La crisis brasileña, que algunos dicen que se inició con las manifestaciones callejeras de junio del 2013, y cuyo origen otros sitúan tras las elecciones del 2016, empieza a perfilar sus contornos conforme desemboca en un golpe blanco. No se puede decir que todo ha sido meticulosa y fríamente calculado, pero no cabe duda de que ambos acontecimientos han terminado por significarse como pilares de una estrategia golpista con el único objetivo de sacar al PT del gobierno.

La pretensión de la derecha brasileña, así como de otros gobiernos progresistas de la región, no es otra que cerrar el ciclo de gobiernos populares, sacar a dichas fuerzas del gobierno, de cualquier forma, para así restablecer el modelo neoliberal. Es esto lo que ha pasado y está pasando en Brasil ahora.

Hubo quienes creyeron que las manifestaciones del 2013 eran democráticas, que criticaban al gobierno y al PT desde un punto de vista de la izquierda, pero nada más lejos de la realidad, era el comienzo de un profundo desprestigio de la política, primera escala en la ofensiva llevada a cabo por la derecha.

Hubo también quienes desde la ultra izquierda saludaban el final de los gobiernos del PT, su fracaso, el final del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, como si hubiera llegado el momento de la ultra izquierda. Pero se trataba de un nuevo engaño: la alternativa al PT y a los gobiernos progresistas están en la derecha. La crisis demostró que el único gran liderazgo popular en Brasil es el que desempeña Lula. Que las grandes manifestaciones populares tienen en la CUT —Central Única dos Trabalhadores, cercana al PT— su principal puntal.

Hubo quienes se dejaron llevar por los medios brasileños y creyeron que el tema central de la crisis era un tema de corrupción del PT. Sin embargo, en cuanto la crisis se agravó, los medios internacionales mandaron raudos a sus corresponsales y todos, unánimemente, se dieron cuenta de que los corruptos estaban del otro lado, es decir, en el lado de los golpistas. No hay pruebas concretas contra Dilma o Lula, mientras que los dirigentes del golpe y más de 200 parlamentarios que lo hicieron posible, están implicados en casos de corrupción en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En resumen, la larga y profunda crisis brasileña es la estrategia de la derecha para recuperar el gobierno y, desde ahí, poder cargar contra los avances de los últimos 13 años en Brasil. Modificar, por ejemplo, el presupuesto constitucional de recursos destinados a educación y salud pública, recortar los derechos de los trabajadores, imponer un durísimo ajuste fiscal, reprimir a los movimientos populares, establecer una política internacional de subordinación a los intereses de EEUU —ése es el verdadero objetivo del golpe blanco, un golpe que se ha ido gestando a lo largo de los últimos años en Brasil.

La izquierda en su conjunto y todos los movimientos sociales lo han comprendido muy bien uniéndose en defensa de la democracia, en contra del golpe, a sabiendas de que lo que viene, como en Argentina, no es otra cosa que una venganza en contra del pueblo y sus derechos.

La derecha brasileña tiene que enfrentarse al mayor movimiento de masas que el país ha conocido, y lo hace con su habitual falta de propuestas que pudieran darle legitimidad y apoyo popular, por no hablar de que enfrente se encuentra un político como Lula, que posee un amplio respaldo popular.

Son tiempos de lucha, de disputa, de inestabilidad, de crisis hegemónica profunda. El juego no ha terminado, al contrario, se ha profundizado, los enfrentamientos de clase son ahora mucho más visibles, Brasil ya no será el mismo país después de esta crisis. La derecha ya no podrá disfrazarse de civilizada, de democrática, de reformista, sino que se muestra tal y como es: neoliberal, corrupta, golpista.

Mientras que la izquierda está comprometida con volver al gobierno para desatar los nudos que han bloqueado sus gobiernos y han llevado al golpe. Para ello, es importante trabajar en la democratización de los medios, en el quiebre de la hegemonía del capital especulativo, en la reforma del sistema electoral, entre tantas otras reformas. Esa disputa es la que caracteriza al nuevo período político abierto hoy en Brasil.