Varios medios latinoamericanos han confesado expresamente que desarrollan una guerra mediática e informativa contra sus adversarios políticos. De ese modo, se comportan como partidos políticos frente a la debilidad de los partidos de la derecha.

Asimismo, se desarrolla por parte de la derecha del continente una guerra jurídica (lawfare) en contra de los liderazgos y de los partidos de izquierda. Lawfare es el uso indebido de recursos jurídicos para fines de persecución política. La ley es utilizada como una especie de arma de guerra, lo que permite el uso político de un instrumento jurídico para obtener beneficio.

El lawfare consiste en continuas llamadas destacadas en los medios para destacar a un líder político con gran popularidad como el gran enemigo del país. Un rasgo del lawfare es el uso de leves acusaciones sin pruebas pese a que los medios las recojan como si las tuvieran. Se utiliza (y se abusa de su uso) el derecho como sustituto de armas de guerra y de los tradicionales métodos militares, para obtener éxito en un conflicto intentando aniquilar la imagen de un líder popular.

Se trata de dar una apariencia de legalidad a un abuso. Para intentar deslegitimar a un líder popular se manipula el sistema legal con abuso y sin defensa para, de ese modo, buscar influenciar la opinión pública. Por ello, es fundamental em esta guerra jurídica la alianza estrecha entre el poder judicial y los medios. Las personas son expuestas y condenadas por la opinión pública, antes de ser juzgadas formalmente y tener acceso al derecho de defensa. Cuando se llega al juicio la condena ya fue ejercida por los medios.

El uso cobarde del lawfare es más fácil que una disputa democrática en las elecciones ya que quien lo ejerce cuenta con poderosas fuerzas, como los medios y el poder judicial, actuando de forma brutal y unilateral. Es el opuesto de la búsqueda de justicia puesto que procura, por medio de medios de comunicación y del mal uso de procesos legales, intimidar a sus adversarios políticos. Jueces, policía y los medios actúan de forma arbitraria, violando derechos individuales y buscando culpables sin pruebas.

Gana el lawfare quien posee más poder político y económico. Se van acumulando sospechas, aun sin pruebas, que buscan destruir reputaciones y acabar con el prestigio político de líderes que, por sus políticas de carácter popular, había adquirido. Se trata entonces de buscar el debilitamiento de la confianza del pueblo em sus mandatarios por la acumulación de simples sospechas.

Es un acto de guerra, por ello la expresión está vinculada a warfare, pero en las condiciones políticas actuales se da por medios jurídicos y por la manipulación de la opinión pública. Se trata de una guerra asimétrica en que las armas son leyes, manipuladas de forma unilateral y arbitraria con fines políticos.

Se pueden resumir los rasgos de ese nuevo tipo de guerra de la siguiente forma:

• Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, para fines políticos.
• Instauración de procesos judiciales sin cualquier mérito.
• Abuso del derecho con el objetivo de perjudicar la reputación de un adversario.
• Promoción de acciones judiciales para desacreditar al oponente.
• Intento de influenciar a la opinión pública mediante el uso de la ley para verter publicidad negativa.
• Judicialización de la política, valiéndose de la ley para buscar medios y fines políticos.
• Promoción del desconcierto y de la desilusión en determinados sectores del país.
• Crítica de los que se valen del derecho internacional y de los procesos judiciales para actuar contra el Estado.
• Uso del derecho como forma de coacción hacia el adversario político.
• Bloqueo y represalias ante los intentos de los adversarios de hacer uso de procedimientos y normas legales disponibles para defender sus derechos.
• Tachar las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales con el fin de frustrar sus objetivos.

En conclusión, se trata de una forma contemporánea de perversión de la democracia, valiéndose de lo que debería garantizar el Estado de derecho como arma de guerra para aniquilar al enemigo en caso de no poder conseguir su destrucción política, en condiciones de disputa equitativa.