La industria farmacéutica puede ser perjudicial para la salud

Tratar con oligopolios tiene sus riesgos. El menor de todos ellos es que te dejen colgado de la brocha y son habituales los chantajes y las extorsiones. Con la industria farmacéutica estamos ahora pintando sin escalera. El pasado 9 de febrero el Ministerio de Sanidad tuvo que declarar oficialmente el desabastecimiento de la vacuna del tétanos y la difteria, cuyo suministro para dosis de recuerdo ha tenido que ser suspendido. En relaciones comerciales normales el comprador mandaría al proveedor a hacer puñetas y buscaría solución en la competencia. Con los medicamentos, no. Se pide a los fabricantes que cumplan -en este caso Sanofi y GSK- y si con ello no basta se suplica de rodillas.

Llueve sobre mojado. En noviembre pasado hubo problemas con la vacuna de la tos ferina, coincidiendo con la muerte de tres bebés por una infección respiratoria provocada por esta bacteria. Antes los había habido con la de la meningitis B, que aunque no se suministra dentro del calendario oficial sí que está recomendada. El fabricante del antígeno también es GSK. El Bexsero, que así se llama la única vacuna autorizada por la UE, tiene en algunas farmacias listas de espera de varios meses y algunos despachos no han dudado en intentar adquirirlo fuera de los cauces habituales, concretamente en Andorra.

Tampoco están resueltos los problemas con la vacuna contra la tuberculosis (BCG), cuyo desabastecimiento fue explicado por un fallo de producción de un laboratorio danés y creó problemas en más de 50 estados. En 2015, último año con datos globales, la OMS informó de que casi un centenar de países no habían podido contar con al menos una de las vacunas consideradas esenciales.

De las extorsiones tampoco faltan ejemplos. En 2014 se decidió restringir al ámbito hospitalario el uso de la vacuna contra la varicela, el Varivax, y a su fabricante, Sanofi, la noticia no le sentó bien. Llevó el caso a la Justicia –aunque finalmente retiró el recurso- y paralelamente desencadenó una batalla en la opinión pública con la colaboración de tres asociaciones agradecidas: la Asociación Española de Pediatría, la de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva.

Se entendía, como en la mayoría de Europa, que salvo para las embarazadas y los adultos, la varicela es una enfermedad benigna que los niños deben pasar de forma natural y generar anticuerpos para toda su vida. Varivax se vende en farmacias y, en contra del criterio de Sanidad, la multinacional logró colocar 400.000 dosis, frente a las 17.000 de Reino Unido, las 58.000 de Francia o las 600 de Holanda. La vacuna alcanzó en España el precio más alto de Europa (más de 70 euros), gracias a la política de permitir un precio libre a aquellos medicamentos que la Sanidad Pública no compra. Reino Unido había analizado el producto y ofreció a los laboratorios pagar dos libras por dosis.

Otro ejemplo más sangrante es el protagonizado por la farmacéutica Aspen, al que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto expediente por prácticas abusivas en la comercialización de sus tratamientos contra el cáncer. Igual que había hecho en Italia, donde reclamaba subidas de precio de hasta un 1.500% bajo amenaza de cortar el suministro, Aspen exigió un aumento de precios a la Agencia Española de Medicamentos y, paralelamente, dejó de comercializar sus medicamentos. La estrategia provocó que se tuvieran que realizar importaciones a un coste desorbitado.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo tiene claro: la industria farmacéutica antepone sus escandalosos beneficios a la salud y deja de fabricar medicamentos esenciales como las vacunas cuyo coste es bajo porque prefiere centrarse en lo que realmente le da dinero: medicamentos para enfermedades crónicas, productos estrella de altísimas ventas como lo fue el Viagra, y los llamados medicamentos ‘yo también’, similares a los existentes con patentes a punto de caducar para aumentar su precio. Todos ellos dirigidos a los países desarrollados, que son los que pueden costearlos.

En los últimos tiempos se han sucedido las denuncias de prácticas mafiosas por parte de esta industria, cuyo lobby tiene en nómina a sociedades científicas, facultativos y agencias internacionales, además de abrir sus imperios a políticos familiarizados con las puertas giratorias. Estas denuncias han desmontado también el mito de la investigación farmacéutica, cuya financiación en el caso de nuevos medicamentos suele ser pública en sus fases iniciales hasta que una farmacéutica se hace cargo de su desarrollo para comercializarlos a precios prohibitivos.

La inmensa mayoría pasa por el aro. Ha ocurrido con el sofosbuvir, más conocido como Sovaldi, el medicamento que ha demostrado mayor eficacia contra la hepatitis C. India rechazó hace dos años el registro de la patente que presentó su fabricante, Gilead, por entender que el producto no es sino una simple modificación de un fármaco ya existente. El tratamiento, que cuesta en España 25.000 euros por paciente y casi tres veces más en Estados Unidos, tiene un coste de producción que no llega a los 100 euros.

El monopolio actúa con precisión de reloj suizo. Un botón de muestra se proporcionaba recientemente en un documentado trabajo periodístico publicado en El Mundo. Sanidad licitó la compra de una vacuna contra dos tipos del virus del papiloma humano, fabricada con composiciones distintas por dos fabricantes, Merck y GSK. Pues bien, las dos ofertaron el precio máximo: 31,02 euros por dosis.

La solución pasaría por el desarrollo de una industria farmacéutica pública, que permitiera rentabilizar los fondos que el Estado dedica a la investigación y fabricar las vacunas y genéricos que las multinacionales desprecian. Algo parecido fue planteado por el PSOE antes de llegar al Gobierno en 1982, aunque el asunto fue rápidamente olvidado. Hay expertos que apuestan por utilizar la infraestructura del Ejército, cuyo Centro Militar de Farmacia ya colaboró en la fabricación del oseltamivir contra la gripe aviar hace algunos años.

España, según los propios datos de Farmaindustria, dedica el 1,53% de su PIB a gasto farmacéutico. En 2015 se destinaron más de 16,123 millones de euros, entre recetas y gasto hospitalario. Es demasiado dinero para estar a expensas de un conglomerado sediento de beneficios. Librarse de ese yugo es una emergencia sanitaria.