60.000 millones a la basura y no hay culpables

Se ha destacado mucho que, por primera vez y sin que sirva de precedente, el gobernador del Banco de España ha sugerido que la institución que representa pudo haber hecho algo más para paliar la crisis financiera en España, ese pozo sin fondo por el que se han arrojado 77.000 millones de dinero público y de los que más de 61.000 millones se dan directamente por perdidos. Según explicó este miércoles en el arranque de la comisión de investigación parlamentaria sobre el rescate bancario, hubo fallos en las predicciones aunque la culpa, en todo caso, no fue exactamente del Banco de España sino de la ausencia de instrumentos legales a su disposición para impedir que las entidades se volvieran locas dando créditos al ladrillo.

La supuesta autocrítica de Linde es una tomadura de pelo y de las gordas. De entrada, olvidó mencionar el origen de todos los males, que no es otro que el sistema de elección de los gobernadores al arbitrio exclusivo del Gobierno, todo un indicativo de su independencia. Con Linde se dio además otra vuelta de tuerca, ya que por edad hubiera tenido que jubilarse en 2015 si el PP no hubiese cambiado la ley para impedirlo. Se entenderá que quien se reconoce como amigo personal de Guindos desde hace más de 25 años ejerza habitualmente de palmero profesional y que sus ovaciones a la política económica, laboral, y fiscal del Ejecutivo hayan sido estruendosas.

Era imposible que el Banco de España no viera crecer la burbuja inmobiliaria cuando entre 1997 y 2007 el valor del suelo se había multiplicado por cinco, el ritmo de créditos hipotecarios crecía a tasas superiores al 20% anual y los préstamos a promotores inmobiliarios llegaron a representar casi un tercio del PIB nacional. Lo vieron los inspectores del propio Banco de España que en 2006 denunciaron por carta al entonces ministro de Economía Pedro Solbes la pasividad del Banco de España ante el riesgo que acumulaban bancos y cajas, que en la fiesta inmobiliaria se estaban bebiendo hasta el agua de los floreros. Y si no se hizo nada entonces, o muy poco, fue porque no se quiso molestar al lobby bancario ni privar al Gobierno de turno de ese crecimiento económico con el que se ganan elecciones y se hunde al país.

A juicio de Linde, “impedir de forma legal la concentración de riesgos en el sector inmobiliario se podía hacer por persuasión moral pero no había un instrumento legal que lo amparase”, lo cual no es del todo cierto. Habría bastado, tal y como señaló la Comisión Europea en 2010, con aumentar las obligaciones de capital para aquellas operaciones en las que bancos y cajas concedían hipotecas muy superiores al valor real de las viviendas, y ello se pudo hacer porque las tasadoras pertenecían a las propias entidades. ¿Qué por qué no se obligó entonces a contabilizar esos activos al precio real y no al hinchado? Porque los beneficios de los bancos habrían caído a plomo o se habrían esfumado y hasta ahí podíamos llegar.

A la responsabilidad evidente de no pinchar la burbuja se unió una supervisión negligente de las que la crisis de Caja de Castilla- La Mancha, la de Cajasur o esas ‘fusiones frías’ de cajas, que engordaron aún más la bola de nieve y engendraron el monstruo de Bankia, son prueba suficiente. Que tuvieran que ser las autoridades de Estados Unidos y no el Banco de España el que descubriera que el Banco de Madrid se había convertido en el detergente con el que la mafia rusa y china lavaba su dinero negro dice todo del control que ejercía el pretendido regulador.

De hacer caso a Linde –cuando se podía inyectar masivamente liquidez en 2007 o 2008 no hacía falta y cuando se necesitaba ya no era posible porque el déficit público era del 11% del PIB-, ha sido inevitable quemar 60.000 millones en la hoguera del rescate, algo de lo que sólo la fatalidad es responsable. Sus argumentos llevan a una conclusión lógica: si el Banco de España estaba atado de pies y manos para prevenir la crisis financiera por falta de instrumentos y si ni siquiera se le puede reprochar nada en la reciente quiebra del Popular y en su resolución porque desde 2014 ya no es “la autoridad supervisora”, quizás sea conveniente convertirlo en un museo. Ingresaríamos algo por las visitas a la cámara acorazada y nos ahorraríamos el sueldo del gobernador, que para analistas ya tenemos a José Carlos Díez, ahora a tiempo completo.