Admitamos que Garzón es un ególatra compulsivo, un narciso con toga que, a falta de estanque de aguas cristalinas, admira su belleza en la helvética cuerpo 50 de los titulares de prensa. Asumamos que el juez nunca fue el más popular de la fiesta y que, en lo de granjearse enemistades a diestra y siniestra, ha mantenido una proverbial imparcialidad. Y reconozcamos, finalmente, que su capacidad como instructor es, cuando menos, mejorable. De los cargos antes citados es culpable. Pero lo que el Supremo tendrá que determinar a partir de hoy, cuando le tome declaración como imputado, es si prevaricó al investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, y esto, por mucho que la Audiencia certificara su incompetencia sobre el caso, es otro cantar.

Según la doctrina del propio Tribunal que ahora le encausa, la prevaricación requiere de una resolución injusta, "tan grosera, esperpéntica y disparatada que pudiera ser apreciada por cualquiera", y que dicha resolución sea dictada a sabiendas, es decir con clara conciencia de que se aparta del principio de legalidad y de las interpretaciones admisibles en derecho.

Considerar que concurren estas circunstancias en la instrucción de don Baltasar no deja de ser temerario cuando al menos tres magistrados de la Audiencia Nacional asumieron la tesis de que Garzón investigaba crímenes contra la humanidad, y que lo hacía dentro de sus competencias, ya fuera porque algunas desapariciones forzosas de niños, hijos de republicanos, se cometieron fuera de España, como por tratarse, en determinados casos, de delitos de terrorismo en el contexto de crímenes de guerra. Estos tres jueces no apreciaron ni esperpento ni disparate en su actuación ni creyeron que su manera de aplicar el Derecho fuera inaceptable.

Pese a las pocas simpatías que Garzón despierta en el Supremo, ello hubiera debido de bastar para no admitir a trámite la querella de Manos Limpias, un engrendro dirigido por un ex dirigente de Fuerza Nueva que lleva más de diez años tratando de empapelar al supermegajuez. Con todo, lo peor es el mensaje que se dirige al resto de la Judicatura: si alguien se atreve a investigar los crímenes de la dictadura, que sepa que compromete su trabajo y su nómina. Si no estamos ante el remedo de una ley de punto y final, se parece bastante.