Tras conocerse los informes de la Guardia Civil que implican a Cristina Cifuentes en una presunta prevaricación por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández, donante pero sobre todo tomante del PP, y, por tanto, en la financiación ilegal del partido, la presidenta regional ha defendido su inocencia, ha sugerido que es víctima del fuego amigo por su intransigencia con la corrupción y ha sentenciado que está muy mayor para creer en casualidades.

Con su negación del azar -que Paul Auster le perdone-, Cifuentes ha empezado a caminar en un terreno muy resbaladizo donde es fácil que se estampe ella y su vestido blanco. Sostener que las casualidades no existen sino que son causas ignoradas de un efecto desconocido es un peligroso argumento para quien defiende también que en 26 años de carrera política vinculada al PP de Madrid jamás fue consciente de lo que se cocinaba en aquel cocedero de enjuagues y de marisco. Sería demasiada casualidad o supina ignorancia.

Aceptemos que no puede ser casual que el mismo día en el que se levanta el secreto sumarial sobre los 19 tomos del ‘caso Lezo’ lo primero en ser revelado sean los informes de la UCO que inculpan a Cifuentes, paladín hasta ese momento de la lucha contra la corrupción de sus excompañeros de filas. Y que en la medida en que ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción hayan actuado contra ella cabe suponer que hay quien intenta cobrarse venganza sin dar tiempo al plato para que se enfríe.

Siguiendo esa lógica, no parece una casualidad que un empresario que dona una importante cantidad a Fundescam -la caja desde la que se pagaban ilegalmente los gastos electorales del partido y entidad de la que Cifuentes era patrona además de integrante del comité de campaña del PP- se adjudique luego los contratos de restauración de la Asamblea de Madrid, en un concurso en el que Cifuentes presidió a un tiempo la comisión de expertos que hizo las valoraciones y la mesa de contratación, una incompatibilidad manifiesta de la que debió haber alertado e informado la secretaria general de la Asamblea. Súmese a ello las irregularidades detectadas en el concurso, desde el reparto arbitrario de puntos a la exclusión indebida de algunas empresas, para obtener la misma conclusión que la Guardia Civil: el contrato estaba amañado y la adjudicación decidida de antemano.

Los políticos –o eso decía Bismark- deben su reputación a circunstancias que ellos mismos no podían prever. Esas circunstancias habían convertido a Cifuentes en la abanderada de la regeneración de los populares y las que pueden sumergirla en la misma charca en la que Esperanza Aguirre reclutaba a sus ranas. Creer en las casualidades es como hacerse un poco la rubia, algo que a la presidenta de Madrid no le debería resultar muy difícil. Si de verdad no existen, lo suyo es bastante sospechoso.