya por todo el planeta son tan insignificantes que su impacto sobre nuestra salud será nulo.
Ahora bien, la afición de las autoridades y los ejecutivos de la industria nuclear por minimizar las causas y los efectos de los “incidentes” atómicos raya en el delito. Tras el fallo masivo del sistema de refrigeración por la destrucción de los generadores de emergencia, tanto la Tepco como el OIEA sostuvieron que la avería sería controlada sin fugas importantes y que el accidente era imprevisible por la magnitud del seísmo y su tsunami.
Ayer, 18 días después de la catástrofe y con cuatro reactores fuera de control, el director del OIEA por fin admitió: “Está claro que lo que hicimos nosotros, los estados miembros y las empresas nucleares [para garantizar la seguridad] no fue suficiente”. Poco antes, el Gobierno de Tokio reconocía su impotencia ante un escape radiactivo que tendrá “un enorme impacto en el océano” si no se frena pronto. Y el portavoz de la Tepco se puso a llorar cuando pidió perdón a la región y sus habitantes.
Lo peor es que no sabemos cuáles serán las consecuencias de este desastre. Pero casi tan malo es que los padrinos políticos de la industria atómica sigan vendiéndonos certezas de las que carecen.
Estábamos en la gran explanada ante la que se alza el gigantesco sarcófago del reactor número 4 de Chernóbil (el primer grupo de periodistas extranjeros en entrar en la central tras el desastre nuclear) y un funcionario soviético nos explicaba la perfecta estanqueidad de ese coloso de hormigón, plomo, arena y ácido bórico. “En la Plaza Roja, la radiactividad natural del granito del subsuelo es superior a la que ahora tenemos aquí”, dijo.
Cuando terminó, el cámara de una televisión sueca pasó a enfocar al presentador, quien, aún en directo, se sacó del bolsillo interior un contador Geiger. Nunca olvidaré cómo se puso a ulular, con todas las luces rojas destellando y la aguja vibrando en el tope de la escala. El funcionario soviético permaneció impertérrito, como si eso sólo demostrase la veracidad de su falso discurso.
Tres años antes, cuando cubrí desde la redacción la catástrofe de Chernóbil, comprobé cómo el Kremlin difundía una mentira tras otra, acusando a los periodistas de alarmismo infundado, hasta que la catástrofe ya no se pudo ocultar más.
Al menos en esto –y parece que en muchas más cosas–, Fukushima es igual a Chernóbil, pues el Gobierno de Tokio ha estado mintiendo desde el principio de la crisis sobre la seguridad de los reactores dañados por el tsunami. Ahora bien, se podría argumentar que tiene todas las razones para mentir a la población, ya que la verdad provocaría un estallido incontrolable de pánico.
Pero es de todo punto injustificable que políticos, incluso expresidentes, que cobran de la industria atómica traten de convencer a los ciudadanos de que las nucleares son la única solución.
Justo cuando la derecha neoliberal nos anunciaba la buena nueva de que iba a resolver el problema energético, agravado por las revoluciones árabes, impulsando la energía nuclear, la naturaleza se ha empeñado en demostrar lo contrario. Sea cual sea el desenlace de la emergencia atómica en Japón, esa industria no volverá a ser la misma, igual que no se recuperó nunca totalmente de los accidentes de Harrisburg, primero, y Chernóbil, cuyo efecto psicológico frenó de golpe los planes de nuclearizar el planeta para saciar la sed de energía del mundo desarrollado.
Ahora, senadores estadounidenses pronucleares, y hasta la canciller alemana, Angela Merkel, están dando marcha atrás precipitadamente a sus ambiciosos proyectos atómicos. En realidad, los políticos defensores de las bondades del átomo suelen cambiar de postura cuando afecta directamente a sus votantes, como les ocurre a los del PP en España cuando se baraja establecer algún almacén de desechos radiactivos en una comunidad que quieren gobernar.
Desde el principio de la era atómica, los gobernantes y las grandes multinacionales acusaron a los ecologistas de alarmismo infundado frente a una energía limpia, barata e ilimitada. Y el efecto invernadero provocado por los combustibles fósiles pareció avalar esos argumentos. Pero en medio siglo hemos podido comprobar que no es limpia; y no sólo para la Bielorrusia devastada por la radiación, ya que seguimos sin saber qué hacer con los residuos. Ni mucho menos barata; y no sólo para Japón, ahora, sino tomando en cuenta los astronómicos costes de seguridad y del almacenamiento indefinido de isótopos que seguirán irradiando peligrosamente durante milenios. Ni tampoco ilimitada, por supuesto, ya que depende de un combustible escaso y difícil de tratar.
Entonces, ¿por qué se insistió en desarrollar a toda costa, invirtiendo en ello muchos billones de dólares? Sin duda, si semejante cantidad se hubiera empleado en investigar y explotar fuentes renovables, ahora las alternativas eólica, solar y otras habrían alcanzado una eficacia probablemente muy superior a la de lo nuclear.
Pero la industria atómica tenía un doble uso militar; obligaba a controlar todas sus fases (desde la extracción del uranio hasta su enriquecimiento y el reprocesamiento de los desechos) por superpotencias tecnológicas; forzaba la centralización de la producción de energía bajo draconianas estructuras de seguridad; e impedía que los países pobres se independizaran energéticamente.
¿O no ha sido así?
