Hacer política con los muertos

En medio de la polémica sobre si la CIA avisó o no en mayo a los Mossos de un atentado en las Ramblas y el feroz desmentido de la Generalitat y de su responsable policial, Josep Lluís Trapero, el Gobierno ha optado por mantener un clamoroso silencio con el que pretende que las autoridades catalanas se cuezan en su propio jugo y que, de paso, le mantiene a salvo de cualquier responsabilidad en los supuestos fallos de seguridad que se habrían cometido.

Como se advertía aquí pocos días después de los atentados, cuando aún parecía corpórea esa fingida unidad entre administraciones, unos y otros habían empezado a jugar irresponsablemente con la tragedia, bien para demostrar que estábamos en presencia de un incipiente Estado, el catalán, que había demostrado su mayoría de edad con la rápida eliminación de la amenaza por parte de su policía, bien para hacer ver que el separatismo es una rémora ante fenómenos globales como el terrorismo yihadista. La unidad era tan mentirosa que se rompió en añicos el día de la manifestación de Barcelona.

Para destacar la eficacia de los Mossos no era necesario extender ante ellos una alfombra blanca porque lo inmaculado no existe y una limpieza obsesiva de los cristales hace más visible cualquier mota de polvo. Con la vista puesta en el 1-O, que era en lo que ambas partes estaban pensando desde el primer momento, a la Generalitat se le fue la mano en la glorificación policial y en su empeño de construir un icono en torno a la figura de Trapero. De ahí que se interpretara como un ataque todo lo que pudiera poner en cuestión su labor en los atentados.

Se ignoró algo tan básico como que cualquier atentado es en sí mismo un fallo de seguridad, sobre todo si sus autores son una docena de individuos que han dedicado un año a su preparación. Y desde el primer momento existió el empeño de descalificar las informaciones sobre la alerta no oficial facilitada por la policía belga sobre el imán de Ripoll y la del aviso de la inteligencia de EEUU sobre una posible acción terrorista en la principal arteria de Barcelona.

Lo lógico hubiera sido asumir que ambas comunicaciones se habían producido y que se investigaron sin resultado o se consideraron tan vagas como obvias, pese a lo cual se reforzó el dispositivo policial en las Ramblas. Nadie en su sano juicio podría atribuir la culpa de los atentados a otros que no fueran los asesinos ni ver responsabilidad alguna en los Mossos, que, como todo el mundo entiende, carecen de infalibilidad, algo que no les resta mérito alguno a los ojos de la ciudadanía.

En lugar de ello, se prefirió jugar una baza más arriesgada e interpretar que cualquier detalle que viniera a empañar mínimamente la actuación policial formaba parte de una orquestada campaña de desprestigio. Ello fue lo que llevó a negar por tres veces la existencia del aviso de la CIA o del conglomerado de inteligencia USA que, como se ha demostrado ahora, tuvo a los Mossos como destinatarios.

Así, pese a que resulta obvio que dicha advertencia nada tenía que ver con los atentados por la simple razón de que el objetivo inicial de los terroristas no era atentar en las Ramblas sino atacar con explosivos distintos edificios de Barcelona, la Generalitat se ha visto obligada a mantener su versión y a contemplar cómo se desmoronaba buena parte de su propaganda.

El Gobierno, por su parte, ha optado por una estrategia más inteligente pero carente de la más mínima inocencia. Deslizó primero, escondiendo la mano con la que otros lanzaban las piedras, que los atentados hubieran podido evitarse si se hubiera permitido a la Guardia Civil inspeccionar la explosión de Alcanar, que fue la que precipitó posteriormente la acción de las Ramblas. Asumió después el ‘martirio’ de la manifestación y los abucheos a Rajoy y al jefe del Estado. Finalmente, ha apretado el nudo corredizo que la Generalitat se colocó alrededor del cuello a modo de collar.

Para explicar esto último tan sólo hay que detenerse en la revelación de una nueva notificación de la inteligencia norteamericana fechada el 21 de agosto, cuatro días después de los atentados, en la que se reitera el aviso de mayo. La comunicación, dirigida al organismo de Interior encargado de coordinar la lucha antiterrorista de los distintos cuerpos de seguridad, parece solicitada expresamente para desnudar a la Generalitat y a los Mossos y contar con el as de una partida en la que se ha querido hacer política con los muertos.

Entre tanto, se echa en falta una mesa de trabajo en la que los distintos responsables antiterroristas valoren privadamente los posibles errores cometidos para intentar prevenirlos en el futuro. Errores que son tan globales como el fenómeno que se trata de combatir. Si fallaron los Mossos, también lo hicieron el resto de cuerpos policiales y el CNI, misteriosamente desaparecido, como si no estuviese llamado a esa cena. No tendremos miedo pero es por pura inconsciencia.