Perfeccionando el tocomocho de los planes de pensiones

Por si cabía alguna duda de la estrategia de este Gobierno sobre las pensiones, ha venido el ministro Guindos -que ya tiene preparado su puente a la jubilación en el BCE- a dar algunas pistas. Esquilmado el fondo de reserva de la Seguridad Social y con el sistema condenado a un déficit anual superior a los 15.000 millones de euros, la gran preocupación del Ejecutivo son los planes de pensiones privados y tiene en el horno un decreto para impulsarlos. Es decir, primero se atemoriza a la población extendiendo la idea de que las pensiones públicas están en peligro y se establece un mecanismo que impide su revalorización y jibariza su cuantía. Y luego se invita a los futuros jubilados a llamar a la puerta de los bancos para que les sea más sencillo a las entidades consumar el tocomocho. El plan perfecto.

El decreto plantea reducir en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, la comisión máxima que las entidades cobran por la gestión de estos planes, y que la de depósito pase del 0,25% al 0,20%. Establecerá que a partir de 2025 lo aportado pueda rescatarse si el ‘secuestro’ ha durado al menos diez años, y eliminará el límite de las aportaciones, ahora fijado en 10.000 euros al año. Lo que podía entenderse como un beneficio para los partícipes lo es para la banca, que ha comprobado que la recuperación económica no implica el aumento del patrimonio que gestiona por eso de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. De ahí que a fecha de hoy sea casi un 20% inferior al que exhibía en 2007.

No es sólo que ahora los productos basados en renta fija estén en pérdidas, que también, sino que los estudios en períodos prolongados de tiempo confirman que es mucho más rentable invertir en bonos del Estado a 10 años, algo que puede hacer cualquiera desde el ordenador de su casa. Un profesor del IESE, Pablo Fernández, ha venido trabajando el tema con resultados escandalosos. Entre 2001 y 2011 sólo dos de 532 fondos con más de 10 años de historia superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años; sólo tres ofrecieron rentabilidades superiores al 4% (la de los bonos fue del 5,13%); y 191 dieron rentabilidades negativas, que es como se llama a cuando te hacen un roto en el bolsillo con unas tijeras de pescadero.

El timo es triple. Lo que debía ser una fórmula de ahorro diseñada para las clases populares favorece fiscalmente a los sueldos más altos. La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ya hizo en su día el ejercicio. Un españolito con un salario anual de 30.000 euros y una aportación de 8.000 al fondo tendría un ahorro fiscal en su declaración de la renta de 1.350 euros. Para otro con un sueldo de 60.000 euros y una aportación idéntica sería de 2.200 euros y llegaría casi a los 4.000 para rentas superiores a los 500.000 euros. En realidad, no se trata de desgravaciones sino de simples diferimientos en el pago de impuestos, a los que hay que hacer frente en el momento del rescate y cuya cuantía puede ser mucho mayor si dicho rescate se efectúa de una sola vez.

Al supuesto regalo fiscal, envenenado si acaso, se une esa pretendida rentabilidad, inexistente para los partícipes pero suculenta para los bancos. El actuario de Seguros Nicolás del Moral hizo otro ejercicio muy clarificador. Supuso una aportación de 10.000 euros con una rentabilidad media anual del 7,5% durante 40 años. Al final de ese período el capital acumulado rondaría los 150.000 euros. Descontada una comisión del 2,5%, que no era excepcional hace unos años en estos planes, el capital resultante se reduciría hasta los 58.000 euros y el gestor se llevaría 28.000 euros. Con una comisión del 0,8% lo acumulado rondaría los 111.000 euros y el beneficio para la gestora sería de casi 14.000. En definitiva, reducir a un tercio la comisión sólo divide entre dos la ganancia del gestor.

Del Moral, que había trabajado en una gestora de pensiones, lo explicaba muy bien: “Lo realmente escandaloso es que esa comisión no se corresponde a ningún servicio real, a ningún valor añadido. Es decir, nos cobran por algo que no existe, y esto sí que es la definición de estafa (…) Y la realidad es que ese valor añadido no sólo no existe, sino que es negativo. Es decir, pagas por destruir valor”.

En resumen, la gran alternativa del Gobierno a su metódica destrucción del sistema público de pensiones es un producto fiscalmente cuestionable y de rentabilidad escasa o negativa pero supone un chollo para sus gestores. Justo lo que cabía esperar.