La implacable cacería contra una familia intachable

La investigación sobre el presunto blanqueo de capitales desarrollado desde el HSBC en íntima colaboración con el Banco de Santander y el BNP Paribas por el que han sido imputados diez de sus directivos ha vuelto a poner en entredicho la reputación de una familia intachable, los Botín, con la que la Justicia viene ensañándose sin éxito desde hace décadas pese a haber constatado una y otra vez que la inocencia de estos ciudadanos ejemplares siempre resplandece cual supernova en la oscuridad de la bóveda celeste.

A Emilio Botín, tristemente fallecido en 2014, ya le quisieron buscar las cosquillas a finales de los años 80 únicamente por su carácter innovador en lo que al negocio bancario se refiere. Fue a cuenta de las famosas cesiones de crédito, un producto dirigido a ahorradores discretos que en número cercano a los 3.500 quisieron practicar con Hacienda las artes del ocultismo. La batalla judicial fue larga y sinuosa hasta que en 2007 la defensa del banquero, auxiliada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, báculos de las causas más justas y nobles, lograron que el Supremo diera carpetazo al asunto. Don Emilio llegó a poner su apellido a una doctrina, gracias a la cual se puede captar dinero negro, colocarlo en productos opacos al Fisco, engañar de paso a Hacienda con un listado de nombres ficticios, incluidos los de algunos fallecidos, y defraudar impunemente siempre que sólo sea la acusación popular la que exija justicia.

Si aquello fue una cacería, lo ocurrido cuatro años después sólo puede calificarse de mala fe ante un olvido habitual en ciertas familias que dejan en cuentas numeradas suizas la herencia del abuelo, unos 2.000 millones de euros, para gastos corrientes por si viajan al extranjero. El descuido era evidente porque si los Botín hubieran querido rentabilizar esos ahorros lo habrían puesto a plazo fijo en algún producto del Santander y no en el HSBC, que nunca ha remunerado como es debido.

Para corregir el error el Gobierno del PP puso en marcha lo que algunos entendieron como una amnistía fiscal cuando en realidad se trataba de una regularización para despistados, e invitó a los mal llamados defraudadores a presentar unas declaraciones complementarias para solventar el malentendido. Los Botín, Emilio, su hermano Jaime, sus cinco hijos y sus cinco sobrinos cumplieron con el trámite y abonaron 200 millones a Hacienda, en abierta demostración de que nunca estuvo en su intención incumplir sus obligaciones fiscales.

Si Rajoy estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, Zapatero no le fue a la zaga. En esa ocasión el afectado por la persecución no era un Botín sino el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, otro banquero intachable al que se condenó por acusar falsamente y provocar el ingreso en prisión de unos empresarios a los que reclamaba desde Banesto una deuda inexistente de 600 millones de las antiguas pesetas. Condenado Sáenz como un vulgar delincuente, lo que le imposibilitaba seguir en su puesto, Zapatero y su ministro de Justicia, Francisco Caamaño, le concedieron el indulto más merecido de la historia. De nada sirvió después que el Tribunal Supremo anulara dos años después los efectos administrativos del indulto porque Sáenz ya había renunciado y en justo pago a los servicios prestados se llevó 88 millones de pensión y el elogio unánime del sector, que siempre reconoce a sus prohombres.

Dentro de esta campaña feroz contra la reputación de los Botín y de su banco, luz y guía de las finanzas mundiales, hay que enmarcar la querella de más de 60 ahorradores que decían sentirse estafados porque, junto a 129.000 personas más, habían colocado 7.000 millones de euros en lo que parecía un plazo fijo que ofrecía una rentabilidad del 7,5% el primer año y euribor más 2,75 puntos los cinco siguientes. ¿Que qué pasó? Pues que la gente no sabe leer y tomó por un plazo fijo lo que eran obligaciones convertibles que les hicieron perder el 55% de lo invertido. El juez Ismael Moreno lo vio claro y archivó la causa, pero la Audiencia Nacional afeó la prudente decisión del magistrado y ordenó investigar la colocación. El intento de manchar una inmaculada hoja de servicios con el país y sus clientes quedará en nada porque, más temprano que tarde, el Santander volverá a demostrar su honorabilidad y buena fe.

Quizás para prevenir nuevos e injustificados ataques contra la entidad, el Gobierno del PP tuvo a bien colocar como subsecretario del Ministerio de la Presidencia, mano a mano con Soraya Sáenz de Santamaría, a Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado y director general del Santander, que renunciaba de esta forma a su galáctico sueldo para dedicarse al bien común a cambio de 60.000 euros al año. Fue un período fructífero ya que por su mesa pasaron todas las reformas del Ejecutivo, especialmente sus planes de restructuración del sistema financiero, a las que pudo dar su toque personal. Tras cuatro años volcado en el servicio público y recibir los elogios de la vicepresidenta en su despedida, regresó al Santander como el hijo pródigo que era y sin transición alguna, ya que, curiosamente, las incompatibilidades no rigen para los subsecretarios.

Cuando parecía que el acoso había terminado, viene ahora el juez De la Mata a agitar la lista Falciani y viejos fantasmas, con el foco de nuevo en el HSBC, que es un banco que los Botín intentar fusionar para ahorrarse una pasta en transferencias. Según el magistrado, el fallecido Emilio y su hermano usaron este entramado y una sociedad panameña para ocultar la venta de un 8% de Bankinter, paquete del que nadie conocía su existencia. Como Bankinter, del que Jaime fue presidente y sigue siendo su máximo accionista, no denunció los hechos, el asunto quedó en un expediente de la CNMV y no en un delito societario. El fraude a la Hacienda Pública tampoco pudo sustanciarse en los tribunales por los efectos de la amnistía fiscal antes descrita, que les permitió regularizar su segundo descuido sin más contratiempos.

Airear estos deslices del pasado sólo puede deberse a un deseo oculto de perjudicar a una familia que se ha distinguido por su probidad y su decencia. Los ciudadanos de bien estamos con ellos y contra la cruzada de insidias a las que han sido sometidos. La virtud resplandece en las desgracias, o eso decía Aristóteles.